Judiciales
Juicio por doble parricidio en Andresito: el lunes alegatos y martes la sentencia
El juicio oral para esclarecer el doble crimen de los agricultores Hilario Kirschner (61) y Mirta Sachser (54) ingresó a la etapa culmine. Esta mañana finalizaron las testimoniales y la ronda de alegatos fue programada para el próximo lunes, instancia donde las partes expondrán sus conclusiones finales, mientras que el martes podría definirse el futuro del hijo de la pareja, Alejandro (26), único imputado en la causa.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en la jornada de hoy declararon dos policías que cubrían cargos jerárquicos en la Unidad Regional V y una cuñada de Sachser, en tanto que un joven identificado como Juan Carlos Melo no compareció.
Estos últimos tres testimonios marcaron el cierre de la etapa de incorporación de pruebas al debate oral que se desarrolla en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Eldorado y el proceso pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, jornada en la cual se producirá la ronda de alegatos.
En esa instancia, las partes involucradas en el proceso, la Fiscalía y la defensa, puntualmente, expondrán sus conclusiones del caso y procederán a realizar sus respectivos pedidos de pena o de absolución, si correspondiere.
Alejandro Kirschner enfrenta una acusación por el delito de “doble homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal”, imputación que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado responsable del hecho.
Si todo transcurre tal lo previsto, se estima que el martes podría fijarse la audiencia para el dictado de la sentencia. El tribunal es presidido por el magistrado Atilio León e integrado por sus pares Liliana Komizarski y Oscar Fava Gallardo.
El único imputado es Alejandro Kirschner, quien enfrenta una posible condena a prisión perpetua.
El debate oral comenzó el 14 de febrero y hasta el momento se realizaron cuatro jornadas, audiencias en las cuales declararon varios testigos, quienes en su mayoría dieron cuenta de la relación conflictiva que existía entre el imputado y sus padres, principalmente, con Hilario.
Uno de los testigos que se refirió al asunto fue Reinaldo, quien recordó que tiempo antes del hecho eran común las conversaciones donde su hermano Hilario le admitía que la relación con su hijo Alejandro era conflictiva.
Según Reinaldo, su hermano le contó que haber sufrido agresiones físicas de parte de su hijo y le admitió que le preocupaba el futuro de la situación porque ya no encontraban solución alguna al conflicto.
Sobre las causas de los encontronazos, el hombre señaló que todo se debía a que el muchacho ahora imputado sufría adicción a las drogas y no quería trabajar ni estudiar, ante lo cual era recriminado por su padre, que poco a poco dejaba de darle dinero y prestarle la camioneta.
Alejandro declaró en la primera jornada del juicio y admitió que sufría adicción a las drogas, pero negó ser al asesino de sus padres.
Según la reconstrucción del caso, ahora ventilado en el juicio, el hecho se registró el 21 de septiembre de 2019, en la chacra donde las víctimas residían junto al único acusado del doble crimen, en la localidad de Andresito.
La pareja fue ejecutada a tiros con un rifle calibre 22 milímetros.
En un principio se especuló con la hipótesis de un asalto, pero luego la pesquisa se focalizó en el hijo de ambos, quien aparentemente en el último tiempo mantenía una relación conflictiva con sus padres a raíz de los problemas de adicción que el muchacho padecía.
Incongruencias en su declaración, testimonios que lo ubicaron en la escena al momento en que se presume se cometió el crimen y otros indicios dejaron al implicado severamente comprometido en la causa que ahora está llegando a su resolución en juicio oral.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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