Judiciales
Juicio por doble parricidio en Andresito: el lunes alegatos y martes la sentencia
El juicio oral para esclarecer el doble crimen de los agricultores Hilario Kirschner (61) y Mirta Sachser (54) ingresó a la etapa culmine. Esta mañana finalizaron las testimoniales y la ronda de alegatos fue programada para el próximo lunes, instancia donde las partes expondrán sus conclusiones finales, mientras que el martes podría definirse el futuro del hijo de la pareja, Alejandro (26), único imputado en la causa.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, en la jornada de hoy declararon dos policías que cubrían cargos jerárquicos en la Unidad Regional V y una cuñada de Sachser, en tanto que un joven identificado como Juan Carlos Melo no compareció.
Estos últimos tres testimonios marcaron el cierre de la etapa de incorporación de pruebas al debate oral que se desarrolla en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Eldorado y el proceso pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, jornada en la cual se producirá la ronda de alegatos.
En esa instancia, las partes involucradas en el proceso, la Fiscalía y la defensa, puntualmente, expondrán sus conclusiones del caso y procederán a realizar sus respectivos pedidos de pena o de absolución, si correspondiere.
Alejandro Kirschner enfrenta una acusación por el delito de “doble homicidio agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal”, imputación que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado responsable del hecho.
Si todo transcurre tal lo previsto, se estima que el martes podría fijarse la audiencia para el dictado de la sentencia. El tribunal es presidido por el magistrado Atilio León e integrado por sus pares Liliana Komizarski y Oscar Fava Gallardo.
El único imputado es Alejandro Kirschner, quien enfrenta una posible condena a prisión perpetua.
El debate oral comenzó el 14 de febrero y hasta el momento se realizaron cuatro jornadas, audiencias en las cuales declararon varios testigos, quienes en su mayoría dieron cuenta de la relación conflictiva que existía entre el imputado y sus padres, principalmente, con Hilario.
Uno de los testigos que se refirió al asunto fue Reinaldo, quien recordó que tiempo antes del hecho eran común las conversaciones donde su hermano Hilario le admitía que la relación con su hijo Alejandro era conflictiva.
Según Reinaldo, su hermano le contó que haber sufrido agresiones físicas de parte de su hijo y le admitió que le preocupaba el futuro de la situación porque ya no encontraban solución alguna al conflicto.
Sobre las causas de los encontronazos, el hombre señaló que todo se debía a que el muchacho ahora imputado sufría adicción a las drogas y no quería trabajar ni estudiar, ante lo cual era recriminado por su padre, que poco a poco dejaba de darle dinero y prestarle la camioneta.
Alejandro declaró en la primera jornada del juicio y admitió que sufría adicción a las drogas, pero negó ser al asesino de sus padres.
Según la reconstrucción del caso, ahora ventilado en el juicio, el hecho se registró el 21 de septiembre de 2019, en la chacra donde las víctimas residían junto al único acusado del doble crimen, en la localidad de Andresito.
La pareja fue ejecutada a tiros con un rifle calibre 22 milímetros.
En un principio se especuló con la hipótesis de un asalto, pero luego la pesquisa se focalizó en el hijo de ambos, quien aparentemente en el último tiempo mantenía una relación conflictiva con sus padres a raíz de los problemas de adicción que el muchacho padecía.
Incongruencias en su declaración, testimonios que lo ubicaron en la escena al momento en que se presume se cometió el crimen y otros indicios dejaron al implicado severamente comprometido en la causa que ahora está llegando a su resolución en juicio oral.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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