Judiciales
Irigoyen, ruta clave para red internacional de mulas de cocaína y éxtasis
Una minuciosa investigación iniciada en junio del año pasado tras la detención en San José de dos pasajeros que viajaban en un colectivo larga distancia con valijas repletas de metanfetamina, permitió desbaratar una compleja red internacional dedicada a la utilización de mulas para el tráfico de cocaína hacia Europa, vía Paraguay o Brasil, con la recepción de drogas sintéticas como contraprestación al servicio brindado por la sofisticada empresa criminal que era liderada por un hombre nacido en Guyana Francesa y que ahora tiene pedido de captura vigente.
La maniobra, la estructura y los integrantes de la organización, entre los que hay al menos una misionera, quedaron al descubierto gracias a escuchas telefónicas, análisis de registros migratorios y tareas de vigilancia, entre otras medidas, diagramadas durante un lapso de 15 meses en una investigación trazada en forma conjunta por los fiscales Silvina Gutiérrez, de Posadas, y Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dependiente de Nación.
La causa tuvo su génesis el 7 de junio del año pasado, cuando dos jóvenes identificados como Blanca Priscila H. y su pareja Joaquín Alejandro G., fueron atrapados en San José mientras transportaban 23,425 kilogramos de metilendioximetanfetamina (MDMA), usualmente conocido como éxtasis, en un colectivo que venía desde Bernardo de Irigoyen y cuyo destino final era la estación de Retiro, en Buenos Aires.
Con el tiempo, los dos fueron procesados por el delito de “transporte de estupefacientes” y actualmente continúan detenidos y prontos a ser llevados a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero lo más sustancioso provino después, gracias al peritaje de sus teléfonos celulares, aparatos de donde surgieron las pistas iniciales para avanzar contra la estructura criminal que operaba detrás de la maniobra.
Convencidos en dar con algo mayor, los fiscales Gutiérrez y Uriona decidieron iniciar un segundo expediente “en miras de profundizar la información obtenida y lograr ascender en la cadena de eslabones de dicha organización criminal”, según consta en documentos obtenidos por La Voz de Misiones.
Así fue como los investigadores descubrieron que no estaban delante una acción aislada e independiente, sino que revelaron el funcionamiento de una organización transnacional, integrada por múltiples actores con diferentes roles y jerarquías, y un sofisticado esquema de tráfico de estupefacientes, con Misiones y principalmente con la localidad de Bernardo de Irigoyen, como sitio clave.
Una de las valijas con polvo de MDMA incautadas a la pareja detenida el año pasado en San José.
Mulas e itinerario
La pesquisa reconstruyó, entonces, que había una red que se dedicaba a captar mulas, que en su mayoría eran de Misiones o de Chaco, para enviar a cocaína hacia Europa y como contraprestación al servicio obtenían cargas de MDMA para ser comercializadas en diferentes puntos del país.
El itinerario trazado era el siguiente. Una vez captadas, las mulas paseaban por Buenos Aires y luego eran enviadas a Asunción (Paraguay) o a San Pablo (Brasil), donde ingerían las cápsulas de cocaína para luego abordar los vuelos que los llevarían a destino en el viejo continente.
Los recorridos en su mayoría hacían escala en Natal, para luego aterrizar en aeropuertos de España o Portugal, aunque luego las cargas de cocaína eran entregadas en Francia u Holanda.
Concretada la entrega, algunas de las mulas disfrutaban de unas “mini vacaciones” en la caribeña isla Martinica y luego aterrizaban nuevamente en San Pablo, desde donde comenzaba la segunda etapa de la maniobra.
Los viajeros allí se volvían a encontrar con los encargados “logísticos” de la banda, recibían cargas de MDMA e iniciaban viaje hacia la frontera seca con Argentina, donde se encuentra la localidad de Bernardo de Irigoyen, y desde ese punto continuaban camino hacia Buenos Aires.
Se estableció que los pasajeros detenidos en junio del año pasado habían sido parte de esta estructura, pero no eran los únicos y que las maniobras continuaban ejecutándose.
En Irigoyen, por ejemplo, se identificaron a tres jóvenes que también podrían estar involucrados, dado que eran receptores de constantes envíos de dinero a través de billeteras electrónicas, dinero que podía ser parte de los remuneraciones obtenidas. Las transferencias, se detalla en el expediente, no superaban los 30.000 pesos, pero era uno de los actores llegó a recibir 47 envíos similares en cuestión de horas.
La investigación continuó en silencio. Los fiscales siguieron solicitando medidas hasta que descubrieron que a mediados de octubre se iba a llevar adelante otro ardid, para el cual iban a ser utilizadas dos jóvenes chaqueñas, una de las cuales ya tenía experiencia y conocimientos sobre el itinerario a realizar como sobre la ingesta de las cápsulas.
“Conocí Portugal, Natal, Francia, París nomás no pasamos…… pero el mes que viene nos vamos uno directo no más a París”, repasó una de ellas en una conversación mantenida con un NN y en otro tramo le recriminó a una compañera por haber comido un sándwich, dado el riesgo que representa alimentarse portando cápsulas con droga en el organismo: “Yo tranqui nomás le hice a mi estómago, vos tenes que hacerle tranqui porque todavía seguís teniendo eso”.
Las cápsulas incautadas como pruebas en los procedimientos realizados en Paraguay.
Operativos e involucrados
Advertida de esa futura maniobra, a través de la red de cooperación de Fiscales Antidrogas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, los investigadores argentinos alertaron sobre el ardid a sus pares en Paraguay, quienes arbitraron sus propios mecanismos para confirmar la hipótesis.
Y todo se dio tal cual lo previsto. Las dos mulas chaqueñas llegaron al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Asunción el pasado 18 de octubre. Iban a tomar un vuelo hacia Madrid, España, pero fueron detenidas y al ser sometidas a una requisa se confirmó que en su organismo transportaban más de 75 cápsulas cada una.
En territorio paraguayo también se aprehendió a quien actuaba como encargada logística de la banda en ese país y tras estos resultados, en Argentina se activaron 27 allanamientos simultáneos para dar con el resto de los involucrados. Esos procedimientos se concretaron el martes pasado e incluyó la detención de Carla Luján G., una joven de Irigoyen, en cuya casa además se secuestraron dosis de marihuana, cocaína y una balanza de precisión.
En la misma localidad misionera se allanó una vivienda que era utilizada por Jorge Antonio Sandoval, identificado como uno de los principales operadores de la organización, dedicado a la preparación de las mulas, a la entrega de las cargas y a la coordinación de los viajes.
El inmueble allanado se ubica en el barrio Provincias Unidas y en su interior las fuerzas federales incautaron 310 gramos de MDMA, distribuidos en 388 pastillas con el dibujo de un búho y la inscripción “Panamá 2.0”, entre otros elementos utilizados para la preparación de los envíos, como ser rollos de cinta de empaque, rollos de film, vendas, fajas para la cintura y hasta una máquina termo selladora.
Más éxtasis y una máquina termo selladora secuestrada en el inmueble que uno de los miembros de la banda alquilaba en Irigoyen.
La pesquisa también identificó a Ricardo Francisco Bruno como miembro activo dentro del organigrama delictivo. Se trata de un narcoempresario farmacéutico que ya estuvo preso en causas por tráfico de drogas sintéticas con mulas, una de las cuales, una modelo brasileña, murió en 2017 como consecuencia de la explosión de las cápsulas que llevaba dentro del cuerpo.
Por último, se determinó que el organizador y financista de la organización, era Rayngs Dominique Harry, un hombre oriundo de Guyana Francesa que ya estuvo diez años preso en Argentina por delitos de narcotráfico y que luego se acogió a la figura del extrañamiento, aunque volvió al país de manera ilegal y continuó operando sin una sede fija, sino más bien rotando permanentemente entre Buenos Aires, Misiones, Asunción, Ciudad del Este, Foz de Iguazú, San Pablo.
Harry ahora tiene un pedido de captura internacional vigente, mientras que un total de ocho miembros -sin contar las mujeres aprehendidas en Paraguay- de la banda lograron ser detenidos en los allanamientos simultáneos ordenados la semana pasada.
Los implicados puestos tras las rejas ya comparecieron en indagatorias por zoom ante los fiscales intervinientes y fueron imputados por “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio, agravado por haberse llevado a cabo con la intervención de más de tres personas”.
El viaje de tres misioneros con 8.913 pastillas de éxtasis que terminó en condena
El debate oral por el crimen del bonaerense Martín Arredondo (37), previsto para este jueves 4 de diciembre, fue suspendido debido a un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y los seis jóvenes imputados por el hecho, quienes admitieron su culpabilidad y aceptaron ser condenados a penas de 16 y 18 años.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de visu donde los seis imputados dieron el consentimiento para avanzar en el convenio de juicio abreviado se realizó esta mañana, circunstancia que derivó en la suspensión de las audiencias de debate oral que habían sido programadas para la semana entrante ante el Tribunal Penal Uno de Posadas.
Las mismas fuentes señalaron que los imputados admitieron su participación en el hecho y aceptaron recibir condenas de entre 16 y 18 años como responsables del delito de “homicidio en ocasión de robo”, figura menos gravosa que la acusación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditados de dos o más personas y criminis causae” con la que fueron procesados en etapa de instrucción y que preveía prisión perpetua.
Los imputados en esta causa son Brisa Torres (24), Oriana Saucedo (24), su hermano Alan William Saucedo (26), Elías Nahuel Trinidad (26), Miguel Ángel López (25) y Juan Alberto Barrios (22).
Los tres primeros aceptaron una pena de 16 años de cárcel, mientras que la pena mayor recaerá contra Trinidad y López. Barrios, por su parte, era menor de edad al momento del hecho y por lo tanto será un juzgado correccional el que decida su sanción.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal María Laura Álvarez, por subrogancia legal ante la licencia del fiscal Vladimir Glinka.
El acuerdo alcanzado entre las partes ahora deberá ser elevado al Tribunal Penal Uno, integrado por los magistrados Gustavo Bernie y Viviana Cukla, quienes deberán analizar el documento y en caso de no detectar irregularidades transformarán el acta en sentencia.
Pablo Martín Arredondo fue ultimado en su departamento sobre calle Bolívar de Posadas.
Golpeado y estrangulado
El crimen de Arredondo se descubrió el 23 de febrero de 2020, cuando los vecinos del departamento que alquilaba en un edificio sobre calle Colón, frente al colegio Roque González, alertaron sobre un olor putrefacto que provenía del lugar.
Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales intervinientes se encontraron con el cadáver del bonaerense y la autopsia posterior determinó que fue golpeado y finalmente estrangulado con un cinto.
La investigación global estableció que el crimen se registró cuatro días antes, el 19 de febrero, en horas de la madrugada, cuando la víctima se reunió en su departamento junto a una de las jóvenes que aparentemente era su novia y un grupo de amigos de ellas.
En el lugar, se cree que Arredondo fue dopado con estupefacientes (ketamina) y que al departamento luego llegaron otros cómplices con la intención de sustraerle 300.000 pesos que el hombre tenía destinado a utilizar como parte de pago para la compra de un automóvil.
Mediante la revisión de cámaras de seguridad los investigadores pudieron reconstruir las últimas horas de la víctima y los últimos movimientos registrados en cercanías a su departamento, con lo cual fueron identificando uno a uno a los sospechosos.
Luego, la ciencia hizo el resto. En el marco de la causa constan pericias telefónicas que darían cuenta de comunicaciones entre los implicados planificando el hecho y rastros de ADN que ubican a al menos tres de los sospechosos en la escena del crimen.
El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien en mayo de 2023 firmó el requerimiento de elevación a juicio del expediente, medida que meses después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.
Se reprogramó para el 4 de diciembre el juicio por el caso Arredondo
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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