Judiciales
Irigoyen, ruta clave para red internacional de mulas de cocaína y éxtasis
Una minuciosa investigación iniciada en junio del año pasado tras la detención en San José de dos pasajeros que viajaban en un colectivo larga distancia con valijas repletas de metanfetamina, permitió desbaratar una compleja red internacional dedicada a la utilización de mulas para el tráfico de cocaína hacia Europa, vía Paraguay o Brasil, con la recepción de drogas sintéticas como contraprestación al servicio brindado por la sofisticada empresa criminal que era liderada por un hombre nacido en Guyana Francesa y que ahora tiene pedido de captura vigente.
La maniobra, la estructura y los integrantes de la organización, entre los que hay al menos una misionera, quedaron al descubierto gracias a escuchas telefónicas, análisis de registros migratorios y tareas de vigilancia, entre otras medidas, diagramadas durante un lapso de 15 meses en una investigación trazada en forma conjunta por los fiscales Silvina Gutiérrez, de Posadas, y Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dependiente de Nación.
La causa tuvo su génesis el 7 de junio del año pasado, cuando dos jóvenes identificados como Blanca Priscila H. y su pareja Joaquín Alejandro G., fueron atrapados en San José mientras transportaban 23,425 kilogramos de metilendioximetanfetamina (MDMA), usualmente conocido como éxtasis, en un colectivo que venía desde Bernardo de Irigoyen y cuyo destino final era la estación de Retiro, en Buenos Aires.
Con el tiempo, los dos fueron procesados por el delito de “transporte de estupefacientes” y actualmente continúan detenidos y prontos a ser llevados a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero lo más sustancioso provino después, gracias al peritaje de sus teléfonos celulares, aparatos de donde surgieron las pistas iniciales para avanzar contra la estructura criminal que operaba detrás de la maniobra.
Convencidos en dar con algo mayor, los fiscales Gutiérrez y Uriona decidieron iniciar un segundo expediente “en miras de profundizar la información obtenida y lograr ascender en la cadena de eslabones de dicha organización criminal”, según consta en documentos obtenidos por La Voz de Misiones.
Así fue como los investigadores descubrieron que no estaban delante una acción aislada e independiente, sino que revelaron el funcionamiento de una organización transnacional, integrada por múltiples actores con diferentes roles y jerarquías, y un sofisticado esquema de tráfico de estupefacientes, con Misiones y principalmente con la localidad de Bernardo de Irigoyen, como sitio clave.
Una de las valijas con polvo de MDMA incautadas a la pareja detenida el año pasado en San José.
Mulas e itinerario
La pesquisa reconstruyó, entonces, que había una red que se dedicaba a captar mulas, que en su mayoría eran de Misiones o de Chaco, para enviar a cocaína hacia Europa y como contraprestación al servicio obtenían cargas de MDMA para ser comercializadas en diferentes puntos del país.
El itinerario trazado era el siguiente. Una vez captadas, las mulas paseaban por Buenos Aires y luego eran enviadas a Asunción (Paraguay) o a San Pablo (Brasil), donde ingerían las cápsulas de cocaína para luego abordar los vuelos que los llevarían a destino en el viejo continente.
Los recorridos en su mayoría hacían escala en Natal, para luego aterrizar en aeropuertos de España o Portugal, aunque luego las cargas de cocaína eran entregadas en Francia u Holanda.
Concretada la entrega, algunas de las mulas disfrutaban de unas “mini vacaciones” en la caribeña isla Martinica y luego aterrizaban nuevamente en San Pablo, desde donde comenzaba la segunda etapa de la maniobra.
Los viajeros allí se volvían a encontrar con los encargados “logísticos” de la banda, recibían cargas de MDMA e iniciaban viaje hacia la frontera seca con Argentina, donde se encuentra la localidad de Bernardo de Irigoyen, y desde ese punto continuaban camino hacia Buenos Aires.
Se estableció que los pasajeros detenidos en junio del año pasado habían sido parte de esta estructura, pero no eran los únicos y que las maniobras continuaban ejecutándose.
En Irigoyen, por ejemplo, se identificaron a tres jóvenes que también podrían estar involucrados, dado que eran receptores de constantes envíos de dinero a través de billeteras electrónicas, dinero que podía ser parte de los remuneraciones obtenidas. Las transferencias, se detalla en el expediente, no superaban los 30.000 pesos, pero era uno de los actores llegó a recibir 47 envíos similares en cuestión de horas.
La investigación continuó en silencio. Los fiscales siguieron solicitando medidas hasta que descubrieron que a mediados de octubre se iba a llevar adelante otro ardid, para el cual iban a ser utilizadas dos jóvenes chaqueñas, una de las cuales ya tenía experiencia y conocimientos sobre el itinerario a realizar como sobre la ingesta de las cápsulas.
“Conocí Portugal, Natal, Francia, París nomás no pasamos…… pero el mes que viene nos vamos uno directo no más a París”, repasó una de ellas en una conversación mantenida con un NN y en otro tramo le recriminó a una compañera por haber comido un sándwich, dado el riesgo que representa alimentarse portando cápsulas con droga en el organismo: “Yo tranqui nomás le hice a mi estómago, vos tenes que hacerle tranqui porque todavía seguís teniendo eso”.
Las cápsulas incautadas como pruebas en los procedimientos realizados en Paraguay.
Operativos e involucrados
Advertida de esa futura maniobra, a través de la red de cooperación de Fiscales Antidrogas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, los investigadores argentinos alertaron sobre el ardid a sus pares en Paraguay, quienes arbitraron sus propios mecanismos para confirmar la hipótesis.
Y todo se dio tal cual lo previsto. Las dos mulas chaqueñas llegaron al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Asunción el pasado 18 de octubre. Iban a tomar un vuelo hacia Madrid, España, pero fueron detenidas y al ser sometidas a una requisa se confirmó que en su organismo transportaban más de 75 cápsulas cada una.
En territorio paraguayo también se aprehendió a quien actuaba como encargada logística de la banda en ese país y tras estos resultados, en Argentina se activaron 27 allanamientos simultáneos para dar con el resto de los involucrados. Esos procedimientos se concretaron el martes pasado e incluyó la detención de Carla Luján G., una joven de Irigoyen, en cuya casa además se secuestraron dosis de marihuana, cocaína y una balanza de precisión.
En la misma localidad misionera se allanó una vivienda que era utilizada por Jorge Antonio Sandoval, identificado como uno de los principales operadores de la organización, dedicado a la preparación de las mulas, a la entrega de las cargas y a la coordinación de los viajes.
El inmueble allanado se ubica en el barrio Provincias Unidas y en su interior las fuerzas federales incautaron 310 gramos de MDMA, distribuidos en 388 pastillas con el dibujo de un búho y la inscripción “Panamá 2.0”, entre otros elementos utilizados para la preparación de los envíos, como ser rollos de cinta de empaque, rollos de film, vendas, fajas para la cintura y hasta una máquina termo selladora.
Más éxtasis y una máquina termo selladora secuestrada en el inmueble que uno de los miembros de la banda alquilaba en Irigoyen.
La pesquisa también identificó a Ricardo Francisco Bruno como miembro activo dentro del organigrama delictivo. Se trata de un narcoempresario farmacéutico que ya estuvo preso en causas por tráfico de drogas sintéticas con mulas, una de las cuales, una modelo brasileña, murió en 2017 como consecuencia de la explosión de las cápsulas que llevaba dentro del cuerpo.
Por último, se determinó que el organizador y financista de la organización, era Rayngs Dominique Harry, un hombre oriundo de Guyana Francesa que ya estuvo diez años preso en Argentina por delitos de narcotráfico y que luego se acogió a la figura del extrañamiento, aunque volvió al país de manera ilegal y continuó operando sin una sede fija, sino más bien rotando permanentemente entre Buenos Aires, Misiones, Asunción, Ciudad del Este, Foz de Iguazú, San Pablo.
Harry ahora tiene un pedido de captura internacional vigente, mientras que un total de ocho miembros -sin contar las mujeres aprehendidas en Paraguay- de la banda lograron ser detenidos en los allanamientos simultáneos ordenados la semana pasada.
Los implicados puestos tras las rejas ya comparecieron en indagatorias por zoom ante los fiscales intervinientes y fueron imputados por “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio, agravado por haberse llevado a cabo con la intervención de más de tres personas”.
El viaje de tres misioneros con 8.913 pastillas de éxtasis que terminó en condena
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
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