Judiciales
Irigoyen, ruta clave para red internacional de mulas de cocaína y éxtasis
Una minuciosa investigación iniciada en junio del año pasado tras la detención en San José de dos pasajeros que viajaban en un colectivo larga distancia con valijas repletas de metanfetamina, permitió desbaratar una compleja red internacional dedicada a la utilización de mulas para el tráfico de cocaína hacia Europa, vía Paraguay o Brasil, con la recepción de drogas sintéticas como contraprestación al servicio brindado por la sofisticada empresa criminal que era liderada por un hombre nacido en Guyana Francesa y que ahora tiene pedido de captura vigente.
La maniobra, la estructura y los integrantes de la organización, entre los que hay al menos una misionera, quedaron al descubierto gracias a escuchas telefónicas, análisis de registros migratorios y tareas de vigilancia, entre otras medidas, diagramadas durante un lapso de 15 meses en una investigación trazada en forma conjunta por los fiscales Silvina Gutiérrez, de Posadas, y Martín Uriona, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dependiente de Nación.
La causa tuvo su génesis el 7 de junio del año pasado, cuando dos jóvenes identificados como Blanca Priscila H. y su pareja Joaquín Alejandro G., fueron atrapados en San José mientras transportaban 23,425 kilogramos de metilendioximetanfetamina (MDMA), usualmente conocido como éxtasis, en un colectivo que venía desde Bernardo de Irigoyen y cuyo destino final era la estación de Retiro, en Buenos Aires.
Con el tiempo, los dos fueron procesados por el delito de “transporte de estupefacientes” y actualmente continúan detenidos y prontos a ser llevados a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero lo más sustancioso provino después, gracias al peritaje de sus teléfonos celulares, aparatos de donde surgieron las pistas iniciales para avanzar contra la estructura criminal que operaba detrás de la maniobra.
Convencidos en dar con algo mayor, los fiscales Gutiérrez y Uriona decidieron iniciar un segundo expediente “en miras de profundizar la información obtenida y lograr ascender en la cadena de eslabones de dicha organización criminal”, según consta en documentos obtenidos por La Voz de Misiones.
Así fue como los investigadores descubrieron que no estaban delante una acción aislada e independiente, sino que revelaron el funcionamiento de una organización transnacional, integrada por múltiples actores con diferentes roles y jerarquías, y un sofisticado esquema de tráfico de estupefacientes, con Misiones y principalmente con la localidad de Bernardo de Irigoyen, como sitio clave.
Una de las valijas con polvo de MDMA incautadas a la pareja detenida el año pasado en San José.
Mulas e itinerario
La pesquisa reconstruyó, entonces, que había una red que se dedicaba a captar mulas, que en su mayoría eran de Misiones o de Chaco, para enviar a cocaína hacia Europa y como contraprestación al servicio obtenían cargas de MDMA para ser comercializadas en diferentes puntos del país.
El itinerario trazado era el siguiente. Una vez captadas, las mulas paseaban por Buenos Aires y luego eran enviadas a Asunción (Paraguay) o a San Pablo (Brasil), donde ingerían las cápsulas de cocaína para luego abordar los vuelos que los llevarían a destino en el viejo continente.
Los recorridos en su mayoría hacían escala en Natal, para luego aterrizar en aeropuertos de España o Portugal, aunque luego las cargas de cocaína eran entregadas en Francia u Holanda.
Concretada la entrega, algunas de las mulas disfrutaban de unas “mini vacaciones” en la caribeña isla Martinica y luego aterrizaban nuevamente en San Pablo, desde donde comenzaba la segunda etapa de la maniobra.
Los viajeros allí se volvían a encontrar con los encargados “logísticos” de la banda, recibían cargas de MDMA e iniciaban viaje hacia la frontera seca con Argentina, donde se encuentra la localidad de Bernardo de Irigoyen, y desde ese punto continuaban camino hacia Buenos Aires.
Se estableció que los pasajeros detenidos en junio del año pasado habían sido parte de esta estructura, pero no eran los únicos y que las maniobras continuaban ejecutándose.
En Irigoyen, por ejemplo, se identificaron a tres jóvenes que también podrían estar involucrados, dado que eran receptores de constantes envíos de dinero a través de billeteras electrónicas, dinero que podía ser parte de los remuneraciones obtenidas. Las transferencias, se detalla en el expediente, no superaban los 30.000 pesos, pero era uno de los actores llegó a recibir 47 envíos similares en cuestión de horas.
La investigación continuó en silencio. Los fiscales siguieron solicitando medidas hasta que descubrieron que a mediados de octubre se iba a llevar adelante otro ardid, para el cual iban a ser utilizadas dos jóvenes chaqueñas, una de las cuales ya tenía experiencia y conocimientos sobre el itinerario a realizar como sobre la ingesta de las cápsulas.
“Conocí Portugal, Natal, Francia, París nomás no pasamos…… pero el mes que viene nos vamos uno directo no más a París”, repasó una de ellas en una conversación mantenida con un NN y en otro tramo le recriminó a una compañera por haber comido un sándwich, dado el riesgo que representa alimentarse portando cápsulas con droga en el organismo: “Yo tranqui nomás le hice a mi estómago, vos tenes que hacerle tranqui porque todavía seguís teniendo eso”.
Las cápsulas incautadas como pruebas en los procedimientos realizados en Paraguay.
Operativos e involucrados
Advertida de esa futura maniobra, a través de la red de cooperación de Fiscales Antidrogas de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, los investigadores argentinos alertaron sobre el ardid a sus pares en Paraguay, quienes arbitraron sus propios mecanismos para confirmar la hipótesis.
Y todo se dio tal cual lo previsto. Las dos mulas chaqueñas llegaron al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Asunción el pasado 18 de octubre. Iban a tomar un vuelo hacia Madrid, España, pero fueron detenidas y al ser sometidas a una requisa se confirmó que en su organismo transportaban más de 75 cápsulas cada una.
En territorio paraguayo también se aprehendió a quien actuaba como encargada logística de la banda en ese país y tras estos resultados, en Argentina se activaron 27 allanamientos simultáneos para dar con el resto de los involucrados. Esos procedimientos se concretaron el martes pasado e incluyó la detención de Carla Luján G., una joven de Irigoyen, en cuya casa además se secuestraron dosis de marihuana, cocaína y una balanza de precisión.
En la misma localidad misionera se allanó una vivienda que era utilizada por Jorge Antonio Sandoval, identificado como uno de los principales operadores de la organización, dedicado a la preparación de las mulas, a la entrega de las cargas y a la coordinación de los viajes.
El inmueble allanado se ubica en el barrio Provincias Unidas y en su interior las fuerzas federales incautaron 310 gramos de MDMA, distribuidos en 388 pastillas con el dibujo de un búho y la inscripción “Panamá 2.0”, entre otros elementos utilizados para la preparación de los envíos, como ser rollos de cinta de empaque, rollos de film, vendas, fajas para la cintura y hasta una máquina termo selladora.
Más éxtasis y una máquina termo selladora secuestrada en el inmueble que uno de los miembros de la banda alquilaba en Irigoyen.
La pesquisa también identificó a Ricardo Francisco Bruno como miembro activo dentro del organigrama delictivo. Se trata de un narcoempresario farmacéutico que ya estuvo preso en causas por tráfico de drogas sintéticas con mulas, una de las cuales, una modelo brasileña, murió en 2017 como consecuencia de la explosión de las cápsulas que llevaba dentro del cuerpo.
Por último, se determinó que el organizador y financista de la organización, era Rayngs Dominique Harry, un hombre oriundo de Guyana Francesa que ya estuvo diez años preso en Argentina por delitos de narcotráfico y que luego se acogió a la figura del extrañamiento, aunque volvió al país de manera ilegal y continuó operando sin una sede fija, sino más bien rotando permanentemente entre Buenos Aires, Misiones, Asunción, Ciudad del Este, Foz de Iguazú, San Pablo.
Harry ahora tiene un pedido de captura internacional vigente, mientras que un total de ocho miembros -sin contar las mujeres aprehendidas en Paraguay- de la banda lograron ser detenidos en los allanamientos simultáneos ordenados la semana pasada.
Los implicados puestos tras las rejas ya comparecieron en indagatorias por zoom ante los fiscales intervinientes y fueron imputados por “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio, agravado por haberse llevado a cabo con la intervención de más de tres personas”.
El viaje de tres misioneros con 8.913 pastillas de éxtasis que terminó en condena
A menos de cinco meses del hecho, el fiscal de Instrucción Dos de Posadas, Christian Antunez, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el asesinato de Fabricio Ariel Rodríguez (32), cometido durante una discusión de tránsito en Garupá.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el requerimiento fue presentado esta semana ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, quien ahora debe analizar el documento y estampar la firma para que el expediente pase a un tribunal.
El caso tiene como imputado y procesado con prisión preventiva al jubilado y chofer de aplicación Juan Carlos D. V. (63), quien enfrenta cargos por “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El hombre cumple la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud, entre otros factores que fueron tenidos en cuenta para la morigeración de las condiciones de detención.
El hecho en cuestión ocurrió el 17 de abril de este año, sobre la avenida Santa Helena, en el ingreso al barrio homónimo y a unos metros de la ruta nacional 105, en Garupá.
Escasos minutos después de las 10 habían pasado cuando dos automovilistas se trenzaron en una discusión de tránsito que subió de tono hasta que, en determinado momento, el ahora imputado regresó a su auto Ford Fiesta blanco, extrajo un arma blanca y apuñaló al otro.
El puntazo dio en el pecho de Rodríguez, que cayó inmediatamente al suelo y murió en ese mismo lugar, ante la vista de una gran cantidad de testigos.
Identificaron al hombre asesinado tras una discusión de tránsito en Garupá
El Tribunal Oral Federal N°3 de Buenos Aires condenó este miércoles a 22 años de prisión al misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, señalado durante la investigación como líder de una organización dedicada a captar menores para su explotación sexual. En el mismo veredicto, los jueces absolvieron al también misionero Leandro Agustín Aguiar y ordenaron su inmediata libertad.
La sentencia fue dictada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, en el juicio que también tuvo como acusado al ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza y a otros dos hombres.
Angelotti Notarbartolo recibió la pena que había solicitado la fiscalía, que durante sus alegatos lo había señalado como quien encabezaba la estructura investigada. El tribunal lo encontró responsable de los delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.
Según el fallo, los delitos por los que fue condenado tuvieron como víctimas a al menos cuatro personas. En el caso de la trata, fue responsabilizado por hechos cometidos contra cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad. La figura fue considerada agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la pluralidad de víctimas.
Además, fue condenado por abusos sexuales con acceso carnal contra tres víctimas y por distintos hechos de corrupción de menores. También fue responsabilizado por tenencia de material de abuso sexual infantil.
La sentencia, sin embargo, también declaró prescriptas otras acusaciones contra Angelotti Notarbartolo y lo absolvió respecto de esos hechos. Se trata de delitos contra la integridad sexual vinculados con otras ocho víctimas.
Como parte de la resolución, el tribunal dispuso además que Angelotti y otro de los condenados, Raúl Ignacio Mermet, paguen una reparación económica equivalente a veinte salarios mínimos vitales y móviles a cada una de las víctimas por las que fueron sentenciados.
Aguiar, absuelto
La situación del otro misionero acusado tuvo un desenlace diferente.
Leandro Agustín Aguiar, para quien la fiscalía había solicitado 11 años de prisión, fue absuelto por el tribunal. La misma decisión alcanzó a Andrés Fernando Charpenet, otro de los acusados, y ambos recuperarán la libertad de manera inmediata.
Durante el juicio, la acusación había sostenido que Aguiar se incorporó a la organización en 2018 y que, junto con Charpenet y Mermet, participaba de encuentros con las víctimas. El Ministerio Público había considerado que su intervención justificaba una condena de 11 años.
Sin embargo, los jueces no encontraron elementos suficientes para condenarlo por los delitos que se le atribuían y dispusieron su absolución.
Corazza, también fue absuelto
El fallo tuvo como principal repercusión nacional la absolución de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo.
El tribunal lo desvinculó de las acusaciones de abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. Los magistrados consideraron que algunos de los hechos atribuidos estaban prescriptos y que respecto de otros no existían pruebas suficientes.
En consecuencia, el tribunal ordenó quitarle la tobillera electrónica, levantar la prohibición para salir del país y dejar sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes.
La fiscalía ya había solicitado su absolución durante los alegatos. El fiscal general Patricio García Elorrio había sostenido que el hecho de abuso sexual que se le atribuía, ocurrido en 2001, estaba prescripto y que tampoco había elementos suficientes para sostener la acusación por asociación ilícita.
Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 22 de octubre.
El expediente se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación posterior derivó en la detención de los cinco acusados y finalmente en el juicio oral.
La causa investigó una estructura que, según la acusación fiscal, habría operado entre 1999 y marzo de 2023 en Misiones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, captando principalmente a adolescentes varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a prácticas de explotación y abuso sexual.
Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores
Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.
La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.
El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.
Fiscalía Distrito Misiones
La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.
El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.
La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.
La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.
La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.
Fiscal en lugar central
Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.
La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.
En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.
El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.
Salas de audiencia
La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.
El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.
Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.
Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.
Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.
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