Judiciales
Imputaron a los detenidos por el ataque a tiros a padre e hijo en Andresito
Los dos detenidos por el ataque a tiros en el cual murió Hugo Sebastián Goncalvez (25) y su padre Néstor Fabián (49) resultó gravemente herido en Andresito se desligaron del hecho esta mañana al momento de declarar ante la Justicia, aunque incurrieron en contradicciones y fueron imputados por homicidio, ante lo cual continuarán privados de su libertad mientras avanza la investigación.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, tanto el agricultor Basilio M. (74) como su empleado Joel F. (31) fueron llevados esta mañana hasta el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, donde debían comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Martín Brites.
En esa instancia, ambos involucrados designaron abogados particulares y al momento de declarar se desentendieron del hecho, aunque las dos versiones aportadas tendrían puntos contrapuestos, principalmente en lo relacionado al accionar del mayor de los detenidos.
En la misma audiencia, los dos detenidos fueron formalmente imputados por los delitos de “homicidio y homicidio en grado de tentativa agravado por el uso de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego, en concurso real”.
Para los investigadores intervinientes está claro que tanto Basilio como Joel habrían sido las únicas personas presentes en la chacra al momento de la balacera que dejó consecuencias fatales, en tanto que respecto al móvil del crimen sobresale la hipótesis de que el hecho pudo estar vinculado a una vieja rencilla entre el mayor de los detenidos y el padre del fallecido.
Las mismas fuentes describieron que la víctima fatal trabajaba la chacra de Basilio y luego compartía las ganancias de la producción con el hombre, aunque estaba registrado como empleado formal.

Las armas incautadas en la casa del agricultor de 74 años detenido.
Baleados en el trabajo
El hecho que se investiga se registró en la noche del último domingo, una chacra de Comandante Andresito. El caso fue descubierto a partir de la esposa de la víctima fatal, quien al constatar que su pareja nunca regresó del trabajo acudió a buscarlo y se topó con el escenario de una balacera.
A partir de ahí, los investigadores avanzaron hacia Basilio, dueño de la chacra donde Goncalvez producía tabaco, y lo detuvieron durante el allanamiento de su casa, donde además los investigadores secuestraron un arsenal.
El listado de elementos incautados en el lugar incluye un arma larga calibre 6.35 milímetros con mira; un rifle calibre 22; un revólver calibre 22 largo con diez proyectiles en el tambor; una escopeta tipo Ithaca calibre 12 con cartuchos en la recámara; y una escopeta de fabricación artesanal con correa doble cañón. También hallaron una multiplicidad de cajas con proyectiles y cartuchos de todo tipo, desde calibre 22 milímetros hasta 38, dos celulares y un DVR.
“El señor es un fanático de las armas”, graficó un pesquisa consultado por LVM, quien además recordó que el hombre registra una causa abierta por el delito de amenazas con arma de fuego, hecho que fue denunciado por uno de sus hijos a mediados de 2020.
Ese expediente también se tramita en el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú y está avanzado, pero aún no llegó a elevarse a juicio por la faltante de un titular original en la fiscalía penal de la misma jurisdicción, puesto que quedó vacante tras la salida de Horacio Paniagua, ahora miembro del Tribunal Penal Uno de Oberá.
Judiciales
Imputaron por transfemicidio a los tres detenidos por el asesinato de Caí
Dos de los tres detenidos por el crimen de Caí, la mujer trans asesinada a golpes en Puerto Iguazú, se desligaron del hecho, mientras que el restante implicado eligió guardar silencio al momento de declarar ante la Justicia, aunque de igual manera los tres fueron imputados como coautores del delito de transfemicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Las audiencias de indagatoria se realizaron ayer en el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dependencia a la cual fueron trasladados desde la comisaría donde están alojados desde el sábado y uno a uno comparecieron ante Martín Brites, el magistrado que dirige la investigación iniciada el 2 de abril, cuando Caí fue encontraba gravemente herida en un eucaliptal ubicado en el predio de la comunidad Fortín Mbororé.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el principal apuntado por el crimen es Axel Facundo “Chana” M. (20), hijo del cacique de la mencionada comunidad mbya, quien eligió prestar declaración indagatoria, aunque negó haber sido el autor del golpe que provocó la muerte de la víctima y se desligó por completo del hecho.
El otro implicado que declaró fue Celso (17), quien dio en testimonio similar al de Chana y también rechazó la acusación. El tercer involucrado, Bruno “Nene” D. (18), optó por guardar silencio.
A pesar de sus testimonios, los tres sospechosos, todos ellos integrantes de comunidades guaraníes, fueron formalmente imputados por homicidio agravado por odio a la identidad de género de la víctima y violencia de género, figura contemplada por el artículo 80, inciso 4 y 11.
El caso
El caso comenzó a investigarse el pasado 2 de abril, cuando Caí, de nombre Claudia Gabriela Gómez (34), fue encontrada gravemente herida en inmediaciones a la comunidad Fortín Mbororé, donde residía en una casilla en contexto de extrema precariedad y abandono.
En esa instancia, la mujer trans quedó internada en el hospital Samic de Iguazú, donde finalmente falleció el miércoles 8 y la autopsia posterior concluyo que el deceso se produjo como consecuencia de una fractura de cráneo.
El examen forense además determinó que esa lesión fue provocada por un golpe efectuado con un objeto contundente. La víctima también presentaba múltiples heridas en el rostro, descarándose lesiones compatibles con abuso sexual.
Tras al hecho, organizaciones sociales, de derechos humanos y diversidades reclamaron justicia por la muerte de Caí.
En ese marco, según se pudo saber, el Observatorio de Crímenes de Odio LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puso a disposición y sus autoridades comenzaron a trabajar en conjunto con el juez Brites en pos de garantizar una investigación que respete la perspectiva de género y de diversidades.
Judiciales
Crimen del penitenciario Argüello: preventiva para la hermana y la pareja
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
Judiciales
Passalacqua propuso al fiscal Andrés Poujade para integrar el STJ
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
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