Judiciales
“Fue un virus o un hacker”: familiares de detenido por pornografía infantil
Los familiares de Chen Meng Ching, el profesor de artes marciales de origen taiwanés detenido a fines de junio en el marco del mega operativo internacional Luz de Infancia IX contra la pornografía infantil, reclamaron su excarcelación y defendieron la inocencia del hombre, al considerar que la situación pudo haber sido consecuencia de un “virus” informático o un “hacker”.
“La Justicia llegó a mi casa y nos dijeron que descargamos muchas cosas malas desde internet. Mi esposo quiere ser Youtuber y siempre descarga muchas cosas para desarrollar sus videos. Él es autodidacta, entonces siempre baja muchas cosas para aprender, de verdad no sabemos qué pasó. Lo que pensamos es que fue un virus”, expresó Claudia Cheng, en diálogo con La Voz de Misiones.
La mujer contó que su marido es maestro de kun fu y masajista, en tanto que incursiona a través de videos sobre cultura china y artes marciales en un canal de Youtube.
En esa línea, Claudia sostuvo que “pienso que él no hizo eso, porque él siempre baja cosas para aprender y yo nunca vi eso. Me dijeron que pudo ser un ataque a su IP” y agregó que “no sabemos porque ellos -por la Justicia- piensan así. Pensamos que puede ser un ataque de un hacker, un virus o no sé si cuando mi esposo bajó algunos recursos se descargó accidentalmente”.
Claudia Cheng, esposa del detenido, dialogó con La Voz de Misiones.
Chen Meng Ching fue detenido el 30 de junio, durante un allanamiento en su casa, procedimiento enmarcado en el mega operativo internacional Luz de Infancia IX contra la pornografía infantil, que se extendió a otras trece provincias argentinas y seis países (Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Paraguay, Panamá y Costa Rica).
En ese momento, las fuentes de LVM señalaron que la vivienda del profesor de artes marciales fue marcada mediante la dirección IP utilizada para la descarga de material y que la actividad habría sido realizada en febrero, aunque el reporte proveniente de Homeland Security (de Estados Unidos) llegó ese 30 de junio, lo cual activó los procedimientos en distintas partes del continente.
En la causa intervino el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, que ordenó el allanamiento de la vivienda y hasta allí se dirigió el personal de Cibercrimen de la Policía de Misiones y de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.
En el lugar los uniformados incautaron para pericias una computadora, discos rígidos y un teléfono celular.
A tres meses de ese procedimiento, desde la defensa de Chen Meng Ching, encabezada por el letrado David Sebastián Mieres, consideran que el hombre debe ser excarcelado por la inexistencia de material pornográfico o similar en los dispositivos incautados.
En ese contexto, fuentes de LVM señalaron lo contrario y detallaron que el informe preliminar de las pericias informáticas consigna que tanto en la PC como en uno de los discos rígidos secuestrados se detectó “bastante” contenido de pornografía infantil, no así en el teléfono Xiaomi incautado.
Los voceros añadieron que en total cerca de 25 terabytes de contenido de esa índole y que ahora se aguarda el resultado de otra pericia para establecer si el implicado sólo almacenaba las imágenes o si también las distribuía o comercializaba, lo que agravaría severamente su acusación.
“Él no es consumidor de pornografía infantil. Mi esposo me dijo ‘quién es tan tonto para usar su computadora?’. Vivimos hace más de once años acá y es muy fácil de ser encontrados. Él se siente muy mal porque no hizo nada malo y el ambiente es muy diferente. Le pegaron, le abrieron el labio y le tuvieron que coser, tiene 12 puntos, y su ojo está morado, muy oscuro”, agregó al respecto Claudia.
Actualmente, el hombre se encuentra detenido en una comisaría posadeña. Su caso es monitoreado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura e incluso, aseguran las fuentes, recibió la visita de delegados del consulado de Taiwán.
El implicado está imputado por delitos contemplados en el artículo 128 del Código Penal de la Nación, que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión para quien “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere” material de pornografía infantil.
La imputación es provisoria y podría modificarse en virtud del avance de la investigación, principalmente en lo referido a la autopsia digital a los insumos informáticos incautados en poder del sospechoso.
Hasta el momento, lo que para la Justicia estaría comprobado es la tenencia y de dichos contenidos. En este punto, las fuentes fueron tan descriptivas que señalaron que durante el allanamiento los peritos técnicos revisaron una computadora y allí mismo encontraron material pornográfico infantil.
Este martes a las 8.45 comenzó el juicio a los brasileños Gabriel Junior Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, en el Tribunal Penal Dos de Posadas, quienes son acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz.
Ambos son oriundos de Porto Alegre, sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho y enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado ocurrido en mayo de 2022, en el barrio Yacyretá de la capital provincial, por lo que podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Al comenzar el juicio, se logró observar que los imputados tienen un aparato de traducción en tiempo real y en una sala contigua acompaña la audiencia una perito intérprete.
Como primera medida, se leyó el auto de elevación a juicio del expediente y las partes acordaron desistir de cuatro testigos citados para la fecha. El proceso prevé continuar toda la semana.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka, mientras que como defensora interviene la abogada Ramona Gómez.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Arranca el juicio a dos sicarios brasileños acusados de un crimen en Posadas
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.
El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
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