Judiciales
“Fue un virus o un hacker”: familiares de detenido por pornografía infantil
Los familiares de Chen Meng Ching, el profesor de artes marciales de origen taiwanés detenido a fines de junio en el marco del mega operativo internacional Luz de Infancia IX contra la pornografía infantil, reclamaron su excarcelación y defendieron la inocencia del hombre, al considerar que la situación pudo haber sido consecuencia de un “virus” informático o un “hacker”.
“La Justicia llegó a mi casa y nos dijeron que descargamos muchas cosas malas desde internet. Mi esposo quiere ser Youtuber y siempre descarga muchas cosas para desarrollar sus videos. Él es autodidacta, entonces siempre baja muchas cosas para aprender, de verdad no sabemos qué pasó. Lo que pensamos es que fue un virus”, expresó Claudia Cheng, en diálogo con La Voz de Misiones.
La mujer contó que su marido es maestro de kun fu y masajista, en tanto que incursiona a través de videos sobre cultura china y artes marciales en un canal de Youtube.
En esa línea, Claudia sostuvo que “pienso que él no hizo eso, porque él siempre baja cosas para aprender y yo nunca vi eso. Me dijeron que pudo ser un ataque a su IP” y agregó que “no sabemos porque ellos -por la Justicia- piensan así. Pensamos que puede ser un ataque de un hacker, un virus o no sé si cuando mi esposo bajó algunos recursos se descargó accidentalmente”.

Claudia Cheng, esposa del detenido, dialogó con La Voz de Misiones.
Chen Meng Ching fue detenido el 30 de junio, durante un allanamiento en su casa, procedimiento enmarcado en el mega operativo internacional Luz de Infancia IX contra la pornografía infantil, que se extendió a otras trece provincias argentinas y seis países (Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Paraguay, Panamá y Costa Rica).
En ese momento, las fuentes de LVM señalaron que la vivienda del profesor de artes marciales fue marcada mediante la dirección IP utilizada para la descarga de material y que la actividad habría sido realizada en febrero, aunque el reporte proveniente de Homeland Security (de Estados Unidos) llegó ese 30 de junio, lo cual activó los procedimientos en distintas partes del continente.
En la causa intervino el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, que ordenó el allanamiento de la vivienda y hasta allí se dirigió el personal de Cibercrimen de la Policía de Misiones y de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.
En el lugar los uniformados incautaron para pericias una computadora, discos rígidos y un teléfono celular.
A tres meses de ese procedimiento, desde la defensa de Chen Meng Ching, encabezada por el letrado David Sebastián Mieres, consideran que el hombre debe ser excarcelado por la inexistencia de material pornográfico o similar en los dispositivos incautados.
En ese contexto, fuentes de LVM señalaron lo contrario y detallaron que el informe preliminar de las pericias informáticas consigna que tanto en la PC como en uno de los discos rígidos secuestrados se detectó “bastante” contenido de pornografía infantil, no así en el teléfono Xiaomi incautado.
Los voceros añadieron que en total cerca de 25 terabytes de contenido de esa índole y que ahora se aguarda el resultado de otra pericia para establecer si el implicado sólo almacenaba las imágenes o si también las distribuía o comercializaba, lo que agravaría severamente su acusación.
“Él no es consumidor de pornografía infantil. Mi esposo me dijo ‘quién es tan tonto para usar su computadora?’. Vivimos hace más de once años acá y es muy fácil de ser encontrados. Él se siente muy mal porque no hizo nada malo y el ambiente es muy diferente. Le pegaron, le abrieron el labio y le tuvieron que coser, tiene 12 puntos, y su ojo está morado, muy oscuro”, agregó al respecto Claudia.
Actualmente, el hombre se encuentra detenido en una comisaría posadeña. Su caso es monitoreado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura e incluso, aseguran las fuentes, recibió la visita de delegados del consulado de Taiwán.
El implicado está imputado por delitos contemplados en el artículo 128 del Código Penal de la Nación, que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión para quien “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere” material de pornografía infantil.
La imputación es provisoria y podría modificarse en virtud del avance de la investigación, principalmente en lo referido a la autopsia digital a los insumos informáticos incautados en poder del sospechoso.
Hasta el momento, lo que para la Justicia estaría comprobado es la tenencia y de dichos contenidos. En este punto, las fuentes fueron tan descriptivas que señalaron que durante el allanamiento los peritos técnicos revisaron una computadora y allí mismo encontraron material pornográfico infantil.
Judiciales
Discusión de tránsito y homicidio en Garupá: pidieron elevar a juicio la causa
A menos de cinco meses del hecho, el fiscal de Instrucción Dos de Posadas, Christian Antunez, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el asesinato de Fabricio Ariel Rodríguez (32), cometido durante una discusión de tránsito en Garupá.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el requerimiento fue presentado esta semana ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, quien ahora debe analizar el documento y estampar la firma para que el expediente pase a un tribunal.
El caso tiene como imputado y procesado con prisión preventiva al jubilado y chofer de aplicación Juan Carlos D. V. (63), quien enfrenta cargos por “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El hombre cumple la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud, entre otros factores que fueron tenidos en cuenta para la morigeración de las condiciones de detención.
El hecho en cuestión ocurrió el 17 de abril de este año, sobre la avenida Santa Helena, en el ingreso al barrio homónimo y a unos metros de la ruta nacional 105, en Garupá.
Escasos minutos después de las 10 habían pasado cuando dos automovilistas se trenzaron en una discusión de tránsito que subió de tono hasta que, en determinado momento, el ahora imputado regresó a su auto Ford Fiesta blanco, extrajo un arma blanca y apuñaló al otro.
El puntazo dio en el pecho de Rodríguez, que cayó inmediatamente al suelo y murió en ese mismo lugar, ante la vista de una gran cantidad de testigos.
Identificaron al hombre asesinado tras una discusión de tránsito en Garupá
Judiciales
Un misionero condenado y otro absuelto en juicio por red de trata de menores
El Tribunal Oral Federal N°3 de Buenos Aires condenó este miércoles a 22 años de prisión al misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, señalado durante la investigación como líder de una organización dedicada a captar menores para su explotación sexual. En el mismo veredicto, los jueces absolvieron al también misionero Leandro Agustín Aguiar y ordenaron su inmediata libertad.
La sentencia fue dictada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, en el juicio que también tuvo como acusado al ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza y a otros dos hombres.
Angelotti Notarbartolo recibió la pena que había solicitado la fiscalía, que durante sus alegatos lo había señalado como quien encabezaba la estructura investigada. El tribunal lo encontró responsable de los delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.
Según el fallo, los delitos por los que fue condenado tuvieron como víctimas a al menos cuatro personas. En el caso de la trata, fue responsabilizado por hechos cometidos contra cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad. La figura fue considerada agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la pluralidad de víctimas.
Además, fue condenado por abusos sexuales con acceso carnal contra tres víctimas y por distintos hechos de corrupción de menores. También fue responsabilizado por tenencia de material de abuso sexual infantil.
La sentencia, sin embargo, también declaró prescriptas otras acusaciones contra Angelotti Notarbartolo y lo absolvió respecto de esos hechos. Se trata de delitos contra la integridad sexual vinculados con otras ocho víctimas.
Como parte de la resolución, el tribunal dispuso además que Angelotti y otro de los condenados, Raúl Ignacio Mermet, paguen una reparación económica equivalente a veinte salarios mínimos vitales y móviles a cada una de las víctimas por las que fueron sentenciados.
Aguiar, absuelto
La situación del otro misionero acusado tuvo un desenlace diferente.
Leandro Agustín Aguiar, para quien la fiscalía había solicitado 11 años de prisión, fue absuelto por el tribunal. La misma decisión alcanzó a Andrés Fernando Charpenet, otro de los acusados, y ambos recuperarán la libertad de manera inmediata.
Durante el juicio, la acusación había sostenido que Aguiar se incorporó a la organización en 2018 y que, junto con Charpenet y Mermet, participaba de encuentros con las víctimas. El Ministerio Público había considerado que su intervención justificaba una condena de 11 años.
Sin embargo, los jueces no encontraron elementos suficientes para condenarlo por los delitos que se le atribuían y dispusieron su absolución.
Corazza, también fue absuelto
El fallo tuvo como principal repercusión nacional la absolución de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo.
El tribunal lo desvinculó de las acusaciones de abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. Los magistrados consideraron que algunos de los hechos atribuidos estaban prescriptos y que respecto de otros no existían pruebas suficientes.
En consecuencia, el tribunal ordenó quitarle la tobillera electrónica, levantar la prohibición para salir del país y dejar sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes.
La fiscalía ya había solicitado su absolución durante los alegatos. El fiscal general Patricio García Elorrio había sostenido que el hecho de abuso sexual que se le atribuía, ocurrido en 2001, estaba prescripto y que tampoco había elementos suficientes para sostener la acusación por asociación ilícita.
Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 22 de octubre.
El expediente se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación posterior derivó en la detención de los cinco acusados y finalmente en el juicio oral.
La causa investigó una estructura que, según la acusación fiscal, habría operado entre 1999 y marzo de 2023 en Misiones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, captando principalmente a adolescentes varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a prácticas de explotación y abuso sexual.
Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores
Judiciales
Entró en vigencia el sistema acusatorio federal en Misiones
Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.
La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.
El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.
Fiscalía Distrito Misiones
La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.
El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.
La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.
La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.
La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.
Fiscal en lugar central
Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.
La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.
En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.
El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.
Salas de audiencia
La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.
El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.
Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.
Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.
Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.
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