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“Fue un virus o un hacker”: familiares de detenido por pornografía infantil

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Los familiares de Chen Meng Ching, el profesor de artes marciales de origen taiwanés detenido a fines de junio en el marco del mega operativo internacional Luz de Infancia IX contra la pornografía infantil, reclamaron su excarcelación y defendieron la inocencia del hombre, al considerar que la situación pudo haber sido consecuencia de un “virus” informático o un “hacker”.

“La Justicia llegó a mi casa y nos dijeron que descargamos muchas cosas malas desde internet. Mi esposo quiere ser Youtuber y siempre descarga muchas cosas para desarrollar sus videos. Él es autodidacta, entonces siempre baja muchas cosas para aprender, de verdad no sabemos qué pasó. Lo que pensamos es que fue un virus”, expresó Claudia Cheng, en diálogo con La Voz de Misiones.

La mujer contó que su marido es maestro de kun fu y masajista, en tanto que incursiona a través de videos sobre cultura china y artes marciales en un canal de Youtube.

En esa línea, Claudia sostuvo que “pienso que él no hizo eso, porque él siempre baja cosas para aprender y yo nunca vi eso. Me dijeron que pudo ser un ataque a su IP” y agregó que “no sabemos porque ellos -por la Justicia- piensan así. Pensamos que puede ser un ataque de un hacker, un virus o no sé si cuando mi esposo bajó algunos recursos se descargó accidentalmente”.

Claudia Cheng, esposa del detenido, dialogó con La Voz de Misiones.

Chen Meng Ching fue detenido el 30 de junio, durante un allanamiento en su casa, procedimiento enmarcado en el mega operativo internacional Luz de Infancia IX contra la pornografía infantil, que se extendió a otras trece provincias argentinas y seis países (Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Paraguay, Panamá y Costa Rica).

En ese momento, las fuentes de LVM señalaron que la vivienda del profesor de artes marciales fue marcada mediante la dirección IP utilizada para la descarga de material y que la actividad habría sido realizada en febrero, aunque el reporte proveniente de Homeland Security (de Estados Unidos) llegó ese 30 de junio, lo cual activó los procedimientos en distintas partes del continente.

En la causa intervino el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, que ordenó el allanamiento de la vivienda y hasta allí se dirigió el personal de Cibercrimen de la Policía de Misiones y de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.

En el lugar los uniformados incautaron para pericias una computadora, discos rígidos y un teléfono celular.

A tres meses de ese procedimiento, desde la defensa de Chen Meng Ching, encabezada por el letrado David Sebastián Mieres, consideran que el hombre debe ser excarcelado por la inexistencia de material pornográfico o similar en los dispositivos incautados.

En ese contexto, fuentes de LVM señalaron lo contrario y detallaron que el informe preliminar de las pericias informáticas consigna que tanto en la PC como en uno de los discos rígidos secuestrados se detectó “bastante” contenido de pornografía infantil, no así en el teléfono Xiaomi incautado.

Los voceros añadieron que en total cerca de 25 terabytes de contenido de esa índole y que ahora se aguarda el resultado de otra pericia para establecer si el implicado sólo almacenaba las imágenes o si también las distribuía o comercializaba, lo que agravaría severamente su acusación.

“Él no es consumidor de pornografía infantil. Mi esposo me dijo ‘quién es tan tonto para usar su computadora?’. Vivimos hace más de once años acá y es muy fácil de ser encontrados. Él se siente muy mal porque no hizo nada malo y el ambiente es muy diferente. Le pegaron, le abrieron el labio y le tuvieron que coser, tiene 12 puntos, y su ojo está morado, muy oscuro”, agregó al respecto Claudia.

Actualmente, el hombre se encuentra detenido en una comisaría posadeña. Su caso es monitoreado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura e incluso, aseguran las fuentes, recibió la visita de delegados del consulado de Taiwán.

El implicado está imputado por delitos contemplados en el artículo 128 del Código Penal de la Nación, que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión para quien “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere” material de pornografía infantil.

La imputación es provisoria y podría modificarse en virtud del avance de la investigación, principalmente en lo referido a la autopsia digital a los insumos informáticos incautados en poder del sospechoso.

Hasta el momento, lo que para la Justicia estaría comprobado es la tenencia y de dichos contenidos. En este punto, las fuentes fueron tan descriptivas que señalaron que durante el allanamiento los peritos técnicos revisaron una computadora y allí mismo encontraron material pornográfico infantil.

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Muerte del soldado: motociclista que lo chocó haciendo willy continuará preso

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soldado willy

La Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por el joven de 18 años que el domingo pasado provocó la muerte de un soldado al chocarlo mientras hacía willy con su motocicleta por la costanera de Posadas.

La medida fue firmada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, que en su resolución planteó el estado incipiente de la investigación y consideró que la liberación del implicado representaría riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.

De esta manera, el muchacho identificado como Juan Gabriel D. N. (18) continuará detenido mientras la Justicia avanza con el expediente que lo tiene imputado por homicidio culposo en perjuicio del soldado Rodrigo Adán Barrientos (27).

Rodrigo Adán Barrientos tenía 27 años.

El trágico episodio ocurrió el domingo pasado, alrededor de las 5.30 de la madrugada, luego de los festejos por la victoria de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del mundial.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que captaron el momento justo en que un motociclista perdió el control de su rodado durante una maniobra de willy y embistió a Barrientos, que cruzaba la costanera a pie junto a un compañero.

Como consecuencia del impacto, el soldado cayó de espaldas contra el asfalto y su muerte se produjo prácticamente en el acto. El motociclista, en tanto, fue abordado por testigos y abandonó el lugar dejando su moto Gilera Smash en el lugar.

El implicado fue arrestado horas después, luego de que los investigadores de la Policía lograran individualizarlo y ubicarlo en el barrio Madariaga de Posadas.

Desde ese momento permanece detenido a disposición de la Justicia y ahora la familia de la víctima, representada por el abogado Federico Esquivel como querellante, solicitan agravar la acusación a homicidio simple con dolo eventual.

Motociclista que chocó y mató a un soldado hacía willy en la Costanera

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Ordenaron un examen psiquiátrico para la madre del niño asesinado en Santa Ana

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correntino

El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, suspendió la indagatoria a la mujer sospechada de asesinar a su hijo Ilán Mareco Vázquez (8) y ordenó que la detenida sea sometida a una junta médica-psiquiátrica para evaluar si se encuentra en condiciones de afrontar la audiencia.

El procedimiento judicial estaba programado para esta mañana, pero finalmente solo se limitó al cumplimiento de la designación de un abogado defensor oficial para María M. (30) que, a la espera de los resultados de su estudio, continuará detenida en una dependencia policial.

La suspensión de la indagatoria fue resulta por el propio magistrado, quien consideró oportuno la realización de una junta médica-psiquiátrica para determinar si la implicada se encuentra en condiciones de afrontar la citación y para garantizar que, en caso de lo que hiciera, esté en uso de sus facultades mentales plenas.

De esta manera, la Justicia ahora programará una fecha para la realización del estudio y recién cuando se conozcan los resultados de ese examen avanzará con la indagatoria, instancia en la que la mujer tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien guardar silencio.

La mujer está detenida desde el martes, aunque previo a ello estuvo 24 horas internada con custodia policial por las lesiones autoinfligidas que presentaba cuando la socorrieron de su casa, donde fue hallada junto al cuerpo sin vida de su hijo Ilán.

El crimen de Ilán se descubrió el lunes, cerca de las 10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de extrema violencia en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este de Santa Ana.

Al llegar, los uniformados se encontraron con dos niñas adolescentes que narraron haberse topado con la escena luego de despertarse.

La escena era la siguiente: el niño Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, sin vida sobre su cama, y su madre al lado, semi inconsciente, con lesiones cortantes en el cuello de características auto infligidas.

La autopsia practicada posteriormente confirmó que el niño falleció como consecuencia de una lesión corto-punzante en el cuello. En la escena los investigadores incautaron un cuchillo que será sometido a pericias. También encontraron una carta presuntamente escrita por su madre, ahora detenida.

Autopsia confirmó un corte en el cuello de Ilán, el niño asesinado en Santa Ana

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Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores

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Angelotti Notarbartolo

La fiscalía pidió 22 años de prisión para el misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, acusado de liderar una organización que se dedicó a captar menores de edad en la tierra colorada para explotación sexual en Buenos Aires, y 11 años de cárcel para Leandro Aguiar, otro coterráneo.

Los alegatos fueron formulados por el fiscal general Juan García Elorrio ante el Tribunal Oral Federal Tres de Buenos Aires, en una audiencia que también tuvo como dato sobresaliente el pedido de absolución para el ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo Marcelo Corazza. En su caso, el representante del Ministerio Público entendió que el único hecho de abuso sexual que se le atribuye ocurrió en 2001 y prescribió, además de sostener que no existen pruebas para responsabilizarlo por el delito de asociación ilícita.

Además de las penas requeridas para los dos misioneros, la fiscalía pidió 10 años de prisión para Fernando Charpenet y Raúl Mermet, a quienes consideró partícipes necesarios de los delitos investigados. La querella, en tanto, mantuvo la acusación contra los cinco imputados, incluido Corazza, según amplió el medio porteño Infobae.

El juicio comenzó a mediados del año pasado y se desarrolla a puertas cerradas para proteger la integridad de los denunciantes y las víctimas.

Acusación

Según la investigación, la organización funcionó entre 1999 y marzo de 2023 y se dedicó a reclutar niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en Misiones, para trasladarlos a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con fines de explotación sexual.

Para la fiscalía, Angelotti Notarbartolo era quien lideraba la estructura y se encargaba de captar y manipular a las víctimas, además de coordinar los encuentros con los demás integrantes de la organización.

Aguiar, también oriundo de Misiones, habría ingresado a la red en 2018. De acuerdo con la acusación, junto a Charpenet, Mermet y Corazza solicitaba encuentros con las víctimas para luego abusar de ellas y explotarlas sexualmente.

La causa incluye denuncias por abuso sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil. Entre las pruebas mencionadas durante el debate figuran promesas de viajes, regalos y dinero para captar a las víctimas, que tenían entre 11 y 16 años al momento de los hechos denunciados.

Inicio

El expediente se inició en octubre de 2022, luego de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). A partir de esa presentación, la investigación derivó en la detención de los cinco acusados en marzo de 2023 y posteriormente en la elevación de la causa a juicio oral.

Tras los alegatos de la fiscalía y de las querellas, restan las exposiciones de las defensas antes de que el tribunal fije la fecha del veredicto. Además de las condenas, el Ministerio Público solicitó que, en caso de sentencia condenatoria, los acusados afronten de manera solidaria una reparación económica para las víctimas.

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