Judiciales
Fondos fantasma y documentos truchos: la denuncia del Club Tigre de Santo Pipó
Un socio del Club Tigre de Santo Pipó realizó una denuncia penal que apunta contra la gestión de la ex intendenta y actual diputada provincial Mabel Cáceres.
En su exposición, que se tramita en la Fiscalía Dos de Jardín América, el también preparador físico de la institución Leandro Ariel Cardozo, habla de fondos fantasma otorgados a Tigre, mediante pedidos falsos y sellos y firmas truchas.
La presunta defraudación también fue denunciada en Santo Pipó, pero se hizo en primera instancia en Jardín América “porque no quise que acá encajonen todo, porque muchos de los policías de Santo Pipó son acomodados por la diputada”, dijo el denunciante a La Voz de Misiones.
“Primero fui a la Fiscalía, y el fiscal me dijo que ese día no podía recibirme porque tenía una gestión fuera de Jardín, pero que vaya nomás sin miedo y denuncie en la comisaría”, relató Cardozo.
Papeles que queman
El socio acompañó su denuncia con una serie de documentos que describirían el procedimiento utilizado por la administración de Cáceres para drenar fondos del municipio bajo la figura de subsidios, supuestamente, solicitados por el Club Tigre.
Una publicación de la institución en su página de Facebook, en apoyo a la denuncia de Cardozo, señala que los documentos fueron aportados por la actual intendenta Claudia Acuña.
Entre los documentos que ahora forman parte del expediente, hay varios pedidos con sello y firma de la abogada Cristina Cuchak, en representación de la entidad deportiva, así como resoluciones de la intendenta Cáceres autorizando a la Tesorería el desembolso del subsidio solicitado, órdenes de pago y recibos de dinero.
“Nosotros tenemos los documentos que pudimos rescatar, porque ellos quemaron muchos cuando Cáceres salió de la intendencia”, señaló Cardozo.
“Todos los pedidos son falsos, hicieron un sello del club, la firma de la abogada Cuchak es falsa, ella nunca firmó ningún papel, el club nunca pidió ni recibió un peso”, aseguró el denunciante a LVM.
Los papeles obrantes en la Fiscalía de Jardín América refieren a desembolsos de 2020 y 2021. Se trata de montos que van desde los $10.000 a $50.000, que sumados alcanzan poco más de $370.000.
El denunciante informó a LVM que el viernes próximo comparecerá en la Justicia para prestar declaración, junto a la abogada Cuchak, que aparece como firmante de las notas truchas.
Rapi pago
Para el denunciante, resulta llamativa la celeridad con que la entonces intendenta canalizaba los pedidos de la “subcomisión” del club, que se otorgaban el mismo día de ingresada la solicitud.
Otro dato es que todas las supuestas notas del Club Tigre tienen un argumento idéntico: “Para paliar parte del pago de mantenimiento que el club debe en la Liga Posadeña de Fútbol”.
Hay registros de pedidos y pagos de julio, septiembre y octubre de 2020, y julio de 2021, entre otros. En todos los casos, la solicitud, la resolución de pago, la orden de tesorería y el recibo del dinero por parte de Tigre se tramitaron en la misma fecha.
Así, por ejemplo, una nota del club, fechada el 23 de octubre de 2020, Folio 9243, se corresponde con la Resolución 654 que ordena a Tesorería el desembolso, y la Orden de Pago 1679 emitida por Tesorería, ambas del mismo día. Lo mismo con desembolsos del 17 de julio y 8 de septiembre de 2020, y 20 de julio de 2021.
En todos están las firmas auténticas de la intendenta Cáceres, el tesorero César Luis Arroyos, y el contador municipal Hugo César Ferreyra; y la rúbrica, supuestamente, falsa de la abogada Cuchak, de Santo Pipó.

Los supuestos subsidios otorgados.

El pedido, con el sello y firma falsos.

Una de las órdenes de pago de la Muni.

La resolución municipal.

La denuncia radicada.
Judiciales
Crimen de Wiebel: su ex suegro se abstuvo y fue imputado por homicidio
Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.
La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.
En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.
Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.
Testimoniales y querella
Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.
En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.
Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.
Madre del piloto Wiebel: “No voy a permitir que se desdibuje la verdad”
Judiciales
Admitió haber matado a machetazos a su vecina y firmó un abreviado por perpetua
Casi cuatro años después del hecho, el hombre acusado de asesinar a machetazos a su vecina Rosula Concepción Benitez Garcete (73) admitió su culpabilidad y aceptó ser condenado a prisión perpetua.
Se trata de Héctor Raúl Fernández (33), quien esta mañana debía sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Uno de Eldorado para enfrentar un debate oral como autor del delito de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y homicidio calificado por alevosía en concurso real”.
Sin embargo, horas antes tomó otra decisión y finalmente decidió admitir su responsabilidad en el hecho, aceptando la pena de prisión perpetua. El acuerdo fue alcanzado entre el imputado, su defensa y la fiscalía, lo cual ahora debe ser homologado por los magistrados del tribunal para transformarse en sentencia.
El hecho que Fernández confesó ocurrió el 5 de noviembre de 2022, en el paraje Aguaray Guazú de Puerto Esperanza, donde atacó a machetazos a su vecina Benítez Garcete, de 73 años y no vidente.
De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, aquella tarde Fernández se dirigió a la casa de sus vecinos y con un machete en manos amenazó de muerte al esposo de Benítez Garcete.
En esas circunstancias, apareció el padre de Fernández, que lo retiró del lugar, pero minutos más tarde el imputado regresó a la casa de sus vecinos, donde la mujer se encontraba sola debido a que su esposo se había dirigido a la comisaría para radicar la denuncia del primer suceso.
Allí Benítez Garcete fue atacada a machetazos y falleció tras más de una semana internada en terapia intensiva como consecuencia de las graves lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.
Las pericias del caso revelaron que el homicida registraba 2,5 gramos de alcohol en sangre y bajo ese estado pretendió ser declarado inimputable, aunque los planteos tuvieron respuesta negativa.
Judiciales
Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte
El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.
Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.
El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.
El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.
“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.
Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.
Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.
Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.
El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.
Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.
Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”
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