El Tribunal Penal Uno de Posadas reprogramó el debate oral para el esclarecer el asesinato del bonaerense Pablo Martín Arredondo (37) y la nueva fecha establecida para el inicio del proceso es el 4 de diciembre.

El juicio por el crimen cometido en febrero de 2020 debía comenzar este 15 de septiembre, pero ahora habrá que aguardar hasta diciembre para que los seis jóvenes imputados por el asesinato se sienten en el banquillo de los acusados.

De acuerdo a la nueva programación, las audiencias se extenderán desde el 4 hasta el 23 de diciembre próximo, período en el cual se prevé la declaración de al menos 45 testigos entre familiares, investigadores policiales, peritos y forenses.

El tribunal estará integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y Miguel Mattos, este último en calidad de subrogante. La acusación recaería en el fiscal Vladimir Glinka, dado que su par Martín Rau está próximo a ser designado de manera oficial como nuevo magistrado del Tribunal Penal Dos de Posadas.

El caso tiene un total de seis jóvenes acusados: Alan William Saucedo (26), Elías Nahuel Trinidad (26), Miguel Ángel López (25), Oriana Saucedo (24), Brisa Torres (24) y Juan Alberto Barrios (22). Todos ellos están imputados como cautores de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditados de dos o más personas y criminis causae”, figura bajo la cual pueden ser condenados a prisión perpetua.

Golpeado y estrangulado

El crimen de Arredondo se descubrió el 23 de febrero de 2020, cuando los vecinos del departamento que alquilaba en un edificio sobre calle Colón, frente al colegio Roque González, alertaron sobre un olor putrefacto que provenía del lugar.

Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales intervinientes se encontraron con el cadáver del bonaerense y la autopsia posterior determinó que fue golpeado y finalmente estrangulado con un cinto.

La investigación global estableció que el crimen se registró cuatro días antes, el 19 de febrero, en horas de la madrugada, cuando la víctima se reunió en su departamento junto a una de las jóvenes que aparentemente era su novia y un grupo de amigos de ellas.

En el lugar, se cree que Arredondo fue dopado con estupefacientes (ketamina) y que al departamento luego llegaron otros cómplices con la intención de sustraerle 300.000 pesos que el hombre tenía destinado a utilizar como parte de pago para la compra de un automóvil.

Mediante la revisión de cámaras de seguridad los investigadores pudieron reconstruir las últimas horas de la víctima y los últimos movimientos registrados en cercanías a su departamento, con lo cual fueron identificando uno a uno a los sospechosos.

Luego, la ciencia hizo el resto. En el marco de la causa constan pericias telefónicas que darían cuenta de comunicaciones entre los implicados planificando el hecho y rastros de ADN que ubican a al menos tres de los sospechosos en la escena del crimen.

El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien en mayo de 2023 firmó el requerimiento de elevación a juicio del expediente, medida que meses después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.

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En una extensa nota publicada el sábado, el diario inglés Financial Times reconstruyó la historia del misionero Matías Ezequiel López, alias Adrián Martínez Moreira, procesado por la fabricación de causas truchas de lesa humanidad y preso en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena por violación.

“La junta argentina, el abogado cruzado y el impostor”, se titula el artículo del diario londinense firmado por el periodista Matthew Bremner, que recrea el derrotero criminal de López / Martínez Moreira a partir del testimonio del abogado porteño Javier Garín, de larga trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, a quien el misionero le falsificó la firma en medio centenar de expedientes en la Justifica Federal.

El artículo recompone toda la trama de cómo López fraguó su identidad, alegando ser hijo de desaparecidos paraguayos víctimas del Plan Cóndor y posteriormente apropiado por un militar argentino, cuando en realidad había nacido el 30 de abril de 1993 en el Hospital de Jardín América, y entregado en adopción poco después a la familia que él presentaba como sus apropiadores.

La portada del artículo del sábado del diario londinense en su edición en inglés.

Firmas truchas

En el artículo, Garín relata al periodista del diario inglés cómo conoció al estafador misionero en 2014, cuando éste recurrió a él pidiéndole ayuda, y el careo que sostuvo con López / Martínez Moreira en junio de 2016, en que lo increpó por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en múltiples causas de lesa humanidad truchas.

Bremner reproduce el diálogo del letrado porteño con el misionero, tal como se lo contó Garín.

“El abogado fue directo al grano: ‘¿Firmaste estos documentos en mi nombre?’”.

“La rodilla de Moreira rebotó bajo la mesa. ‘Está todo aquí’, dijo, metiendo la mano en su bolso y sacando una carpeta. ‘Así entendés lo que pasó’”.

—“‘Pero, ¿qué es esto que me traes?’”.

“Moreira le acercó los papeles a Garín y agregó que eran de un conocido abogado de derechos humanos”.

“La expresión de Garín se ensombreció. ‘Lo que pregunto es esto: ¿Presentaste documentos con mi firma?’”

“‘No’”.

“¿Quién los presentó entonces?’”

“Moreira, según Garín, alegó que lo habían engañado. Que otro abogado, Pablo Llonto, lo había obligado a firmar los documentos”.

“Garín lo dudaba. Llonto era reconocido en Argentina por representar a víctimas en algunos de los juicios de derechos humanos más importantes del país. ¿Por qué obligaría a Moreira a firmar estos documentos en nombre de Garín?

—“’Entonces, ¿estás diciendo que esta persona falsificó mi firma?’, preguntó Garín”.

“El abogado recuerda a Moreira evadiendo las excusas. Fue entonces cuando Garín experimentó una oleada de ansiedad al darse cuenta de que las firmas fraudulentas, independientemente de su origen, podrían destruir la reputación que había trabajado durante décadas”, escribe Bremner.

Garín le cuenta al periodista de la denuncia contra López / Martínez Moreira que presentó días después de ese encuentro ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba, que desembocó en el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires y fue el principio del fin de sus actividades criminales.

“La investigación alegó que Moreira falsificó testimonios, falsificó documentación y presentó solicitudes fraudulentas de indemnización para quienes sufrieron la dictadura. Lo hizo bajo el pretexto de dirigir una organización sin fines de lucro, HIJOS Paraguay, que supuestamente ayudaba a los sobrevivientes”, reza el artículo del diario inglés.

El artículo explora las sospechas del abogado Garín de que detrás de López / Martínez Moreira podían estar los servicios de inteligencia, “para desacreditar no solo la búsqueda de justicia de Garín, sino también la visión histórica de la dictadura”.

Garín relata al periodista todo el calvario que vivió después de denunciar penalmente al misionero, quien, junto a sus cómplices hoy procesados, contraatacó con múltiples denuncias falsas, inclusive por acoso sexual, que buscaban minar su prestigio como abogado, presentándolo como un desequilibrado mental, y que terminaron repercutiendo en su salud física.

La Secta

La nota de Bremner cita también a Laura Cravello, hija de desaparecidos de la dictadura y residente en Barcelona, España, a quien LVM entrevistó hace dos años cuando la jueza María Eugenia Capuchetti dictó el procesamiento de López / Martínez Moreira y sus cómplices en la causa por asociación criminal que está a la espera del juicio oral.

“Cravello empezó a investigar a Moreira cuando sospechó de un grupo de Facebook relacionado con leyes de reparación para víctimas de la dictadura. Dentro de ese grupo, un supuesto abogado ofrecía sus servicios gratuitos para ayudar a las víctimas. A Cravello, esto le pareció sospechoso. Tras hacerle preguntas, el abogado, que se hacía llamar Omar García, se volvió amenazante”, escribe Bremner.

“‘Fue entonces cuando me di cuenta de que algo muy oscuro se escondía tras esa fachada de solidaridad’, me contó Cravello. Empezó a buscar y hablar con otros miembros del grupo, y a buscar expedientes judiciales donde apareciera el nombre de García. Poco a poco, fue encontrando a una serie de presuntas víctimas vinculadas a la organización de Moreira”, relata el diario londinense.

“Trabajando juntos, Garín y Cravello renovaron la presión sobre las autoridades federales para que actuaran. Hablaban con regularidad, Garín en Buenos Aires y Cravello en Barcelona, y a veces se reunían en persona cuando Cravello regresaba a su ciudad natal. Ambos estaban fascinados por la psicología de Moreira. Observaron que a menudo acusaba a sus víctimas de delitos que supuestamente él mismo cometía. ‘Si falsificaba firmas, acusaba a otros de falsificación. Si acosaba a personas, acusaba a otros de acoso. Todo lo que hacía, lo atribuía a sus víctimas’, me dijo Garín. Les sorprendió igualmente la lealtad de los clientes y seguidores de Moreira, a pesar de las acusaciones generalizadas en los medios de comunicación de que era un fraude. ‘Era una secta que él había construido’, me dijo Cravello. ‘Estaban profundamente adoctrinados, muy fanatizados. No cuestionaban nada’”, continúa la crónica.

El artículo consigna que merced a los esfuerzos coordinados de Garín y Cravello, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación inició su propia investigación y se acopló como querellante a la causa contra López / Martínez Moreira y sus cómplices.

El periodista inglés escribe que el organismo estatal descubrió que el misionero “infiltró falsos testimonios en casos legítimos de derechos humanos en todo el país” y cita a Federico Efrón, director nacional de Asuntos Jurídicos en materia de derechos humanos de la Secretaría, quien junto a su equipo “encontraron más de 100 denuncias fraudulentas presentadas por Moreira y sus cómplices”.

“Efrón creía que se trataba de uno de los casos más flagrantes de fraude en materia de derechos humanos que había presenciado en su carrera”, apunta Bremner.

“En noviembre de 2021, agentes federales allanaron la residencia de Moreira en Buenos Aires e incautaron una gran cantidad de documentos que lo vinculaban directamente con numerosos casos fraudulentos. Por orden judicial, Moreira también se había sometido a una evaluación psiquiátrica a principios de ese año, cuyos resultados indicaron que era manipulador y emocionalmente inestable, pero que no padecía psicosis paranoide, como se creía inicialmente. Más importante aún, el informe concluyó que era capaz de comprender sus actos delictivos y se encontraba en condiciones físicas y mentales aptas para ser procesado”, señala el periodista inglés.

“A finales de 2023, los tribunales federales acusaron formalmente a Moreira y cinco cómplices de fraude, extorsión y falsificación de documentos, cargos que Garín había perseguido durante casi una década. Fue un triunfo, pero no el final que Garín y Cravello esperaban. A la espera del juicio, Moreira quedó en libertad bajo fianza”, agrega.

El violín

El artículo del diario londinense se ocupa, asimismo, del caso de violación por el que López / Martínez Moreira fue condenado a 14 años de prisión en agosto pasado.

“Moreira aún estaba a la espera de juicio en mayo de 2024, cuando concertó una cita con un joven en el Café El Podio, un modesto local en una transitada calle del centro de Buenos Aires”, relata Bremner.

“Según documentos judiciales, el joven había solicitado la asesoría legal de Moreira para resolver una disputa por la custodia de un menor. Tras una breve conversación, Moreira sugirió continuar la conversación en su oficina, donde le indicó que debía firmar unos documentos”, continúa.

“Una vez dentro de lo que resultó ser el apartamento de Moreira, su comportamiento cambió. Se volvió agresivo. Tras cerrar la puerta con llave, le tomó fotos al hombre con su teléfono y lo obligó a desnudarse. Luego, tomó un cuchillo de la cocina y se abalanzó sobre el joven, cortándolo repetidamente en el cuello y la espalda. Moreira lo condujo a la habitación, donde lo inmovilizó y lo violó”, relata.

“Después, según el testimonio de la víctima, Moreira fingió preocupación. Repetía una y otra vez: ‘¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?’, y accedió a llevarlo al hospital. De camino, Moreira le indicó a su víctima que les dijera a los médicos de Urgencias que las lesiones eran resultado de un ataque aleatorio por parte de desconocidos; que lo mataría si decía la verdad. Pero el joven se derrumbó en el hospital y reveló la verdad al personal médico. Minutos después, la policía irrumpió en el edificio y arrestó a Moreira. Pero no antes de que Moreira le robara las tarjetas bancarias y los 9.000 pesos que (el joven) llevaba en su bolso”, escribe Bremner.

El periodista cuenta que, según el relato del abogado porteño, “Moreira era tan descarado tras las rejas como lo había sido en la calle” y que mientras esperaba el juicio por el hecho de violación en prisión preventiva “sus afirmaciones se habían vuelto aún más absurdas, rozando lo cómico”.

“De repente, afirmó estar gravemente enfermo de cáncer de colon. También intentó cambiar su identidad, insistiendo en que era transgénero y, por lo tanto, debía ser tratado como una prisionera”, señala y apunta lo que le contó Garín: “Ahora se hace llamar Adriana Luz”.

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Una resolución de la Cámara de Apelaciones destrabó el último escollo que había para que la causa por el asesinato del adolescente Víctor Márquez Dos Santos (16) deje la etapa de instrucción y allanó el camino para la elevación a juicio del expediente que tiene al ex policía Deibid Vergara (36) como acusado del crimen y a otros tres uniformados imputados por encubrimiento.

La causa cuenta desde 2022 con un dictamen de elevación a juicio firmada por el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, pero una serie de presentaciones defensivas aletargaron la última etapa del proceso y demoraron la remisión formal del expediente hacia el Tribunal Penal Dos, órgano que se encargará de llevar adelante el debate oral para esclarecer el crimen registrado en agosto de 2019 en Santa Ana.

Uno de estos planteos consistió en recurso de casación contra la denegatoria a un pedido de excarcelación resuelta por el mismo juez Monte y ante esa presentación debió intervenir la Cámara de la Apelaciones, cuyos magistrados ahora dispusieron confirmar todo lo actuado en primera instancia.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la defensa del ex policía Vergara alegó entre sus fundamentos que el tiempo que el imputado lleva detenido supera los plazos previstos en la prisión preventiva, postura que coincidió con la opinión del fiscal de Cámara y con el voto inicial de la magistrada Ruth Dilaccio.

Sin embargo, el camarista José Alberto López votó en sentido contrario, anteponiendo la existencia de riesgos procesales relacionados a la pena en expectativa (prisión perpetua) y a los comportamientos evidenciados por el imputado antes, durante y después del hecho.

Ante la disidencia de posturas, se debió recurrir al juez Juan Carlos Sosa, de la Cámara Civil, quien intervino por subrogación legal y adhirió al voto del camarista López, ante lo cual por mayoría se resolvió rechazar la apelación interpuesta y confirmar el rechazo al pedido de excarcelación. 

Con esta decisión, el tribunal de alzada destrabó el avance de la causa y en su dictamen además exhortó al juez Monte a disponer la elevación a juicio del expediente en forma “urgente”.

De esta manera, el ex policía Deibid Vergara no solo que continuará tras las rejas, sino que está cada vez más cerca de enfrentar el debate oral donde se determinará su responsabilidad en el crimen que se le imputa.

Vergara está imputado por el delito de “homicidio agravado por la condición especial del autor (agente de seguridad) y por el uso de arma de fuego”, delito de prevé una pena de prisión perpetua.

El ex policía Deibid Vergara está detenido con prisión preventiva desde 2019.

Ejecutado

El hombre está acusado de ejecutar al adolescente Víctor Márquez Dos Santos (16) en la noche del 24 de agosto de 2019 sobre una calle terrada de la localidad de Santa Ana, donde la víctima residía junto a su padre Filiberto (66), quien murió durante el sepelio de su hijo.

El joven fue asesinado de un disparo que le atravesó la cabeza y, según dictaminaron dos pericias balísticas, una realizada por la Policía y otra por la Gendarmería, el proyectil utilizado salió del arma reglamentaria 9 milímetros que portaba el suboficial Vergara, que cumplía funciones en la comisaría local.

El crimen tuvo un velo de misterio que se extendió durante una semana, hasta que una mujer policía se quebró y acusó a Vergara por el asesinato. Días después otro uniformado dirigió las mismas acusaciones.

Lo que se cree es que esa noche una comisión policial integrada por Vergara y otros agentes de la comisaría recorrían Santa Ana en un patrullero hasta que se cruzaron con Víctor Márquez en cercanías a la Escuela de Comercio 10.

El crimen se registró el 24 de agosto de 2019, sobre una calle terrada de Santa Ana.

Los testimonios recolectados indican que en esa instancia Vergara bajó del patrullero, avanzó hacia una zona de oscuridad y desde allí se oyó  el disparo que terminó con la vida del muchacho.

La mujer policía añadió que después de ello fue amenazada y obligada a alterar libros de guardia y documentos oficiales.

Ella se llama María Soledad Cipontino (36) y está imputada por “encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de un instrumento público agravado”.

Los otros dos uniformados implicados son Ramón Darío Núñez (41) y Matías Rafael Acosta (29), quienes enfrentan cargos por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”.

Los últimos tres involucrados mencionados aguardan el proceso en libertad y en fecha aún por definir deberán verse las caras con Vergara en un debate oral y público de alta complejidad.

El pueblo de Santa Ana realizó varias marchas para reclamar justicia.

FOTO PRINCIPAL: Micaela Feversani.

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