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Fondos fantasma y documentos truchos: la denuncia del Club Tigre de Santo Pipó

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Club tigre

Un socio del Club Tigre de Santo Pipó realizó una denuncia penal que apunta contra la gestión de la ex intendenta y actual diputada provincial Mabel Cáceres.

En su exposición, que se tramita en la Fiscalía Dos de Jardín América, el también preparador físico de la institución Leandro Ariel Cardozo, habla de fondos fantasma otorgados a Tigre, mediante pedidos falsos y sellos y firmas truchas.

La presunta defraudación también fue denunciada en Santo Pipó, pero se hizo en primera instancia en Jardín América “porque no quise que acá encajonen todo, porque muchos de los policías de Santo Pipó son acomodados por la diputada”, dijo el denunciante a La Voz de Misiones.

“Primero fui a la Fiscalía, y el fiscal me dijo que ese día no podía recibirme porque tenía una gestión fuera de Jardín, pero que vaya nomás sin miedo y denuncie en la comisaría”, relató Cardozo.

Papeles que queman

El socio acompañó su denuncia con una serie de documentos que describirían el procedimiento utilizado por la administración de Cáceres para drenar fondos del municipio bajo la figura de subsidios, supuestamente, solicitados por el Club Tigre.

Una publicación de la institución en su página de Facebook, en apoyo a la denuncia de Cardozo, señala que los documentos fueron aportados por la actual intendenta Claudia Acuña.

Entre los documentos que ahora forman parte del expediente, hay varios pedidos con sello y firma de la abogada Cristina Cuchak, en representación de la entidad deportiva, así como resoluciones de la intendenta Cáceres autorizando a la Tesorería el desembolso del subsidio solicitado, órdenes de pago y recibos de dinero.

“Nosotros tenemos los documentos que pudimos rescatar, porque ellos quemaron muchos cuando Cáceres salió de la intendencia”, señaló Cardozo.

“Todos los pedidos son falsos, hicieron un sello del club, la firma de la abogada Cuchak es falsa, ella nunca firmó ningún papel, el club nunca pidió ni recibió un peso”, aseguró el denunciante a LVM.

Los papeles obrantes en la Fiscalía de Jardín América refieren a desembolsos de 2020 y 2021. Se trata de montos que van desde los $10.000 a $50.000, que sumados alcanzan poco más de $370.000.

El denunciante informó a LVM que el viernes próximo comparecerá en la Justicia para prestar declaración, junto a la abogada Cuchak, que aparece como firmante de las notas truchas.

Rapi pago

Para el denunciante, resulta llamativa la celeridad con que la entonces intendenta canalizaba los pedidos de la “subcomisión” del club, que se otorgaban el mismo día de ingresada la solicitud.

Otro dato es que todas las supuestas notas del Club Tigre tienen un argumento idéntico: “Para paliar parte del pago de mantenimiento que el club debe en la Liga Posadeña de Fútbol”.

Hay registros de pedidos y pagos de julio, septiembre y octubre de 2020, y julio de 2021, entre otros. En todos los casos, la solicitud, la resolución de pago, la orden de tesorería y el recibo del dinero por parte de Tigre se tramitaron en la misma fecha.

Así, por ejemplo, una nota del club, fechada el 23 de octubre de 2020, Folio 9243, se corresponde con la Resolución 654 que ordena a Tesorería el desembolso, y la Orden de Pago 1679 emitida por Tesorería, ambas del mismo día. Lo mismo con desembolsos del 17 de julio y 8 de septiembre de 2020, y 20 de julio de 2021.

En todos están las firmas auténticas de la intendenta Cáceres, el tesorero César Luis Arroyos, y el contador municipal Hugo César Ferreyra; y la rúbrica, supuestamente, falsa de la abogada Cuchak, de Santo Pipó.

Club Tigre

Los supuestos subsidios otorgados.

El pedido, con el sello y firma falsos.

Club Tigre

Una de las órdenes de pago de la Muni.

La resolución municipal.

La denuncia radicada.

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Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido

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El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.

Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.

En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.

El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.

Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo

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Se suspendió el juicio a ex gendarme acusado de matar a su esposa en 2001

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El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.

La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.

En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.

Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.

Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.

El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.

Crimen y derrotero judicial

El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.

Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.

La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.

Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.

Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.

La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.

Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.

De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.

Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.

En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.

Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.

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Ordenan junta médica para el suegro de Wiebel antes de fijar la indagatoria

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El hombre de 82 años detenido desde el viernes pasado por el crimen de su ex yerno, el empresario y piloto Alfredo Wiebel (48), continúa internado en Puerto Iguazú y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si su estado de salud le permite comparecer en audiencia de declaración indagatoria.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, el detenido, identificado como Ángel Ramón Zalazar (82), continúa internado con custodia policial en la misma clínica privada a la que se presentó el viernes a la tarde mientras era intensamente buscado por el crimen registrado horas antes.

Si bien los certificados médicos aún no fueron elevados formalmente a las autoridades intervinientes, el implicado además de atención por patologías de base recibiría tratamientos de salud de mental, factor que la Justicia pretende esclarecer y para ello se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral del paciente para determinar si puede comparecer en audiencia de indagatoria.

En paralelo, siguen en curso otras medidas de prueba como la toma de testimoniales y la realización de diversas pericias.

En la causa ahora interviene César Lirussi, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, magistrado que quedó a cargo de la investigación tras la inhibición de Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.

Crimen

El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.

En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.

Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.

El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad, donde quedó internado con custodia policial.

La posterior autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se sumó al hecho de que el sábado la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida. La certeza llegará una vez que los peritos en criminalística realicen los estudios correspondientes y arriben a una conclusión científica al respecto.

Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.

Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.

La autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos mortales

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