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Fallo a favor de gendarme que pide volver a Eldorado para cuidado de familiares

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Un fiscal de Capital Federal falló a favor del pedido planteado por una gendarme misionera que solicitó regresar a Eldorado para atender a su madre y su hermano, ambos con cuadros de discapacidad, dictaminó que un juez le ordene a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) dar tratamiento urgente al traslado peticionado.

La resolución fue firmada por el titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°8, Fabián Canda, quien intervino en el caso a partir de una acción de amparo presentada por la agente de Gendarmería demandante, quien todavía tiene abierto un proceso administrativo dentro de la fuerza para resolver el pedido de traslado.

Según consignaron en el portal oficial del Ministerio Público de la Nación, todo comenzó en octubre de 2022, cuando la uniformada solicitó a GNA ser trasladada y cumplir funciones en el Escuadrón 10 de Eldorado, en virtud de atender a su madre y a su hermano, quienes residen en esa localidad y ambos presentan un cuadro de discapacidad.

Sin embargo, el trámite administrativo ingresó análisis de distintas dependencias y áreas de la institución, sin llegar a una pronta resolución.

Ante esta situación, la gendarme involucrada decidió recurrir a la vía de una acción de amparo contra el Estado Nacional, el Ministerio de Seguridad y la GNA, a fin de que se ordene a la fuerza federal que disponga su “traslado inmediato y urgente al Escuadrón Eldorado”, con el “fin de con el fin de continuar prestando servicio en la institución y también para atender a su madre y hermano, que padecen una discapacidad”.

En su momento, el representante legal de GNA que intervino en el caso, señaló que “un cambio de destino se efectúa de acuerdo a las necesidades del comendo y de servicio, y no por circunstancias particulares de las y los agentes, y que todo cambio de destino, pase o traslado obedece a una facultad no susceptible de revisión judicial, siempre que no se incurra en arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, circunstancia que no ocurriría en el caso”.

Además, desde la GNA enfatizaron que “si cada gendarme que pretende un cambio por razones particulares o individuales interpusiera un amparo con ese fin, la Gendarmería -a la que voluntaria y libremente se unen- no podría cumplir su labor”.

Las posturas de ambas partes fueron analizadas por el fiscal Canda, quien ahora emitió su resolución y en la misma decidió rechazar la acción de amparo al considerar que esta vía judicial no estaba habilitada en virtud de que todavía había un trámite administrativo abierto, aunque sí dictaminó en favor de que el juez interviniente le ordene a la GNA a le dé trámite urgente a la solicitud de traslado de la gendarme y que fije un plazo para que se dicte una resolución.

Entre sus consideraciones, el fiscal sostuvo que “hasta el momento, la demandada ha demostrado desplegar una aceptable actividad procedimental tendiente a considerar en forma fundada y razonable la petición de la parte actora” y añadió que los elementos aportados por la gendarme “no permiten concluir que la conducta de la Fuerza se base en un balance manifiestamente irrazonable de los delicadísimos intereses en juego, que debe conciliar el legítimo derecho invocado, con la elevada misión de una fuerza federal de seguridad”.

Según concluyeron desde fiscales.gob, el dictamen del fiscal Canda “procuró atender la potestad de una fuerza de seguridad para disponer de sus agentes del modo más eficaz y el derecho de la gendarme en relación a la atención de la salud de sus familiares”.

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Muerte del soldado: motociclista que lo chocó haciendo willy continuará preso

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La Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por el joven de 18 años que el domingo pasado provocó la muerte de un soldado al chocarlo mientras hacía willy con su motocicleta por la costanera de Posadas.

La medida fue firmada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, que en su resolución planteó el estado incipiente de la investigación y consideró que la liberación del implicado representaría riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.

De esta manera, el muchacho identificado como Juan Gabriel D. N. (18) continuará detenido mientras la Justicia avanza con el expediente que lo tiene imputado por homicidio culposo en perjuicio del soldado Rodrigo Adán Barrientos (27).

Rodrigo Adán Barrientos tenía 27 años.

El trágico episodio ocurrió el domingo pasado, alrededor de las 5.30 de la madrugada, luego de los festejos por la victoria de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del mundial.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que captaron el momento justo en que un motociclista perdió el control de su rodado durante una maniobra de willy y embistió a Barrientos, que cruzaba la costanera a pie junto a un compañero.

Como consecuencia del impacto, el soldado cayó de espaldas contra el asfalto y su muerte se produjo prácticamente en el acto. El motociclista, en tanto, fue abordado por testigos y abandonó el lugar dejando su moto Gilera Smash en el lugar.

El implicado fue arrestado horas después, luego de que los investigadores de la Policía lograran individualizarlo y ubicarlo en el barrio Madariaga de Posadas.

Desde ese momento permanece detenido a disposición de la Justicia y ahora la familia de la víctima, representada por el abogado Federico Esquivel como querellante, solicitan agravar la acusación a homicidio simple con dolo eventual.

Motociclista que chocó y mató a un soldado hacía willy en la Costanera

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Ordenaron un examen psiquiátrico para la madre del niño asesinado en Santa Ana

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El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, suspendió la indagatoria a la mujer sospechada de asesinar a su hijo Ilán Mareco Vázquez (8) y ordenó que la detenida sea sometida a una junta médica-psiquiátrica para evaluar si se encuentra en condiciones de afrontar la audiencia.

El procedimiento judicial estaba programado para esta mañana, pero finalmente solo se limitó al cumplimiento de la designación de un abogado defensor oficial para María M. (30) que, a la espera de los resultados de su estudio, continuará detenida en una dependencia policial.

La suspensión de la indagatoria fue resulta por el propio magistrado, quien consideró oportuno la realización de una junta médica-psiquiátrica para determinar si la implicada se encuentra en condiciones de afrontar la citación y para garantizar que, en caso de lo que hiciera, esté en uso de sus facultades mentales plenas.

De esta manera, la Justicia ahora programará una fecha para la realización del estudio y recién cuando se conozcan los resultados de ese examen avanzará con la indagatoria, instancia en la que la mujer tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien guardar silencio.

La mujer está detenida desde el martes, aunque previo a ello estuvo 24 horas internada con custodia policial por las lesiones autoinfligidas que presentaba cuando la socorrieron de su casa, donde fue hallada junto al cuerpo sin vida de su hijo Ilán.

El crimen de Ilán se descubrió el lunes, cerca de las 10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de extrema violencia en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este de Santa Ana.

Al llegar, los uniformados se encontraron con dos niñas adolescentes que narraron haberse topado con la escena luego de despertarse.

La escena era la siguiente: el niño Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, sin vida sobre su cama, y su madre al lado, semi inconsciente, con lesiones cortantes en el cuello de características auto infligidas.

La autopsia practicada posteriormente confirmó que el niño falleció como consecuencia de una lesión corto-punzante en el cuello. En la escena los investigadores incautaron un cuchillo que será sometido a pericias. También encontraron una carta presuntamente escrita por su madre, ahora detenida.

Autopsia confirmó un corte en el cuello de Ilán, el niño asesinado en Santa Ana

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Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores

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Angelotti Notarbartolo

La fiscalía pidió 22 años de prisión para el misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, acusado de liderar una organización que se dedicó a captar menores de edad en la tierra colorada para explotación sexual en Buenos Aires, y 11 años de cárcel para Leandro Aguiar, otro coterráneo.

Los alegatos fueron formulados por el fiscal general Juan García Elorrio ante el Tribunal Oral Federal Tres de Buenos Aires, en una audiencia que también tuvo como dato sobresaliente el pedido de absolución para el ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo Marcelo Corazza. En su caso, el representante del Ministerio Público entendió que el único hecho de abuso sexual que se le atribuye ocurrió en 2001 y prescribió, además de sostener que no existen pruebas para responsabilizarlo por el delito de asociación ilícita.

Además de las penas requeridas para los dos misioneros, la fiscalía pidió 10 años de prisión para Fernando Charpenet y Raúl Mermet, a quienes consideró partícipes necesarios de los delitos investigados. La querella, en tanto, mantuvo la acusación contra los cinco imputados, incluido Corazza, según amplió el medio porteño Infobae.

El juicio comenzó a mediados del año pasado y se desarrolla a puertas cerradas para proteger la integridad de los denunciantes y las víctimas.

Acusación

Según la investigación, la organización funcionó entre 1999 y marzo de 2023 y se dedicó a reclutar niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en Misiones, para trasladarlos a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con fines de explotación sexual.

Para la fiscalía, Angelotti Notarbartolo era quien lideraba la estructura y se encargaba de captar y manipular a las víctimas, además de coordinar los encuentros con los demás integrantes de la organización.

Aguiar, también oriundo de Misiones, habría ingresado a la red en 2018. De acuerdo con la acusación, junto a Charpenet, Mermet y Corazza solicitaba encuentros con las víctimas para luego abusar de ellas y explotarlas sexualmente.

La causa incluye denuncias por abuso sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil. Entre las pruebas mencionadas durante el debate figuran promesas de viajes, regalos y dinero para captar a las víctimas, que tenían entre 11 y 16 años al momento de los hechos denunciados.

Inicio

El expediente se inició en octubre de 2022, luego de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). A partir de esa presentación, la investigación derivó en la detención de los cinco acusados en marzo de 2023 y posteriormente en la elevación de la causa a juicio oral.

Tras los alegatos de la fiscalía y de las querellas, restan las exposiciones de las defensas antes de que el tribunal fije la fecha del veredicto. Además de las condenas, el Ministerio Público solicitó que, en caso de sentencia condenatoria, los acusados afronten de manera solidaria una reparación económica para las víctimas.

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