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El paraguayo González Rojas y su banda narco irán a juicio en febrero de 2023

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El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas confirmó la prórroga de la prisión preventiva para Eduardo González Rojas, el abogado paraguayo y sindicado capo narco que hace dos años cayó junto a su banda con una carga de ocho toneladas de marihuana lista para ser trasladada a Buenos Aires, y fijó para el 21 de febrero de 2023 el inicio del juicio oral del caso.

La reciente resolución, firmada ayer por los magistrados Víctor Alonso, Manuel Alberto Jesús Moreira y Fabián Gustavo Cardozo (recientemente designado), establece el rechazo de una apelación presentada por la defensa del sindicado líder narco y la confirmación de la prórroga por seis meses más de la prisión preventiva dispuesta en su contra en octubre.

En el recurso presentado, la defensa de González Rojas solicitó el cese de la prisión preventiva contra el extranjero por superar los dos años tras las rejas o, de manera subsidiaria, una morigeración de su actual condición, estableciendo un régimen de comparecencia del implicado ante las autoridades para demostrar que sigue ajustado a derecho.

Sin embargo, tal y como resolvieron ante solicitudes similares presentadas anteriormente, el TOF decidió rechazar el planteo y confirmar todo lo dispuesto hasta el momento.

De esta manera, tanto González Rojas como sus presuntos cómplices Román Héctor Villán, Roberto Canuto Villán y Analía Romina Villán (actualmente con domiciliaria), continuarán privados de su libertad en distintas unidades carcelarias hasta el desarrollo del juicio oral que determinará la responsabilidad de cada uno de ellos en la causa investigada.

Justamente, fuentes consultadas por La Voz de Misiones, señalaron que el juicio tendrá su audiencia preliminar el 20 de febrero del año que viene y un día más tarde comenzarán las jornadas de debate oral.

Los imputados enfrentan una acusación por el delito de “transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas”, figura que prevé una pena mínima de seis años de prisión, factor que también fue tenido en cuenta por las autoridades a la hora de rechazar los diferentes planteos de cese de prisión preventiva y solicitudes de morigeración en las condiciones de detención de los involucrados.

Es que los magistrados, con la opinión de la fiscalía, consideran que, ante la gravedad de la acusación que pesa sobre los imputados, existe un latente riesgo de fuga.

La causa que se esclarecerá en debate oral el año que viene comenzó a investigarse a mediados de 2019 y tuvo su broche de oro durante una serie de procedimientos simultáneos realizados en octubre de 2020 en las localidades de Posadas, Gobernador Roca, Jardín América, Puerto Rico, Colonia Polana y Colonia Gisela.

Puerto Verde: marihuana, lanchas, vehículos, armas y dólares

El operativo, bautizado “Puerto Verde” por el ministerio de Seguridad de la Nación, fue ejecutado por el personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y culminó con la detención de los cuatro implicados, además del secuestro de un camión con ocho toneladas de marihuana, nueve vehículos, lanchas, armas y alrededor de un millón de pesos y 17.700 dólares.

El operativo Puerto Verde incluyó procedimientos en Posadas, Jardín América, Puerto Rico, Gobernador Roca, Colonia Polana y Colonia Gisela.

La pesquisa global, basada en seguimientos y escuchas telefónicas, determinó que González Rojas, de nacionalidad paraguaya, de profesión abogado y con negocios inmobiliarios en Encarnación, aparecía como el “cabecilla” de una organización con base en Jardín América dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Buenos Aires.

Según se desprende de la investigación, las cargas de marihuana eran ingresadas desde Paraguay y el grupo contaba con una serie de fincas ubicadas en cercanías al río para el acopio de los cargamentos hasta su envío hacia sus puntos de destino en la capital del país.

Ejemplo de ese ardid fue la maniobra que el día del operativo Puerto Verde pretendían ejecutar. En esa oportunidad, la GNA incautó un camión Volvo NL-114 con más ocho toneladas de marihuana en un inmueble ubicado en cercanías a la ruta provincial 6, en Roca Chica, localidad de Gobernador Roca.

Los Villán operaban en suelo misionero desde sus casas en Jardín América, mientras González Rojas residía en Paraguay y cruzaba asiduamente (e ilegalmente) el río Paraná en lanchas. Se alojaba en hoteles y se movía en autos de alta gama. Al momento de su detención, tenía 8.000 dólares consigo.

Inicialmente la causa fue llevada adelante por la Fiscalía y el Juzgado Federal de Posadas, pero luego pasó a la órbita del Juzgado Federal de Oberá, cuyas autoridades finalmente dispusieron la elevación a juicio del expediente en mayo.

Actualmente, los hermanos Villán se encuentran detenidos en la Colonia Penal Federal 17 de Candelaria, mientras que González Rojas pasa sus días y noches en la Unidad Penal VI de Posadas.

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El juicio contra los docentes Gurina y Sánchez comenzará el 25 de noviembre

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El juicio contra los docentes Gurina y Sánchez comenzará el 25 de noviembre

La Justicia de Misiones estableció nuevas fechas para el juicio contra los docentes y sindicalistas, Leandro Sánchez y Mónica Gurina, quienes están acusados de “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” por su participación en la protesta multisectorial sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio de 2024.

El debate oral se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre, luego de que el inicio previsto para el 15 de octubre fuera suspendido a pedido de la defensa y de diversas organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar un espacio con mayor capacidad para la asistencia del público.

La Justicia hizo lugar al pedido de la defensa, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, y dispuso que las audiencias se realicen en el Palacio de Justicia de Misiones, desde las 8.

Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), y Gurina, secretaria general de la CTA Misiones, son referentes del sector docente y sostienen que el proceso judicial en su contra representa un intento de “criminalizar la protesta social”.

Docentes llevados a juicio reclamarán su absolución en el Congreso

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Policías imputados en el caso Guirula aguardarán la sentencia detenidos

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En la antesala de los alegatos que comenzarán mañana, el Tribunal Penal Dos de Posadas dispuso hoy que los seis ex policías imputados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (34) aguarden el dictado de la sentencia privados de su libertad.

A través de su presidente Gregorio Busse, el tribunal que también lo integran los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos, comunicó que la decisión obedece a un “medida meramente administrativa para garantizar el proceso” y sostuvo que la disposición no equivale a una prisión preventiva sino a un “arresto preventivo”.

El fiscal Vladimir Glinka acompañó la postura, mientras que las defensas se opusieron e incluso el letrado Federico Tilli planteó un recurso de revocatoria que fue rechazado por el tribunal tras un breve cuarto intermedio.

De esta manera, los seis imputados fueron esposados y trasladados a unidades penitenciarias donde quedarán alojados hasta el dictado de la sentencia, resolución que podría darse este viernes.

Como paso previo se dará inicio mañana la ronda de alegatos, donde el primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que tiene por probada su teoría del caso y podría solicitar duras penas para los imputados.

La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Lourdes Beatriz Tabarez (42); Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).

Todos habían llegado a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque iniciado el juicio tuvieron una consigna policial y ahora fueron arrestados preventivamente.

El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando el albañil Guirula fue detenido por disturbios en el motel Park de Posadas y trasladado a la comisaría Decimotercera, aunque llegó muerto. La autopsia determinó que el deceso se produjo como consecuencia de una suma de lesiones como un traumatismo de cráneo y fractura de costillas que le perforaron un pulmón.

El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon más de 20 testigos y cuatro de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.

Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.

Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.

FOTO: Marcelo Rodríguez – El Territorio.

Caso Guirula: personalidad “psicopática” en Tabarez y sangre en el patrullero

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Suspenden juicio a Pablo Schoenfisch para investigar la confesión de su padre

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pablo schoenfisch

El Tribunal Penal Uno de Eldorado rechazó el recurso de revocatoria planteado por las partes y mantuvo su decisión de suspender el juicio oral contra Pablo Schoenfisch (23) y en paralelo dispuso que el imputado continúe privado de su libertad mientras la fiscalía de instrucción investiga la autoincriminación efectuada por su padre Arnoldo (67), quien pidió ser acusado en lugar de su hijo por el crimen de su esposa Faustina Antúnez (54), registrado el 14 de mayo de 2020.

De esta manera, el debate oral que comenzó el lunes, mismo día en que el ex intendente de Santiago de Liniers lanzó la declaración que detonó el proceso, fue suspendido y todo quedó sin efecto hasta tanto la fiscalía de instrucción en turno analice el testimonio e investigue si la versión tiene asidero o no para determinar de qué manera continúa la causa que mantiene a Pablo Schoenfisch imputado por el asesinato de su madre e intento de homicidio en perjuicio de su padre.

En su resolución comunicada esta mañana, el tribunal conformado por los magistrados Andriana Andino, Atilio León y Javier Jourdan (subrogante) también dio lugar al pedido del fiscal Federico Rodríguez para que la fiscalía de instrucción investigue a Arnoldo Schoenfisch por falso testimonio.

Además, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Pablo Schoenfisch, encabezada por los letrados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga, ante lo cual el imputado continuará privado de su libertad, condición en la que se encuentra hace más de cinco años.

La suspensión del juicio generó un fuerte rechazo de parte del fiscal Rodríguez, quien calificó la medida como “una falta de respeto” a las partes y a la sociedad que “aguarda una resolución” del caso.

El fiscal se había opuesto desde el comienzo a la interrupción del debate oral al considerar que la autoincriminación del padre del imputado corresponde a un “esquema defensivo” y “artilugio para dilatar el proceso” que ya había sido trazado en la antesala del juicio con una declaración presentada por escribanía pero que fue desestimada por las autoridades de instancia previa.

Podría caerse el juicio a Pablo Schoenfisch por autoincriminación de su padre

 

 

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