Judiciales
De espías y teléfonos pinchados: la causa que sacudió a Misiones y terminó en nada
“El teléfono de tu viejo, que termina en 3107, lo tiene pinchado el Fino Palacios”, fue el mensaje anónimo que a fines de 2009 dejó al descubierto una historia de espías y teléfonos pinchados que involucró a dos jueces -luego destituidos- y a cinco policías misioneros acusados de orquestar una red de espionaje ilegal y que también alcanzó al ex presidente Mauricio Macri, pero que ahora, casi 15 años después, terminó con el sobreseimiento definitivo de todos los imputados.
El llamado con el mensaje que destapó un escándalo que no paró de sumar capítulos ni protagonistas durante varios años se produjo el 22 de septiembre de 2009, a las 20.08, y la destinataria fue una hija de Sergio Burstein, viudo de Rita Worona, víctima del atentado a la Amia, e integrante de una comisión para la investigación del ataque a la mutual israelita.
La denuncia fue radicada ante la Comisaría 11 de la Policía Federal Argentina (PFA) en Capital Federal y días después Burstein se presentó ante la Justicia para ampliar la presentación, instancia en la que contó que desde hace tiempo su teléfono emitía “ruidos raros” y “ecos” que le impedían comunicarse con claridad.
La causa recayó en manos del excéntrico y ya fallecido juez federal Norberto Oyarbide, quien activó una serie de medidas de prueba mediante las cuales fueron apareciendo cada una de las puntas implicadas en el ardid, desde la pata policial hasta la judicial y la política.
De allí surge que las intervenciones telefónicas habían sido ordenadas desde el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, presidido en ese entonces por el ya también fallecido magistrado Horacio Gallardo, y subrogado en fechas determinadas por su par José Luis Rey –quienes meses después terminaron siendo destituidos mediante un juicio político-, quedando comprometida además Mónica González, secretaria en la misma dependencia judicial.
La pesquisa trazada por Oyarbide determinó que la mano de obra detrás de las escuchas estaba a cargo de los policías misioneros Diego Gastón Guarda, Antonio César Fernández, David Santiago Amaral y Rubén Alberto Quintana, además de Ciro Gerardo James, un auxiliar superior de inteligencia de la PFA en Buenos Aires con vínculos en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).

Uno de los espiados fue Sergio Burstein, viudo de una víctima del atentado a la Amia.
Según lo reconstruido, en primera instancia desde Misiones argumentaron que las escuchas eran realizadas en el marco de la investigación por el asesinato del contador posadeño José María Piccoli, cometido en 2005, hecho por el cual habían dos detenidos pero el principal sospechoso permanecía prófugo.
Ese prófugo era Antonio Pedro “Leka” Figueredo, delincuente con prontuario y sindicado como uno de los más peligrosos de Misiones por aquellos años, quien supuestamente desde clandestinidad operaba en la venta de mercaderías de contrabando y de dudosa procedencia con comerciantes de Buenos Aires.
Fue en ese marco que Ciro James, como colaborador de la PFA con la Policía misionera, habría aportado un número de teléfono para intervenir y obtener datos que podrían ser de utilidad para ubicar al escurridizo Leka Figueredo, pero la línea terminada en 3107 en realidad pertenecía a Burstein.
Hasta allí, todo pareció tratarse de cuestión de negligencia, motivada por un error en la entrega de información, pero la causa se transformó en escandalosa cuando el empresario Carlos Ávila, creador de Torneos y Competencias (TyC), también denunció ser espiado.
La investigación determinó que, efectivamente, las líneas de Ávila también habían sido interceptadas y en la operatoria aparecieron los mismos protagonistas, ante lo cual Oyarbide cambió de perspectiva. Dejó de ver el hecho como una simple negligencia y consideró que se trataban de maniobras orquestadas a fin de acceder a conversaciones privadas.
Para el magistrado los implicados incurrieron en delitos de “interceptación indebida de las comunicaciones” y más tarde también les atribuyó ser parte de una “asociación ilícita”, entre otras imputaciones, según documentos obtenidos por La Voz de Misiones.
El 5 de octubre de 2009 Ciro James se transformó en el primer detenido del expediente. Días después también cayeron los policías misioneros Guarda, Rojas y Quintana, mientras que los jueces Gallardo y Rey recién comparecieron en indagatoria a mediados de abril de 2010, luego de ser destituidos de sus cargos tras un segundo pedido de un juicio político formulado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones.

Tras ser destituido como juez en 2010, José Luis Rey continuó su carrera como letrado particular.
“Los falsos antecedentes que se presentaron para intervenir las líneas, los sumarios que sirvieron de base para esas conexiones, las reiteradas prórrogas ordenadas, la total falta de interés de los magistrados en el producto de las escuchas, la oportunidad en que fueron dadas de baja como así también las falaces argumentaciones que se esgrimieron para fundamentarlas y la llamativa falta de colaboración de los mencionados jueces provinciales para con los requerimientos de la justicia federal, son elementos concretos que permiten afirmar objetivamente que toda la actuación relacionada con la intervención de los teléfonos móviles de Ávila y Burstein claramente trasciende de una mera negligencia judicial para convertirse en un accionar doloso por parte de los magistrados Gallardo y Rey, respecto de quienes se alzan fuertes elementos de sospecha que justifican su llamado a prestar declaración indagatoria”, argumentó Oyarbide cuando decidió avanzar contra los jueces misioneros.
Después de ello, la pesquisa continuó y en el medio se sumaron más denunciantes, quienes además se constituyeron como querellantes, al igual que Burstein y Ávila. Para la Justicia de instrucción, en total se interceptaron 35 líneas telefónicas y solamente de las escuchas practicadas a Ávila se encontraron 193 cassettes con grabaciones.
De Fino Palacios a Macri y al sobreseimiento
Jorge Alberto “Fino” Palacios, en tanto, el nombre mencionado en el llamado anónimo que sirvió como la punta del ovillo, era un ex comisario que fue designado como Jefe de la Policía Metropolitana durante la gestión de Mauricio Macri como alcalde de Ciudad de Buenos Aires.
En la causa se detectaron vínculos y contactos previos al escándalo entre Palacios y James, como así también se detectó que el espía de la PFA tenía un contrato fantasma como supuesto asesor letrado de Mariano Narodowski, ministro de Educación porteño.
El expediente ingresó entonces en una tercera etapa, la que involucraba actores políticos. Además de Naradowski, también quedaron comprometidos el funcionario Horacio Chamorro y la hipótesis trazada alcanzó incluso a Mauricio Macri, a quien Burstein acusó como el ideólogo de crear un “organismo paraestatal” para conocer conversaciones telefónicas de personas en conflicto con el líder del PRO.
En ese momento, Burstein, por ejemplo, fue uno de los mayores opositores a la designación de Palacios como jefe de la Policía Metropolitana ya que tenía acusaciones por “encubrimiento” en el atentado a la Amia, mientras que Ávila estaba en plena negociación con el gobierno por las transmisiones de fútbol. Entre los titulares de líneas intervenidas, incluso, apareció Néstor Leonardo, ex cuñado Macri.

Jorge “Fino” Palacios, ex jefe de la Policía Metropolitana, sindicado nexo con la pata política de la causa. Falleció en 2020.
Con las tres patas, policial, judicial y política, del andamiaje de la presunta red de espionaje ilegal diagramada, el juez Oyarbide avanzó con imputaciones y procesamientos, lo cual abrió un largo de camino recursivo que en 2018 tuvo un capítulo clave.
Ese año, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Fino Palacios y decretó la nulidad de todo lo actuado por Oyarbide al considerar que la interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas tipificaban un delito de acción privada, ante lo cual el caso debió ser impulsado por alguno de los querellantes damnificados y no por el fiscal, que era el fallecido Alberto Nisman, consignó el diario Primera Edición.
Ese fallo, firmado por los magistrados Liliana Catucci, Carlos Alberto Mahiques y Eduardo Riggi, sirvió de base para el sobreseimiento definitivo de todos los imputados dispuesto el pasado 21 de marzo por los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de Ciudad de Buenos Aires, con asiento en Comodoro Py.
Es que dicho tribunal ahora hizo lugar a un recurso de excepción por falta de acción por prescripción presentado por la defensa de Narodowski y, en consecuencia, dictó el sobreseimiento de los imputados, como así también el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre ellos.
La decisión fue alcanzada por mayoría, con los votos de los jueces Daniel Horacio Obligado y Adriana Palliotti, mientras que Nicolás Toselli planteó un criterio disidente.
“En este caso, es el ámbito del juicio oral y público el propicio para el mejor y más exhaustivo análisis de la vigencia de la acción penal, de los hechos, de la participación de los encausados y, particularmente, de la valoración de la prueba producida; todo lo que permitirá una evaluación específica sobre los extremos invocados por la peticionante y las respuestas de la contraparte”, opinó Toselli.
De esta manera, Ciro Gerardo James, Mariano Narodowski y Osvaldo Horacio Chamorro, como así también los misioneros Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, Rubén Alberto Quintana, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández, Mónica Elizabeth González y José Luis Rey, que hoy desde su destitución ejerce como letrado particular, fueron finalmente sobreseídos tras permanecer 14 años siendo objeto de investigación y la causa, al margen de las consecuencias colaterales, terminó en nada.
Judiciales
Viuda de Guirula tras el fallo: “Pensé que ya no íbamos a tener justicia”
La última audiencia del juicio por la muerte de Carlos Guirula, marcada por la última palabra de los acusados y la sentencia, fue seguida de cerca por la familia de víctima, principalmente de su esposa, sus hijos y su hermana, quienes destacaron el fallo como “el cierre” de una dolorosa etapa que duró once años.
“En general conforme, pero más que nada por mis hijos. Para ellos es importante tener un cierre, saber que se hizo un poco de justicia después de tantos años. Ellos hoy son chicos felices, libres de toda bronca, porque así lo quise yo, de protegerlos todos estos años”, expresó Nora Acosta, viuda de Guirula, en conversación con La Voz de Misiones en los pasillos del Tribunal Penal Dos de Posadas, antes de salir al encuentro de sus hijos, que la esperaban con un abrazo grupo fuera del recinto.

Hijos y más familiares de Guirula a los abrazos fuera del tribunal.
“Yo pensé que ya no íbamos a tener justicia, que esto ya no salía. Pero esto es un cierre para ellos. Ahora veremos qué hacemos y cómo seguimos, pero lo bueno es que no quedó en vano”, añadió.
Para Nora los pedidos de disculpa de los acusados no fueron del todo sinceros, mucho menos suficientes. “Esperar once años para solo decir ‘lo sentimos’”, apuntó y agregó que “solo me llegó la palabra de Da Silva, a él si lo sentí muy sincero”.
Si bien se mostró conforme con el fallo, admitió que le hubiese gustado una pena más alta para los otros imputados. “Nuestro día del padre es ir al cementerio hace once años. Es dolorosísimo, pero repito: es bueno saber que esto no quedó en vano”.
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“Clemencia” y “disculpas”: la palabra de los condenados por el caso Guirula
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“Clemencia” y “disculpas”: la palabra de los condenados por el caso Guirula
Más de once años pasaron del día en que el albañil Carlos Raúl Guirula (34) fue a un motel de Posadas y tras unos disturbios acabó muerto, con un edema cerebral, nueve costillas rotas y un pulmón perforado. La Justicia hoy determinó que ese desenlace mortal fue consecuencia de los pisotones y las patadas de los borceguíes policiales que calzaban Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), quienes recibieron una pena de prisión de perpetua por el delito de “tortura agravada seguida de muerte”.
La sentencia fue impartida por el Tribunal Penal de Dos de Posadas, que además condenó a 4 años de prisión por omisión a los ex policías Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Carlos Alberto Da Silva (34) y absolvió por el beneficio de la duda del mismo delito a los también ex uniformados y Carlos Alberto Zidorak (37) y Claudio Marcelo Servián. Los cuatro quedaron en libertad apenas culminó la lectura del fallo.
Previo al veredicto, todos ellos hicieron uso de sus últimas palabras y la primera en hablar fue Tabarez, quien pidió disculpas a la familia de la víctima y solicitó clemencia al tribunal.
Tabarez se había mantenido en silencio durante las diez audiencias previas que se desarrollaron en el marco del debate oral. Soportó las incriminaciones de sus consortes de causa y aguantó las acusaciones del fiscal Vladimir Glinka, que en su alegato la señaló como quien pisó la cabeza y pateó en las costillas a Guirula estando esposado en el suelo del motel.
Esta mañana, en su última oportunidad para hablar, hizo uso de su derecho. “Esto fue una tragedia y pido disculpas a toda la familia. No va a volver a la vida su hijo, no va a volver a la vida nadie, tampoco nosotros. Todos tenemos una familia atrás nuestro. Mi corazón se va a salir del pecho porque entre hoy y mañana va a volver a cambiar nuestras vidas para peor, si así lo decide la Justicia”, comenzó.
Luego hizo un breve repaso de su vida, describiendo que tiene una hija, que es la mayor de siete hermanos y que proviene de una familia humilde, con padre albañil y madre ama de casa, que le “inculcó valores y buenas costumbres”.
“Las palabras de mi papá me resuenan en la cabeza: Lourdes sos el ejemplo y el espejo de tus hermanos. Pido clemencia, pido justicia por mí, por mi familia, por cada uno de nosotros. Se nos dio esta comisión y yo simplemente fui a cumplir mi trabajo. La situación que se dio fue una tragedia para todos”, lanzó antes de volver a su lugar, apoderada por las lágrimas.
En segundo término habló Escobar, a quien el fiscal acusó de dar patadas, pisar e “ir saltando” sobre la espalda de Guirula durante el traslado del detenido desde el motel hacia la comisaría Decimotercera, donde llegó muerto.
“Quería pedir disculpa a los familiares, quiero que sepan nosotros nunca tuvimos esa intención. Pido disculpas, sé lo que es perder un hijo. Nunca tuve antecedentes de ser agresivo, ni de golpear a nadie. Espero que esto nos de tranquilidad a todos, ya sea para bien o para mal, así lo decida el Tribunal. Que sea lo justo para todos. Que se termine todo y podamos estar en paz”, resumió.

Ricardo Escobar pidió disculpas en sus últimas palabras. Más tarde fue condenado a prisión perpetua.
Más disculpas
En mismo sentido se expresó Allosa, quien enfrentaba un pedido de 7 años de prisión por “vejaciones” y “omisión”, aunque finalmente recibió 4 y como estuvo ese mismo plazo privado de su libertad en prisión preventiva esquivó un segundo paso por la cárcel.
“Pido disculpas a la familia, yo sé que fue un sufrimiento para ellos estos once años. Para nosotros también y para nuestras familias. Estuvimos pendiente todos estos años para tratar de que esto se resuelva. Ha llegado el día. Si esa noche podía haber hecho algo más, lo siento por no haberlo hecho”, fueron sus palabras.
El siguiente fue Zidorak, que resultó absuelto. “Es un hecho lamentable lo que ha ocurrido. Son muchos años esperando. Obviamente nadie pensó lo que iba a pasar. Pedir disculpas a la familia”, había expresado antes del veredicto.
Servian, que también fue absuelto, expresó el mismo sentimiento. “Desde lo más profundo del corazón, mío y de todos, estamos arrepentidos de lo que pasó. Obviamente no va a devolver la vida, pero nosotros también somos conscientes de lo que pasó y que cada uno reciba lo que le corresponde, por su participación y su responsabilidad. Que se haga justicia”.

Allosa fue condenado a 4 años de prisión pero quedó libre por el tiempo que ya estuvo con preventiva.
El último en hablar fue Da Silva, uno de los primeros en declarar y señalar tanto a Tabarez como a Escobar por las agresiones contra la víctima, testimonio que fue valorado como prueba importante por la fiscalía.
“Realmente fue un hecho lamentable. Quiero pedir perdón de corazón a la familia, sé que hay una madre que se quedó sin un hijo, una hermana sin hermano, un niño sin padre. Realmente nos sentimos muy apenados por esa tragedia. Lamento no haber hecho más. Sé que no vamos a traer a la vida al señor Guirula, pero se puede hacer justicia. Creo que quedó demasiado claro lo que pasó esa noche y que tenemos ciertos grados de responsabilidades. Que se haga justicia”, pidió.
El tribunal presidido por Gregorio Busse e integrado por Fernando Verón y Miguel Mattos luego pasó a deliberar y tras más de una hora en reunión secreta regresaron con el fallo que condenó a dos ex policías a la pena de prisión perpetua, el equivalente a 35 años de encierro efectivo.

Servian -a la izquierda- y Zidorak -en el centro- fueron absueltos.
Tabarez y Escobar fueron condenados a prisión perpetua por el caso Guirula
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Tabarez y Escobar fueron condenados a prisión perpetua por el caso Guirula
El Tribunal Penal Dos de Posadas dictó sentencia este mediodía y condenó a prisión perpetua a dos de los seis policías acusados por la muerte del albañil Carlos Guirula, registrada hace once años durante un procedimiento policial que inició por disturbios en motel de la ciudad.
La máxima pena recayó sobre Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), quienes fueron declarados responsables del delito de “tortura agravada seguida de muerte”.
De los restantes acusados, Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Carlos Alberto Da Silva (34) fueron condenados a 4 años de prisión por el delito de “omisión”, ante lo cual recuperaron la libertad porque ya pasaron esa misma cantidad de años en prisión preventiva. En el caso de Allosa fue absuelto por la acusación de “vejaciones”.
Por último, Carlos Alberto Zidorak (37) y Claudio Marcelo Servián fueron absueltos por el beneficio de la duda de la acusación por omisión efectuada por el fiscal Vladimir Glinka.
De esta manera, Tabarez y Escobar quedaron detenidos y a partir de hoy empezarán a purgar sus condenas en diferentes unidades penitenciarias de la provincia, mientras que los demás imputados salieron libres del tribunal.

Ricardo Rafael Escobar también recibió perpetua. Antes de la sentencia pidió disculpas.
Antes del veredicto, todos los acusados hicieron uso de la última palabra y todos pidieron disculpas a la familia a Guirula.
Fue la primera vez que se oyó la voz de Tabarez durante el juicio oral que tuvo más de diez jornadas. “Sé que todos estaban esperando mi palabra. Quiero pedir disculpas a la familia, lo ocurrió esa noche fue una tragedia de para todos. Siento que el corazón se me va a salir del pecho”, expresó al comienzo y luego indicó “pido clemencia para mí, para mi familia y para cada uno de nosotros”.
Los últimos en hablar fueron Servian y Da Silva, quienes además de pedir perdón a la familia de la víctima, señalaron que cada uno de los acusados debía “hacerse cargo de sus participaciones y responsabilidades”.
La sentencia se oyó este mediodía, minutos después de las 13, tras una audiencia que incluyó un último alegato defensivo, a cargo de la letrada Mónica Olivera, abogada del policía Escobar, como así también la etapa de réplicas y dúplicas.

Da Silva fue condenado a 4 años de prisión, el mismo tiempo que estuvo en prisión preventiva, ante lo cual quedó libre.
Después de ello, el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos, dispusieron un cuarto intermedio para deliberar, proceso que se extendió durante más de una hora.
Tras la sentencia, los dos imputados condenados a prisión perpetua salieron esposados y atravesando un cordón de agentes penitenciarios hasta ingresar al móvil que los iba a trasladar a sus lugares de detención.
Entre los demás acusados hubo sensaciones diferentes: lágrimas de alivio, puños apretados y abrazos de agradecimiento para con sus abogados defensores y con sus familiares fuera del recinto.
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Pisotones y patadas
El fallo del tribunal se ajustó en gran parte a lo solicitado por el fiscal Glinka en su alegato del jueves pasado, instancia en la que consideró que tanto Tabarez como Escobar fueron los autores de las agresiones que derivaron en las lesiones que ocasionaron la muerte de la víctima.
El fiscal repasó que todo comenzó ese 19 de mayo a la madrugada, cuando Guirula se negó a pagar dos petacas de whisky que había consumido durante su estadía en el motel Park, lugar al cual llegó junto a dos amigos y dos trabajadoras sexuales.
“Es verdad que Guirula se opuso y estuvo mal. Pero cuando le pusieron las esposas se terminó el procedimiento. Todo lo que vino después de ser esposado es delito y los acusados deben responder por ello”, planteó.
Y a partir de ahí desarrolló la parte central de su teoría del caso. El fiscal dio por acreditado que con la víctima esposada y en el suelo, Tabarez la pisó la cabeza primero y luego le aplicó al menos cuatro patadas.
Sobre Escobar, apuntó que también efectuó patadas al detenido y lo acusó de ir “saltando” sobre la espalda de la víctima durante el traslado del hombre hacia la comisaría en la caja de la Toyota Hilux.
Asoció, además, las mecánicas de esas agresiones con los resultados de la autopsia y vinculó el accionar de Tabarez con el edema cerebral y las tres fracturas costales que perforaron el pulmón izquierdo de Guirula.
Para Glinka, los saltos de Escobar sobre la víctima ocasionaron la fractura lineal de seis cosquillas del lado derecho y se basó en los forenses para concluir que cada una de esas lesiones por separado ya revestían carácter de letal, aunque era atendibles en caso de recibir una asistencia médica urgente.
A Saravia Allosa, por su parte, le adjudicó el lanzamiento de gas pimienta contra la víctima, como así también la omisión de no haber impedido las agresiones de Tabarez y Escobar, misma responsabilidad que le atribuyó a los otros tres imputados.
Caso Guirula: el fiscal pidió perpetua para dos de los seis policías imputados
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