Judiciales
De espías y teléfonos pinchados: la causa que sacudió a Misiones y terminó en nada
“El teléfono de tu viejo, que termina en 3107, lo tiene pinchado el Fino Palacios”, fue el mensaje anónimo que a fines de 2009 dejó al descubierto una historia de espías y teléfonos pinchados que involucró a dos jueces -luego destituidos- y a cinco policías misioneros acusados de orquestar una red de espionaje ilegal y que también alcanzó al ex presidente Mauricio Macri, pero que ahora, casi 15 años después, terminó con el sobreseimiento definitivo de todos los imputados.
El llamado con el mensaje que destapó un escándalo que no paró de sumar capítulos ni protagonistas durante varios años se produjo el 22 de septiembre de 2009, a las 20.08, y la destinataria fue una hija de Sergio Burstein, viudo de Rita Worona, víctima del atentado a la Amia, e integrante de una comisión para la investigación del ataque a la mutual israelita.
La denuncia fue radicada ante la Comisaría 11 de la Policía Federal Argentina (PFA) en Capital Federal y días después Burstein se presentó ante la Justicia para ampliar la presentación, instancia en la que contó que desde hace tiempo su teléfono emitía “ruidos raros” y “ecos” que le impedían comunicarse con claridad.
La causa recayó en manos del excéntrico y ya fallecido juez federal Norberto Oyarbide, quien activó una serie de medidas de prueba mediante las cuales fueron apareciendo cada una de las puntas implicadas en el ardid, desde la pata policial hasta la judicial y la política.
De allí surge que las intervenciones telefónicas habían sido ordenadas desde el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, presidido en ese entonces por el ya también fallecido magistrado Horacio Gallardo, y subrogado en fechas determinadas por su par José Luis Rey –quienes meses después terminaron siendo destituidos mediante un juicio político-, quedando comprometida además Mónica González, secretaria en la misma dependencia judicial.
La pesquisa trazada por Oyarbide determinó que la mano de obra detrás de las escuchas estaba a cargo de los policías misioneros Diego Gastón Guarda, Antonio César Fernández, David Santiago Amaral y Rubén Alberto Quintana, además de Ciro Gerardo James, un auxiliar superior de inteligencia de la PFA en Buenos Aires con vínculos en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side).
Uno de los espiados fue Sergio Burstein, viudo de una víctima del atentado a la Amia.
Según lo reconstruido, en primera instancia desde Misiones argumentaron que las escuchas eran realizadas en el marco de la investigación por el asesinato del contador posadeño José María Piccoli, cometido en 2005, hecho por el cual habían dos detenidos pero el principal sospechoso permanecía prófugo.
Ese prófugo era Antonio Pedro “Leka” Figueredo, delincuente con prontuario y sindicado como uno de los más peligrosos de Misiones por aquellos años, quien supuestamente desde clandestinidad operaba en la venta de mercaderías de contrabando y de dudosa procedencia con comerciantes de Buenos Aires.
Fue en ese marco que Ciro James, como colaborador de la PFA con la Policía misionera, habría aportado un número de teléfono para intervenir y obtener datos que podrían ser de utilidad para ubicar al escurridizo Leka Figueredo, pero la línea terminada en 3107 en realidad pertenecía a Burstein.
Hasta allí, todo pareció tratarse de cuestión de negligencia, motivada por un error en la entrega de información, pero la causa se transformó en escandalosa cuando el empresario Carlos Ávila, creador de Torneos y Competencias (TyC), también denunció ser espiado.
La investigación determinó que, efectivamente, las líneas de Ávila también habían sido interceptadas y en la operatoria aparecieron los mismos protagonistas, ante lo cual Oyarbide cambió de perspectiva. Dejó de ver el hecho como una simple negligencia y consideró que se trataban de maniobras orquestadas a fin de acceder a conversaciones privadas.
Para el magistrado los implicados incurrieron en delitos de “interceptación indebida de las comunicaciones” y más tarde también les atribuyó ser parte de una “asociación ilícita”, entre otras imputaciones, según documentos obtenidos por La Voz de Misiones.
El 5 de octubre de 2009 Ciro James se transformó en el primer detenido del expediente. Días después también cayeron los policías misioneros Guarda, Rojas y Quintana, mientras que los jueces Gallardo y Rey recién comparecieron en indagatoria a mediados de abril de 2010, luego de ser destituidos de sus cargos tras un segundo pedido de un juicio político formulado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones.
Tras ser destituido como juez en 2010, José Luis Rey continuó su carrera como letrado particular.
“Los falsos antecedentes que se presentaron para intervenir las líneas, los sumarios que sirvieron de base para esas conexiones, las reiteradas prórrogas ordenadas, la total falta de interés de los magistrados en el producto de las escuchas, la oportunidad en que fueron dadas de baja como así también las falaces argumentaciones que se esgrimieron para fundamentarlas y la llamativa falta de colaboración de los mencionados jueces provinciales para con los requerimientos de la justicia federal, son elementos concretos que permiten afirmar objetivamente que toda la actuación relacionada con la intervención de los teléfonos móviles de Ávila y Burstein claramente trasciende de una mera negligencia judicial para convertirse en un accionar doloso por parte de los magistrados Gallardo y Rey, respecto de quienes se alzan fuertes elementos de sospecha que justifican su llamado a prestar declaración indagatoria”, argumentó Oyarbide cuando decidió avanzar contra los jueces misioneros.
Después de ello, la pesquisa continuó y en el medio se sumaron más denunciantes, quienes además se constituyeron como querellantes, al igual que Burstein y Ávila. Para la Justicia de instrucción, en total se interceptaron 35 líneas telefónicas y solamente de las escuchas practicadas a Ávila se encontraron 193 cassettes con grabaciones.
De Fino Palacios a Macri y al sobreseimiento
Jorge Alberto “Fino” Palacios, en tanto, el nombre mencionado en el llamado anónimo que sirvió como la punta del ovillo, era un ex comisario que fue designado como Jefe de la Policía Metropolitana durante la gestión de Mauricio Macri como alcalde de Ciudad de Buenos Aires.
En la causa se detectaron vínculos y contactos previos al escándalo entre Palacios y James, como así también se detectó que el espía de la PFA tenía un contrato fantasma como supuesto asesor letrado de Mariano Narodowski, ministro de Educación porteño.
El expediente ingresó entonces en una tercera etapa, la que involucraba actores políticos. Además de Naradowski, también quedaron comprometidos el funcionario Horacio Chamorro y la hipótesis trazada alcanzó incluso a Mauricio Macri, a quien Burstein acusó como el ideólogo de crear un “organismo paraestatal” para conocer conversaciones telefónicas de personas en conflicto con el líder del PRO.
En ese momento, Burstein, por ejemplo, fue uno de los mayores opositores a la designación de Palacios como jefe de la Policía Metropolitana ya que tenía acusaciones por “encubrimiento” en el atentado a la Amia, mientras que Ávila estaba en plena negociación con el gobierno por las transmisiones de fútbol. Entre los titulares de líneas intervenidas, incluso, apareció Néstor Leonardo, ex cuñado Macri.
Jorge “Fino” Palacios, ex jefe de la Policía Metropolitana, sindicado nexo con la pata política de la causa. Falleció en 2020.
Con las tres patas, policial, judicial y política, del andamiaje de la presunta red de espionaje ilegal diagramada, el juez Oyarbide avanzó con imputaciones y procesamientos, lo cual abrió un largo de camino recursivo que en 2018 tuvo un capítulo clave.
Ese año, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Fino Palacios y decretó la nulidad de todo lo actuado por Oyarbide al considerar que la interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas tipificaban un delito de acción privada, ante lo cual el caso debió ser impulsado por alguno de los querellantes damnificados y no por el fiscal, que era el fallecido Alberto Nisman, consignó el diario Primera Edición.
Ese fallo, firmado por los magistrados Liliana Catucci, Carlos Alberto Mahiques y Eduardo Riggi, sirvió de base para el sobreseimiento definitivo de todos los imputados dispuesto el pasado 21 de marzo por los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de Ciudad de Buenos Aires, con asiento en Comodoro Py.
Es que dicho tribunal ahora hizo lugar a un recurso de excepción por falta de acción por prescripción presentado por la defensa de Narodowski y, en consecuencia, dictó el sobreseimiento de los imputados, como así también el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesaban sobre ellos.
La decisión fue alcanzada por mayoría, con los votos de los jueces Daniel Horacio Obligado y Adriana Palliotti, mientras que Nicolás Toselli planteó un criterio disidente.
“En este caso, es el ámbito del juicio oral y público el propicio para el mejor y más exhaustivo análisis de la vigencia de la acción penal, de los hechos, de la participación de los encausados y, particularmente, de la valoración de la prueba producida; todo lo que permitirá una evaluación específica sobre los extremos invocados por la peticionante y las respuestas de la contraparte”, opinó Toselli.
De esta manera, Ciro Gerardo James, Mariano Narodowski y Osvaldo Horacio Chamorro, como así también los misioneros Diego Gastón Guarda, Raúl Alberto Rojas, Rubén Alberto Quintana, David Santiago Amaral, Antonio César Fernández, Mónica Elizabeth González y José Luis Rey, que hoy desde su destitución ejerce como letrado particular, fueron finalmente sobreseídos tras permanecer 14 años siendo objeto de investigación y la causa, al margen de las consecuencias colaterales, terminó en nada.
Siete disparos en total. Seis en el cuerpo, uno de ellos en la cabeza de la víctima. Ese fue el “escenario balístico” que esta mañana describieron los peritos de criminalística que intervinieron en la escena del crimen del comerciante Cristian Díaz (34), hecho cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas y por el cual hay dos presuntos sicarios brasileños que desde hoy afrontan un debate oral.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24), quienes están acusados de llegar al kiosco de Díaz como clientes y al ser atendidos abrir fuego sin mediar palabras. Los dos enfrentan cargos por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El debate oral comenzó esta mañana en el Tribunal Penal Dos de Posadas, donde los imputados oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización Bala Na Cara, se abstuvieron de declarar y oyeron el avance del proceso conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real aportado por la Universidad Católica de las Misiones (Ucamis), en tanto que en una sola contigua también había una perito intérprete siguiendo cada minuto.
Para la fecha había siete testigos citados, aunque el fiscal Vladimir Glinka y la defensora particular Ramona Gómez acordaron desistir de cuatro de ellos para concentrarse únicamente en el “eje en contradicción”.
“Los imputados no niegan su presencia en la escena del hecho, niegan el crimen, entonces decimos avanzar con los testigos que interesan para tratar los puntos que están en discusión”, explicó Glinka ante los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse.
Bajo esa premisa, los testigos que sí pasaron a declarar fueron un médico y dos Licenciados en Criminalística de la Policía de Misiones, con quienes las partes ahondaron sobre el escenario del crimen, las primeras actuaciones y pericias.
Los brasileños siguen el debate conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real.
Acribillado
El testimonio más sustancioso fue dado por el perito Jeremías Serrizuela, quien brindó detalles sobre las evidencias encontradas en el kiosco que Díaz tenía en su casa ubicada en la esquina de las calles 74 y 95, en la chacra 94, en pleno barrio Yacyretá.
Serrizuela precisó que las evidencias recolectadas dieron cuenta de un total de siete disparos, uno de los cuales impactó en un estante del kiosco y los otros seis dieron en el cuerpo de la víctima.
El perito también hizo un análisis de distancias, trayectorias y ubicación de las vainas servidas a partir de lo cual reconstruyó: “El primer tiro fue desde afuera y pegó en un estante. Después, el tirador ingresó el arma por la venta y continuó disparando. La víctima estaba estaba acostada al momento de recibir los seis disparos. Posiblemente se cayó después del primer disparo porque estaba de ojotas y medias en un piso muy resbaladizo. Es decir, se cayó y fue rematado boca arriba”.
Previo a Serrizuela pasó su colega Andrea Strocen Schelske, quien desarrolló sobre las pericias tendientes a dar con residuos de disparos en las prendas incautadas y afirmó que en las dos camperas (una del club Gremio) secuestradas en poder de los detenidos hubo resultados positivos, como así también el automóvil utilizado para llegar y escapar de la escena del crimen.
El médico Nelson Orlando Fernández, por su parte, repasó cada una de las heridas de arma de fuego y precisó que la lesión mortal fue dada por “un proyectil que ingresó por el cuello y quedó alojado en el cerebro”.
Los extranjeros fueron atrapados menos de un día después, cuando estaban a punto de volver a Brasil en colectivo.
La versión de Weslley
Como los dos imputados optaron por no declarar en el inicio del debate, el tribunal solicitó que se de lectura a las declaraciones brindadas en la etapa de instrucción, instancia en la que ambos negaron ser los autores del crimen.
Weslley De Olveira Silva, sindicado como el tirador, contó que en Florianópolis había conocido a una joven argentina con quien luego mantuvo contactos por redes y decidió venir a “visitarla”, aunque decidió no dar el nombre de esa presunta chica para “resguardarla”.
En su relato, señaló que le pidió a su amigo Gabriel que lo acompañe y poco después de llegar a la terminal de Posadas se sentaron en un bar de la zona donde conocieron a una persona de nombre “Yona”, a quien le ayudaron a empujar un auto Fiat Duna con desperfectos.
“Lo ayudamos y le comentamos que buscábamos un lugar donde alojarnos. Ahí él nos invitó a quedarnos en su casa, que solo teníamos que pagarnos nuestra comida”, declaró en aquella oportunidad Weslley.
El brasileño contó que en la casa de ese sujeto se quedaron varios días y casi todas las noches iban al kiosco de Díaz a comprar bebidas. Lo mismo dijo que hicieron ese 8 de mayo de 2022, aunque todo salió mal: “A las 2 fuimos de nuevo porque queríamos seguir bebiendo y al llegar al kiosco había un hombre con capucha y barbijo. El dueño se apareció con un arma y esa otra persona sacó otro arma y empezó a disparar. Nosotros con mi amigo corrimos al auto de Yona y nos escapamos”.
Esa persona que los imputados identifican como Yona sería Héctor Rodríguez, más conocido como Leche, sindicado en la causa como la persona que brindó logística, recursos y hospedaje a los extranjeros, aunque nunca fue localizado.
El tribunal está integrado por los jueces Martín Rau, César Yaya -presidente- y Gregorio Busse.
La trama narco detrás
En el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Patricia Clérici se desliza como hipótesis que los implicados fueron contratados para concretar el crimen de Díaz en represalia a una carga de marihuana que le atribuyen a Leche y que fue incautada por Gendarmería.
Sin embargo, en el mismo documento se aclara que “no hubo elementos que acrediten que Leche era el dueño de la carga, ni que Díaz se dedicara a otra cosa que no sea su kiosco”. Asimismo, señala que tampoco se pudo identificar a un posible “autor intelectual” del crimen.
En contrapartida, lo que sí quedó claro para Clérici es que los imputados actuaron de manera coordinada y agredieron por sorpresa a la víctima, sin darle posibilidad de defensa. Por eso la imputación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”.
El debate continúa mañana con más testigos y podría prolongarse a lo largo de toda la semana.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Este martes a las 8.45 comenzó el juicio a los brasileños Gabriel Junior Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, en el Tribunal Penal Dos de Posadas, quienes son acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz.
Ambos son oriundos de Porto Alegre, sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Bala Na Cara y enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado ocurrido en mayo de 2022, en el barrio Yacyretá de la capital provincial, por lo que podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Al comenzar el juicio, se logró observar que los imputados tienen un aparato de traducción en tiempo real y en una sala contigua acompaña la audiencia una perito intérprete.
Como primera medida, se leyó el auto de elevación a juicio del expediente y las partes acordaron desistir de cuatro testigos citados para la fecha. El proceso prevé continuar toda la semana.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka, mientras que como defensora interviene la abogada Ramona Gómez.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Arranca el juicio a dos sicarios brasileños acusados de un crimen en Posadas
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Bala Na Cara.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.
El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
El gobierno y las provincias del Norte acuerdan nuevo régimen energético
Perdió una pierna en el trabajo y reclama: “Me rompieron la vida y no pagan”
El programa Mirar Mejor llega este miércoles a Olegario Víctor Andrade
Juicio a sicarios: Díaz esquivó el primer disparo y recibió seis en el piso
Santiago Ramonda: la voz posadeña del hard rock que suena hasta en Japón
Buscan en Iguazú al acusado de balear a un joven y su madre
Operativo internacional en fronteras moviliza a más de 500 policías en Misiones
Rovira no estará en la sesión de mañana de la Legislatura
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
Fuerte armado de LLA en Oberá con la mira puesta en 2027
El Gobierno, entre una pelea que no convence y un gabinete que no se diferencia
Rechazan a Padilla por vincular el consumo problemático con los artistas
Fiscal pidió perpetua para la madre de Belén: “La dejó morir de hambre y sed”
La diputada Rita Flores despistó su vehículo y resultó ilesa en Gobernador López
Demandarán al Estado a 50 años de la muerte de Irrazábal y Ayrault
Niña de 5 años se reencontró con su peluche perdido en terminal Quaranta
Cierran Cataratas por crecida del río Iguazú que arrastró pasarelas
Cacho Bárbaro: “A Milei le patina, Massa tiene las herramientas para gobernar”
Macri en Posadas: “¿Cómo va a hacer Milei para gobernar sin gobernadores?”
Tercer día de reclamo en Jefatura: “No nos vamos a ir con las manos vacías”
Realizarán curso de educación ambiental con puntaje docente
-
Política hace 6 díasRovira no estará en la sesión de mañana de la Legislatura
-
Judiciales hace 4 díasCaso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
-
Prensa Institucional hace 4 díasFuerte armado de LLA en Oberá con la mira puesta en 2027
-
Opinión hace 3 díasEl Gobierno, entre una pelea que no convence y un gabinete que no se diferencia
-
Cultura hace 6 díasRechazan a Padilla por vincular el consumo problemático con los artistas
-
Judiciales hace 6 díasFiscal pidió perpetua para la madre de Belén: “La dejó morir de hambre y sed”
-
Policiales hace 4 díasLa diputada Rita Flores despistó su vehículo y resultó ilesa en Gobernador López
-
Política hace 5 díasSzychowski por ausencia de Rovira: “Nuestra obligación es venir y dar la cara”