Judiciales
Contrabando en clave futbolera: los chats entre paseros y aduaneros

“¿Puedo ir a jugar?”, “¿Hay partido?”, “¿Se juega hoy?”, “Avisame cuando hacés el cambio”, “voy con la pelota”. Los mensajes encriptados en clave futbolera eran intercambiados entre paseros paraguayos y cuatro aduaneros que desde el martes pasado son juzgados por integrar una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas para facilitar el contrabando de mercaderías en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que Posadas con Encarnación.
Los acusados son Lorenzo René Juárez (67), Francisco Antonio Llorente (64), Orlando Ariel Alfonso (56) y Bernardino Castor Esquivel (51), quienes llegaron a juicio más de siete años después del operativo que destapó un entramado de corrupción que permitía el ingreso al país de una infinidad de vehículos paraguayos repletos de mercadería de contrabando.
Todos ellos están imputados por los delitos de “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, en calidad de coautores”, mientras que Alfonso además suma otra acusación por “contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero”.
El debate oral en sus contra, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el martes pasado, instancia en la que se dio lectura al requerimiento de elevación de la causa, lo que permitió exponer parte de plexo probatorio del expediente, el cual se sustenta en un amplio contenido de escuchas telefónicas y registros de conversaciones de texto que estaban cifradas con léxico futbolístico.
Inicio
La investigación tuvo génesis el 24 de agosto de 2016, tras una denuncia radicada por el Administrador de la Aduana en aquel entonces, quien había advertido una serie de situaciones extrañas en la zona primaria aduanera, por ejemplo, vehículos paraguayos que ante su presencia abandonan el ingreso al país y retornaban hacia Encarnación.
Esa denuncia, a su vez, se conectó con un expediente abierto dos meses antes en la Justicia Federal tras el secuestro de cuatro vehículos abarrotados con cigarrillo y otros productos extranjeros que habían logrado cruzar la frontera, pero cayeron en controles de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Lo que se hizo entonces, fue identificar cada uno de los vehículos con sus respectivas patentes y revisar las cámaras de seguridad del puente internacional para determinar en qué días y horarios traspusieron el viaducto, para así delimitar al personal aduanero que pudiera estar involucrado en la maniobra.
Fueron once agentes los que quedaron bajo la lupa inicialmente. Sus comunicaciones fueron interceptadas mediante orden judicial y gracias a eso la lista de sospechosos se redujo a los cuatro hombres que hoy enfrentan un juicio oral y público en el TOF posadeño.

El tribunal y uno de los acusados conectado en forma telemática.
Escuchas
Una de las primeras escuchas incorporadas como prueba data del 28 de octubre de 2016 e involucra a Orlando Alfonso, más conocido como Kiwi. Entre las comunicaciones de ese día surge un llamado que recibió de parte de un abonado paraguayo, donde le preguntan “¿Hoy vamos a jugar un partidito?” y él responde: “Hoy no, porque estoy en salida yo”.
Ese diálogo fue tan solo el puntapié inicial para que todo el esquema de corrupción que había permitido el ingreso de mercadería de contrabando al país durante un año entero volara por los aires más tarde.
Los investigadores indagaron después en los chats de los sospechosos, descubriendo conversaciones mantenidas con múltiples ciudadanos paraguayos dedicados al cruce de productos extranjeros, diálogos que se efectuaban en léxico futbolístico como clave, donde los paseros eran los “jugadores”, los aduaneros eran los “DT” y los carriles eran las “canchas”.
Kiwi Alfonso es uno de los “DT” que aparece dando una mayor cantidad de indicaciones a sus jugadores, como así también era el blanco de la mayoría de las consultas. En una de las conversaciones que le atribuyen avisa “mañana juegan en la cancha 3” y pide que “lleven la tricota”, lo que para los fiscales de instrucción estos códigos podían ser el carril 3 donde él estaba y los $300 o $3.000 que costaba el “pase”.
De los diálogos también se apuntan hechos de coimas a integrantes de fuerzas de federales, ocultamiento de mercadería en depósitos más tarde allanados en cercanías a la Placita del Puente y algunas maniobras que se frustraron, ya sea por desinteligencias o por revisiones para disimular, entre otras revelaciones.
Después de recabar información durante un año entero, la jueza María Verónica Skanata dio la orden y el 10 de octubre de 2017 la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó el operativo que desarticuló el ardid, con la detención de los aduaneros y el allanamiento de varios inmuebles.

La fiscal Vivian Barbosa y la querellante por Arca Rossana Sienra.
Asociación ilícita
En el requerimiento de elevación a juicio de la causa, el fiscal Diego Stehr acusó a los cuatro implicados de haber “montado”, “coordinado” e “integrado” una “asociación ilícita de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita” relacionada al contrabando de mercaderías sin aval aduanero.
Stehr además estimó que la organización operó desde “al menos agosto de 2016 hasta octubre de 2017” y entre sus consideraciones también señaló que el ardid no solo generó un perjuicio económico para el erario público, sino que también afectó a los comerciantes misioneros producto de la asimetría de precios que existía entre el vendedor formal y el informal.
El juicio oral continuará el lunes, a partir de las 8.30. Se prevé la culminación de la lectura de los instrumentos probatorios pendientes, para después declarar abierto el debate y dar a los imputados la oportunidad de brindar declaración indagatoria ante las partes.
El tribunal es presidido por el magistrado subrogante chaqueño Enrique Bosch e integrado por los jueces originales del TOP Posadas, Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Cardozo.
En representación del Ministerio Público Fiscal interviene Vivian Barbosa, mientras que como querellante particular en representación de Arca (ex Afip) participa la abogada Rosana Sienra.
Los imputados Alfonso yJuárez son defendidos por el letrado Ramón Camargo, en tanto que por Llorente actúa Luis Palma y por Castor Esquivel interviene Roberto Benítez.
Judiciales
Piden reconocer el crimen de Carlos Tereszecuk como de lesa humanidad

La Fiscalía Federal de Resistencia solicitó que se dicte una sentencia por el derecho a la verdad en el caso del militante misionero Carlos Enrique Tereszecuk, detenido, torturado, asesinado y desaparecido en noviembre de 1976, tras su paso como preso político en la Jefatura de la Policía chaqueña.
El pedido fue formulado por el fiscal ad hoc de Derechos Humanos Diego Vigay a la jueza federal Zunilda Niremperger, con el objetivo de que se reconstruya lo sucedido y que se establezca que el misionero fue ultimado por razones políticas, declarándolo así víctima de un crimen de lesa humanidad en el marco de las acciones de terrorismo de Estado perpetrado por el régimen militar que llevó adelante un gobierno de facto en el país entre 1976 y 1983.
El requerimiento se da a raíz del fallecimiento de los máximos responsables de la Jefatura de Policía del Chaco en 1976, los comisarios Carlos Thomas, Wenceslao Ceniquel y Lucio Humberto Caballero, y ante la imposibilidad de avanzar con la identificación de otros responsables del secuestro y la desaparición de Tereszecuk, cuyos restos recién fueron identificados en 2018 gracias a un trabajo del prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Los familiares de Tereszecuk acompañaron el planteo al considerar que un pronunciamiento de este tipo garantiza el derecho a la verdad con un sentido de reparación y contribuye a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad.

Tereszecuk -al medio- junto a otros militantes misioneros.
Detenido, torturado, asesinado y desaparecido
Para la fiscalía, las pruebas recolectadas permiten reconstruir que el misionero fue secuestrado en los primeros días de noviembre de 1976 y posteriormente fue llevado a la Jefatura de la Policía de Resistencia, donde fue alojado en un primer piso acondicionado como Centro Clandestino de Detención, que estaba dirigido de manera conjunta entre la fuerza provincial y el Ejército Argentino.
Tereszecuk fue visto en ese lugar en pésimas condiciones de salud como consecuencia de las graves y diversas torturas padecidas. Su deterioro físico era tal que, según los testimonios recogidos, ya ni podía mantenerse en pie y necesitó ayuda hasta para bañarse.
En la segunda semana de noviembre finalmente fue asesinado y arrojado al río Paraná. Sus restos fueron encontrados días después en la costa de Empedrado y el misionero fue sepultado como NN en el cementerio local.
Los investigadores entienden que entonces que el caso Tereszecuk “su secuestro, tortura y homicidio se produjo en un contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas, dirigida contra la población, y que tenía como objetivo la detención y exterminio de todo aquel que encuadrara en lo que se etiquetaba como opositores al régimen”.
El pronunciamiento requerido también solicita que la Justicia declare al arrojamiento de cuerpos al río Paraná como una maniobra sistemática, respondiendo a un patrón común de ejecuciones por parte de las fuerzas armadas durante la dictadura.
“Cuerpos desnudos, atados con alambres en manos y pies, con disparos de ejecución en el pecho o el cráneo, con la yema de los dedos cortados para obstaculizar su individualización y con un corte importante en el abdomen para intentar que no flotaran”, reconstruye la fiscalía.

Sus restos fueron identificados en 2018 gracias al trabajo del EAAF.
Carlos Tereszecuk
Carlos Enrique Tereszecuk nació en Posadas en 1952. Estudió para ser sacerdote en el Seminario de Fátima de Córdoba, pero abandonó la carrera.
Luego tuvo una activa militancia estudiantil y política, siendo elegido en 1974 vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Nacional de Misiones y en 1975 participó de la campaña electoral del Partido Auténtico, pasando a ser secretario de los diputados provinciales electos Juan Figueredo y Pablo Fernández Long.
Como secretario legislativo realizó un gran trabajo con representantes de gremios, comisiones barriales, colonos, tareferos, trabajadoras de casas particulares, siendo el autor de diversos proyectos de ley de protección de sus derechos.
En 1975 un operativo de efectivos de civil intentó secuestrarlo en la Cámara de Diputados, pero pudo escapar, debiendo pasar a la clandestinidad.
En 1976 se refugió en Corrientes, siendo visto finalmente como detenido político y muy torturado en la Jefatura de Policía de Resistencia Chaco.
Con la vuelta de la democracia su hermano Norberto Tereszecuk realizó la denuncia en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y ante el Juzgado Federal de Resistencia.
Judiciales
Estafaba con causas de lesa humanidad y recibió 14 años de cárcel por abuso

El misionero Adrián Martínez Moreira, procesado por liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura, fue condenado por el Tribunal Oral Criminal 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) a 14 años de prisión por la violación de un muchacho, a quien para abusarlo le dio tres puñaladas en la espalda y lo privó de su libertad, amenazándolo con dejarlo desangrarse si no le prometía que no formularía ninguna denuncia.
Según el fallo de los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Valeria Rico, al que accedió La Voz de Misiones, el acusado, cuyo nombre real es Matías Ezequiel López, fue encontrado “plenamente responsable” de “abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades, dos de ellas agravado por el uso de arma, y hurto”.
El misionero se encontraba guardando prisión preventiva desde agosto del año pasado, esperando el desenlace del juicio oral por el hecho ocurrido en mayo de 2024 en su departamento, adonde mediante engaños había llevado a su víctima.
Según confiaron a LVM fuentes judiciales, entre los elementos de prueba, figuraban mensajes de Whatsapp Martínez Moreira con otros hombres, con quienes también habría empleado la misma metodología, y de hecho el misionero está procesado por otro caso de abuso, que habría ocurrido en julio de 2024, semanas antes de que el TOC porteño dictara su prisión preventiva en la causa por la que fue condenado ahora.
“Llevaba gente vulnerable y las abusaba bajo presión”, comentaron las fuentes y explicaron, en relación con este último caso que desembocó en su condena: “Esto era lo mismo, pero agarró un cuchillo porque parece que el tipo se quiso defender”.
“En un chat un tipo le decía ‘no puedo, estoy descompuesto con mi hijito’; él le decía ‘subí igual y lo dejamos por ahí’; el tipo vomitó y no subió”, relataron.
Fabulador
Martínez Moreira y otras cuatro personas están, asimismo, procesadas por conformar una organización criminal que engañaba a víctimas y familias de víctimas de la dictadura y estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones por crímenes de lesa humanidad.
El misionero se presentaba desde hace años como hijo de una pareja de militantes paraguayos desaparecidos durante la dictadura del general Alfredo Stroessner, y viene acumulando denuncias desde 2015.
Entre las figuras penales incorporadas a la investigación se encuentran acciones judiciales que Martínez Moreira encaminó en la Justicia Federal de Posadas, donde se sospecha pudo haber utilizado testigos falsos y documentos adulterados.
Según la investigación judicial, la banda liderada por el misionero comenzó a operar en 2013, a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.
Martínez Moreira y su grupo se presentaban como abogados, pero distintas investigaciones periodísticas sostienen que no hay registro de ninguno de ellos en los colegios profesionales de Caba y la provincia de Buenos Aires.
El misionero afirmaba, además, ser sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y haber cursado el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Nada de esto era cierto. Tampoco su nombre. Una investigación de la Procuración General de la Nación (PGN) determinó que su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico, y cuya nueva familia lo anotó como Ezequiel Matías López.
Judiciales
Imputaron a acusado de matar y arrancarle los ojos a su víctima en San Vicente

El joven acusado de matar y arrancarle los ojos a su compañero de tragos en San Vicente se abstuvo de declarar y fue imputado, por lo que continuará detenido mientras avanza la investigación del hecho ocurrido el 29 de julio.
El sospechoso identificado como Franco Antonio D. L. (19) fue trasladado ayer a la mañana al Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, donde compareció ante el magistrado Gerardo Casco y optó por guardar silencio, tal como lo ampara su derecho.
En esa misma instancia fue notificado del hecho que se investiga, de las pruebas que lo incriminan y fue formalmente imputado por el delito de homicidio simple, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El joven está acusado por el asesinado del tarefero Luis Salvador Batista Da Silva (18), cuyo sin vida fue encontrado el 29 de julio en medio de un yerbal ubicado a la altura del kilómetro 5 de la ruta provincial 13.
El cuerpo estaba semidesnudo, rodeado de malezas y completamente embarrado. Tenía escoriaciones en la espalda, heridas cortantes en el rostro, cavidad bucal y mentón, además de contusiones en el cuero cabello y, lo más extremo, la ausencia de ambos globos oculares.
Una comisión policial inició la pesquisa tendiente a esclarecer lo sucedido y en ese marco establecieron que Batista Da Silva estaba desaparecido desde el domingo a la noche.
Los agentes reconstruyeron que ese domingo, hasta aproximadamente las 22, estuvo compartiendo bebidos alcohólicas con un joven de 19 años, con quien además salió caminando en dirección al lugar donde casi dos días después se encontró el cadáver de la víctima.
Ese joven que aparece como la última persona en tener contacto con Batista Da Silva se trata de Franco Antonio D. L., domiciliado en el barrio Tarumá de San Vicente, quien ahora se encuentra imputado por el caso.
Testimonios señalan que esa misma noche el muchacho llegó a la casa de sus familiares con los ojos de su víctima en la mano y señaló que asesinó a su compañero “porque era el Diablo”.
Encontraron un cadáver sin ojos en un yerbal de San Vicente: un detenido
-
Policiales hace 7 días
Homicidio en barrio San Jorge: la víctima era enfermero y trabajador municipal
-
Policiales hace 7 días
Denuncian segundo caso de infección tras aplicación de Dipirona en Candelaria
-
Policiales hace 19 horas
Masacre en el barrio San Lorenzo: heridos permanecen con pronóstico reservado
-
Policiales hace 21 horas
Mató a machetazos a dos hijos, hirió a dos familiares y se suicidó en Posadas
-
Policiales hace 3 días
Santiago Pissani se defendió en un comentario de Instagram: “No vi el perrito”
-
Policiales hace 11 horas
La mujer que sobrevivió a la masacre del barrio San Lorenzo está embarazada
-
Policiales hace 18 horas
Masacre en barrio San Lorenzo: “Solo una bestia es capaz de hacer eso”
-
Policiales hace 3 días
Automovilista fue acribillado sobre la ruta 211 en El Alcázar y sobrevivió