Judiciales
Contrabando en clave futbolera: los chats entre paseros y aduaneros

“¿Puedo ir a jugar?”, “¿Hay partido?”, “¿Se juega hoy?”, “Avisame cuando hacés el cambio”, “voy con la pelota”. Los mensajes encriptados en clave futbolera eran intercambiados entre paseros paraguayos y cuatro aduaneros que desde el martes pasado son juzgados por integrar una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas para facilitar el contrabando de mercaderías en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que Posadas con Encarnación.
Los acusados son Lorenzo René Juárez (67), Francisco Antonio Llorente (64), Orlando Ariel Alfonso (56) y Bernardino Castor Esquivel (51), quienes llegaron a juicio más de siete años después del operativo que destapó un entramado de corrupción que permitía el ingreso al país de una infinidad de vehículos paraguayos repletos de mercadería de contrabando.
Todos ellos están imputados por los delitos de “asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho, en calidad de coautores”, mientras que Alfonso además suma otra acusación por “contrabando de importación agravado por la intervención de un funcionario aduanero”.
El debate oral en sus contra, que se desarrolla en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el martes pasado, instancia en la que se dio lectura al requerimiento de elevación de la causa, lo que permitió exponer parte de plexo probatorio del expediente, el cual se sustenta en un amplio contenido de escuchas telefónicas y registros de conversaciones de texto que estaban cifradas con léxico futbolístico.
Inicio
La investigación tuvo génesis el 24 de agosto de 2016, tras una denuncia radicada por el Administrador de la Aduana en aquel entonces, quien había advertido una serie de situaciones extrañas en la zona primaria aduanera, por ejemplo, vehículos paraguayos que ante su presencia abandonan el ingreso al país y retornaban hacia Encarnación.
Esa denuncia, a su vez, se conectó con un expediente abierto dos meses antes en la Justicia Federal tras el secuestro de cuatro vehículos abarrotados con cigarrillo y otros productos extranjeros que habían logrado cruzar la frontera, pero cayeron en controles de la Prefectura Naval Argentina (PNA).
Lo que se hizo entonces, fue identificar cada uno de los vehículos con sus respectivas patentes y revisar las cámaras de seguridad del puente internacional para determinar en qué días y horarios traspusieron el viaducto, para así delimitar al personal aduanero que pudiera estar involucrado en la maniobra.
Fueron once agentes los que quedaron bajo la lupa inicialmente. Sus comunicaciones fueron interceptadas mediante orden judicial y gracias a eso la lista de sospechosos se redujo a los cuatro hombres que hoy enfrentan un juicio oral y público en el TOF posadeño.

El tribunal y uno de los acusados conectado en forma telemática.
Escuchas
Una de las primeras escuchas incorporadas como prueba data del 28 de octubre de 2016 e involucra a Orlando Alfonso, más conocido como Kiwi. Entre las comunicaciones de ese día surge un llamado que recibió de parte de un abonado paraguayo, donde le preguntan “¿Hoy vamos a jugar un partidito?” y él responde: “Hoy no, porque estoy en salida yo”.
Ese diálogo fue tan solo el puntapié inicial para que todo el esquema de corrupción que había permitido el ingreso de mercadería de contrabando al país durante un año entero volara por los aires más tarde.
Los investigadores indagaron después en los chats de los sospechosos, descubriendo conversaciones mantenidas con múltiples ciudadanos paraguayos dedicados al cruce de productos extranjeros, diálogos que se efectuaban en léxico futbolístico como clave, donde los paseros eran los “jugadores”, los aduaneros eran los “DT” y los carriles eran las “canchas”.
Kiwi Alfonso es uno de los “DT” que aparece dando una mayor cantidad de indicaciones a sus jugadores, como así también era el blanco de la mayoría de las consultas. En una de las conversaciones que le atribuyen avisa “mañana juegan en la cancha 3” y pide que “lleven la tricota”, lo que para los fiscales de instrucción estos códigos podían ser el carril 3 donde él estaba y los $300 o $3.000 que costaba el “pase”.
De los diálogos también se apuntan hechos de coimas a integrantes de fuerzas de federales, ocultamiento de mercadería en depósitos más tarde allanados en cercanías a la Placita del Puente y algunas maniobras que se frustraron, ya sea por desinteligencias o por revisiones para disimular, entre otras revelaciones.
Después de recabar información durante un año entero, la jueza María Verónica Skanata dio la orden y el 10 de octubre de 2017 la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutó el operativo que desarticuló el ardid, con la detención de los aduaneros y el allanamiento de varios inmuebles.

La fiscal Vivian Barbosa y la querellante por Arca Rossana Sienra.
Asociación ilícita
En el requerimiento de elevación a juicio de la causa, el fiscal Diego Stehr acusó a los cuatro implicados de haber “montado”, “coordinado” e “integrado” una “asociación ilícita de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y capacidad para articular acciones de modo de sostener el desarrollo de la actividad ilícita” relacionada al contrabando de mercaderías sin aval aduanero.
Stehr además estimó que la organización operó desde “al menos agosto de 2016 hasta octubre de 2017” y entre sus consideraciones también señaló que el ardid no solo generó un perjuicio económico para el erario público, sino que también afectó a los comerciantes misioneros producto de la asimetría de precios que existía entre el vendedor formal y el informal.
El juicio oral continuará el lunes, a partir de las 8.30. Se prevé la culminación de la lectura de los instrumentos probatorios pendientes, para después declarar abierto el debate y dar a los imputados la oportunidad de brindar declaración indagatoria ante las partes.
El tribunal es presidido por el magistrado subrogante chaqueño Enrique Bosch e integrado por los jueces originales del TOP Posadas, Manuel Alberto Jesús Moreira y Gustavo Cardozo.
En representación del Ministerio Público Fiscal interviene Vivian Barbosa, mientras que como querellante particular en representación de Arca (ex Afip) participa la abogada Rosana Sienra.
Los imputados Alfonso yJuárez son defendidos por el letrado Ramón Camargo, en tanto que por Llorente actúa Luis Palma y por Castor Esquivel interviene Roberto Benítez.
Judiciales
Juzgan al ex prefecto Barceló por múltiples violaciones contra una subalterna

Esta mañana, en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, comenzó el juicio oral contra el ex subprefecto bonaerense Jorge Daniel Barceló (39), acusado de siete conductas delictivas perpetradas contra una misma subalterna, hechos que van desde hostigamiento, maltrato, amenazas coactivas, acoso laboral y hasta reiterados abusos sexuales cometidos mientras compartían horas de servicio.
Este jueves, en la primera de doce jornadas previstas en total, y con el imputado conectado de manera virtual desde el penal de Marcos Paz, el tribunal procedió a dar lectura del requerimiento de elevación de la causa, que en la etapa de instrucción fue accionada por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y dirigida por la jueza federal María Verónica Skanata.
En ese instrumento probatorio constan todas las acusaciones que pesan contra Barceló, que al momento del hecho se desempeñaba como primer jefe de la Oficina de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (Sipa) de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Posadas, con varios agentes designados a su cargo, entre ellos la víctima, una joven subalterna que cumplía funciones en la Estación de Buceo, con especializaciones y condecoraciones por su labor.
Según denunció la víctima, la extensa secuencia de hechos tuvo inicio a comienzos de 2020, apenas unos meses después del arribo de Barceló, que anteriormente estaba en Quequén, provincia de Buenos Aires.
Era el 8 de febrero de 2020 cuando la joven, que además estaba en pareja en un prefecto retirado y tenía dos hijos menores, se fracturó un brazo en un accidente de tránsito y Barceló le asignó tareas a pesar de que la muchacha estaba impedida de hacerlo, ya que lo correspondiente era el otorgamiento de una licencia médica.
La situación se agravó un mes después, más precisamente el 4 de marzo, cuando el subprefecto arrimó la silla de su computadora hacia la joven y abrazándola a la altura de los hombros la “invitó a salir”.
La invitación recibió un rechazo de parte de la muchacha, ante lo cual Barceló cambió completamente de actitud y al día siguiente exigió la presentación del certificado médico por la lesión de febrero, aunque para ese entonces ya había vencido el plazo para la presentación del documento, ante lo cual incurrió en una irregularidad que le significó una sanción.
En ese marco, el jefe comenzó con amenazas coactivas de más sanciones o de calificaciones negativas contra la joven, además de ejercer violencia psicológica, física, verbal y actos de acoso constante. Para la fiscalía todas estas acciones conforman un solo hecho y se encuadran como “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario pública y amenazas coactivas”.

El juicio se realiza en el Tribunal Oral Federal de Posadas y el acusado sigue el debate desde una celda de Marcos Paz.
Abusos
Pero eso fue tan solo el comienzo del infierno que la víctima denunció padecer de allí en adelante, con cinco hechos de abuso sexual en total, algunos en grado de tentativa, otros de tipo simple y tres violaciones consumadas, con acceso carnal.
De acuerdo al testimonio de la denunciante, el primer abuso ocurrió en 2021, un día en que fue abordada en el baño de la oficina de Sipa y luego llevada a la fuerza hacia el camarote masculino, donde en primera instancia fue manoseada y luego accedida carnalmente. Incluso, la joven narró que después del hecho Barceló “se fue a hacer un mate como si nada”.
El segundo caso de abuso sucedió pocos meses después, durante un servicio que ambos prestaron en Puerto Rico y mientras se alojaban en un inmueble de la misma fuerza, que linda con el edificio de la delegación de PNA en esa localidad.
En esa ocasión, la agente fue abordada después de la ducha y nuevamente sufrió tocamientos, aunque lo peor sucedió después, cuando Barceló la convenció de dar una caminata para “charlar” sobre lo sucedido, aunque volvió a insinuarse sexualmente, recibiendo otro rechazo.
Ante ello -denunció la víctima-, el subprefecto la llevó hacia un descampado, donde la arrojó al piso y volvió a violarla, provocándole además lesiones en distintas partes del cuerpo.
El calvario de la joven se extendió durante un largo tiempo, período en el cual debió continuar compartiendo funciones con su abusador, que además era su jefe, con toda la significancia jerárquica que ello conlleva dentro de una fuerza.
Ya en 2022, en medio de tareas para el rescate de un barco hundido, el subprefecto volvió a realizar tocamientos contra la muchacha y un tiempo después consumó un último hecho abuso sexual con acceso carnal.

El Ministerio Público Fiscal es representado por Pablo Di Loreto.
Denuncia y juicio
Todo este historial de abusos fue finalmente expuesto en una denuncia que la uniformada radicó el 28 de octubre de 2022, lo cual dio inicio a una investigación que quedó manos de la fiscal federal Silvina Gutiérrez.
Barceló fue llevado a indagatoria tiempo después, el 26 de julio de 2023, instancia en la que se defendió de las acusaciones, alegando que todo consistió en una “falsa denuncia” orquestada para apartarlo de su cargo.
Desde ese momento el implicado se encuentra alojado en la Unidad Penal II de Marcos Paz, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
El juicio en su contra comenzó hoy y se extenderá a lo largo de doce jornadas, aunque solo la audiencia de inicio y la audiencia de cierre serán abiertas al público, medida dispuesta para evitar la revictimización de la denunciante durante el aporte de testigos o la exhibición de pruebas que puedan herir su honor.
El tribunal encargado de llevar adelante es presidido por el magistrado Gustavo Cardozo e integrado por sus pares Manuel Alberto Jesús Moreira y Enrique Bosch.
En representación de la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que como Defensora Pública de la Víctima participa la letrada Andreina Fossatti. El acusado es defendido por los abogados particulares Federico Tilli y Cristian Bareiro.
Judiciales
Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex

Juana Maciel, la joven mbya guaraní asesinada el lunes a la madrugada en la comunidad Yryapú de Puerto Iguazú, recibió un total de 27 puntazos, uno de los cuales le perforó un pulmón.
Así lo determinó el examen forense efectuado el martes en la morgue judicial de Posadas y notificado en las últimas horas al Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites.
El informe con los primeros resultados de autopsia marca que el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.
De ese total de puñaladas, detallaron los forenses que uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.
Tras recibir este informe, el magistrado interviniente dispuso que Ismael Centurión (29), ex pareja de Maciel e integrante de la misma comunidad mbya, comparezca en audiencia de declaración indagatoria como único sospechoso del crimen.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, al momento de comparecer ante la Justicia Centurión se abstuvo de declarar y fue imputado formalmente por el delito de homicidio agravado por femicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
Tras cumplimentar el procedimiento judicial, el acusado volvió a ser alojado en una celda dependiente de la Unidad Regional V de la Policía y allí permanecerá mientras avance la instrucción de la causa en su contra.
Judiciales
Ex empleado municipal firmó 18 años de prisión por un homicidio en El Soberbio

Esta mañana debía comenzar en el Tribunal Penal Uno de Oberá el juicio oral por el homicidio del camionero Alberto Alvez Da Costa (33), perpetrado en enero de 2022 en un bar de la localidad de El Soberbio, pero el proceso debió suspenderse dado que el único imputado por el hecho decidió firmar un acuerdo de juicio abreviado por 18 años de prisión.
Julio “Polaco” De Cuadros (53) es el nombre del acusado, quien ahora admitió su responsabilidad en el caso y aceptó ser condenado como autor del delito de “homicidio simple”, acuerdo que ahora debe ser homologado por los jueces del tribunal obereño, integrado por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y un subrogante designado para la ocasión.
El hecho que iba a ser ventilado en debate este miércoles tuvo lugar en la madrugada del 3 de enero de 2022, cuando De Cuadros y Da Costa, más conocido como Toto Polinario, se enfrentaron tras una discusión registrada en el Bar de Jair, ubicado en el barrio Unión de El Soberbio.
La víctima sufrió al menos dos puntazos con un arma blanca y falleció a los pocos minutos, mientras que De Cuadros, que hasta ese momento se desempeñaba como empleado municipal, escapó del lugar pero fue ubicado y detenido poco después.
El sindicado homicida permanece privado de su libertad desde ese momento y deberá continuar varios años en esa condición para purgar su pena en la Unidad Penal II de Oberá.
Lo mató a puñaladas tras una gresca en un bar de El Soberbio
-
Policiales hace 6 días
Misionera fue agredida a golpes por dos hombres en Dionisio Cerqueira
-
Policiales hace 5 días
Misionera y su novia atacadas a golpes en Brasil: “Tenemos miedo de salir”
-
Política hace 4 días
Cambios en la lista de Amarilla: “La Renovación bajó a los opositores”
-
Policiales hace 3 días
Joven arquitecta falleció en el despiste de una camioneta sobre la ruta 103
-
Policiales hace 6 días
Dos misioneros se alzaron con USD 350.000 con el cuento del tío en Entre Ríos
-
Policiales hace 6 días
Misionero murió al despistar con su camión sobre la ruta 12 en Entre Ríos
-
Policiales hace 1 día
Corridas, piñas y tiros en La Placita: un comerciante herido de un disparo
-
Política hace 5 días
Tribunal Electoral oficializó candidatura a diputado provincial de Ramón Amarilla