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Confirman procesamiento de nueve imputados por vender droga en Oberá

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La Cámara Federal de Apelaciones rechazó un recurso de apelación presentado por uno de los nueve imputados en el expediente que investiga el accionar de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en Oberá y de esta manera quedó firme el procesamiento de la denominada “banda de Gabi”, desbaratada el año pasado tras doce allanamientos.

La apelación fue presentada por la defensa de Gustavo Alejandro “Pantera” Arriola, quien planteó que la investigación realizada por la Policía de Misiones no logró acreditar la vinculación del imputado con el resto de la organización investigada y cuestionó la aplicación de la prisión preventiva al considerar que no existen indicadores de riesgo de fuga.

De esta manera, en la causa intervino la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, cuyos magistrados resolvieron en las últimas horas rechazar el planteo y confirmar todo lo actuado por el Juzgado Federal de Oberá, encargado de la investigación iniciada en 2021 y cuyos procedimientos se ejecutaron en abril de 2022.

En la resolución dictada recientemente y publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ), los camaristas realizaron un repaso con respecto al inicio de la pesquisa y de las pruebas recolectadas durante el proceso, en la cual se señala que la investigación inició partir de una denuncia con reserva de identidad donde se apuntaba el funcionamiento de una banda que desde 2016 se dedicada a la comercialización de estupefacientes (marihuana, cocaína, LSD y más) en Oberá.

La investigación quedó en manos de la División Drogas Peligrosas, dependiente de la Unidad Regional II de la Policía de Misiones, y logró individualizar a un total de nueve implicados, entre ellos a su sindicado líder Francisco Gabriel “Gabi” Monje, como así también establecer los vínculos entre cada uno de los integrantes de la banda y ubicar los puntos de venta.

En el expediente también se incorporaron cuadernos con anotaciones y peritajes telefónicos que permitieron determinar vínculos y diálogos entre Gabi y Pantera, relacionados a la dinámica y esquema de provisión de drogas,  acuerdos vinculados a la precio de la mercancía y puntos de venta.

“Contrariamente a lo sostenido por el apelante, la relación existente entre Arriola y Monje no solo se verifica a través de los informes suministrados por los funcionarios policiales con respaldo fotográfico y fílmico que evidencian la conexión de Arriola con la organización, sino además mediante los peritajes practicados a los teléfonos celulares secuestrados cuyo contenido desvirtúa el planteo de la defensa acerca de la ajenidad de su asistido en los hechos”, señalaron en su fallo los jueces de la cámara.

Ante estos argumentos, la Justicia resolvió no hacer lugar al planteo defensivo y confirmar el procesamiento de Pantera, que fue el único que apeló la medida.

De esta manera, tanto Monje como Arriola y los otros siete acusados quedaron imputados como “autores penalmente responsables del delito del delito de Tenencia de Estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas en forma organizada”.

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Crimen de Wiebel: su ex suegro se abstuvo y fue imputado por homicidio

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Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.

La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.

En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.

Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.

Testimoniales y querella

Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.

En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.

Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.

Madre del piloto Wiebel: “No voy a permitir que se desdibuje la verdad”

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Admitió haber matado a machetazos a su vecina y firmó un abreviado por perpetua

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Casi cuatro años después del hecho, el hombre acusado de asesinar a machetazos a su vecina Rosula Concepción Benitez Garcete (73) admitió su culpabilidad y aceptó ser condenado a prisión perpetua.

Se trata de Héctor Raúl Fernández (33), quien esta mañana debía sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Uno de Eldorado para enfrentar un debate oral como autor del delito de “amenazas calificadas por el uso de arma blanca y homicidio calificado por alevosía en concurso real”.

Sin embargo, horas antes tomó otra decisión y finalmente decidió admitir su responsabilidad en el hecho, aceptando la pena de prisión perpetua. El acuerdo fue alcanzado entre el imputado, su defensa y la fiscalía, lo cual ahora debe ser homologado por los magistrados del tribunal para transformarse en sentencia.

El hecho que Fernández confesó ocurrió el 5 de noviembre de 2022, en el paraje Aguaray Guazú de Puerto Esperanza, donde atacó a machetazos a su vecina Benítez Garcete, de 73 años y no vidente.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites, aquella tarde Fernández se dirigió a la casa de sus vecinos y con un machete en manos amenazó de muerte al esposo de Benítez Garcete.

En esas circunstancias, apareció el padre de Fernández, que lo retiró del lugar, pero minutos más tarde el imputado regresó a la casa de sus vecinos, donde la mujer se encontraba sola debido a que su esposo se había dirigido a la comisaría para radicar la denuncia del primer suceso.

Allí Benítez Garcete fue atacada a machetazos y falleció tras más de una semana internada en terapia intensiva como consecuencia de las graves lesiones sufridas, principalmente en la cabeza.

Las pericias del caso revelaron que el homicida registraba 2,5 gramos de alcohol en sangre y bajo ese estado pretendió ser declarado inimputable, aunque los planteos tuvieron respuesta negativa.

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Compañeros de Barreto reconstruyeron la fuga y colisión que provocó su muerte

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El juicio contra Rodrigo Dias Da Silva (27), imputado por chocar y matar al gendarme Robert David “Chato” Barreto (31) a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando, continuó esta mañana con la declaración de cuatro camaradas de la víctima, quienes relataron de qué manera sucedieron los hechos durante aquella tarde del 14 de septiembre de 2024 sobre la ruta provincial 103.

Ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), los cuatro testigos citados coincidieron en que el implicado hizo caso omiso al control dispuesto y en medio de la huida arrolló a Barreto, que murió minutos después de su traslado a un centro asistencial.

El primero en declarar fue el sargento primero Eduardo Corro, encargado de la patrulla que aquel día se instaló sobre ruta provincial 103, poco después del acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana para efectuar un control preventivo.

El uniformado se apoyó en un croquis para describir de qué manera se instaló en el control. Contó que en total eran cinco efectivos y describió que tenían cinco conos distribuidos sobre el asfalto y que cada uno de ellos contaba con chaleco refractario, además de contar con una camioneta Agrale Marrua de la institución al costado de la arteria.

“El primer cono estaba a 250 metros del puesto de control y el segundo cono estaba a 150 metros. Yo estaba ahí. Mi función era la de encausar el tránsito”, detalló Corro, que a la vez describió que “el clima estaba despejado, óptimo, con una buena visibilidad”.

Sobre el hecho, narró que “la camioneta hizo caso omiso a mis señales y cuando llegó hasta mí me hice a un lado. Cuando me pasó escuché que aceleró más y de ahí ya no pude ver mucho más, solo veía la parte de atrás de la camioneta. La camioneta perdió el control, se fue hacia la banquina y volcó”.

El sargento primero Eduardo Corro hizo un croquis y se quebró al recordar a su camarada.

Corro aseguró que en primera instancia no notó que la Amarok haya atropellado a su compañero y recién lo advirtió minutos después. “Me acerco y veo a una persona adentro de la camioneta y bultos con cigarrillo. Después busco a mi gente y no encontraba a Barreto. Él estaba más allá, en el suelo, tirado en posición fetal, semi cubierto por pastura y tierra. Fue inevitable quebrarme”, recordó.

Tanto el sargento primero como los otros tres gendarmes que declararon después coincidieron en la misma secuencia. Además, todos negaron haber contado con “clavos miguelitos” e indicaron que ninguno escuchó ruido de “frenadas” previo al impacto mortal.

El debate continuará el próximo 5 de octubre, a partir de las 8.30. En el proceso interviene el fiscal Pablo Di Loreto, mientras que el acusado es representado por el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.

Da Silva está imputado por “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”. En la primera audiencia pidió perdón y alegó que nunca quiso “hacer daño”.

Imputado por muerte del gendarme Barreto pidió perdón: “No quise hacer daño”

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