Desde el próximo lunes y hasta el martes 11 de noviembre, en la sala de debates del Tribunal Penal Uno de Posadas, se desarrollará el juicio oral contra Pedro Alejandro Núñez, el joven de 28 años acusado de violar e intentar asesinar obstruyéndole con cintas de embalaje las vías respiratorias a una estudiante que residía en un inquilinato sobre la avenida Lavalle.

Según la programación oficial, tanto la primera audiencia, como la última, destinada a la ronda de alegatos y dictado del veredicto, serán de carácter público con transmisión en vivo a través de los canales habilitados en Youtube.

Las demás audiencias, previstas para los días 4, 5, 6, 7, y 10 de noviembre se realizarán a puertas cerradas en virtud de tratarse de un expediente que investiga delitos contra la integridad sexual y debe preservarse la intimidad de la víctima.

Pedro Alejandro Núñez llega al banquillo de los acusados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal y femicidio en grado de tentativa con concurso real” y contará con un abogado particular como defensa.

En la fiscalía, por su parte, ya no estará Martín Rau, que recientemente fue designado como nuevo juez del Tribunal Penal Dos de Posadas, por lo que en su lugar intervendrá la fiscal de instrucción Patricia Clerici, la misma que llevó adelante el expediente en la etapa investigación y formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que posteriormente fue firmado por el juez Miguel Mattos, del Juzgado de Instrucción Siete.

Los encargados de llevar adelante el proceso serán los magistrados Viviana Cukla y Gustavo Bernie, mientras que el tercer puesto del tribunal será completado por un juez subrogante.

In fraganti

Núñez está privado de su libertad desde el 5 de diciembre de 2021, cuando en plena madrugada efectivos policiales fueron alertados de un hecho de violencia de género en un inquilinato sobre avenida Lavalle -casi Centenario- y al llegar lo detuvieron dentro del departamento de la víctima.

Según detallaron fuentes del caso que intervinieron en ese momento, el implicado fue hallado in fraganti, semidesnudo y sobre el cuerpo de una joven estudiante que tenía las manos atadas y el rostro cubierto con cintas de embalaje que le obstruían las vías respiratorias.

El cuadro fue tal que la muchacha presentaba un principio de asfixia y debió recibir maniobras de RCP de parte de los efectivos presentes, quienes luego incluso fueron reconocidos por su labor por el Ministerio de Gobierno.

La víctima también presentaba varios hematomas en el rostro, producto de diversos golpes recibidos.

La joven, de 21 años, permaneció internada en observación dos días, hasta que pudo ser dada de alta. Desde el hospital realizó la denuncia por el hecho y días después ratificó su testimonio ante la Justicia.

En esa instancia, aseguró que fue sorprendida por su agresor sexual mientras dormía y que no conocía al detenido.

Por aquel entonces, su antigua defensa planteó que los jóvenes se conocían y que el hecho se dio en el marco de un acto sexual sadomasoquista consentido.

Sin embargo, en las pericias realizadas sobre los aparatos telefónicos y computadoras incautadas en el marco de la causa no se detectaron conversaciones activas ni ningún otro tipo de contacto entre la víctima y el imputado.

Más tarde, también se supo que Núñez fue denunciado en 2019 por intentar ingresar al departamento de una joven en un inquilinato de Santo Tomé, localidad donde el muchacho estudiaba medicina.

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La quinta jornada del juicio para esclarecer la muerte del albañil Carlos Guirula (34) y determinar la responsabilidad de los seis policías que están imputados por el hecho se redujo a un debate entre las partes para depurar la nómina de testigos y delinear un nuevo cronograma de audiencias. 

Para hoy estaba prevista la declaración de al menos cinco testigos, quienes en su mayoría se presentaron ante el Tribunal Penal Dos y aguardaron su momento para comparecer en la sala de audiencias, pero finalmente ninguno de ellos llegó a hacerlo ya que las partes decidieron prescindir de sus testimoniales.

La decisión fue tomada en un acuerdo alcanzado entre el fiscal Vladimir Glinka y los abogados defensores de cada uno de los implicados: Mario Ramírez por la suboficial Lourdes Beatriz Tabarez; Mónica Olivera por Ricardo Rafael Escobar; Federico Tilli y Cristian Bareiro por Lucas Nahuel Saravia Allosa; Matías González por Carlos Alberto Zidorak; Mauricio Vergara por Claudio Marcelo Servián; y Javier Dos Santos por Carlos Alberto Da Silva.

La programación original del debate oral contemplaba la citación de un total de 88 testigos, de los cuales hasta el momento declararon 12. Ahora, las partes acordaron realizar una depuración de ese listado inicial, prescindir de al menos una docena de testimoniales y centrarse en las testimoniales consideradas clave para cada una de las partes.

Del proceso de selección participó el presidente del tribunal Gregorio Busse, que al finalizar la audiencia dispuso un cuarto intermedio hasta el martes a fin de redefinir el cronograma de audiencias que tiene fechas fijadas hasta el 19 de noviembre.

Previo a ello, el letrado Tilli solicitó que a su defendido se le realice un nuevo examen socioambiental para que el tribunal tenga conocimiento de sus condiciones de vida, pedido al que se plegaron los demás abogados y el tribunal dio lugar al planteo.

Escobar junto a su abogada Mónica Olivera. De fondo la oficial Tabarez.

Juicio

Los seis acusados están imputados por “tortura agravada seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser condenados a prisión perpetua en caso de ser declarados responsables.

Todos llegaron a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque durante el transcurso del debate cuentan con una consigna policial para garantizar que no intenten evadir el proceso.

El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon doce testigos y tres de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.

Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.

Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.

Abogados defensores en pleno debate sobre la lista de testigos a priorizar.

El juicio, día a día:

Día 1: Caso Guirula: tres de los seis policías imputados pidieron declarar mañana

Día 2: Policía imputado declaró que Escobar y Tabarez patearon a Guirula en el piso

Día 3: Escobar se defendió y apuntó a Tabarez: “Le tiró patadas de punta” a Guirula

Día 4: Un forense ratificó que a Guirula le fracturaron las costillas a patadas

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Con un fallo unánime, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) dejó firme la sentencia que condenó a prisión perpetua al ex policía Matías Esteban Lohn (28) por el homicidio de Reinaldo Andrade (37), cometido el 13 de noviembre de 2019 en el paraje San Ignacio de El Soberbio, en un caso que fue considerado como gatillo fácil.

La sentencia condenatoria había sido dictada en abril de 2024 por el Tribunal Penal Uno de Oberá, pero la defensa de policía Lohn presentó un recurso de casación para revertir el fallo, lo cual finalmente no sucedió.

En esa presentación, la defensa de Lohn planteó la nulidad de la reconstrucción del hecho al argumentar que el procedimiento fue realizado con dos testigos que luego fueron acusados de falso testimonio y también solicitó dejar sin efecto dos pericias por violación de la cadena de custodia.

Además, expuso que la sentencia debía ser anulada por una “indeterminación e imprecisión del hecho imputado”. También considera que el tribunal hizo una valoración “arbitraria e incorrecta” de los elementos probatorios e hizo mención a la diferenciación que se hizo respecto al otro imputado, el también policía Fabio Boges, quien resultó beneficiado con la absolución por el beneficio de la duda.

Como último agravio, en tanto, cuestiona la calificación legal atribuida al caso, al entender que en realidad correspondía aplicar una “legítima defensa” o “exceso en la legítima defensa”.

Lohn -a la derecha- llegó a juicio junto al también policía Fabio Boges, que fue beneficiado con la absolución.

Sólidos fundamentos

Cada uno de los planteos fueron analizados y rebatidos por el máximo órgano judicial de la provincia, con el voto principal de la magistrada Cristina Irene Leiva, al cual adhirieron los demás integrantes del cuerpo colegiado.

Para el STJ, los argumentos esgrimidos para dictar las nulidades planteadas por la defensa no eran suficientes. Tampoco comparte el planteo de “imprecisión del hecho imputado” y en contrapartida repasa las pruebas incorporadas para dar por acreditado que “Lohn ha efectuado un disparo a corta distancia o apoyando el arma, y ello ha provocado la muerte de la víctima Andrade”.

Sobre el planteo de la correcta valoración de la prueba, la magistrada Leiva contesta que la defensa “se limita a transcribir de manera genérica diferentes pruebas sobre aspectos que involucran cuestiones probatorias, sin explicar debidamente en qué radica el agravio” y en cambio sostiene que la sentencia del tribunal brinda “sólidos fundamentos”.

En otro fragmento del escrito de 26 de páginas, Leiva expone que a diferencia de Boges, las pruebas permitieron establecer que fue Lohn quien efectuó los disparos y también avaló la calificación legal de “homicidio doblemente calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad y el uso de arma de fuego” contra el condenado.

“En efecto, luego de realizar un estudio completo de la causa y los fundamentos de la sentencia de condena, considero que el tribunal al momento de valorar las diferentes pruebas y dictar sentencia, contaba con un cúmulo probatorio que le permitió arribar al grado de certeza requerido”, concluye Leiva en su voto, el cual fue acompañado por todos sus compañeros de cámara.

En base a lo expuesto, el STJ resolvió rechazar el recurso articulado por la defensa y, en consecuencia, dejar firme la sentencia dictada por el Tribunal Penal Uno, integrado en esa oportunidad por los magistrados Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba.

El crimen de Andrade se cometió en 2019 y su familia realizó varios pedidos de justicia.

Persecución y muerte

El caso que se ventiló en debate ocurrió el 13 de noviembre de 2019, en el paraje San Ignacio de El Soberbio, a unos 500 metros de la ruta costera 2, y todo comenzó como una supuesta persecución de contrabandistas.

La reconstrucción del hecho señala que Andrade circulaba en un Volkswagen Gol Trend junto a dos acompañantes, mientras que los uniformados Lohn y Boges iban en un Ford Focus vestidos de civil.

En medio de la persecución, Andrade recibió un disparo que salió -comprobado científicamente- de la pistola reglamentaria de Lohn, tras lo cual falleció prácticamente en el acto.

La posterior autopsia practicada concluyó, además, que la bala ingresó por la nuca de la víctima fatal y que el disparo fue ejecutado a corta distancia, lo cual fue ratificado por los peritos forenses que declararon durante el juicio oral.

Las diferentes posturas del caso giraron en torno a las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento, si es que hubo tal.

Desde la defensa de los imputados siempre insistieron en que los uniformados presumieron que los ocupantes del Gol Trend estaban en una maniobra de contrabando de cigarrillos y que incluso Andrade exhibió un arma de fuego durante la persecución. Ante ello, en el juicio plantearon la causa como hecho de legítima defensa.

Del lado de la víctima, en tanto, sostuvieron desde un comienzo que ellos se dirigían hacia una chacra de la zona, escuchando música y tomando cervezas, hasta que uno de ellos bajó a orinar y en medio de esa situación arribaron al lugar los policías, que colisionaron y dispararon contra el auto.

Perpetua para uno de los dos policías imputados por el homicidio de Andrade

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