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Coleco firmó un juicio abreviado y podría ser el fin de su carrera política

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Coleco Kryvszuk

Alberto “Coleco” Kryvszuk, el ex intendente de El Soberbio destituido en 2013 por hechos de fraude en la administración pública, firmó un acuerdo de juicio abreviado esta mañana y evitó la exposición pública que representaba comparecer en un debate oral ante la Justicia. No irá preso pero, de quedar firme la resolución, tendrá inhabilitación perpetua para volver a ocupar un cargo en el Estado.

El debate oral contra Colecto y parte de sus ex funcionarios debía desarrollarse hoy en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Oberá, pero a último momento el ex alcalde alcanzó un acuerdo con la Fiscalía interviniente.

Si bien el hombre llegó a juicio acusado de “peculado” y “malversación de fondos públicos”, el juicio abreviado se firmó bajo otra calificación legal que hasta el momento no trascendió.

Lo que sí se supo y fue corroborado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones es que en la resolución Coleco admite los hechos endilgados y también acepta ser condenado a tres años de prisión en suspenso.

Bajo estas condiciones, el ex intendente de la Capital de las Esencias, no irá a la cárcel debido a que durante la etapa de instrucción permaneció dos años tras las rejas, tiempo que ya cuenta como cumplimiento de pena.

Otro punto trascendental del acuerdo es que establece una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos de públicos, lo que se traduce en que cuando el documento quede firme Coleco no podrá volver a ser candidato ni a trabajar para el Estado.

El acta con las condiciones del acuerdo ahora debe ser analizado por los magistrados del tribunal obereño, quienes, en caso de no detectar irregularidades, deberán transformar la resolución en sentencia definitiva.

Coleco en plena campaña para intendente en 2023.

Destituido, prófugo y luego candidato

La historia de la causa se remonta a octubre de 2013, cuando el Concejo Deliberante de El Soberbio resolvió la destitución de Coleco después de diez años de gestión debido a irregularidades detectadas en un informe presentado por la comisión investigadora, lo cual posteriormente derivó en una denuncia penal por delitos de “peculado” y “malversación de fondos públicos”.

En marzo de 2014, el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, libró una orden de detención en contra del ex jefe comunal pero logró escapar de los operativos y permaneció nueve meses prófugo, hasta que finalmente se entregó en una comisaría local.

El imputado permaneció detenido hasta 2017 y un año después la Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio de la causa en su contra, aunque el proceso se dilató hasta ahora.

En el medio, amparado en la ley electoral, Colecto volvió a presentarse como candidato a intendente de El Soberbio por el Frente Renovador de la Concordia ya que no tenía condena firme en su contra.

Su campaña se basó en promesas de interceder ante las fuerzas federales y poner un freno a los controles por contrabando para así favorecer a los “chiveros”. Con ese discurso, cosechó una buena cantidad de votos, pero no le alcanzó para ganar.

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La Justicia misionera ordenó restituir cuatro pensiones por discapacidad

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pensiones discapacidad

La Justicia misionera dictó una resolución que ordena tanto al gobierno nacional como a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) la restitución de cuatro pensiones no contributivas al considerar que los beneficios habían sido dados de baja de manera “arbitraria”.

El fallo corresponde a la magistrada Carmen Helena Carbone, titular del Juzgado Civil y Comercial Seis de Posadas, aunque el anuncio de la novedad judicial correspondió al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, quien esta mañana realizó una conferencia de prensa para brindar detalles de la medida.

Según publicó luego en X, el dictamen fue firmado el 5 de septiembre, pero ayer se procedió a la notificación formal de la medida, la cual debe ser cumplida en un plazo de 48 horas.

“La decisión de la Justicia deja muy en claro que ningún gobierno puede suspender derechos adquiridos sin debido proceso. No se trata de un tecnicismo judicial: estamos hablando de alimentos, de medicamentos, de techo y de vida digna”, resaltó Romero Spinelli en sus redes.

En esa línea, precisó que “la jueza fundamentó su intervención señalando que, aun tratándose de una cuestión federal, la ley 26.854 habilita medidas cautelares cuando están en riesgo la salud y la vida digna de grupos vulnerables. Por ello, consideró legítimo dictar una resolución urgente para proteger a los beneficiarios”.

“La sentencia no solo devuelve tranquilidad a cuatro familias de Apóstoles, Candelaria, Garupá y San José. También establece un precedente que protege a cientos de beneficiarios en situación similar y refuerza el principio de que los derechos sociales no pueden retroceder”, agregó.

Y cerró: “En Misiones no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad y de los más necesitados. Porque las Pensiones No Contributivas no son un privilegio: son un derecho humano esencial. Y la Justicia nos dio la razón”.

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Intendente de Colonia Polana citado a declarar por usurpación y amenazas

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El actual intendente de Colonia Polana, Raúl Francisco Núñez, fue citado por la Justicia para declarar en la causa que lo investiga por “usurpación de tierras y amenazas” contra los hermanos Julio y Germán Llanos.

La primera citación a declaración indagatoria fue en diciembre pasado, cuando Núñez decidió abstenerse. En tanto, la próxima audiencia está prevista para el viernes 19 de septiembre a las 10 en el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.

Consultado por La Voz de Misiones, el abogado de los denunciantes, Maximiliano Medina, aclaró que aún queda pendiente la citación por otro caso en el que se lo acusa por “falsificación de instrumentos públicos”, en referencia a un boleto de compraventa, fechado en 2013 y presentado por Núñez en la Municipalidad de Colonia Polana.

Según los hermanos Llanos, ese fue el documento con el que Núñez había iniciado la toma de las 107 hectáreas que se encontraban a nombre de Julio César Llanos (padre) y cuya firma fue sometida a pericias caligráficas por parte de los denunciantes, que determinaron que era falsa.

Al respecto, Medina aclaró que: “Es una causa distinta. Tiene un número de expediente distinto, pero es conexo a la usurpación y la exhibición del instrumento que da lugar a la pericia que demuestra que el instrumento es apócrifo y eso da lugar a la nueva denuncia por falsificación de instrumento público y privado”.

Raúl Núñez, fue concejal y presidente del Concejo Deliberante de Colonia Polana, hasta que pasó a desempeñarse en el cargo de intendente tras el fallecimiento de su madre Antonia Medina, el pasado 23 de agosto, quien ejerció como jefa comunal desde el 10 de diciembre del año 2015.

Respecto a su continuidad como intendente del municipio en el marco de las causas penales y civiles por las que se lo investiga, la fuente consultada considera que, aunque lo procesen, “la única forma de destituirlo sería a través de una sesión del Concejo Deliberante cuya mayoría la tiene el mismo oficialismo”.

 

Colonia Polana: denuncian usurpación de tierras con complicidad política y policial

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Prisión preventiva para joven mbya acusado por el femicidio de su ex en Iguazú

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El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó la prisión preventiva por femicidio contra Ismael Centurión (29), único acusado por el asesinato de su ex pareja Juana Maciel, cometido dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú, donde ambos residían.

La resolución se firmó esta martes y mantiene la imputación del sospechoso por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

El dictamen firmado por el juez Brites también dispone el traslado de Centurión hacia una unidad penitenciaria, donde continuará detenido mientras avance la causa que se instruye en su contra. 

Femicidio en Yryapú

El hecho que se investiga se registró en la noche del 4 de mayo dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú, donde Juana Maciel (23) fue asesinada de 27 puñaladas.

El crimen fue alertado a la Policía por uno de los integrantes de la comunidad y al llegar la Policía encontró el cadáver de Maciel a unos 20 metros de su casa, mientras que bajo la lupa quedó su ex pareja, quien fue detenido poco después durante un rastrillaje por la zona.

El sospechoso se trata de Centurión y, según señalaron fuentes consultadas por LVM en ese entonces, el hombre se había separado de Maciel pocos meses antes, tras ser acusado de un intento de abuso en contra de una sobrina de la víctima, hecho que aunque no fue denunciado formalmente habría generado conflictos en la relación.

Se cree que por ese mismo motivo esa noche de mayo se desató una nueva discusión que acabó en femicidio. En el lugar la Policía también secuestró un cuchillo que pudo haber sido utilizado como arma homicida.

De acuerdo a las conclusiones forenses, el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.

De ese total de puñaladas, uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.

Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex

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