Judiciales
Cinco jóvenes van a juicio por violación grupal a una adolescente en Candelaria
El magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, dispuso la elevación a juicio de la causa que investiga a cinco jóvenes acusados de una violación grupal cometida a comienzos de 2020 contra una adolescente en el sector de baños de la playa Sarandí de Candelaria.
Según pudo confirmar La Voz de Misiones, la resolución fue firmada en los últimos días y el expediente ya fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades deberán programar fecha para la realización del debate oral.
Los involucrados son Ramiro Barrientos (34), Mauro Pereira (26), Hugo González (24), Federico Godoy (21) y Alfredo Chilavert (23), quienes llegan a esta instancia imputados por el delito de “abuso sexual con acceso carnal calificado por la participación de dos o más personas”, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión.
El hecho que ahora está en condiciones de ventilarse en instancia de juicio oral se registró el 1° de enero de 2020, en el sector de baños de la playa Sarandí de Candelaria y la víctima fue una adolescente de 15 años.
Según lo que se pudo reconstruir, la adolescente había ido a la Costanera de la ciudad para celebrar la llegada del Año Nuevo y en ese lugar permaneció junto a sus amigos, hasta que cerca de las 8 de la mañana fue hasta la zona de sanitarios para encontrarse con un muchacho con el cual aparentemente pretendía iniciar una relación sentimental.
Sin embargo, ese joven aparentemente la dejó sola en el lugar y casi al instante aparecieron otros cuatro hombres que la violaron en grupo, además de agredirla físicamente y filma el abuso.
La investigación marca que en total hubo seis implicados, de los cuales uno nunca pudo ser identificado. Se cree que ese sujeto solamente filmó el hecho, en tanto que los otros cinco acusados están severamente comprometidos en el caso a partir de pruebas genéticas.
Otro elemento que complica a los involucrados son las testimoniales de diferentes testigos y la declaración en Cámara Gesell de la víctima, quien identificó a todos sus agresores, ya que conocía a cada uno de ellos por ser vecinos de la misma ciudad.
Todos los implicados están con prisión preventiva y detenidos en distintas unidades de la provincia. En esa misma condición llegarán a juicio y, si son hallados responsables en el proceso oral, continuarán tras las rejas durante un largo tiempo más.
En la investigación del hecho intervino la Fiscalía de Instrucción Dos, a cargo de Christian Antúnez, quien formuló el requerimiento de elevación a juicio que posteriormente firmó el juez Monte.
La causa tuvo varios planteos defensivos a lo largo del proceso, aunque la Cámara de Apelaciones de la provincia avaló todo lo realizado por el Juzgado de Instrucción Dos.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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