Judiciales
Arranca el juicio a dos ex policías acusados de gatillo fácil en El Soberbio
Después de tres postergaciones, mañana está previsto que finalmente comience el juicio oral contra dos ex policías acusados de un caso de gatillo fácil registrado a mediados de noviembre de 2019 en El Soberbio, donde la víctima fatal fue identificada como Reinaldo Andrade (37).
De no mediar nuevos inconvenientes, el debate tiene previsto iniciar a las 8.30 y se extendería hasta el jueves, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Las audiencias tendrán lugar en el Tribunal Penal Uno de Oberá, que será presidido por el magistrado Francisco Aguirre e integrado por sus pares Horacio Paniagua y Jorge Erasmo Villalba, éste último en carácter de subrogante.
La acusación, en tanto, estará en manos de Rodolfo Andrés Cáceres, el mismo fiscal que llevó adelante el proceso de investigación de la causa como titular de la Fiscalía de Instrucción Tres de San Vicente.
Los imputados principales son los ex agentes Matías Esteban Lohn (34) y Fabio Boges (27), quienes al momento del hecho prestaban servicios en el Comando Radioeléctrico de El Soberbio.
Ambos están imputados por el delito de “homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad y agravado por el uso de arma de fuego”, aunque el primero de ellos aparece como “autor” y el segundo como “partícipe necesario”.
Los dos llegan a esta instancia detenidos en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y ambos son pasibles de recibir una pena de prisión perpetua en caso de ser hallados responsables del hecho al final del proceso.
En la causa, además, hay otros dos imputados. Se tratan de Ricardo Augusto Velozo y Fabián Sievers, quienes están acusados de falso testimonio y encubrimiento.
Reinaldo Andrade tenía 37 años.
El caso
El caso que se ventilará en debate ocurrió el 13 de noviembre de 2019, en el paraje San Ignacio de El Soberbio, a unos 500 metros de la ruta costera 2, y todo comenzó como una supuesta persecución de contrabandistas.
La reconstrucción del hecho señala que Andrade circulaba en un Volkswagen Gol Trend junto a dos acompañantes, mientras que los uniformados Lohn y Boges iban en un Ford Focus vestidos de civil.
En medio de la persecución, Andrade recibió un disparo que salió -comprobado científicamente- de la pistola reglamentaria de Lohn, tras lo cual falleció prácticamente en el acto.
La posterior autopsia practicada concluyó, además, que la bala ingresó por la nuca de la víctima fatal y que el disparo fue ejecutado a corta distancia.
Las diferentes posturas están marcadas respecto a las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento, si es que hubo tal.
Desde la defensa de los imputados insistieron en que los uniformados presumieron que los ocupantes del Gol Trend estaban en una maniobra de contrabando de cigarrillos y que incluso Andrade exhibió un arma de fuego durante la persecución.
Del lado de la víctima, en tanto, sostienen que ellos se dirigían hacia una chacra de la zona, escuchando música y tomando cervezas, hasta que uno de ellos bajó a orinar y en medio de esa situación arribaron al lugar los policías, que colisionaron y dispararon contra el auto.
El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, quien procesó a Lohn por “homicidio calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad, agravado por el uso de arma de fuego” y a Boges por “partícipe necesario del delito de homicidio calificado, por ser integrante de una fuerza de seguridad, agravado por el uso de arma de fuego”.
Dichas acusaciones fueron oportunamente apeladas por la defensa de los imputados, aunque la Cámara de Apelaciones de la provincia avaló todo lo actuado por el juzgado de instrucción.
De esta manera, el expediente fue elevado al Tribunal Penal Uno de Oberá para que sea ventilado en debate oral con esas imputaciones, aunque las tres fechas fijadas previamente debieron ser postergadas por diversos planteos defensivos o imponderables de último momento.
“Fue un terrible caso de gatillo fácil que, esperamos, se esclarezca y no se trate de cubrir a los responsables, porque no todo termina en los policías que lo mataron. Entendemos que hubo responsabilidad del mando del Comando Radioeléctrico porque fue un crimen cometido por dos policías de civil, en un auto particular, sin identificación y que se buscó disfrazar con un supuesto operativo”, sostuvo en el segundo aniversario del caso, Pablo Andrade, hermano de la víctima, en diálogo con Radioactiva 100.7.
Además, en esa misma entrevista radial describió que “se detuvieron a orinar pero mi hermano se quedó en el auto. Segundos antes de entrar escucharon detonaciones, disparos, suben y en segundos los policías aparecen en ese auto oscuro, con vidrios polarizados y al ponerse casi a la par recibe el balazo, que de acuerdo a la autopsia entró de atrás y explotó en la frente, por eso es mentira la versión de ellos, que dicen que dispararon a la luneta porque se sintieron amenazados. Mi hermano no tenía armas”.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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