Policiales
Investigan si el detenido por atropellar y matar a tía y sobrina encubre a otra persona
POSADAS. El jubilado que fue detenido por arrollar y matar a una joven y su pequeña sobrina, en Apóstoles, no sería la persona que conducía el automóvil al registrarse el siniestro, según fuentes de la policía provincial y de la justicia que llevan adelante la investigación.
Los investigadores sospechan que Sixto Salazar, docente jubilado de 65 años y con residencia en la localidad de Gobernador Virasoro, Corrientes, quien fue aprehendido por tratarse del propietario del rodado, podría estar encubriendo a otra persona, no descartándose la posibilidad de que se trate de un menor.
El accidente se registró el viernes pasado alrededor de las 20:30 en la avenida San Martín, en la mencionada localidad, justamente en un punto donde se construyó una lomada para evitar que los automovilistas desarrollen velocidades excesivas.
En el lugar fueron embestidas Soledad Aquino de 18 años y su sobrina Zoe, de 4, en momentos en que se dirigían al domicilio del padre de la menor, quienes dejaron de existir cuando eran trasladadas a un centro asistencial, en tanto que el conductor huyó del lugar.
El vehículo, un Ford K de color gris plata, fue hallado al día siguiente en el garaje descubierto de la casa de Salazar, presentando abolladuras y detalles típicos de un accidente en el parabrisas, razón por la que el propietario fue detenido y trasladado a la comisaría de Apóstoles.
El acusado se abstuvo de declarar en la primera citación del juez de instrucción Miguel Ángel Faría y continúa detenido, aunque en las últimas horas surgieron sospechas acerca de la autoría del trágico suceso a partir de testimonios y otros elementos recolectados por los investigadores.
Según los primeros relatos sobre el accidente, el conductor del Ford K “venía haciendo zigzag, le esquivó a un camión, volvió a entrar en contramano y cuando intentó esquivar a otro auto, embistió de atrás a Sole y a Zoe”, relató Leandro Ramón Aquino, hermano de la primera y padre de la pequeña.
Al principio hubo dudas acerca de la persona que conducía el rodado, abonado por el hecho de que contaba con sistema de vidrios polarizados, pero la investigación del caso podría dar un vuelco en caso de confirmarse que el docente detenido en realidad estaría encubriendo al verdadero autor.
Por ahora, la Justicia dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer el caso, principalmente entre el entorno del acusado, en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, según se supo.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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