Policiales
Ex candidata a concejal de Posadas, en medio de una causa por lavado en Chaco
La influencer y ex candidata a concejal de Posadas, Vanesa Díaz, fue blanco esta mañana de un allanamiento en su domicilio ubicado en un edificio del barrio Villa Sarita de Posadas, en el marco de mega causa por lavado de activos que alcanza a su pareja, el chaqueño Lucas Alexis Torales Cordeiro, detenido esta mañana en su provincia.
La investigación está en manos del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, que recientemente solicitó la ejecución de una serie de operativos apuntados a un grupo de dirigentes sociales chaqueños sospechados de orquestar una maniobra de lavado de activos con fondos provenientes del Estado.
En total son cuatro causas por el mismo delito que se investigan en paralelo y en uno de esos expedientes aparece Torales Cordeiro, quien figura como presidente de la fundación Árbol de la Vida e integrante de la comisión directiva de otras dos asociaciones similares en su provincia.
La investigación en su contra comenzó a partir de su propia exposición en redes sociales junto a su pareja, la posadeña Vanesa Díaz, quien en 2023 fue candidata a concejal de Posadas por el sublema “Todos Juntos” liderado por Pablo Velázquez y ahora ostenta un alto perfil como influencer, con más de 20.000 seguidores en Instagram, red donde incluso sorteaba entradas para partidos de Boca Juniors a partir de tokens y promocionaba alquileres en Brasil.
“Queremos estar con los vecinos, solucionarles los problemas”, prometía Díaz en aquel entonces, en entrevistas dadas durante la campaña y en recorridas en las que se fotografiaba con Velázquez y también con Pedro Puerta.
Vanesa Díaz fue candidata a concejal de Posadas en 2023.
Autos, casas y viajes
Lo que sucedió es que, de repente, la pareja comenzó a exponer un exuberante estilo de vida. A través de fotografías y videos en sus cuentas personales daban cuenta de la adquisición de inmuebles y de vehículos, viajes al exterior y otras actividades que no condecían con el perfil impositivo de Torales, quien figuraba como monotributista categoría B hasta 2024 y empleado en relación de dependencia después, con un sueldo promedio.
A partir de esta línea, los investigadores comenzaran a desandar en sus actividades, descubriendo un aceitado esquema en el que desviaban fondos que recibían de parte del gobierno chaqueño en las diferentes fundaciones y con ello adquirían bienes de todo tipo.
En la causa también se investigan maniobras con cripto monedas y operaciones en “cuevitas” financieras.
Según lo determinado, Torales utilizaba a varios familiares directos, entre ellos su padre y un hermano, como “testaferros” para la obtención de vehículos como un Ford Focus, un Honda Civic, un Ford Fiesta y una Ford Territory. También se detectaron grandes acreditaciones de dinero en sus cuentas bancarias personales, además de la constitución de plazos fijos por un cifras de varios ceros.
El allanamiento en Posadas fue realizado por agentes del GOE, con orden de la Justicia Federal de Chaco.
Allanamiento
Con esta base de elementos, el fiscal Sabadini solicitó una serie de allanamientos simultáneos que la jueza federal Zunilda Niremperger autorizó y que se ejecutaron esta mañana a primera hora.
En total fueron más de 20 inmuebles allanados, entre domicilios, chacras, galpones y quinchos en diferentes de barrios de Chaco, pero entre todos esos objetivos marcados hubo uno en Posadas.
Fue un departamento ubicado en un edificio de Villa Sarita, en cercanías al estadio de Guaraní Antonio Franco, que figura como domicilio de Torales y de su pareja Vanesa Díaz.
Con la orden judicial firmada, agentes tácticos de la Policía de Misiones ingresaron esta mañana al inmueble de la influencer con el objetivo de incautar toda clase de elemento que pueda tener vinculación con la causa.
Torales, en tanto, fue detenido en Chaco, al igual que otros tres dirigentes sociales involucrados en maniobras similares.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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