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En Oberá los presos tienen celulares y acceden a Facebook e Instagram

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“Compro celu con WhatsApp que sea chiquito”, se lee en una página de compraventa por Facebook y el aviso parece inofensivo, uno más de tantos que circulan a diario por la red. El comprador se presenta como Nano CL, ofrece 1.200 pesos y agrega un número como contacto con característica local. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque el interesado en adquirir un teléfono es en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El mismo sujeto tiene un segundo perfil de Facebook en el que se identifica como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo es falso. En otro aviso, el mismo Preste ofrece un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”, asegura y acompaña la oferta con cinco fotografías del aparato que desea permutar. Su interacción en las redes sociales deja en claro por lo menos dos cuestiones: la fragilidad de las requisas en la cárcel de Oberá y la necesidad de los presos de contar con celulares pequeños para que sea más sencillo hacerlos pasar desapercibidos, tal como consta en los avisos publicados por Ángel Preste.

En su perfil falso, bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparece con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre. El miércoles pasado, el primero cambió su foto de perfil. En el régimen carcelario está absolutamente prohibido que los internos posean teléfonos, aunque en la cárcel de Oberá los controles parecen extremadamente flexibles. En las fotos que publican los presos se observan fondos con sábanas y frazadas que evitan exhibir las rejas y el encierro al que están sometidos.

Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el descontrol que se evidencia en la Unidad Penal II y anticiparon que exigirán que se investiguen las responsabilidades del caso. Según fuentes oficiales, no se descarta la connivencia entre los internos y algunos penitenciarios encargados de la requisa. “Es muy grave que los reclusos tengan celulares porque certifica que no se está trabajando bien y que hay personal que no cumple con su labor. Además, si entran y usan celulares sin ningún problema, al extremo que tienen cuentas de Facebook, no se puede descartar que ingresen y comercialicen otros elementos y sustancias”, reconoció una fuente.

Respecto al caso del citado de Preste, existen fuertes indicios que desde la cárcel se encargaría de reducir elementos robados. Tampoco se descarta que actúe en complicidad con algunos guardias que requisan celulares, no los registran y luego los venden afuera. En este punto, un familiar del reo que lo visita regularmente sería una pieza clave en el entramado. Tiempo atrás, una mujer de 24 años denunció que su pareja la amenazó de muerte a través de mensajes de texto que enviaba desde la cárcel de Oberá, donde el sujeto se encuentra purgando una condena por homicidio.

Además del contacto con el exterior, la posibilidad de organizar un escape y hasta secuestros virtuales, algunos internos usan sus celulares para presionar a sus abogados. En tal sentido, un profesional obereño se mostró preocupado por una situación que persiste desde hace tiempo y reconoció que recibe mensajes y hasta llamadas por parte de algunos clientes que están alojados en la cárcel local. “Comentando con colegas, varios me dijeron que les pasa lo mismo. Es parte del folclore de la cárcel, sabemos que entran celulares y otras yerbas, pero el tema es cuando te nombran a la familia. Ahí ya cruzan un límite que preocupa”, alertó.

En este contexto, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se reunió con jueces de la segunda circunscripción judicial, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones de hacinamiento que se registran en la Unidad Penal II. Pérez se habría mostrado sorprendido por lo crítico del cuadro de situación expuesto. Por ejemplo, le informaron que actualmente la cárcel local está desbordada en su capacidad original en alrededor de un centenar de internos, lo que pone en serio riesgo las condiciones de seguridad, como la requisa. Al respecto, mencionaron que el sector A fue diseñado para albergar 150 reos, aunque en la actualidad superan los 200. En tanto, el sector B -la antigua cárcel- se construyó para un máximo de 60 presos, pero ya superan los 100.

El Territorio

Judiciales

Sobreseyeron a dos gendarmes misioneros investigados por homicidio en La Quiaca

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La Quiaca

El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.

Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.

La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.

La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.

En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.

Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.

Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.

Un gendarme a juicio

Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.

Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.

Dos gendarmes misioneros detenidos por el crimen de un joven indígena en Jujuy

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San Ignacio: arrastró un perro con su moto, fue filmado y terminó preso

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arrastró perro san ignacio

Luego de que se viralizaran imágenes de un hombre, que con la moto en marcha arrastró a un perro en plena vía pública durante varios metros, un operativo policial logró interceptar y capturar al responsable quien quedó a disposición de la justicia. 

El hecho fue filmado por un transeúnte generando indignación y repudio en redes sociales, lo que también habría impulsado la rápida respuesta policial luego de que los investigadores iniciaran tareas que permitieron identificar al implicado y montar el operativo que derivó en su captura.

La aprehensión del hombre involucrado, de 69 años de edad, se concretó ayer martes a las 16 sobre la ruta 210, cuando el acusado aún llevaba al animal atado a la motocicleta.

Intervino la comisión policial de la comisaría local, que interceptó al implicado sobre la arteria provincial, mientras circulaba en sentido San Ignacio–Colonia Pastoreo y procedió a su detención.

Tras el rescate, el animal fue examinado por una médica veterinaria, quien constató lesiones compatibles con el arrastre, incluyendo escoriaciones en extremidades y otras afecciones que requerían atención.

Por disposición judicial, se notificó la detención del implicado en el marco de una causa por maltrato animal. En tanto, el perro fue entregado a una asociación protectora para su resguardo y posterior adopción responsable.

Rescate y resguardo del perro afectado

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Incautan 300 ampollas de fentanilo en un monte de Puerto Esperanza

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fentanilo esperanza

En un operativo realizado en la zona de Puerto Esperanza, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron casi 300 ampollas de fentanilo valuadas en aproximadamente 660 millones de pesos, en el marco de una investigación por presunto tráfico ilícito de estupefacientes proveniente de Paraguay.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú durante la mañana del domingo, a partir de tareas de inteligencia criminal que advertían sobre un posible envío de droga bajo la modalidad encubierta.

Con intervención de la Justicia Federal, se dispuso un operativo de vigilancia discreta en un sector previamente identificado como punto de entrega, en una zona de frontera señalada por su utilización para maniobras ilegales de cruce.

Durante el despliegue, los efectivos detectaron un bulto negro oculto entre la vegetación. Tras varias horas de observación sin que ninguna persona se presentara a retirarlo, y ante el empeoramiento de las condiciones climáticas, se informó a la autoridad judicial, que ordenó la apertura del paquete.

En el interior se encontró una caja con casi 300 ampollas plásticas que contenían una sustancia líquida. Las pruebas de campo realizadas confirmaron que se trataba de fentanilo, un opioide sintético de alta potencia.

El cargamento fue secuestrado y puesto a disposición del Juzgado y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, que dispusieron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

La investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables de la maniobra y determinar la organización criminal involucrada en el intento de tráfico internacional de estupefacientes.

Incautan 300 ampollas de fentanilo cruzadas en canoa desde Paraguay

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