Policiales
En Oberá los presos tienen celulares y acceden a Facebook e Instagram
“Compro celu con WhatsApp que sea chiquito”, se lee en una página de compraventa por Facebook y el aviso parece inofensivo, uno más de tantos que circulan a diario por la red. El comprador se presenta como Nano CL, ofrece 1.200 pesos y agrega un número como contacto con característica local. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque el interesado en adquirir un teléfono es en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
El mismo sujeto tiene un segundo perfil de Facebook en el que se identifica como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo es falso. En otro aviso, el mismo Preste ofrece un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”, asegura y acompaña la oferta con cinco fotografías del aparato que desea permutar. Su interacción en las redes sociales deja en claro por lo menos dos cuestiones: la fragilidad de las requisas en la cárcel de Oberá y la necesidad de los presos de contar con celulares pequeños para que sea más sencillo hacerlos pasar desapercibidos, tal como consta en los avisos publicados por Ángel Preste.

En su perfil falso, bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparece con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre. El miércoles pasado, el primero cambió su foto de perfil. En el régimen carcelario está absolutamente prohibido que los internos posean teléfonos, aunque en la cárcel de Oberá los controles parecen extremadamente flexibles. En las fotos que publican los presos se observan fondos con sábanas y frazadas que evitan exhibir las rejas y el encierro al que están sometidos.
Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el descontrol que se evidencia en la Unidad Penal II y anticiparon que exigirán que se investiguen las responsabilidades del caso. Según fuentes oficiales, no se descarta la connivencia entre los internos y algunos penitenciarios encargados de la requisa. “Es muy grave que los reclusos tengan celulares porque certifica que no se está trabajando bien y que hay personal que no cumple con su labor. Además, si entran y usan celulares sin ningún problema, al extremo que tienen cuentas de Facebook, no se puede descartar que ingresen y comercialicen otros elementos y sustancias”, reconoció una fuente.
Respecto al caso del citado de Preste, existen fuertes indicios que desde la cárcel se encargaría de reducir elementos robados. Tampoco se descarta que actúe en complicidad con algunos guardias que requisan celulares, no los registran y luego los venden afuera. En este punto, un familiar del reo que lo visita regularmente sería una pieza clave en el entramado. Tiempo atrás, una mujer de 24 años denunció que su pareja la amenazó de muerte a través de mensajes de texto que enviaba desde la cárcel de Oberá, donde el sujeto se encuentra purgando una condena por homicidio.
Además del contacto con el exterior, la posibilidad de organizar un escape y hasta secuestros virtuales, algunos internos usan sus celulares para presionar a sus abogados. En tal sentido, un profesional obereño se mostró preocupado por una situación que persiste desde hace tiempo y reconoció que recibe mensajes y hasta llamadas por parte de algunos clientes que están alojados en la cárcel local. “Comentando con colegas, varios me dijeron que les pasa lo mismo. Es parte del folclore de la cárcel, sabemos que entran celulares y otras yerbas, pero el tema es cuando te nombran a la familia. Ahí ya cruzan un límite que preocupa”, alertó.
En este contexto, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se reunió con jueces de la segunda circunscripción judicial, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones de hacinamiento que se registran en la Unidad Penal II. Pérez se habría mostrado sorprendido por lo crítico del cuadro de situación expuesto. Por ejemplo, le informaron que actualmente la cárcel local está desbordada en su capacidad original en alrededor de un centenar de internos, lo que pone en serio riesgo las condiciones de seguridad, como la requisa. Al respecto, mencionaron que el sector A fue diseñado para albergar 150 reos, aunque en la actualidad superan los 200. En tanto, el sector B -la antigua cárcel- se construyó para un máximo de 60 presos, pero ya superan los 100.
El Territorio
Policiales
Hizo compras por $10 millones, pagó con cheques falsos y fue presa
Una mujer de 29 años fue detenida en Posadas en el marco de una investigación por una estafa cercana a los 10 millones de pesos en perjuicio de un comercio dedicado a la venta de materiales para la construcción. En el mismo expediente también fue demorado un fletero señalado como presunto partícipe en el traslado de los productos obtenidos mediante la maniobra.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la causa se inició a partir de la denuncia radicada por una empresaria de 42 años, quien manifestó haber sido engañada por una mujer que se presentó como supuesta representante de una empresa forestal para concretar la compra de chapas y perfiles metálicos.
Según la denuncia, la operación comercial fue abonada con cuatro cheques que posteriormente fueron rechazados al constatarse que eran apócrifos y sin fondos.
La investigación quedó a cargo de efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional I, que avanzaron en la identificación de la principal sospechosa mediante el análisis de cámaras de seguridad y registros del sistema 911.
Los investigadores establecieron que, tras concretar la compra, la mujer se retiró del lugar utilizando un vehículo de transporte solicitado por aplicación. A partir de la declaración del conductor, los uniformados obtuvieron datos que permitieron orientar las pesquisas hacia un domicilio ubicado en la chacra 111.
Con orden del Juzgado de Instrucción Uno, se realizó un allanamiento en ese sector de la capital provincial, donde fue detenida Sonia Ludmila P., sindicada como principal acusada en la maniobra.
Durante el procedimiento también fueron secuestradas prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de concretar la operación y un cuaderno con anotaciones consideradas de interés para la causa.
En paralelo, los efectivos identificaron y demoraron a un hombre de 32 años vinculado al traslado de los materiales. Según la Policía, se trata de uno de los fleteros que habría intervenido en la maniobra y que habría aportado datos falsos durante la investigación.
Además, en un procedimiento complementario, parte de los materiales comercializados fraudulentamente fueron localizados en la chacra 122, donde presuntamente habían sido revendidos. Los elementos recuperados fueron restituidos a la comerciante damnificada.
Judiciales
El hermano de Mario Golemba anunció una “inminente definición del caso”
A un día de cumplirse el decimoctavo aniversario de la desaparición de Mario Fabián Golemba, su hermano Eliezer, anunció que “el tiempo del silencio se está terminando” y adelantó que pronto habrán novedades judiciales que ayudarán a esclarecer el caso que se mantiene en la impunidad.
“Se cumplen 18 años sin Mario, pero a diferencia de años anteriores, hoy sabemos qué pasó. Hoy conocemos la verdad”, señaló Eliezer, en un breve video publicado por la cuenta Caíco Periodismo.
“Nunca fue un capricho: papá tenía razón. A Mario no se lo tragó la tierra. A Mario lo secuestraron. A Mario lo desaparecieron”, apuntó en la continuidad del audiovisual.
Eliezer adelantó que “estamos ante la inminente definición del caso” e indicó que “pronto la Justicia ordenará las medidas necesarias para esclarecer esta historia. El tiempo del silencio se está terminando. Falta poco”.
El hermano Mario Golemba resaltó que los avances judiciales se dieron a partir de una nueva denuncia radicada por los abogados Rafael Pereyra Pigerl y Vanesa Vignoles, quienes recurrieron a la Justicia Federal para investigar lo sucedido hace casi dos décadas atrás.
“La Justicia Federal hizo lo que la Justicia provincial no quiso hacer”, resaltó Eliezer.
Las últimas novedades que se habían registrado en la causa fueron a mediados de 2022, cuando la Justicia Federal ordenó excavaciones e inspecciones oculares en predios e instalaciones de la Comisaría de Dos Mayo.
Los procedimientos fueron ordenados en base a la línea investigativa que sigue la hipótesis de que Golemba fue detenido, golpeado y desaparecido por agentes de la Policía de Misiones.
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El caso
Mario Golemba fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008. Ese día, el joven de 27 años en aquel entonces, salió de su casa en Picada Indumar -Dos de Mayo- con dirección hacia Oberá para asistir a una consulta médica con una nutricionista porque quería aumentar de peso para su boda.
La reconstrucción indica que el muchacho llegó a la consulta y esa nutricionista fue la última persona, comprobada fehacientemente, que vio con vida al agricultor. Cerca de las 15 de ese mismo día Golemba mandó un mensaje a su familia avisando que volvería más tarde, pero eso nunca sucedió y nada más se supo de él desde ese momento.
A partir de ahí se tejieron innumerables hipótesis, desde un suicidio hasta la posibilidad de que el joven se haya ido del país por voluntad propia. Sin embargo, nada de eso tenía sentido para la familia. Mario ansiaba casarse, soñaba con ir a estudiar Historia. Es decir, tenía muchos planes por delante.
Fue a comienzos de 2009 cuando dos detenidos se entrevistaron con el padre de Mario y aportaron un testimonio que apuntaba hacia lo peor.
Los dos detenidos relataron que ese 27 de marzo de 2008, mientras estaban presos en la Comisaría de Dos de Mayo, vieron cuando los efectivos de esa dependencia policial tenían a Mario esposado en el lugar. Sus testimonios fueron tan fuertes como coincidentes: ambos recordaron haber oído que golpeaban a Mario y que él repetía una y otra vez que no había hecho nada.
La declaración de los dos presos culmina cuando aseguran que después de los golpes oyeron que el joven que ellos identificaron como Mario Golemba fue subido a un patrullero y llevado a otro lugar con destino incierto.
En mayo de 2010, en tanto, se realizaron excavaciones en un ex destacamento de la comisaría local, pero el resultado fue negativo.
Desde ese momento la causa no registró avances, hasta que, a mediados de 2021, la querella logró que el expediente sea remitido a la Justicia Federal y que el caso sea investigado como “desaparición forzada de persona”.
Ahí la investigación se reactivó, se volvieron a recolectar elementos de prueba y dos testigos de identidad reservada declararon haber visto a Golemba detenido en la comisaría, donde lo habrían golpeado.
Inspección ocular coincide con testimonios que ubican a Golemba en comisaría
Judiciales
Declaró Thomas en la Causa Cuadernos: “Nunca delinquí”
El ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el misionero Oscar Thomas, imputado en la denominada “Causa Cuadernos” sobre una red de coimas y sobornos durante la década kirchnerista, declaró este jueves en el Tribunal Oral Federal (TOF) 7, y negó cualquier vínculo con la trama de corrupción que se investiga.
La megacausa judicial, que se originó a partir de los cuadernos donde Óscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, que también está procesado, anotó recorridos, fechas y bolsos que tenían como destino a funcionarios y la Quinta de Olivos, tiene 85 imputados, entre los que figuran el misionero y la ex presidenta CFK, quien actualmente guarda prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
Thomas, que aparece en los cuadernos como presunto intermediario en el cobro de coimas a empresas contratistas, declaró este jueves ante el tribunal oral por las visitas que, según Centeno, le hizo a su casa el “valijero” del caso, y negó haberle entregado nunca a Baratta los “bolsos con dinero” de los que habló el chofer, asegurando que en todas las ocasiones entregó al funcionario “bolsas de yerba mate”.
“Nunca integré una asociación ilícita, ni manejé dinero, ni emití cheques, ni tenía fondos reservados, ni delinquí, ni fui funcionario público. Mi tarea siempre fue en el escenario de Yacyretá, un organismo internacional de Argentina y Paraguay con sus normas propias”, fue lo primero que dijo el misionero al tribunal, según publica el diario porteño Clarín.
Thomas, que en 2018 estuvo 47 días prófugo de la Justicia, comentó que se reunía con Baratta cuando visitaba a Julio De Vido en el Ministerio de Planificación y reconoció que Baratta lo visitó en su casa en la calle Juncal, pero negó que las visitas hayan sido 17, ni para buscar coimas, como reza la imputación armada a partir de los cuadernos del chofer Centeno.
“Siempre le traía yerba al personal que me trataba bien. A Baratta le llevaba yerba o se la hacía mandar por mi chofer. O pasaba por mi casa a retirar bolsas de yerba. Yo bajaba y se la daba en la puerta”, declaró el misionero y contó que, en otra ocasión, entregó al ex funcionario de De Vido un libro, que “era grande, pesaba ocho kilos, se llamaba ´Yacyretá energía para el desarrollo’”.
“Niego las 17 veces que se me nombra en los cuadernos. No recibí ni di dinero a nadie y nunca fui apretado”, recalcó el misionero, que comparte el mismo abogado defensor que la ex presidenta, José Manuel Ubeira.
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