Policiales
En Oberá los presos tienen celulares y acceden a Facebook e Instagram
“Compro celu con WhatsApp que sea chiquito”, se lee en una página de compraventa por Facebook y el aviso parece inofensivo, uno más de tantos que circulan a diario por la red. El comprador se presenta como Nano CL, ofrece 1.200 pesos y agrega un número como contacto con característica local. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque el interesado en adquirir un teléfono es en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
El mismo sujeto tiene un segundo perfil de Facebook en el que se identifica como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo es falso. En otro aviso, el mismo Preste ofrece un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”, asegura y acompaña la oferta con cinco fotografías del aparato que desea permutar. Su interacción en las redes sociales deja en claro por lo menos dos cuestiones: la fragilidad de las requisas en la cárcel de Oberá y la necesidad de los presos de contar con celulares pequeños para que sea más sencillo hacerlos pasar desapercibidos, tal como consta en los avisos publicados por Ángel Preste.
En su perfil falso, bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparece con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre. El miércoles pasado, el primero cambió su foto de perfil. En el régimen carcelario está absolutamente prohibido que los internos posean teléfonos, aunque en la cárcel de Oberá los controles parecen extremadamente flexibles. En las fotos que publican los presos se observan fondos con sábanas y frazadas que evitan exhibir las rejas y el encierro al que están sometidos.
Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el descontrol que se evidencia en la Unidad Penal II y anticiparon que exigirán que se investiguen las responsabilidades del caso. Según fuentes oficiales, no se descarta la connivencia entre los internos y algunos penitenciarios encargados de la requisa. “Es muy grave que los reclusos tengan celulares porque certifica que no se está trabajando bien y que hay personal que no cumple con su labor. Además, si entran y usan celulares sin ningún problema, al extremo que tienen cuentas de Facebook, no se puede descartar que ingresen y comercialicen otros elementos y sustancias”, reconoció una fuente.
Respecto al caso del citado de Preste, existen fuertes indicios que desde la cárcel se encargaría de reducir elementos robados. Tampoco se descarta que actúe en complicidad con algunos guardias que requisan celulares, no los registran y luego los venden afuera. En este punto, un familiar del reo que lo visita regularmente sería una pieza clave en el entramado. Tiempo atrás, una mujer de 24 años denunció que su pareja la amenazó de muerte a través de mensajes de texto que enviaba desde la cárcel de Oberá, donde el sujeto se encuentra purgando una condena por homicidio.
Además del contacto con el exterior, la posibilidad de organizar un escape y hasta secuestros virtuales, algunos internos usan sus celulares para presionar a sus abogados. En tal sentido, un profesional obereño se mostró preocupado por una situación que persiste desde hace tiempo y reconoció que recibe mensajes y hasta llamadas por parte de algunos clientes que están alojados en la cárcel local. “Comentando con colegas, varios me dijeron que les pasa lo mismo. Es parte del folclore de la cárcel, sabemos que entran celulares y otras yerbas, pero el tema es cuando te nombran a la familia. Ahí ya cruzan un límite que preocupa”, alertó.
En este contexto, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se reunió con jueces de la segunda circunscripción judicial, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones de hacinamiento que se registran en la Unidad Penal II. Pérez se habría mostrado sorprendido por lo crítico del cuadro de situación expuesto. Por ejemplo, le informaron que actualmente la cárcel local está desbordada en su capacidad original en alrededor de un centenar de internos, lo que pone en serio riesgo las condiciones de seguridad, como la requisa. Al respecto, mencionaron que el sector A fue diseñado para albergar 150 reos, aunque en la actualidad superan los 200. En tanto, el sector B -la antigua cárcel- se construyó para un máximo de 60 presos, pero ya superan los 100.
El Territorio
La Jefatura de Policía separó del cargo al subjefe de la Unidad Regional IV de Puerto Rico, el comisario inspector Walter Daniel Olivera, denunciado por robo de mercadería secuestrada de contrabando, entre otras irregularidades que se investigan desde su llegada a la dependencia, en diciembre del año pasado.
La medida dispuesta por la cúpula de la fuerza provincial se concretó ayer y ahora Olivera pasará a cumplir funciones como supervisor vial, mientras avanza la investigación que está en manos del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga.
La denuncia que disparó la pesquisa señala a Olivera como responsable de la desaparición de mercadería secuestrada de contrabando, principalmente cubiertas, cigarrillos y celulares.
“A medida que pasen las horas vamos a ir avanzando y esto va a tomar un poco más de claridad para proporcionar, no solamente al juzgado sino al señor jefe de policía, mayor información de manera que se puedan tomar decisiones con respecto a esta persona o sus posibles cómplices en el caso de que lo hubiera”, precisó el director General de Seguridad de la fuerza provincial, comisario general Raúl David Maslowski, en diálogo con Radio Up esta mañana.
La Justicia dispuso que tanto la hermana como la última pareja del penitenciario asesinado Julio César Argüello (45) continúen detenidas al rechazar el pedido de excarcelación presentado por ambas mujeres.
La decisión fue firmada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dependencia judicial que se aboca a la investigación del hecho originado el 6 de febrero.
De esta manera, ambas mujeres continuarán privadas de su libertad como únicas sospechosas del crimen. Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, está imputada como autora del homicidio, mientras que Paola Z. (35), enfrenta una acusación por encubrimiento.
En el avance de la pesquisa, el juzgado continuará con la toma de testimoniales y aguarda pericias clave, una de ellas sobre el revólver calibre 32 incautado en la casa de la hermana de Argüello, elemento que podría tratarse del arma homicida.
El caso
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y espera ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
La Policía de Misiones recapturó a Lucas Juan Aguirre (30), un interno de la Unidad Penal III de Eldorado que el último domingo no regresó de una salida transitoria de 12 horas otorgada por la Justicia.
El operativo de recaptura se activó cuando el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) informó que el interno incumplió con lo establecido por la Justicia misionera y no se presentó a las 19 del domingo en el complejo penal, horario en el que culminaba su salida transitoria.
Entre las tareas de investigación, la Policía entrevistó al referente del interno en Puerto Iguazú, quien manifestó a los uniformados que el condenado no se había presentado en el domicilio consignado y, debido a ello, la Unidad Regional V inició un operativo de búsqueda en esa ciudad.
A casi dos días prófugo, Aguirre fue recapturado en horas de esta tarde por uniformados de la dependencia local. El interno se ocultaba entre las malezas del Parque Municipal El Eucaliptal de la ciudad turística.
Según fuentes policiales, el hombre cumple condena de 5 años y 4 meses de prisión por “homicidio en tentativa en concurso real con coacción, ambos calificados por el uso de arma de fuego”, dictada por el Tribunal Penal Uno de la Tercera Circunscripción Judicial de Misiones.
Luego de su detención, el implicado quedó nuevamente a disposición de la Justicia y será trasladado bajo custodia del Servicio Penitenciario Provincial.
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