Policiales
En Oberá los presos tienen celulares y acceden a Facebook e Instagram
“Compro celu con WhatsApp que sea chiquito”, se lee en una página de compraventa por Facebook y el aviso parece inofensivo, uno más de tantos que circulan a diario por la red. El comprador se presenta como Nano CL, ofrece 1.200 pesos y agrega un número como contacto con característica local. Hasta aquí nada fuera de lo común, de no ser porque el interesado en adquirir un teléfono es en realidad Ángel Preste (20), un interno de la Unidad Penal II de Oberá condenado por homicidio en concurso real con tenencia y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.
El mismo sujeto tiene un segundo perfil de Facebook en el que se identifica como Santi Martínez, estudiante con domicilio en Neuquén. Todo es falso. En otro aviso, el mismo Preste ofrece un celular marca TCL: “Permuto por otro más chico, anda todo”, asegura y acompaña la oferta con cinco fotografías del aparato que desea permutar. Su interacción en las redes sociales deja en claro por lo menos dos cuestiones: la fragilidad de las requisas en la cárcel de Oberá y la necesidad de los presos de contar con celulares pequeños para que sea más sencillo hacerlos pasar desapercibidos, tal como consta en los avisos publicados por Ángel Preste.
En su perfil falso, bajo el seudónimo de Santi Martínez, el mismo Preste aparece con otro reo condenado de nombre Marino Domínguez, quien a su vez posee una cuenta de Facebook con su propio nombre. El miércoles pasado, el primero cambió su foto de perfil. En el régimen carcelario está absolutamente prohibido que los internos posean teléfonos, aunque en la cárcel de Oberá los controles parecen extremadamente flexibles. En las fotos que publican los presos se observan fondos con sábanas y frazadas que evitan exhibir las rejas y el encierro al que están sometidos.
Fuentes judiciales se mostraron sorprendidas por el descontrol que se evidencia en la Unidad Penal II y anticiparon que exigirán que se investiguen las responsabilidades del caso. Según fuentes oficiales, no se descarta la connivencia entre los internos y algunos penitenciarios encargados de la requisa. “Es muy grave que los reclusos tengan celulares porque certifica que no se está trabajando bien y que hay personal que no cumple con su labor. Además, si entran y usan celulares sin ningún problema, al extremo que tienen cuentas de Facebook, no se puede descartar que ingresen y comercialicen otros elementos y sustancias”, reconoció una fuente.
Respecto al caso del citado de Preste, existen fuertes indicios que desde la cárcel se encargaría de reducir elementos robados. Tampoco se descarta que actúe en complicidad con algunos guardias que requisan celulares, no los registran y luego los venden afuera. En este punto, un familiar del reo que lo visita regularmente sería una pieza clave en el entramado. Tiempo atrás, una mujer de 24 años denunció que su pareja la amenazó de muerte a través de mensajes de texto que enviaba desde la cárcel de Oberá, donde el sujeto se encuentra purgando una condena por homicidio.
Además del contacto con el exterior, la posibilidad de organizar un escape y hasta secuestros virtuales, algunos internos usan sus celulares para presionar a sus abogados. En tal sentido, un profesional obereño se mostró preocupado por una situación que persiste desde hace tiempo y reconoció que recibe mensajes y hasta llamadas por parte de algunos clientes que están alojados en la cárcel local. “Comentando con colegas, varios me dijeron que les pasa lo mismo. Es parte del folclore de la cárcel, sabemos que entran celulares y otras yerbas, pero el tema es cuando te nombran a la familia. Ahí ya cruzan un límite que preocupa”, alertó.
En este contexto, la semana pasada, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, se reunió con jueces de la segunda circunscripción judicial, quienes manifestaron su preocupación por las condiciones de hacinamiento que se registran en la Unidad Penal II. Pérez se habría mostrado sorprendido por lo crítico del cuadro de situación expuesto. Por ejemplo, le informaron que actualmente la cárcel local está desbordada en su capacidad original en alrededor de un centenar de internos, lo que pone en serio riesgo las condiciones de seguridad, como la requisa. Al respecto, mencionaron que el sector A fue diseñado para albergar 150 reos, aunque en la actualidad superan los 200. En tanto, el sector B -la antigua cárcel- se construyó para un máximo de 60 presos, pero ya superan los 100.
El Territorio
El padre de una de las niñas que escapó del hogar Papa Francisco de Garupá y terminó cautiva en una fábrica abandonada se constituyó como querellante particular en la causa que investiga por grooming y otros delitos a cuatro sospechosos, entre ellos un efectivo de la Policía misionera.
El requerimiento formal fue presentado ante el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas y la solicitud fue aceptada por el magistrado Fernando Verón, en carácter subrogante legal de dicha dependencia judicial.
De esta manera, el padre de una de las víctimas, a través del abogado Roberto Oscar Oudin como querellante, podrá ser parte activa del proceso, participando de las audiencias, ofreciendo pruebas, solicitando medidas y emitiendo opinión en planteos defensivos y/o resoluciones del magistrado interviniente.
La causa continúa en trámite y tiene cuatro sospechosos imputados por “grooming”, aunque hasta el momento no se dictó prisión preventiva para ninguno. Ellos son Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63) y el policía Cristian Rolando M.(38).
Inicialmente hubo otros detenidos, el gomero Matías C. (19) y otro policía identificado como Mario Enrique M. (48), aunque ambos fueron excarcelados y aunque continúan supeditados a la causa sus respectivas defensas avanzan en los pedidos de sobreseimiento.
La hipótesis del caso es que una de las niñas del hogar Papa Francisco fue contactada por Instagram por un adulto que se hizo pasar por menor de edad y la convenció de escaparse para ir a dormir a otro lugar.
La invitación se extendió hacia otra menor, quienes finalmente lograron fugarse del hogar a pesar de la custodia y de esa forma cayeron en la trampa que, se presume, tenía fines de abuso y explotación sexual en el predio abandonado y sórdido descubierto ese 14 de octubre pasado.
Las pistas condujeron la pesquisa hacia el predio de la ex firma Envasadora Misionera en Ñu Porá, arrestaron a tres de los sospechosos y también encontraron a la niña que estaba desaparecida.
La menor estaba semidormida -se investiga si era producto de algún somnífero o estupefaciente- sobre una cama, tapada con una manta y en compañía de uno de los implicados, describieron las fuentes consultadas en su momento.
Dos sindicados delincuentes con antecedentes por robos en Posadas y que intervienen en maniobras de tráfico de cocaína, fueron detenidos esta madrugada luego de protagonizar un violento episodio en el que huyeron de un operativo policial y arrastraron sobre el capot del vehículo en el que circulaban a un efectivo que afortunadamente resultó con lesiones leves.
El hecho ocurrió esta madrugada, cuando los implicados identificados como Carlos Alejandro T. (25) y Ricardo P. (26), fueron interceptados por investigadores pertenecientes a la Unidad Regional X en el barrio Las Tacuaritas.
Los sospechosos circulaban en un automóvil Volkswagen Gol con pedido de secuestro vigente y apenas vieron a la Policía esquivaron el operativo, atropellando a un agente y llevándolo consigo en el capot hasta la intersección de las avenidas Jauretche y Quaranta, donde el plan de fuga llegó a su fin.
Las fuentes detallaron que, en medio de la alocada fuga, el policía que iba sujetado al capot alcanzó a romper el parabrisas del automóvil y llegó a extraer la llave del rodado, generando que el conductor pierda del control del rodado hasta despistar e impactar contra un árbol.
En esa instancia, los ocupantes del automóvil fueron detenidos y en el rodado los investigadores encontraron 41 envoltorios y un ladrillo de cocaína con el sello del delfín. El pan incautado dio un peso de 1,340 kilogramos, valuado en unos 30 millones de pesos.
Los implicados fueron alojados en una dependencia policial, mientras que tanto el vehículo como la droga fueron incautados. La investigación ahora quedó abierta a fin de continuar recabando información que permita determinar el destino de la sustancia incautada, la ruta de traslado y más involucrados.
El narco misionero que cayó en Chaco llevaba cocaína con el sello del delfín
En la madrugada de hoy, un camión Mercedes Benz Atego que circulaba en sentido Posadas- Iguazú impactó contra un automóvil Volkswagen Polo, que viajaba en sentido contrario por ruta 12 a la altura del kilómetro 1399 de San Ignacio, lo que provocó el fallecimiento de Ángel Agustín Alvarenga (55).
Como resultado del violento impacto otras tres personas sufrieron lesiones de diversa consideración, por lo que debieron ser trasladadas al hospital para la correspondiente evaluación médica.
Se trata de Mabel I. (52), acompañante del automóvil, y de Hugo Marcelo y César Gustavo S., conductor y acompañante del camión respectivamente.
El hecho ocurrió alrededor de las 05:30 y continúan siendo materia de investigación los motivos que condujeron al fatal desenlace.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y la División Criminalística de San Ignacio, que realizan las pericias técnicas correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.
Durante las tareas, el tránsito permaneció habilitado de manera alternada sobre la banquina.
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