Policiales
El Ruso Lohrmann, una vez más prófugo tras escapar de una cárcel en Portugal
Rodolfo José “El Ruso” Lohrmann (61), el mítico delincuente que supo permanecer más de catorce años como un fantasma hoy vuelve a encontrarse en el submundo de la clandestinidad tras fugarse de la cárcel portuguesa donde cumplía condena por asaltos bancarios y aguardaba ser extraditado a la Argentina para responder por la desaparición del joven correntino Christian Schaerer, el caso de secuestro extorsivo más extenso de la historia criminal del país.
Lohrmann, nacido en Entre Ríos, pero con protagonismo delictivo en Misiones y todo el Litoral, además de Paraguay, estaba detenido en Portugal desde noviembre de 2016, cuando cayó robando bancos y joyerías, aunque recién tres meses después se pudo comprobar su verdadera identidad mediante el cotejo de huellas dactilares.
En Europa, Lohrmann se movía con un viejo conocido, Horacio “Potrillo” Maidana, con quién supo liderar la temible banda delictiva que el 21 de septiembre de 2003 concretó el secuestro de Schaerer en Corrientes, hecho por el cual se pagó un rescate de 277.300 dólares, aunque el joven estudiante de medicina nunca fue liberado y su paradero aún hasta hoy es una incógnita.
En el viejo continente los dos delincuentes con alertas rojas de Interpol continúan moviéndose en tándem. En Bulgaria Lohrmann fue detenido en 2011 por asaltar un blindado y permaneció en prisión hasta 2014 donde, según sus propias palabras, pudo protagonizar “una fuga de película”.
La siguiente noticia llegó en febrero de 2017, cuando las autoridades portuguesas lograron confirmar que los dos hombres detenidos tres meses antes asaltando una joyería a fierrazos eran El Ruso y Potrillo, dos de los delincuentes más buscados de Sudamérica.
El hecho ocurrió en la ciudad de Aveiro, tras lo cual tanto Lohrmann como Maidana quedaron detenidos y afrontando una causa judicial que meses más tarde se tradujo en una condena de 18 años de prisión, pena que cumplían en el presidio de Vale de Judeus, a unos 70 kilómetros de Lisboa y considerada como de máxima de seguridad.
Los presos treparon muros perimetrales de 7 meses gracias a una escalera aportada desde el exterior y huyeron en dos autos.
La fuga
Sin embargo, tras siete años de encierro, el temible delincuente volvió a ingeniarse para huir. La fuga se conoció este sábado a las 12, luego de que los agentes penitenciarios notaran la ausencia de cinco reclusos extranjeros y revisaran las cámaras de seguridad, donde advirtieron que el escape se concretó dos horas, durante el horario de visitas.
Según detallaron, los reos se valieron de una escalera aportada desde el exterior para trepar los muros perimetrales de 7 metros de altura, alcanzar la calle y finalmente subirse a dos vehículos de apoyo. Junto al argentino también escaparon los portugueses Fernando Ribeiro Ferreira (61) y Fábio Fernandes Santos Loureiro (40), además del británico Mark Cameron Roscaleer (39) y el georgiano Shergili Farjiani (33).
“Fue una fuga altamente preparada por personas con mucha experiencia criminal”, consideró Rui Abrunhosa, director general de Reinserción y Servicios Penitenciarios, quien además sostuvo que al momento del escape el presidio contaba con 33 guardias activos, un número levemente por encima de lo recomendado, aunque reconoció que hubo “una falla” en la revisión de las 200 de las cámaras instaladas en el predio.
Los fugitivos fueron calificados como de extrema peligrosidad.
Luís Neves, el director de la Policía Judicial de Portugal, en tanto, confirmó que sobre los fugitivos ya se libraron sendos de pedido de captura internacional, tanto a Interpol como a Europol y advirtió que “se trata de personas peligrosas y de carácter violento, que harán todo por seguir en libertad”, ante lo cual recomendó que la población “se abstenga” de interactuar o querer retener a los evadidos.
La fuga de Lohrmann no solo vuelve a representar un problema de seguridad, sino que aleja aún más la posibilidad de su pronto traslado a la Argentina para responder por el caso Schaerer.
Su comparecencia en el país es aguardada con expectativa tanto por los fiscales federales Santiago Marquevich y Flavio Ferrini, sino también por Pompeya Gómez, madre del joven correntino y querellante particular en la causa.
Por el caso Schaerer hubo dos juicios y varios condenados, aunque nunca se pudo revelar el destino del muchacho. Tanto los investigadores como su madre saben que los únicos que pueden aportar luz sobre el hecho son Lohrmann y Maidana, quienes nunca confesaron nada ni tampoco detuvieron su sed criminal.
El secuestro de Schaerer, paso a paso
La investigación sobre el secuestro reconstruyó que el joven fue interceptado el 23 de septiembre de 2003 mientras llegaba a su casa en la barrio Las Tejas de la capital correntina y desde allí fue llevado, primero a Saladas, a unos 110 kilómetros de allí, y luego a Paso de los Libres.
En esa ciudad permaneció unos quince días hasta que sus captores lo cruzaron por el río Uruguay hasta la localidad brasileña de Uruguayana, donde permaneció otras dos semanas cautivo en distintos inmuebles.
En octubre de 2003 y, presuntamente desde territorio brasileño, se tuvo la última señal de vida de Schaerer. Fue una grabación enviada a su madre y a su hermano donde el muchacho, entre otras cosas, decía: “Estoy todo destruido, estoy todo quebrado, todo lastimado, todo ensangrentado. Estoy sin comer, estoy sin tomar agua; si no pagan, en pocos días me voy a morir”.
El 6 de noviembre, siguiendo las instrucciones de los secuestrados, la madre de Schaerer, Pompeya Gómez, viajó a Encarnación y luego a Ciudad del Este, donde la hicieron recoger varias postas con indicaciones hasta dejar los 277.000 dólares del rescate en el lugar elegido. Sin embargo, el joven nunca fue liberado.
El recorrido de Schaerer en cautiverio con pruebas fehacientes se pierde allí, en Paso de los Libres. Se estima que, después de Uruguayana, el joven volvió a ser cruzado a territorio argentino, pero desde ese punto no se pudo volver a reconstruir a ciencia cierta sus próximos destinos.
Otras pistas indican que su último paradero habría sido Paraguay, donde habría quedado en manos de organizaciones narco y siguiendo esos rastros el año pasado se dispararon varias excavaciones, aunque tampoco hubo resultados.
Schaerer: abren por primera vez causa en Paraguay y realizan excavaciones
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
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El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
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