Policiales
Doble crimen de padre e hijo conmueve santuario del Gauchito Gil en Corrientes
Un vecino de Mercedes, Corrientes, quiso evitar que los puesteros del santuario del Gauchito Gil le coparan el frente de su casa. En respuesta, le propinaron más de 20 puñaladas a él y a su padre. Ambos murieron.
Sergio “Checho” Canteros, de 33 años, y su padre Julio César, de 64 años, conocido como “Minto”, fueron atacados por un grupo de hombres supuestamente vinculados a la mujer a cargo del santuario, Ramona Villalba, quien según los vecinos se hizo con el control del lugar y se enriqueció.
Según recogen las crónicas periodísticas de la prensa correntina, el viernes, a las 18.15, la esposa de Canteros, Yésica Rodríguez, lo llamó por teléfono avisándole que el grupo de atacantes quería meterse a su casa.
Canteros sabía de quiénes hablaba su mujer: ya los había denunciado por las sucesivas amenazas de muerte que venía recibiendo por resistirse a los intentos de utilizar parte de la propiedad familiar para instalar nuevos puestos de venta.
El hombre estaba a ocho kilómetros de la casa, en el casco urbano de Mercedes, acompañado de su padre. Al recibir la llamada, subió a su auto y condujo velozmente. Al llegar, escondió a sus hijos en un baño y salió a los fondos de la casa para dialogar con los atacantes, pero ninguno le dio tiempo.
Canteros intentó escapar, pero cayó al suelo y fue apuñalado más de 20 veces. Murió en el hospital una hora después.
Su padre recibió entre cinco y siete estoques. Estuvo en cuidados intensivos todo el fin de semana. No resistió y falleció el lunes. En el ataque, fueron heridos también el cuñado de Sergio y un tío de su esposa.
Ocho detenidos con antecedentes
El sangriento episodio conmocionó a esa localidad del sur correntino. Vecinos y amigos de las víctimas destruyeron a mazazos muchos de los puestos de venta ubicados a lo largo del predio del santuario, sobre la ruta 123, enfrente a la vivienda de Sergio Canteros y su familia.
La Policía detuvo a ocho sospechosos, acusados de doble homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso real y doble tentativa de homicidio calificado. El caso está a cargo del fiscal Adrián Casarrubia.
Según fuentes policiales, los sospechosos tienen antecedentes por robos y violencia de género. Uno de ellos se había fugado dos veces de la comisaría local.
La esposa de Sergio relató a los medios que los problemas con los atacantes comenzaron hace cuatro años, cuando los “administradores” del santuario del Gauchito Gil colocaron un colectivo que tapaba su negocio, para después usar todo el frente de las fincas que pertenecen a su familia como estacionamiento.
Pero la gota que colmó el vaso -según contó- fue cuando sus futuros atacantes empezaron a levantar nuevos puestos de venta frente a sus propiedades: “Allí fue Sergio y les destruyó uno”, relató. Acto seguido, comenzaron las amenazas, que el viernes desembocaron en el doble crimen.
Hombre devoto y justiciero
La mujer dijo que su esposo era muy devoto del Gauchito Gil, como la mayoría de la gente en esa parte de Corrientes, y que cada vez que iba a salir le rezaba a una imagen de madera de su santo.
“Tenía el santuario enfrente, pero no quería cruzar ni para prender una vela. Hace varios años que el predio dejó de ser un lugar de fe para transformarse en una villa”, afirmó Yésica.
Son muchos los vecinos de Mercedes que reclaman que el santuario se volvió un sitio de lucro, drogas y alcohol. Este lunes empezó a circular un pedido para que el gobernador Gustavo Valdés desplace a la comisión actual y nombre nuevos responsables.
Sergio Canteros y su padre Julio César.
La denuncia de un pasajero permitió la detención de un chofer de colectivos que conducía bajo los efectos del alcohol y efectuaba maniobras peligrosas durante el trayecto comprendido entre Puerto Iguazú y Montecarlo, donde finalmente fue interceptado por la Policía.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, la intervención policial comenzó cuando el pasajero de un micro que había partido desde Puerto Iguazú con rumbo hacia Posadas alertó a las autoridades que el conductor de la unidad realizaba maniobras peligrosas sobre la ruta.
En ese marco, agentes de la División Comando Radioeléctrico de Montercarlo interceptaron el vehículo en la terminal local y abordaron al conductor, a quien le practicaron un test de alcoholemia que arrojó 1,65 como resultado.
El chofer, identificado como Ricardo Rodolfo B. (56), quedó detenido por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, en tanto que también se labró el acta correspondiente y se procedió a la retención del colectivo.
Las fuentes agregaron que el micro llevaba trece pasajeros, a quienes se les reintegró el boleto y se los reubicó en otro servicio para que pudieran continuar con su viaje.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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