El hospital Madariaga dio a conocer el último parte médico que corresponde a los dos sobrevivientes de la masacre registrada en el barrio San Lorenzo de Posadas el lunes 10 de agosto, cuando José Ferreyra atacó a familiares, mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida.

El relevamiento médico con fecha de hoy, indica que Paola Vieyra (45), quien presentaba politraumatismos con herida punzocortante, pasó a sala general en la jornada de ayer domingo.

Por estas horas, la mujer continúa bajo seguimiento multidisciplinario y pronóstico reservado. La paciente además cursa un embarazado de tres meses.

En tanto, su hermano Hugo Ríos (50), quien presenta discapacidad motora, con herida cortante que fue suturada, continúa internado en sala general.

En los últimos días transitó un cuadro de neumonía, por lo que se encuentra bajo tratamiento y control multidisciplinario, con pronóstico reservado.

El hecho

El fatal desenlace se conoció el lunes 10 de agosto, alrededor de las 7, cuando efectivos de la Policía de Misiones arribaron a una vivienda ubicada en cercanías de las calles 170A y 53 del barrio San Lorenzo de Posadas, donde el obrero José Ricardo Ferreyra, se quitó la vida luego de degollar a sus propios hijos a machetazos y herir a otros dos familiares.

Al llegar al inmueble los efectivos encontraron a Ferreyra pendiendo de un tirante del techo. Debajo yacía sin vida su hija Evelyn, de 13 años, con una herida cortante en el cuello. En otro sector de la vivienda, se halló el cuerpo de su otro hijo Mariano, de 21 años, con discapacidad, con un corte similar.

En cuanto a los sobrevivientes, la pareja de Ferreyra fue hallada con lesiones cortantes en el cuello y trasladada de urgencia en ambulancia al hospital.

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La Jefatura de Policía apartó al segundo jefe de la Unidad Regional III de Eldorado, Miguel Alfredo Valenzuela, investigado en una causa judicial cuyos detalles hasta el momento no trascendieron.

Según el comunicado difundido desde la fuerza provincial, el comisario inspector Valenzuela es objeto de una investigación judicial que “continúa bajo reserva”, con medidas de prueba en curso, entre ellas el secuestro de su teléfono celular.

El ahora ex segundo jefe de la UR fue reasignado a la División de Verificación de Automotores y en su reemplazo asumió la comisario inspector Patricia Portillo, quien entró en funciones este mismo lunes.

“Desde la fuerza provincial remarcaron que se trató de un recambio institucional dispuesto mediante los mecanismos administrativos correspondientes, sin que exista medida de detención”, señalaron.

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La Justicia ordenó la detención en Posadas de cuatro pacientes con tuberculosis activa que se niegan a recibir el tratamiento médico y que ya transmitieron la enfermedad a su núcleo familiar, comportamiento que además representar un riesgo sanitario para salud pública y podría configurar un delito que prevé hasta 15 años de prisión.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir La Voz de Misiones, la acción judicial fue motivada a partir de una denuncia radicada por el ministerio de Salud de la provincia, cuyos representantes expusieron la situación que atravesaban con cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) incluidas en el Programa Provincial de Tuberculosis pero que se negaban a ser tratados.

En su denuncia, la cartera de salud puso en conocimiento de la Justicia que las autoridades sanitarias agotaron todas las vías posibles para persuadir a los pacientes, pero no obtuvieron éxito.

La situación se vio agravada al constatarse que los involucrados ya habían transmitido la misma enfermedad a su núcleo familiar, entre los cuales hay menores de edad, lo que derivó en impulsar una acción penal.

“Se ha intentado por vías administrativas y asistenciales reiteradas acciones de concientización, acompañamiento y seguimiento, sin éxito (red de CAPS a través de zona capital). Los pacientes persisten en su actitud rebelde, representando una amenaza concreta y actual para la salud pública y también informar de una paciente con resistencia a medicación que es doblemente grave su situación y en múltiples abandonos”, consigna el documento elaborado por el ministerio.

Detenidos e internados

El caso fue atendido por el fiscal de Instrucción Seis, René Casals, quien entendió que el accionar de los pacientes mencionados podría configurar un delito contemplado por el artículo 202 del Código Penal de la Nación Argentina, que establece penas de entre 3 y 15 años de prisión para quien “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

Ante esta situación, Casals solicitó el inicio de una investigación, con apertura de una causa penal y en ese marco pidió la detención de los cuatro involucrados para su posterior citación a declaración indagatoria, lo cual fue aceptado por el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas.

Según detallaron las fuentes, las detenciones fueron concretadas en las últimas horas tras un operativo realizado por agentes de la Unidad Regional X y se ordenó la internación de todos ellos en el hospital Baliña para que reciban el cuidado médico correspondiente a cada cuadro. 

También se trabajó en conjunto con la Defensoría del Niño para articular medidas tendientes al resguardo de los menores que están a cargo de los pacientes involucrados.

“La idea no es estigmatizar a los pacientes. Ellos son víctimas de la enfermedad, pero son autores de una irresponsabilidad que pone en riesgo la salud pública y eso es un delito. Es un tema complejo y lo importante es evitar la propagación de una enfermedad contagiosa”, resaltaron las fuentes.

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