Policiales
Destruyeron e incendiaron viviendas de productores en un desalojo en Wanda
El pasado viernes en horas de la mañana, la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, que sufrieron el incendio de sus inmuebles, la destrucción de pertenencias e incluso una madre embarazada debió ser trasladada de urgencia al hospital.
La medida fue ejecutada por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, las familias dispusieron de dos horas para retirarse del lugar voluntariamente tras la notificación de la orden, pero cumplido ese plazo las máquinas avanzaron sobre las viviendas.
El procedimiento incluso no culminó allí, dado que debido a la resistencia ofrecida terminaron siendo detenidos Eduardo Garcete (36), Favio Garcete (34), Cristian Garcete (29) y Norma Segovia (41), además de dos menores. Todos ellos quedaron a disposición del magistrado Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú, por los delitos de “desobediencia judicial y resistencia”.
Consultado por La Voz de Misiones, el abogado que interviene en el caso desde la Equipo Misionero de Derechos Humanos Justicia y Géneros, José Luis Fuentes, afirmó que, según pudieron constatar con las fuentes policiales, “el desalojo fue ordenado en una sentencia por el juez Civil y Comercial de Iguazú Juan Vetter y ejecutado esa orden la jueza de Paz de Wanda Radke”.
A esto agregó que “si bien nosotros no tenemos conocimiento sobre esa sentencia, lo que podemos observar es que en el desalojo y las filmaciones se observan -a toda luz- diversas irregularidades donde se violan derechos humanos y protocolos internacionales”.
Por último, enfatizó “el incendio de la vivienda es quizás lo más brutal que se observa en esos videos y de ninguna manera vamos a encontrar un protocolo que indique que esa es una práctica legal y recomendable. También se puede observar cómo los animales y las pertenencias de las personas fueron destruidos y abandonados. En principio las personas afectadas deben ser liberadas porque no hay sentido por el cual deban estar detenidas y el Estado provincial debe abordar esta situación vivida e intervenir”.
Todo esto se da en el marco de una ley provincial que suspende los desalojos y sentencias cuando existen más de ocho años de posesión de la tierra, en este caso, las familias excedían ese lapso de tiempo, según confirmó el letrado.
Amplio repudio al desalojo
A través de un comunicado, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros exigió la “inmediata libertad de las familias desalojadas en Wanda”, afirmando que “El Estado debe garantizar el acceso a la tierra y la vivienda frente a la acaparación de nuestro territorio”.
A esto, agregaron “repudiamos el violento operativo que se realizó el viernes 5 de julio en la localidad de Wanda, y que terminó con el incendio y destrucción viviendas, la pérdida de pertenencias, animales y detención de lxs miembrxs de la familia, entre las que se encuentra una mujer embarazada”.
Por último, hizo hincapié en la forma en que se llevó a cabo el operativo: “Repudiamos además el accionar del Poder Judicial, porque todo este operativo se realizó en presencia de la jueza de Paz de la zona, Yngridt Radke, quien debió observar y hacer observar los protocolos vigentes para desalojos de estas características”.
Por su parte, el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”, integrado por organizaciones sociales, pequeños productores e integrantes de los pueblos originarios, expresaron a través de sus redes sociales el repudio al “accionar violento de la Policía y la multinacional Arauco, dejando a las familias sin techo, sin tierra, sin nada”.
También afirman que “se realizó un desalojo violento de las familias que se encontraban en sus casas con sus familias, sus hijos, dándoles de comer a sus animales, cuando llega infantería, una topadora y un camión de la empresa Arauco para desalojar a las familias campesinas”.
A esto, agregan que “en medio de la operación, golpearon gravemente a una de las mujeres, identificada como Norma López que está embarazada y debido a los golpes fue lastimada y debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica. Lo increíble es que después fue trasladada nuevamente a la comisaría junto a los otros familiares detenidos en Wanda”.
En este marco, convocaron a distintas organizaciones sociales y productores a una reunión prevista para este lunes con el fin de pedir por la liberación urgente de la madre embarazada. El encuentro será frente a la comisaría de Wanda.
En tanto, desde la CTA Autónoma también emitieron un comunicado exigiendo la inmediata liberación de los detenidos, el cese de los desalojos y que se garantice el acceso a las tierras y al hábitat. A su vez, se solidarizaron “con la lucha de los pequeños productores”.
Judiciales
Imputaron por homicidio al médico que apuñaló a un gitano en Oberá
La Justicia imputó por “homicidio” al médico Ernesto Omar Ramp (55), ex director del hospital de Aristóbulo del Valle, detenido desde el 26 de diciembre por apuñalar durante una pelea a un gitano cuyo fallecimiento se produjo cinco días después.
El profesional de la salud fue trasladado hoy hacia el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, a cargo del magistrado Horacio Alarcón, donde fue notificado del agravamiento de la acusación en su contra y posteriormente volvió a ser trasladado a una celda de la comisaría Segunda, donde permanece privado de su libertad.
Con el cambio de carátula, la situación de Ramp se ve más que comprometida, dado que la imputación por homicidio prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión en caso de ser declarado culpable en un futuro debate oral.
Pelea y muerte
El hecho de violencia se registró el pasado 26 de diciembre, sobre calle Apóstoles Norte al 158, en Oberá, donde Ramp llegó para reclamar una deuda y mantuvo una discusión con Marco y dos de sus hijos, conflicto que acabó con la víctima trasladado de urgencia al hospital Samic, desde donde fue derivado a Posadas debido a su complejo cuadro de salud.
Según detallaron las fuentes, la herida le ocasionó a Marco perforación de pulmón y a pesar de los esfuerzos médicos perdió la vida en la mañana del 31 de diciembre, mientras seguía hospitalizado en Posadas.
Tras el hecho, en redes sociales se registraron múltiples comentarios a favor de Ramp, donde además aseguran que la versión del detenido apunta que él fue atacado en primera instancia y las agresiones se dieron en un acto de defensa.
En paralelo, allegados al médico también iniciaron una junta de firmas para solicitar la liberación del médico que en 2023 fue candidato a intendente de Aristóbulo del Valle.
Murió el gitano apuñalado durante una discusión con el médico Ernesto Ramp
Policiales
Siete allanamientos y dos detenidos por el atraco millonario a un aserradero
Con siete allanamientos simultáneos, la Policía detuvo a dos sospechosos e incautó numerosos elementos de prueba, entre ellos barretas, amoladoras, intercomunicadores, guantes y pasamontañas, en el marco de la investigación por el atraco registrado el 22 de diciembre en un aserradero de Candelaria, donde un grupo de encapuchados redujo al sereno y robó un botín que superó los 60 millones de pesos.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando el cuidador del aserradero Indubai fue sorprendido por asaltantes que lo redujeron a punta de pistola y tras acceder a la oficina vaciaron la caja fuerte que abrieron utilizando amoladoras de corte.
Todo ese accionar quedó registrado por cámaras de seguridad interna y las imágenes no solo sirvieron para observar la modalidad utilizada, sino también para dar cuenta de las vestimentas utilizada por los ladrones.

Los detenidos tienen 25 y 52 años.
Con esos elementos, más otras pistas recolectadas, los sabuesos de la Dirección Investigaciones Complejas, junto a integrantes de varias dependencias policiales tanto de Garupá, como de Santa Ana y San Ignacio, llevaron adelante este viernes un total de siete allanamientos.
Los procedimientos fueron realizados en Garupá y Santa Ana, donde se concretó la detención de dos sospechosos identificados como Axel Rodrigo M. (19) y Fabián M. (52), quienes ahora se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón.
De las viviendas allanadas se secuestraron numerosos objetos que podrían tener relación con el atraco como ser prendas de vestir (guantes, pasamontañas, camperas, pantalones), celulares, una radio portátil, barretas de hierro, amoladora y discos de corte, y 390.000 pesos.
Investigan un robo a punta de pistola en aserradero de Candelaria
Policiales
Mbya baleada pasó a sala común y su familia solicita ayuda
El pasado 25 de diciembre, Martina B. (14), una adolescente de la comunidad mbya Caracol de Puerto Leoni, fue baleada de manera “accidental” por un hombre alcoholizado que manipulaba un arma “tumbera”. Ese día el agresor fue detenido y ella derivada a terapia intensiva del hospital de Pediatría en Posadas.
A una semana del episodio, La Voz de Misiones se comunicó con Melina Duarte, madre de Martina, quien aseguró que su hija logró recuperarse levemente y pasó a sala común del hospital de Pediatría, donde continúa internada.
El hecho se registró en la madrugada del jueves 25 de diciembre, cuando Martina recibió un disparo en la zona del pecho, por lo que en primera instancia fue atendida en el hospital de área de Jardín América y, ante la gravedad del cuadro, fue trasladada a Pediatría bajo asistencia mecánica respiratoria, con riesgo de vida y pronóstico reservado.
Al ser consultada sobre el momento de la agresión que casi acaba con la vida de la joven, Duarte aseguró que ocurrió “de manera accidental” y confirmó que Jorge C (46), el hombre que le había disparado, continúa detenido tras ser capturado ese mismo día por la Policía de Misiones en la comunidad mbya de Puerto Leoni, en jurisdicción de la Unidad Regional IX de Jardín América.
Si bien Martina continúa su recuperación de manera regular, su madre aseguró que por estas horas necesitan de la solidaridad de la gente para obtener ropas, calzados talles 35 y 36, elementos de higiene y alimentos, debido a la cantidad de tiempo que permanecen en el nosocomio sin la posibilidad de conseguir ropa limpia para el uso diario.
Los interesados en colaborar podrán comunicarse al 3743- 594082 (Melina Duarte).
La causa judicial continúa su curso, caratulada como “lesiones con arma de fuego”, a fin de determinar con precisión las circunstancias del hecho.
Detuvieron a sospechoso por disparar a una menor mbya en Puerto Leoni
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