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Destruyeron e incendiaron viviendas de productores en un desalojo en Wanda

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El pasado viernes en horas de la mañana, la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, que sufrieron el incendio de sus inmuebles, la destrucción de pertenencias e incluso una madre embarazada debió ser trasladada de urgencia al hospital. 

La medida fue ejecutada por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina. 

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, las familias dispusieron de dos horas para retirarse del lugar voluntariamente tras la notificación de la orden, pero cumplido ese plazo las máquinas avanzaron sobre las viviendas. 

El procedimiento incluso no culminó allí, dado que debido a la resistencia ofrecida terminaron siendo detenidos Eduardo Garcete (36), Favio Garcete (34), Cristian Garcete (29) y Norma Segovia (41), además de dos menores. Todos ellos quedaron a disposición del magistrado Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú, por los delitos de “desobediencia judicial y resistencia”.

Consultado por La Voz de Misiones, el abogado que interviene en el caso desde la Equipo Misionero de Derechos Humanos Justicia y Géneros, José Luis Fuentes, afirmó que, según pudieron constatar con las fuentes policiales, “el desalojo fue ordenado en una sentencia por el juez Civil y Comercial de Iguazú Juan Vetter y ejecutado esa orden la jueza de Paz de Wanda Radke”.

A esto agregó que “si bien nosotros no tenemos conocimiento sobre esa sentencia, lo que podemos observar es que en el desalojo y las filmaciones se observan -a toda luz- diversas irregularidades donde se violan derechos humanos y protocolos internacionales”.

Por último, enfatizó “el incendio de la vivienda es quizás lo más brutal que se observa en esos videos y de ninguna manera vamos a encontrar un protocolo que indique que esa es una práctica legal y recomendable. También se puede observar cómo los animales y las pertenencias de las personas fueron destruidos y abandonados. En principio las personas afectadas deben ser liberadas porque no hay sentido por el cual deban estar detenidas y el Estado provincial debe abordar esta situación vivida e intervenir”.

Todo esto se da en el marco de una ley provincial que suspende los desalojos y sentencias cuando existen más de ocho años de posesión de la tierra, en este caso, las familias excedían ese lapso de tiempo, según confirmó el letrado.

Amplio repudio al desalojo

A través de un comunicado, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros exigió la “inmediata libertad de las familias desalojadas en Wanda”, afirmando que “El Estado debe garantizar el acceso a la tierra y la vivienda frente a la acaparación de nuestro territorio”.

A esto, agregaron “repudiamos el violento operativo que se realizó el viernes 5 de julio en la localidad de Wanda, y que terminó con el incendio y destrucción viviendas, la pérdida de pertenencias, animales y detención de lxs miembrxs de la familia, entre las que se encuentra una mujer embarazada”.

Por último, hizo hincapié en la forma en que se llevó a cabo el operativo: “Repudiamos además el accionar del Poder Judicial, porque todo este operativo se realizó en presencia de la jueza de Paz de la zona, Yngridt Radke, quien debió observar y hacer observar los protocolos vigentes para desalojos de estas características”.

Por su parte, el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”, integrado por organizaciones sociales, pequeños productores e integrantes de los pueblos originarios, expresaron a través de sus redes sociales el repudio al “accionar violento de la Policía y la multinacional Arauco, dejando a las familias sin techo, sin tierra, sin nada”. 

También afirman que “se realizó un desalojo violento de las familias que se encontraban en sus casas con sus familias, sus hijos, dándoles de comer a sus animales, cuando llega infantería, una topadora y un camión de la empresa Arauco para desalojar a las familias campesinas”.

A esto, agregan que “en medio de la operación, golpearon gravemente a una de las mujeres, identificada como Norma López que está embarazada y debido a los golpes fue lastimada y debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica. Lo increíble es que después fue trasladada nuevamente a la comisaría junto a los otros familiares detenidos en Wanda”.

En este marco, convocaron a distintas organizaciones sociales y productores a una reunión prevista para este lunes con el fin de pedir por la liberación urgente de la madre embarazada. El encuentro será frente a la comisaría de Wanda.

En tanto, desde la CTA Autónoma también emitieron un comunicado exigiendo la inmediata liberación de los detenidos, el cese de los desalojos y que se garantice el acceso a las tierras y al hábitat. A su vez, se solidarizaron “con la lucha de los pequeños productores”.  

 

Policiales

Itaembé Miní: denuncian que tres jóvenes abusaron de un hombre con discapacidad

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Una mujer del barrio Itaembé Miní de Posadas denunció que tres hombres abusaron sexualmente de un vecino con discapacidad mental y por el hecho hay dos detenidos, mientras continúa la investigación para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, todo comenzó este mismo martes, cuando una mujer se presentó en la Comisaría de la Mujer de la zona y denunció que un hombre de 40 años fue víctima de un presunto ataque sexual perpetrado por otros tres vecinos identificados como Matías, Maxi y Wana.

La denunciante añadió que la víctima presenta un grado de discapacidad mental y se negaba a dialogar sobre lo sucedido.

Recibida la denuncia, los efectivos avanzaron en la investigación del caso y en ese marco demoraron a dos de los sujetos apuntados, quienes ahora quedaron alojados en la Unidad Regional X, a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas.

La víctima, en tanto, fue trasladado esta mañana al Cuerpo Médico Forense, donde iba a ser sometido a los correspondientes exámenes para constatar la veracidad de lo denunciando.

Desde la Policía además añadieron que las labores continúan a fin de ubicar al tercer sujeto denunciado.

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Policiales

Desbaratan tercer Último Primer Día en menos de una semana en Eldorado

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Tal como ocurrió el pasado miércoles sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6, con la presencia de al menos 40 menores y ayer sobre el kilómetro 7, en la madrugada de hoy la Policía de Misiones desbarató una nueva fiesta clandestina protagonizada por al menos 50 jóvenes que celebraban el Último Primer Día (UPD) sobre calle Asunción del kilómetro 10. 

Un llamado al 911 permitió la intervención de los efectivos de la Comisaría Seccional Tercera de la Unidad Regional III, alrededor de las 3,30 de este martes, en una vivienda particular, donde identificaron a al menos 50 estudiantes secundarios y la presencia de bebidas alcohólicas que habrían sido consumidas por varios de ellos. 

En este contexto, el personal policial procedió a despejar las sustancias del inmueble, cuya propietaria de 37 años de edad manifestó que no contaba con habilitación para la realización de eventos ni para el expendio de bebidas alcohólicas. 

Asimismo, en el sitio se hallaban algunos padres que acudieron a retirar a sus hijos, quienes en su mayoría manifestaron no ser responsables de la organización del encuentro.

Ante la situación, los efectivos notificaron a la propietaria sobre la normativa vigente, procedieron a identificar a los estudiantes presentes y labraron el acta de procedimiento correspondiente, tras lo cual se dispuso el despeje del lugar.

Antecedentes

El pasado 4 de marzo, una fiesta de similares características, conocida como UPD fue desactivada en un complejo ubicado sobre calle 25 de Mayo, en el kilómetro 6 de esa ciudad. 

En el lugar se encontraban cerca de 40 jóvenes, varios vehículos y los uniformados lograron constatar que la actividad se desarrolló sin la correspondiente habilitación.

Ante esta situación, dispusieron la clausura preventiva del predio en el marco de la Ordenanza 137/24, además del despeje total del lugar. 

En tanto, este lunes en horas de la madrugada, se registró otro evento en un complejo de Eldorado, donde se realizó un encuentro de estudiantes sin habilitación y con consumo de bebidas alcohólicas por parte de varios menores.

El procedimiento se concretó cerca de las 2:45 en un predio ubicado sobre la calle 25 de Mayo, en el kilómetro 7.

Durante recorridas de prevención, los efectivos detectaron el encuentro irregular y constataron la presencia de aproximadamente 50 estudiantes, quienes celebraban el tradicional evento previo al inicio del último año escolar.

Ante esta situación, el personal policial procedió a notificar a la responsable sobre la vigencia de la Ordenanza 137/24 y labraron el acta correspondiente por la infracción detectada.

 

 

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Judiciales

Muerte en edificio posadeño: detenido negó haber lanzado al vacío a la víctima

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El expediente que investiga la muerte de Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), registrada el viernes a la madrugada tras su caída desde el tercer piso de un edificio sobre la calle Gómez Portiño de Posadas, avanzó este lunes con la indagatoria al único detenido que tiene la causa, Marcos Andrés Á. (27), quien negó la acusación por homicidio que pesa en su contra y planteó la posibilidad de que la víctima se haya suicidado luego de la pelea mantenida en el departamento.

La audiencia de declaración indagatoria se concretó esta mañana, una vez que el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas por subrogancia legal, recibiera el sumario del caso y el informe de autopsia, examen que concluyó que la muerte de Ojeda fue consecuencia de un “politraumatismo craneal”, lesión compatible con el impacto del cuerpo contra el suelo.

La declaración del implicado se dio una vez formalizada la designación de Víctor Luciano Gómez como abogado defensor particular y su testimonio se extendió durante más de dos horas.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, ante el juez Verón y ante la fiscal Amalia Spinatto -conectada por Zoom-, Marcos brindó un pormenorizado relato de los sucesos ocurridos antes, durante y después del hecho que se investiga.

El detenido fue encontrado malherido y ensangrentado a cinco cuadras del lugar.

Bar, pelea y muerte

En ese marco, señaló que jueves a la noche asistió junto a Ojeda a un bar pub del microcentro posadeño, donde permaneció hasta las 2 del viernes, cuando decidieron regresar al departamento en el que convivían hace varios meses, dado que la víctima vino desde Esquina, Corrientes, para buscar trabajo y asentarse en Posadas.

Junto a ellos estuvo unos minutos un tercer joven que después dejó el inmueble y allí se desató el conflicto entre los involucrados, quienes mantenían una relación de confianza debido a que Marcos es ahijado del padre de Ojeda.

En su indagatoria, el detenido aseguró que en determinado momento decidió acostarse y Ojeda pretendió hacerlo junto a él, pero Marcos se negó y esa situación dio inicio a un enfrentamiento.

“Yo ahí dije ‘me voy’, pero él me atacó y después agarró un cuchillo con el que me hizo un corte. Yo ahí empecé a defenderme y al intentar sacarle el cuchillo los dos nos lastimamos también”, fue parte de su declaración.

En esas circunstancias -amplió el Marcos-, Ojeda se resbaló producto de la sangre desparramada en el piso y quedó tendido en el piso, situación que él aprovechó para retirarse del departamento en busca de ayuda.

Marcelo Ojeda tenía 31 años y era oriundo de Esquina, Corrientes.

El imputado sostuvo que recién se enteró de la muerte de su “primo” una vez trasladado a la comisaría, luego de que la Policía lo encontrara malherido, ensangrentado y en shock en el skate park de la costanera, a unas cinco cuadras del departamento ubicado en Gómez Portiño, casi Urquiza.

Ante las preguntas de las partes, el joven negó haber lanzando o empujado accidentalmente durante la pelea a la víctima por el balcón. A su entender, hipotetizó que quizás Ojeda pudo arrojarse por decisión propia.

Culminada la audiencia, el juez Verón imputó al muchacho por homicidio simple -que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión- y dispuso que continué privado de su libertad, aunque en paralelo la defensa presentó un pedido de excarcelación que ahora debe ser analizado por las partes.

Mientras tanto, el proceso continúa con la toma de testimoniales y se aguarda el resultado de las pericias científicas realizadas en la escena del hecho, principalmente en los estudios tendientes a determinar a quién corresponden las manchas de sangre detectadas en la baranda de la ventana balcón del departamento.

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