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Destruyeron e incendiaron viviendas de productores en un desalojo en Wanda

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El pasado viernes en horas de la mañana, la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, que sufrieron el incendio de sus inmuebles, la destrucción de pertenencias e incluso una madre embarazada debió ser trasladada de urgencia al hospital. 

La medida fue ejecutada por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina. 

De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, las familias dispusieron de dos horas para retirarse del lugar voluntariamente tras la notificación de la orden, pero cumplido ese plazo las máquinas avanzaron sobre las viviendas. 

El procedimiento incluso no culminó allí, dado que debido a la resistencia ofrecida terminaron siendo detenidos Eduardo Garcete (36), Favio Garcete (34), Cristian Garcete (29) y Norma Segovia (41), además de dos menores. Todos ellos quedaron a disposición del magistrado Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú, por los delitos de “desobediencia judicial y resistencia”.

Consultado por La Voz de Misiones, el abogado que interviene en el caso desde la Equipo Misionero de Derechos Humanos Justicia y Géneros, José Luis Fuentes, afirmó que, según pudieron constatar con las fuentes policiales, “el desalojo fue ordenado en una sentencia por el juez Civil y Comercial de Iguazú Juan Vetter y ejecutado esa orden la jueza de Paz de Wanda Radke”.

A esto agregó que “si bien nosotros no tenemos conocimiento sobre esa sentencia, lo que podemos observar es que en el desalojo y las filmaciones se observan -a toda luz- diversas irregularidades donde se violan derechos humanos y protocolos internacionales”.

Por último, enfatizó “el incendio de la vivienda es quizás lo más brutal que se observa en esos videos y de ninguna manera vamos a encontrar un protocolo que indique que esa es una práctica legal y recomendable. También se puede observar cómo los animales y las pertenencias de las personas fueron destruidos y abandonados. En principio las personas afectadas deben ser liberadas porque no hay sentido por el cual deban estar detenidas y el Estado provincial debe abordar esta situación vivida e intervenir”.

Todo esto se da en el marco de una ley provincial que suspende los desalojos y sentencias cuando existen más de ocho años de posesión de la tierra, en este caso, las familias excedían ese lapso de tiempo, según confirmó el letrado.

Amplio repudio al desalojo

A través de un comunicado, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros exigió la “inmediata libertad de las familias desalojadas en Wanda”, afirmando que “El Estado debe garantizar el acceso a la tierra y la vivienda frente a la acaparación de nuestro territorio”.

A esto, agregaron “repudiamos el violento operativo que se realizó el viernes 5 de julio en la localidad de Wanda, y que terminó con el incendio y destrucción viviendas, la pérdida de pertenencias, animales y detención de lxs miembrxs de la familia, entre las que se encuentra una mujer embarazada”.

Por último, hizo hincapié en la forma en que se llevó a cabo el operativo: “Repudiamos además el accionar del Poder Judicial, porque todo este operativo se realizó en presencia de la jueza de Paz de la zona, Yngridt Radke, quien debió observar y hacer observar los protocolos vigentes para desalojos de estas características”.

Por su parte, el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”, integrado por organizaciones sociales, pequeños productores e integrantes de los pueblos originarios, expresaron a través de sus redes sociales el repudio al “accionar violento de la Policía y la multinacional Arauco, dejando a las familias sin techo, sin tierra, sin nada”. 

También afirman que “se realizó un desalojo violento de las familias que se encontraban en sus casas con sus familias, sus hijos, dándoles de comer a sus animales, cuando llega infantería, una topadora y un camión de la empresa Arauco para desalojar a las familias campesinas”.

A esto, agregan que “en medio de la operación, golpearon gravemente a una de las mujeres, identificada como Norma López que está embarazada y debido a los golpes fue lastimada y debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica. Lo increíble es que después fue trasladada nuevamente a la comisaría junto a los otros familiares detenidos en Wanda”.

En este marco, convocaron a distintas organizaciones sociales y productores a una reunión prevista para este lunes con el fin de pedir por la liberación urgente de la madre embarazada. El encuentro será frente a la comisaría de Wanda.

En tanto, desde la CTA Autónoma también emitieron un comunicado exigiendo la inmediata liberación de los detenidos, el cese de los desalojos y que se garantice el acceso a las tierras y al hábitat. A su vez, se solidarizaron “con la lucha de los pequeños productores”.  

 

Judiciales

Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad

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Tanto la hermana como la pareja del penitenciario Julio César Argüello (45), asesinado de un disparo en la cabeza, comparecieron este miércoles en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que la primera de ellas guardó silencio y la otra se desligó de la acusación, al tiempo que ambas fueron imputadas por el crimen y continuarán detenidas mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, ambas mujeres fueron trasladadas esta mañana hacia dicha dependencia judicial, donde la primera en comparecer ante el magistrado Miguel Mattos fue Lidia Rosa Argüello (54), hermana de la víctima.

La mujer ya había estado en ese mismo juzgado el lunes, cuando designó como defensor legal a un abogado particular y ahora estaba citada para prestar declaración indagatoria, aunque optó por guardar silencio.

De igual manera, Lidia fue notificada del hecho que se investiga, oyó al detalle el listado de indicios que se registran en su contra y provisoriamente fue imputada como autora del homicidio, que podría sumar el agravante del vínculo existente con la víctima, lo que elevaría la expectativa de pena que podría recibir en su contra en caso de declararse su responsabilidad en el hecho en un futuro debate oral y público.

La que pisó por primera vez el juzgado que dirige Mattos fue Paola Z. (35), pareja del penitenciario, quien en contrapartida su cuñada eligió declarar y negó haber prestado su complicidad en el crimen.

La joven fue imputada como encubridora del homicidio y por el momento también continuará detenida hasta que las autoridades dispongan nuevas medidas en el marco de la causa que aún aguarda el resultado de pericias balísticas.

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Lidia Argüello fue imputada como autora del homicidio.

Crimen y sospechas

El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.

El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y será sometido a pericias.

Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.

Un revólver calibre 32 que se investiga como arma homicida fue incautada en la casa de la hermana de la víctima.

 

Muerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana

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Dos detenidos y cuatro toneladas de marihuana incautada en Dos de Mayo

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La Gendarmería Nacional Argentina (GNA) incautó cuatro toneladas de marihuana y detuvo a sospechosos de custodiar el cargamento en una vivienda ubicada a la vera de la ruta provincial 11, en la localidad de Dos de Mayo.

De acuerdo a lo consignado por fuentes oficiales, el procedimiento fue ordenado por el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat Luzuriaga, después de varios meses de investigación realizada por los efectivos de la Sección Núcleo del Escuadrón 49 San Vicente de GNA.

En el lugar los uniformados dieron con 217 bultos de marihuana que arrojaron un total de 4.188 ladrillos de marihuana, carga que ascendió a los 4.166,714 kilogramos.

El operativo, realizado el fin de semana, además culminó con el secuestro de una camioneta Ford EcoSport que tenía prohibición de circular, una motocicleta, un teléfono y dos pen drives, como así también la detención de un hombre y de una mujer.

El registro del lugar se planificó y se ejecutó con apoyo de la Sección de Seguridad Vial “San Vicente”, Sección “El Soberbio” y Sección “Aurora”, todas dependientes del mismo escuadrón.

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Oberá: se peleó con su abuelo, le robó carne del frezzer y fue demorado

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Un adolescente de 15 años fue demorado anoche en Oberá, luego de mantener una discusión con su abuelo, tras lo cual le sustrajo tres kilogramos de carne vacuna que estaba en el frezzer de su vivienda.

El conflicto familiar ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Olavarría del barrio Villa Emsa, donde reside un hombre de 61 años que solicitó la intervención policial después de un altercado con su nieto.

El vecino narró que, minutos antes, tuvo un entredicho con el adolescente, quien además lo amenazó y le robó una bolsa de carne que tenía guardado en su refrigerador.

Tras el hecho, efectivos de la División Patrulla Motorizada de la Unidad Regional II realizaron un rápido rastrillaje en la zona y lograron ubicar al menor, que posteriormente fue entregado para a su madre para su guarda y cuidado.

En el caso también intervino el Juzgado Correccional y de Menores local.

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