Policiales
Destruyeron e incendiaron viviendas de productores en un desalojo en Wanda
El pasado viernes en horas de la mañana, la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, que sufrieron el incendio de sus inmuebles, la destrucción de pertenencias e incluso una madre embarazada debió ser trasladada de urgencia al hospital.
La medida fue ejecutada por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
De acuerdo a lo indicado por fuentes policiales, las familias dispusieron de dos horas para retirarse del lugar voluntariamente tras la notificación de la orden, pero cumplido ese plazo las máquinas avanzaron sobre las viviendas.
El procedimiento incluso no culminó allí, dado que debido a la resistencia ofrecida terminaron siendo detenidos Eduardo Garcete (36), Favio Garcete (34), Cristian Garcete (29) y Norma Segovia (41), además de dos menores. Todos ellos quedaron a disposición del magistrado Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Iguazú, por los delitos de “desobediencia judicial y resistencia”.
Consultado por La Voz de Misiones, el abogado que interviene en el caso desde la Equipo Misionero de Derechos Humanos Justicia y Géneros, José Luis Fuentes, afirmó que, según pudieron constatar con las fuentes policiales, “el desalojo fue ordenado en una sentencia por el juez Civil y Comercial de Iguazú Juan Vetter y ejecutado esa orden la jueza de Paz de Wanda Radke”.
A esto agregó que “si bien nosotros no tenemos conocimiento sobre esa sentencia, lo que podemos observar es que en el desalojo y las filmaciones se observan -a toda luz- diversas irregularidades donde se violan derechos humanos y protocolos internacionales”.
Por último, enfatizó “el incendio de la vivienda es quizás lo más brutal que se observa en esos videos y de ninguna manera vamos a encontrar un protocolo que indique que esa es una práctica legal y recomendable. También se puede observar cómo los animales y las pertenencias de las personas fueron destruidos y abandonados. En principio las personas afectadas deben ser liberadas porque no hay sentido por el cual deban estar detenidas y el Estado provincial debe abordar esta situación vivida e intervenir”.
Todo esto se da en el marco de una ley provincial que suspende los desalojos y sentencias cuando existen más de ocho años de posesión de la tierra, en este caso, las familias excedían ese lapso de tiempo, según confirmó el letrado.
Amplio repudio al desalojo
A través de un comunicado, el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros exigió la “inmediata libertad de las familias desalojadas en Wanda”, afirmando que “El Estado debe garantizar el acceso a la tierra y la vivienda frente a la acaparación de nuestro territorio”.
A esto, agregaron “repudiamos el violento operativo que se realizó el viernes 5 de julio en la localidad de Wanda, y que terminó con el incendio y destrucción viviendas, la pérdida de pertenencias, animales y detención de lxs miembrxs de la familia, entre las que se encuentra una mujer embarazada”.
Por último, hizo hincapié en la forma en que se llevó a cabo el operativo: “Repudiamos además el accionar del Poder Judicial, porque todo este operativo se realizó en presencia de la jueza de Paz de la zona, Yngridt Radke, quien debió observar y hacer observar los protocolos vigentes para desalojos de estas características”.
Por su parte, el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”, integrado por organizaciones sociales, pequeños productores e integrantes de los pueblos originarios, expresaron a través de sus redes sociales el repudio al “accionar violento de la Policía y la multinacional Arauco, dejando a las familias sin techo, sin tierra, sin nada”.
También afirman que “se realizó un desalojo violento de las familias que se encontraban en sus casas con sus familias, sus hijos, dándoles de comer a sus animales, cuando llega infantería, una topadora y un camión de la empresa Arauco para desalojar a las familias campesinas”.
A esto, agregan que “en medio de la operación, golpearon gravemente a una de las mujeres, identificada como Norma López que está embarazada y debido a los golpes fue lastimada y debió ser trasladada al hospital para recibir atención médica. Lo increíble es que después fue trasladada nuevamente a la comisaría junto a los otros familiares detenidos en Wanda”.
En este marco, convocaron a distintas organizaciones sociales y productores a una reunión prevista para este lunes con el fin de pedir por la liberación urgente de la madre embarazada. El encuentro será frente a la comisaría de Wanda.
En tanto, desde la CTA Autónoma también emitieron un comunicado exigiendo la inmediata liberación de los detenidos, el cese de los desalojos y que se garantice el acceso a las tierras y al hábitat. A su vez, se solidarizaron “con la lucha de los pequeños productores”.
La Unidad Regional XII de la Policía de Misiones desplegó un amplio operativo de recaptura en la frontera para localizar a seis detenidos que escaparon esta madrugada de la dependencia de Bernardo de Irigoyen.
El dispositivo incluye controles de accesos, rastrillajes en zonas de monte, patrullajes terrestres y aéreos con drones, canes rastreadores y grupos tácticos en puntos estratégicos y caminos secundarios.
La fuga fue detectada pasada la medianoche, cuando el personal de guardia constató un boquete en la pared del baño del calabozo. Los fugados fueron identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Ferreira Alvez Juan José, Jorge Ojeda y Darío Brítez.
No obstante, pasadas algunas horas, una patrulla del Comando de San Antonio localizó y recapturó en San Antonio a Ferreira Alvez Juan José, quien fue nuevamente alojado en sede policial, confirmándose así que restan seis prófugos, todos con causas penales abiertas por delitos de distinta índole.
El operativo cerrojo cuenta con colaboración activa de todos los comandos regionales y también de la Policía Militar de Brasil, mediante intercambio de información en tiempo real y controles reforzados en la línea de frontera.
En paralelo, la Jefatura ordenó a Asuntos Internos, el inicio de la investigación administrativa para determinar responsabilidades vinculadas a la custodia de los detenidos al momento del hecho.
El debate oral por el crimen del bonaerense Martín Arredondo (37), previsto para este jueves 4 de diciembre, fue suspendido debido a un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y los seis jóvenes imputados por el hecho, quienes admitieron su culpabilidad y aceptaron ser condenados a penas de 16 y 18 años.
Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de visu donde los seis imputados dieron el consentimiento para avanzar en el convenio de juicio abreviado se realizó esta mañana, circunstancia que derivó en la suspensión de las audiencias de debate oral que habían sido programadas para la semana entrante ante el Tribunal Penal Uno de Posadas.
Las mismas fuentes señalaron que los imputados admitieron su participación en el hecho y aceptaron recibir condenas de entre 16 y 18 años como responsables del delito de “homicidio en ocasión de robo”, figura menos gravosa que la acusación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditados de dos o más personas y criminis causae” con la que fueron procesados en etapa de instrucción y que preveía prisión perpetua.
Los imputados en esta causa son Brisa Torres (24), Oriana Saucedo (24), su hermano Alan William Saucedo (26), Elías Nahuel Trinidad (26), Miguel Ángel López (25) y Juan Alberto Barrios (22).
Los tres primeros aceptaron una pena de 16 años de cárcel, mientras que la pena mayor recaerá contra Trinidad y López. Barrios, por su parte, era menor de edad al momento del hecho y por lo tanto será un juzgado correccional el que decida su sanción.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal María Laura Álvarez, por subrogancia legal ante la licencia del fiscal Vladimir Glinka.
El acuerdo alcanzado entre las partes ahora deberá ser elevado al Tribunal Penal Uno, integrado por los magistrados Gustavo Bernie y Viviana Cukla, quienes deberán analizar el documento y en caso de no detectar irregularidades transformarán el acta en sentencia.
Pablo Martín Arredondo fue ultimado en su departamento sobre calle Bolívar de Posadas.
Golpeado y estrangulado
El crimen de Arredondo se descubrió el 23 de febrero de 2020, cuando los vecinos del departamento que alquilaba en un edificio sobre calle Colón, frente al colegio Roque González, alertaron sobre un olor putrefacto que provenía del lugar.
Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales intervinientes se encontraron con el cadáver del bonaerense y la autopsia posterior determinó que fue golpeado y finalmente estrangulado con un cinto.
La investigación global estableció que el crimen se registró cuatro días antes, el 19 de febrero, en horas de la madrugada, cuando la víctima se reunió en su departamento junto a una de las jóvenes que aparentemente era su novia y un grupo de amigos de ellas.
En el lugar, se cree que Arredondo fue dopado con estupefacientes (ketamina) y que al departamento luego llegaron otros cómplices con la intención de sustraerle 300.000 pesos que el hombre tenía destinado a utilizar como parte de pago para la compra de un automóvil.
Mediante la revisión de cámaras de seguridad los investigadores pudieron reconstruir las últimas horas de la víctima y los últimos movimientos registrados en cercanías a su departamento, con lo cual fueron identificando uno a uno a los sospechosos.
Luego, la ciencia hizo el resto. En el marco de la causa constan pericias telefónicas que darían cuenta de comunicaciones entre los implicados planificando el hecho y rastros de ADN que ubican a al menos tres de los sospechosos en la escena del crimen.
El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, quien en mayo de 2023 firmó el requerimiento de elevación a juicio del expediente, medida que meses después fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia.
Se reprogramó para el 4 de diciembre el juicio por el caso Arredondo
Ramón Alberto “Negrito” Muñoz (46), dueño de un frondoso prontuario por robos y hurtos millonarios, volvió a ser detenido este viernes durante un operativo ordenado por el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la captura se concretó mediante un allanamiento que aún está en proceso en un inmueble del barrio Santa Clara, mismo vecindario donde en agosto de 2024 había sido detenido por última vez.
Del procedimiento fueron parte los agentes de la División Investigaciones de la Unidad Regional I de la Policía de Misiones, quienes junto a integrantes de otras dependencias venían siguiendo los pasos de Muñoz, dueño de un nombre ampliamente conocido en el mundo del hampa.
Muñoz está sindicado como autor de varios robos y hurtos millonarios, como así también está acusado de liderar un grupo dedicado a los mismos ilícitos.
Sin ir más lejos, a mediados de octubre la Policía puso tras las rejas a dos presuntos integrantes de la banda de Muñoz y cómplices en el robo de 15 millones de pesos a una empresa de transporte radicada en Santa Inés.
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