Policiales
Denuncia que su ex rompe la perimetral: “Ahora amenaza de muerte a mi hijo”
Una mujer de 34 años denunció a su esposo, Eugenio Ramón Silvero (29), por violencia de género en el 2019 en la Comisaría de la Mujer de Villa Cabello, Seccional Séptima, de Posadas.
Tras juntar valor y animarse a denunciar hechos de maltrato físico y psicológico, Pabla Pojalski, mamá de cuatro hijos, expone que su agresor la continúa hostigando y amenaza de muerte a su hijo de 16 años.
“Hace tres años vengo luchando con el tema de denuncias y perimetral”, dijo Pabla en una entrevista telefónica con La Voz de Misiones.
La mujer relató que Silvero “siempre ejerció violencia” en la relación, pero ella no pudo salir del círculo de violencia hasta que la intervención del mayor de sus hijos hizo que tomara la decisión de separarse.
“Vi que mis hijos sufrieron mucho al ver todo lo que él hizo y dije: ‘Basta, hasta acá llegué’, porque me estaba enfermando y no podía seguir así. Entonces, en agosto del 2019, me separé”, recordó Pabla.
Denunciar: un martirio
Los hechos de violencia que ocurrían en la casa del populoso barrio de Posadas fueron denunciados en reiteradas ocasiones por los vecinos. Situaciones que la víctima negaba ante los efectivos de la Policía de Misiones por “miedo”.
“Trataba de tapar, no quería que nadie sepa. Había denuncia que hacían los vecinos y yo tapaba, yo decía que no era así, que él no me estaba haciendo nada. La última vez, si mi hijo no se metía, yo no iba a estar hablando”, contó la mujer a LVM.
Poco más de dos años fue el tiempo en que la joven madre convivió con Eugenio Silvero, con quien se casó y tuvo a su última hija, una pequeña que actualmente tiene 3 años.
Días después de dar a luz a la niña, Pabla se acercó hasta la Séptima, ubicada sobre la avenida Tambor de Tacuarí casi Kolping, y realizó la primera denuncia contra su esposo.
Sin embargo, la violencia contra ella y su familia continúo hasta la actualidad, sostuvo Pabla, lo que la llevó a acercarse varias veces hasta la comisaría del barrio para denunciar a su esposo.
“Las veces que quería hacer denuncias me decían que tenía que ir en ese mismo momento en el que él venía a hacer quilombo a mi casa. Por un ‘pero’, por algo, no me querían tomar la denuncia, la exposición, para ampliar la denuncia, siempre un algo me ponían”, se quejó la víctima.
Y agregó: “De todo el año -por el 2022- que me fui a denunciar, me tomaron en mayo, porque fui con unas amigas a hacer la denuncia y después en octubre fue la otra denuncia que hice”.
Ir hasta la dependencia y recibir un “no” como respuesta agotó a la mujer, quien aduce que la constante negativa es resultado de las “veces que los vecinos denunciaban y yo no me animaba a contar”.
“Siempre es lo mismo, me afligió, me cansó, entonces salgo -de la comisaría- y le digo a mi hermano o a mi amigo, que siempre me acompañan: ‘Sabés que, vamos nomás’. Es un desgaste psicológico lo que tengo, ya estoy cansada de que no hagan nada”, enfatizó.
Los últimos hechos
Según detalló Pabla a este medio, a fines de mayo estaba compartiendo una cena con sus amigas en un bar ubicado sobre la avenida Centenario, casi Corrientes, cuando llegó Eugenio Silvero.
“Había uno de seguridad que es policía y que le avisó que yo estaba ahí adentro, porque es amigo. Él cayó al bar y me pegó, hubo gente que se metió a defenderme, me rompió los lentes. Le sacaron del lugar y después fue a mi casa y rompió los vidrios de mi casa, asustó a mis hijos, quería entrar”, dijo la mujer.
Otro de los hechos que Pabla denunció el 21 de octubre ante la seccional fue la intimidación contra su hijo de 16 años: “Me amenaza que le va a hacer algo, que me va a dar donde más me duele”, sostuvo.
La joven se explayó contando que, en ese momento, pidió una prohibición de acercamiento de su ex pareja hacia el adolescente, porque “lo amenaza de muerte”, pero nunca recibió la notificación por parte de la Justicia de que la medida estaba vigente.
Debido a que, el último lunes, el agresor llegó hasta su vivienda nuevamente, la mujer se acercó hasta la dependencia para denunciar, “y me dijeron que si no tenía el papel de la perimetral no me podían tomar la denuncia, y no me explicaron por qué”.
Los efectivos de la sede policial, de acuerdo a lo que sostuvo la denunciante, le dijeron que se acerque hasta el Juzgado de Violencia Familiar Uno, donde se instruye la causa, debido a que no habían recibido una respuesta a la solicitud de parte de la Justicia.
Por ello, en horas de la mañana de este miércoles, Pabla se acercó hasta la dependencia judicial y allí se enteró de que su esposo Silva tiene una prohibición de acercamiento hacia ella y su domicilio desde el pasado 27 de octubre.
Frente a esto, la mujer pide que la Justicia actúe debido a que Eugenio Silvero “todas las noches se acerca a mi casa, tira piedras, quiere trepar la reja”, enfatizó la mujer, y añadió que ella y sus cuatro hijos viven con miedo. Además, sostiene que también sus familiares comenzaron a recibir amenazas por parte del denunciado.
“Primero era yo nomás, me hostigaba a mí nomás, pero ahora empezó a molestar a mi familia. Yo sólo quiero que nos deje vivir en paz”, concluyó.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Presentaron la XXX Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral en Alem
Joven apuñalado en Alba Posse murió tras diez días de agonía en el hospital
Se cumplieron 60 años de María Helena consagrada en el Festival del Litoral
Crean asociación Matadero Alto Uruguay para preservar empleos locales
Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle
Hallan un ocelote muerto en Andresito y sospechan que fue atropellado
Gana premio nacional la ficción de Cármen Cáceres adaptada en Posadas del 2001
Funcionario provincial falleció al despistar con su moto en el Acceso Oeste
Perdió la pierna en un accidente y vende una rifa para pagar su prótesis
Mujer policía intentó robar un celular con su novio y fue detenida en Posadas
Identificaron a motociclista que murió en un choque sobre Cabo de Hornos
Homicida recapturado en Paraguay fue enviado a la cárcel de Eldorado
Ramón Amarilla sobre juicio a docentes: “Es persecución a los trabajadores”
Muni de Candelaria clausuró histórica arenera: “Es arbitrario e irregular”
Demandarán al Estado a 50 años de la muerte de Irrazábal y Ayrault
Niña de 5 años se reencontró con su peluche perdido en terminal Quaranta
Cierran Cataratas por crecida del río Iguazú que arrastró pasarelas
Cacho Bárbaro: “A Milei le patina, Massa tiene las herramientas para gobernar”
Macri en Posadas: “¿Cómo va a hacer Milei para gobernar sin gobernadores?”
Tercer día de reclamo en Jefatura: “No nos vamos a ir con las manos vacías”
Realizarán curso de educación ambiental con puntaje docente
-
Policiales hace 4 díasFuncionario provincial falleció al despistar con su moto en el Acceso Oeste
-
Información General hace 7 díasPerdió la pierna en un accidente y vende una rifa para pagar su prótesis
-
Policiales hace 3 díasMujer policía intentó robar un celular con su novio y fue detenida en Posadas
-
Policiales hace 7 díasIdentificaron a motociclista que murió en un choque sobre Cabo de Hornos
-
Policiales hace 3 díasHomicida recapturado en Paraguay fue enviado a la cárcel de Eldorado
-
Política hace 3 díasRamón Amarilla sobre juicio a docentes: “Es persecución a los trabajadores”
-
Provinciales hace 4 díasMuni de Candelaria clausuró histórica arenera: “Es arbitrario e irregular”
-
Judiciales hace 7 díasPiden detención de Alejandro Jabornicky por publicar fotos con su ex pareja