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Denuncia que su ex rompe la perimetral: “Ahora amenaza de muerte a mi hijo”

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Denuncia que su ex rompe la perimetral: “Ahora amenaza de muerte a mi hijo”

Una mujer de 34 años denunció a su esposo, Eugenio Ramón Silvero (29), por violencia de género en el 2019 en la Comisaría de la Mujer de Villa Cabello, Seccional Séptima, de Posadas.

Tras juntar valor y animarse a denunciar hechos de maltrato físico y psicológico, Pabla Pojalski, mamá de cuatro hijos, expone que su agresor la continúa hostigando y amenaza de muerte a su hijo de 16 años.

“Hace tres años vengo luchando con el tema de denuncias y perimetral”, dijo Pabla en una entrevista telefónica con La Voz de Misiones.

La mujer relató que Silvero “siempre ejerció violencia” en la relación, pero ella no pudo salir del círculo de violencia hasta que la intervención del mayor de sus hijos hizo que tomara la decisión de separarse.

“Vi que mis hijos sufrieron mucho al ver todo lo que él hizo y dije: ‘Basta, hasta acá llegué’, porque me estaba enfermando y no podía seguir así. Entonces, en agosto del 2019, me separé”, recordó Pabla.

Denunciar: un martirio

Los hechos de violencia que ocurrían en la casa del populoso barrio de Posadas fueron denunciados en reiteradas ocasiones por los vecinos. Situaciones que la víctima negaba ante los efectivos de la Policía de Misiones por “miedo”.

“Trataba de tapar, no quería que nadie sepa. Había denuncia que hacían los vecinos y yo tapaba, yo decía que no era así, que él no me estaba haciendo nada. La última vez, si mi hijo no se metía, yo no iba a estar hablando”, contó la mujer a LVM.

Poco más de dos años fue el tiempo en que la joven madre convivió con Eugenio Silvero, con quien se casó y tuvo a su última hija, una pequeña que actualmente tiene 3 años.

Días después de dar a luz a la niña, Pabla se acercó hasta la Séptima, ubicada sobre la avenida Tambor de Tacuarí casi Kolping, y realizó la primera denuncia contra su esposo.

Sin embargo, la violencia contra ella y su familia continúo hasta la actualidad, sostuvo Pabla, lo que la llevó a acercarse varias veces hasta la comisaría del barrio para denunciar a su esposo.

“Las veces que quería hacer denuncias me decían que tenía que ir en ese mismo momento en el que él venía a hacer quilombo a mi casa. Por un ‘pero’, por algo, no me querían tomar la denuncia, la exposición, para ampliar la denuncia, siempre un algo me ponían”, se quejó la víctima.

Y agregó: “De todo el año -por el 2022- que me fui a denunciar, me tomaron en mayo, porque fui con unas amigas a hacer la denuncia y después en octubre fue la otra denuncia que hice”.

Ir hasta la dependencia y recibir un “no” como respuesta agotó a la mujer, quien aduce que la constante negativa es resultado de las “veces que los vecinos denunciaban y yo no me animaba a contar”.

“Siempre es lo mismo, me afligió, me cansó, entonces salgo -de la comisaría- y le digo a mi hermano o a mi amigo, que siempre me acompañan: ‘Sabés que, vamos nomás’. Es un desgaste psicológico lo que tengo, ya estoy cansada de que no hagan nada”, enfatizó.

Los últimos hechos

Según detalló Pabla a este medio, a fines de mayo estaba compartiendo una cena con sus amigas en un bar ubicado sobre la avenida Centenario, casi Corrientes, cuando llegó Eugenio Silvero.

“Había uno de seguridad que es policía y que le avisó que yo estaba ahí adentro, porque es amigo. Él cayó al bar y me pegó, hubo gente que se metió a defenderme, me rompió los lentes. Le sacaron del lugar y después fue a mi casa y rompió los vidrios de mi casa, asustó a mis hijos, quería entrar”, dijo la mujer.

Otro de los hechos que Pabla denunció el 21 de octubre ante la seccional fue la intimidación contra su hijo de 16 años: “Me amenaza que le va a hacer algo, que me va a dar donde más me duele”, sostuvo.

La joven se explayó contando que, en ese momento, pidió una prohibición de acercamiento de su ex pareja hacia el adolescente, porque “lo amenaza de muerte”, pero nunca recibió la notificación por parte de la Justicia de que la medida estaba vigente.

Debido a que, el último lunes, el agresor llegó hasta su vivienda nuevamente, la mujer se acercó hasta la dependencia para denunciar, “y me dijeron que si no tenía el papel de la perimetral no me podían tomar la denuncia, y no me explicaron por qué”.

Los efectivos de la sede policial, de acuerdo a lo que sostuvo la denunciante, le dijeron que se acerque hasta el Juzgado de Violencia Familiar Uno, donde se instruye la causa, debido a que no habían recibido una respuesta a la solicitud de parte de la Justicia.

Por ello, en horas de la mañana de este miércoles, Pabla se acercó hasta la dependencia judicial y allí se enteró de que su esposo Silva tiene una prohibición de acercamiento hacia ella y su domicilio desde el pasado 27 de octubre.

Frente a esto, la mujer pide que la Justicia actúe debido a que Eugenio Silvero “todas las noches se acerca a mi casa, tira piedras, quiere trepar la reja”, enfatizó la mujer, y añadió que ella y sus cuatro hijos viven con miedo. Además, sostiene que también sus familiares comenzaron a recibir amenazas por parte del denunciado.

“Primero era yo nomás, me hostigaba a mí nomás, pero ahora empezó a molestar a mi familia. Yo sólo quiero que nos deje vivir en paz”, concluyó.

Policiales

Investigan a más de 40 gendarmes y aduaneros por coimas en el puente

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contrabando puente

El Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, activó ayer una serie de procedimientos vinculados a una investigación por contrabando de mercaderías y coimas que involucra a más de 40 funcionarios, entre agentes aduaneros y gendarmes, quienes no fueron detenidos pero sí quedaron supeditados a la causa que se tramita desde 2022.

Según precisaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la pesquisa tiene bajo la lupa a un total de 24 integrantes de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y 22 agentes de Aduana, organismo dependiente de Arca (ex Afip), con prestación de servicios en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

En ese marco, el lunes se ejecutaron 38 allanamientos simultáneos realizados por investigadores de la propia fuerza federal, quienes tuvieron la misión de irrumpir en el domicilio o lugar de trabajo de camaradas y agentes aduaneros.

Esos procedimientos culminaron con el secuestro de 57.333.470 de pesos, 37.202 dólares, 6.701 reales, 947.000 guaraníes y 17 pesos cubanos. También se incautaron 62 celulares, entre aparatos de uso personal que serán enviados a pericias y otros que pudieron ser ingresados al país burlando los trámites de importación.

Además, se decomisaron múltiples dispositivos electrónicos más como tarjetas de almacenamiento, cámaras, computadoras y cámaras fotográficas.

Lo que se sospecha es que todos los involucrados formaban parte de una organización dedicada a facilitar el contrabando de mercaderías por el viaducto internacional a partir del cobro de coimas, ardid similar al descubierto en 2016, causa por la cual cuatro aduaneros fueron imputados por asociación ilícita y que el año pasado fueron condenados en juicio oral.

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El caso Peyer avanza con toma de testimoniales: Gularte citada como testigo

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El caso Mario Peyer avanza, tanto administrativamente como judicialmente. En Caraguatay esta mañana se concretó la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante que ungió a la edil Norma Gularte como intendenta interina, mientras que la Justicia continúa recabando material probatorio y en ese marco ya citó a cuatro personas a declarar en carácter de testigos, entre ellos a la flamante jefa comunal.

Las audiencias se realizarán en el trascurso de esta semana y la siguiente, instancia en la cual las personas citadas podrán contar todo lo que saben, vieron o escucharon sobre los hechos denunciados.

Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, entre los citados aparecen trabajadores administrativos y también concejales de Caraguatay, y, a pesar de haberlo negado públicamente, entre esos nombres figura Norma Gularte, quien fue señalada por la denunciante como una de las personas que estuvo presente en el recinto parlamentario durante uno de los episodios que la víctima narró como de acoso de parte de Peyer.

Las audiencias tendrán lugar en el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, quien ya ordenó una batería de medidas probatorias para engrosar el expediente por “abuso sexual con acceso carnal” que se tramita en contra de Peyer, ahora de licencia en su cargo como intendente.

Entre las medidas dictadas se destaca una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante. El magistrado además ordenó una serie de procedimientos que ya se concretaron como, por ejemplo, allanamientos tanto en su oficina, como en su casa, además del secuestro de sus aparatos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras que fueron remitidos para pericias al personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

También hubo una inspección ocular en las oficinas del HCD donde presuntamente ocurrieron los hechos y en los últimos días además se dispuso la elaboración de informes socioambientales y una entrevista psicológica a la denunciante.

Las mismas fuentes señalaron que se aguarda que la Policía eleve al juzgado el sumario policial con la denuncia por amenazas que la misma joven radicó el fin de semana pasado y se analiza unir ambos expedientes para que, una vez citado a prestar declaración indagatoria, Peyer responda por ambas acusaciones.

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Policía se atrincheró armado en Jefatura en reclamo por un traslado

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policía jefatura

Minutos de máxima tensión y dramatismo se vivieron esta mañana en el interior de la Jefatura de Policía en Posadas, donde un suboficial con antecedentes de episodios similares, se atrincheró armado en reclamo por una medida de traslado.

Según se pudo saber, el implicado se trata de un suboficial con prestación de servicios en la Unidad Regional V de Puerto Iguazú, quien hace diez años había protagonizado un hecho similar, cuando tomó de rehén a un superior y lo hirió en el pie por el rebote de un disparo que efectuó al aire.

En esta ocasión, la situación no pasó a mayores, pero el mismo uniformado se encerró en una oficina y extrajo su arma reglamentaria en todo amenazante para con sus pares.

El drama se desactivó después de varios minutos de conversación y negociaciones mantenidas por camaradas preparados para situación de alta tensión.

Al hombre se le quitó el arma y se dispuso que sea atendido por un gabinete psicológico para evaluar si encuentran apto para seguir en funciones.

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