Policiales
Denuncia que su ex rompe la perimetral: “Ahora amenaza de muerte a mi hijo”
Una mujer de 34 años denunció a su esposo, Eugenio Ramón Silvero (29), por violencia de género en el 2019 en la Comisaría de la Mujer de Villa Cabello, Seccional Séptima, de Posadas.
Tras juntar valor y animarse a denunciar hechos de maltrato físico y psicológico, Pabla Pojalski, mamá de cuatro hijos, expone que su agresor la continúa hostigando y amenaza de muerte a su hijo de 16 años.
“Hace tres años vengo luchando con el tema de denuncias y perimetral”, dijo Pabla en una entrevista telefónica con La Voz de Misiones.
La mujer relató que Silvero “siempre ejerció violencia” en la relación, pero ella no pudo salir del círculo de violencia hasta que la intervención del mayor de sus hijos hizo que tomara la decisión de separarse.
“Vi que mis hijos sufrieron mucho al ver todo lo que él hizo y dije: ‘Basta, hasta acá llegué’, porque me estaba enfermando y no podía seguir así. Entonces, en agosto del 2019, me separé”, recordó Pabla.
Denunciar: un martirio
Los hechos de violencia que ocurrían en la casa del populoso barrio de Posadas fueron denunciados en reiteradas ocasiones por los vecinos. Situaciones que la víctima negaba ante los efectivos de la Policía de Misiones por “miedo”.
“Trataba de tapar, no quería que nadie sepa. Había denuncia que hacían los vecinos y yo tapaba, yo decía que no era así, que él no me estaba haciendo nada. La última vez, si mi hijo no se metía, yo no iba a estar hablando”, contó la mujer a LVM.
Poco más de dos años fue el tiempo en que la joven madre convivió con Eugenio Silvero, con quien se casó y tuvo a su última hija, una pequeña que actualmente tiene 3 años.
Días después de dar a luz a la niña, Pabla se acercó hasta la Séptima, ubicada sobre la avenida Tambor de Tacuarí casi Kolping, y realizó la primera denuncia contra su esposo.
Sin embargo, la violencia contra ella y su familia continúo hasta la actualidad, sostuvo Pabla, lo que la llevó a acercarse varias veces hasta la comisaría del barrio para denunciar a su esposo.
“Las veces que quería hacer denuncias me decían que tenía que ir en ese mismo momento en el que él venía a hacer quilombo a mi casa. Por un ‘pero’, por algo, no me querían tomar la denuncia, la exposición, para ampliar la denuncia, siempre un algo me ponían”, se quejó la víctima.
Y agregó: “De todo el año -por el 2022- que me fui a denunciar, me tomaron en mayo, porque fui con unas amigas a hacer la denuncia y después en octubre fue la otra denuncia que hice”.
Ir hasta la dependencia y recibir un “no” como respuesta agotó a la mujer, quien aduce que la constante negativa es resultado de las “veces que los vecinos denunciaban y yo no me animaba a contar”.
“Siempre es lo mismo, me afligió, me cansó, entonces salgo -de la comisaría- y le digo a mi hermano o a mi amigo, que siempre me acompañan: ‘Sabés que, vamos nomás’. Es un desgaste psicológico lo que tengo, ya estoy cansada de que no hagan nada”, enfatizó.
Los últimos hechos
Según detalló Pabla a este medio, a fines de mayo estaba compartiendo una cena con sus amigas en un bar ubicado sobre la avenida Centenario, casi Corrientes, cuando llegó Eugenio Silvero.
“Había uno de seguridad que es policía y que le avisó que yo estaba ahí adentro, porque es amigo. Él cayó al bar y me pegó, hubo gente que se metió a defenderme, me rompió los lentes. Le sacaron del lugar y después fue a mi casa y rompió los vidrios de mi casa, asustó a mis hijos, quería entrar”, dijo la mujer.
Otro de los hechos que Pabla denunció el 21 de octubre ante la seccional fue la intimidación contra su hijo de 16 años: “Me amenaza que le va a hacer algo, que me va a dar donde más me duele”, sostuvo.
La joven se explayó contando que, en ese momento, pidió una prohibición de acercamiento de su ex pareja hacia el adolescente, porque “lo amenaza de muerte”, pero nunca recibió la notificación por parte de la Justicia de que la medida estaba vigente.
Debido a que, el último lunes, el agresor llegó hasta su vivienda nuevamente, la mujer se acercó hasta la dependencia para denunciar, “y me dijeron que si no tenía el papel de la perimetral no me podían tomar la denuncia, y no me explicaron por qué”.
Los efectivos de la sede policial, de acuerdo a lo que sostuvo la denunciante, le dijeron que se acerque hasta el Juzgado de Violencia Familiar Uno, donde se instruye la causa, debido a que no habían recibido una respuesta a la solicitud de parte de la Justicia.
Por ello, en horas de la mañana de este miércoles, Pabla se acercó hasta la dependencia judicial y allí se enteró de que su esposo Silva tiene una prohibición de acercamiento hacia ella y su domicilio desde el pasado 27 de octubre.
Frente a esto, la mujer pide que la Justicia actúe debido a que Eugenio Silvero “todas las noches se acerca a mi casa, tira piedras, quiere trepar la reja”, enfatizó la mujer, y añadió que ella y sus cuatro hijos viven con miedo. Además, sostiene que también sus familiares comenzaron a recibir amenazas por parte del denunciado.
“Primero era yo nomás, me hostigaba a mí nomás, pero ahora empezó a molestar a mi familia. Yo sólo quiero que nos deje vivir en paz”, concluyó.
La Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó el bloqueo del paso fronterizo en la localidad de Panambí ante la imposibilidad de operar la balsa que conecta con Brasil, debido al bajo nivel del agua que impide la navegación segura.
La medida comenzó a regir a las 7,30 de este lunes mediante la suspensión temporal del servicio de transporte fluvial, el cual será rehabilitado cuando las condiciones del río permitan retomar la navegación con normalidad.
Desde tempranas horas de hoy, se apersonaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Panambí, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, quienes realizaron un relevamiento en la zona costera para constatar el bloqueo del mencionado paso.
Por el momento no se registraron detalles sobre los niveles del río, pero a simple vista, el nivel fluvial dificulta la navegación y vuelve insegura la operatoria de la balsa que realiza el cruce entre Panambí y Porto Vera Cruz diariamente.
La reapertura del paso dependerá de la evolución del nivel del río en las próximas horas.
Histórica bajante del río Uruguay en Panambí.
Misiones y un 2026 con emergencia ígnea e hídrica todo el año
En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.
El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.
La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.
Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.
FOTO: EL TERRITORIO
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
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