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Denuncia de una misionera destapó una red de trata y estafas en Córdoba

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ElectroMisiones.com.ar De La Finca Animal World Veterinaria

La denuncia radicada por una misionera oriunda de Puerto Iguazú permitió desarticular una organización criminal dedicada a la captación de jóvenes para explotación laboral y estafa piramidal en Córdoba, donde la Policía Federal Argentina (PFA) realizó seis allanamientos, concretando la detención de tres “líderes” implicados y el rescate de 27 víctimas.

Según consignaron desde dicha fuerza federal, la investigación comenzó a partir de la denuncia de la muchacha misionera, quien relató que fue atraída a la ciudad de Córdoba mediante una oferta laboral engañosa a través de las redes.

Tras contar su experiencia, los investigadores de Agencia Regional Federal Centro Córdoba de la PFA profundizaron las averiguaciones y de esa forma determinaron la existencia de una organización criminal que se dedicaba a captar jóvenes en condiciones de vulnerabilidad con falsas propuestas de trabajo.

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De acuerdo a la información brindada a La Voz de Misiones, el grupo detrás de este ardid estaba conformado por un hombre de nacionalidad venezolana y dos mujeres argentinas, aunque el orden jerárquico de la organización era tal que todos estaban obligados a llamar “líder” al extranjero.

Los tres involucrados se exponían en redes sociales con fotografías en las cuales ostentaban ropas de marca, vehículos de alta gama y joyas. Todo consistía, en realidad, en una estrategia publicitaria con el propósito de convencer a jóvenes interesados en obtener su primer trabajo.

Lo que el grupo criminal proponía a los jóvenes era generar ingresos mediante el uso de redes sociales a través de una empresa que -según decían- estaba asociada a importantes plataformas internacionales.

Pero ahí comenzaba la estafa o la captación. Es que para asociarse y ser miembros de esa supuesta “franquicia digital”, los interesados debían abonar una especie de “suscripción” cuyo precio rondaba entre 150 y 200 dólares, aunque la membrecía variaba dependiendo el nivel socio-económico de cada persona, tópico que ya había sido analizado por la banda previamente.

Sin embargo, existieron jóvenes que no podían cubrir dichos costos y de esa manera caían en la captación.

Como alternativa, la banda convencía a los interesados a trasladarse hasta Córdoba, donde eran alojados en pequeños departamentos en condiciones de hacinamiento y debían trabajar en pos de la organización creando perfiles falsos en redes sociales para seguir captando personas que abonen la suscripción a la falsa franquicia digital.

Todas estas actividades eran registradas en cuadernos en los cuales se hacía un seguimiento diario. Según detallaron, en los allanamientos se secuestraron 36 anotadores, además de 42 celulares, tres notebooks y comprobantes de depósitos y transferencias.

Los operativos contra esta estructura criminal fueron realizados por pedido de Maximiliano Hairabedian, titular de la Fiscalía Federal 3 de Córdoba, y por orden de Alejando Sánchez Freytes, magistrado a cargo del Juzgado Federal de Córdoba, quienes ahora tienen a su disposición al venezolano y a sus dos cómplices.

De acuerdo a lo consignado por la PFA, la organización tenía acceso a cuentas bancarias tanto en Colombia como en Perú y la mayoría de los pagos de la suscripción que solicitaban eran realizados a través de criptomonedas para evitar que esas operaciones puedan ser rastreadas.

En total se realizaron seis allanamientos. Cinco de ellos fueron efectuados en un edificio sobre la calle Bedoya al 900 y el restante en un hotel céntrico.

Durante esos procedimientos el personal de la fuerza federal interviniente logró el rescate de 27 jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que estaban sufriendo situaciones que configuran el delito de trata de personas.

Según indicaron, las víctimas eran personas provenientes de Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires, Catamarca, Salta, Chaco y Córdoba, como así también de otros países como Venezuela, Uruguay, Brasil y Ecuador. Todos fueron atendidos por el equipo  interdisciplinario de la Subsecretaría de Trata de Personas de la Provincia de Córdoba.

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Judiciales

Subastarán tres autos de alta gama incautados en narco-concesionaria RR Vip

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Un Porsche Cayman, un Toyota Coupé 86 y un BMW Z4, tres de los vehículos de alta gama incautados en octubre de 2014 durante el allanamiento de una concesionaria posadeña utilizada para el lavado de activos provenientes del narcotráfico, serán entregados a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y sometidos a una subasta pública.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, que falló a favor de un pedido formulado por la UIF, que intervino en la causa como querellante particular.

El planteo consistió en solicitar los tres rodados para que sean sometidos a remate y que lo recaudado sea depositado en un plazo fijo hasta que la sentencia impartida contra los responsables de la maniobra quede firme, consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones. 

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Entre los fundamentos, la UIF mencionó que por sus “características” los mencionados vehículos “no pueden ser afectados a fines de utilidad pública, y que, por las condiciones en las que se encuentran alojados denotan un peligro real de que su valor económico se vea inexorablemente depreciado, hasta el momento en que se resuelva en definitiva el recurso ante el tribunal de casación”.

El planteo fue remitido al Ministerio Público Fiscal, que no se opuso a la medida y, en consecuencia, el TOF dio el visto bueno para ejecutar la entrega de los rodados actualmente incautados en un depósito de la AFIP-DGA en Garupá y autorizar el remate de los mismos a través de una subasta pública que deberá ser programada para los próximos meses.

Los rodados son un Porsche Cayman S, Dominio JBB-754; un Toyota Coupe 86, Dominio MTZ-557; y un
BMW Z4, dominio MAQ-462.

El BMW Z4, dominio MAQ-462, será uno de los vehículos puestos a remate. FOTO: El Territorio

Causa RR VIP Automóviles

Los tres vehículos fueron incautados en octubre de 2014, durante un imponente allanamiento ejecutado por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en la concesionaria RR Vip Automóviles, que funcionaba sobre la avenida Quaranta casi Jauretche de Posadas.

El dueño de ese lugar era el empresario santafesino Roberto Rodríguez, quien en 2018 fue condenado a 13 años de prisión tras ser hallado responsable del delito de “lavado de activos de origen delictivo agravado por cometerse en habitualidad y en banda”.

Junto a él fueron condenadas otras seis personas, entre ellas su madre y su ex pareja, quienes recibieron penas de entre 10 y 4 años y medio de prisión, aunque sólo Rodríguez fue a la cárcel.

La sentencia fue confirmada en primera instancia en 2021 por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyos magistrados rechazaron los planteos de los acusados y ratificaron las condenas impuestas por el TOF de Corrientes.

Además de las penas de prisión impartidas, en el mismo fallo el tribunal correntino ordenó el decomiso de los vehículos (18 en total) y de los inmuebles que fueran objeto y/o medio de lavado de activos.

RR VIP Automóviles funcionaba sobre la avenida Quaranta, casi Jauretche.

También se resolvió clausurar la personería jurídica de la empresa RR Vip que comercializaba los vehículos, del complejo turístico Tangará (ubicado en Montercalo), de la empresa de turismo Emsetur y de un corralón de Cerro Corá. A través de esas firmas, los investigadores de la histórica pesquisa financiera establecieron que circularon más de 158 millones de pesos originados en la venta de estupefacientes.

Meses después de la sentencia, el TOF además dictaminó que el inmueble donde funcionaba RR VIP pase a manos de la GNA a modo de depositario judicial.

La decisión se tomó a partir de un pedido de la Agrupación IV Misiones de dicha fuerza federal, cuyas autoridades consideraron que el local podía albergar oficinas del Centro de Reunión de Información Misiones, dependiente de la Unidad de Procedimientos Judiciales y del Grupo de Investigaciones de Delitos Económicos.

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Judiciales

Esteche cambió su relato, negó el abuso a Irma y acusó apremios

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Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34), único imputado por el femicidio de Irma Ferreyra, decidió declarar hoy en el inicio del debate oral en su contra y en esa instancia negó haber cometido el abuso sexual que derivó en la muerte de la mujer, a la vez que aseguró que en la etapa de investigación se autoincriminó por golpizas recibidas de parte de la Policía.

La declaración del hombre nacido en Oberá pero “criado en Buenos Aires” se dio esta mañana, luego de la lectura del auto de elevación a juicio del expediente y en el marco de la primera jornada del debate oral en el que se buscará esclarecer el femicidio de Irma Ferreyra Da Rocha (47), registrado entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016 en Garupá.

Según consta en la acusación planteada por Patricia Clérici, fiscal de Instrucción Siete, Esteche conoció a Irma la noche del 16 de diciembre durante una fiesta de fin de año que se realizaba en el predio “La Economía”, en cercanías a la ex Garita.

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De allí, de acuerdo a la hipótesis del caso trazada en el mismo documento judicial, el imputado salió junto a la víctima y ambos se dirigieron hasta un túnel debajo de la autovía de la ruta nacional 12, donde en primera instancia mantuvieron relaciones sexuales consentidas pero luego Esteche dejó inconsciente a la mujer de una trompada y la ultrajó con una rama, provocándole gravísimas lesiones internas que la llevaron a la muerte 30 horas después.

Al ser preguntado si deseaba declarar, Porteño respondió que sí y frente a los magistrados del Tribunal Penal Uno se desligó del hecho, modificando parte de su testimonio brindado en la etapa de investigación. Cambio central radica que en su momento reconoció haber mantenido “relaciones sexuales consentidas” con la víctima y ahora aseguró se fue junto a ella pero nunca llegaron a ese punto.

La declaración de hoy

“No voy a negar que esa noche me fui con la señora y que cruzamos hacia el túnel, pero no llegamos a tener relaciones por el nivel de alcohol que teníamos. Entonces ahí yo me voy y la dejo a ella ahí, quieta. Había mucha gente en la zona y en la parada de ahí cerca”, comenzó Esteche su testimonio, que se extendió por diez minutos.

Y continuó: “Al otro día llegué a la casa de mi ex pareja y no sabía cómo había llegado ahí. Ella me estaba regañando, pero le dije que yo no había hecho nada, que jamás hubiese hecho algo así”.

El imputado, que en etapa de instrucción declaró que con Irma tuvo relaciones sexuales consentidas pero “extremas”, ahora indicó que ese testimonio lo dio bajo presión de los policías que investigaron el hecho.

“Vino un policía de civil y me llevaron a declarar. Yo fui porque no tenía nada que esconder. Ahí comenzaron a golpearme. Sólo dejaron de golpearme cuando dije ‘yo fui’, pero eso lo dije, porque vi a mi hermana esposada y por la golpiza”, expresó el hombre acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua al final del proceso.

Esteche está detenido con prisión preventiva en una unidad penal de la provincia. FOTO: SPP

Sobre el momento de su declaración indagatoria, Esteche criticó que no recibió “ningún consejo legal” de su abogado defensor oficial y afirmó que éste le dio un escrito con lo que debía que testificar para poder “sacarlo pronto por la ley de arrepentimiento”.

En otro tramo de la declaración vertida hoy, el imputado describió la ropa que vestía la noche en que se cruzó con Irma (“una remera azul con triángulos blancos, bermudas blancas con bolsillos y zapatos tipo americano”, aunque luego insistió en no recordar cómo había regresado a su casa ni qué había realizado después de -presuntamente- dejar a la mujer en el túnel.

Una de las pruebas que obra en el expediente es la declaración de un vecino que auxilió a Irma esa noche. El muchacho, que deberá prestar su testimonio en las próximas jornadas, relató haber visto a un joven de chomba azul salir del túnel en actitud sospechosa y luego darse a la fuga corriendo.

Esteche está detenido con prisión preventiva desde comienzos de 2017 y pasa sus días en una unidad penal de la provincia. Su traslado y custodia en el recinto judicial está en manos del personal especializado del Servicio Penitenciario Provincial (SPP). 

El debate oral continuará mañana con los primeros testigos. Se prevé de la declaración de al menos 30 personas a lo largo del proceso que se extenderá durante un total de diez jornadas.

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Judiciales

Comenzó el juicio por el femicidio de Irma: 30 horas de agonía y una muerte atroz

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El debate oral por el femicidio de Irma Ferreyra da Rocha (47) comenzó esta mañana con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, instancia en la cual la fiscal Patricia Inés Clérici utilizó dos expresiones que grafican la crueldad del caso al mencionar que la víctima sufrió “30 horas de agonía” y tuvo “una muerte atroz”.

La instancia oral para esclarecer el femicidio de la mujer, registrado entre el 16 y el 18 de diciembre de 2016 en Garupá, comenzó esta mañana, minutos después de las 8.30 en la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Posadas, donde Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34) ocupa un lugar en el banquillo de los acusados bajo una imputación que prevé una pena de prisión perpetua.

Con los magistrados Viviana Kukla, Ángel Dejesús Cardozo y César Yaya en los estrados, el primer paso fue proceder a la lectura del requerimiento y el auto de elevación a juicio del expediente.

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En ese documento, Patricia Clérici, titular de la Fiscalía de Instrucción Siete de Posadas, realizó una reconstrucción del hecho y solicitó que Esteche sea llevado a juicio bajo la acusación de “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización, seguido de muerte”.

En esa cronología del caso, realizada a partir de los elementos probatorios obrantes en la causa, Clérici estableció que Esteche conoció a Irma Ferreyra durante una fiesta de fin de año que se desarrollaba en el predio de la feria “La Economía”, ubicada en inmediaciones a la ex Garita de Garupá.

De allí, minutos antes de las 00 del 17 de diciembre, ambos se retiraron juntos y fueron hasta un túnel de la autovía de la ruta nacional 12, en cercanías a la calle 246 y la avenida Alberto Roth, donde se produjo el ultraje que derivó en la muerte de Irma.

Según estableció la fiscalía, en primera instancia hubo relaciones sexuales consentidas, pero en determinado momento Esteche dejó inconsciente a Irma mediante un golpe de puño efectuado sobre su mejilla izquierda.

Con la víctima indefensa, la ultrajó utilizando la rama de un árbol, provocando severas lesiones internas que llegaron hasta perforar el lóbulo superior izquierdo de un pulmón.

Tras el abuso, el acusado escapó de la escena y abandonó a la víctima, que ya en grave estado fue auxiliada por un vecino que solicitó auxilio médico y la intervención policial en el lugar.

En esa instancia, Irma fue trasladada al hospital Madariaga. A las 2 de la madrugada fue sometida a una laparotomía que no alcanzó a determinar la gravedad del año que la mujer tenía en sus órganos.

La paciente quedó internada y conforme el paso de las horas su cuadro agravó. Recién a la medianoche siguiente se advirtió que tenía “perforación intestinal” -entre otras lesiones internas-. A las 10.30 entró en paro y a las 12.05 del 18 de diciembre de 2016 se certificó su fallecimiento.

Alejandro “Porteño” Esteche, único imputado, ante el Tribunal Penal Uno.

En el requerimiento de elevación a juicio firmado por Clérici, la fiscal expuso que la víctima tuvo una “agonía de 30 horas”, que sufrió “una muerte atroz” y que “la causa de muerte la puso el imputado”, atribuyéndole así toda la responsabilidad del caso a Esteche, que desde fines de 2016 está detenido y ahora ocupa un lugar en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Uno a la espera de una definición sobre su futuro.

Durante esta primera audiencia también se leyó la oposición a la elevación a juicio de la causa formulada por la defensa del acusado, documento en el cual atacó las actuaciones del caso y apuntó irregularidades en el procedimiento.

También planteó que no hay pruebas genéticas que vinculen a Esteche con el hecho y por ello pidió su sobreseimiento, pero el Juzgado de Instrucción Siete -a cargo en ese entonces por el magistrado Carlos Giménez- rechazó por improcedente la presentación y dispuso la elevación a debate del expediente.

Así fue que hoy, después de dos intentos frustrados en 2020 y 2021, la causa llegó a instancia de juicio.

Esta mañana, tras la lectura de los documentos judiciales, Esteche aceptó hablar y se desligó del caso. Admitió haber salido junto a Irma de la fiesta y haberse dirigido con ella hasta el túnel, pero sostuvo que no tuvieron relaciones por el estado de alcoholismo en el que ambos se encontraban.

Después de ello aseguró que se fue del lugar y no recuerda cómo llegó hasta la casa de su ex pareja. Días después fue detenido y declaró que se autoincriminó por la golpiza que le efectuaron los policías intervinientes.

El debate continuará mañana. Las audiencias se extenderán durante al menos nueve jornadas más y se prevé la declaración de al menos 30 testigos, entre familiares de la víctima, del acusado, policías, peritos y profesionales médicos.

En el proceso interviene el fiscal Martín Alejandro Rau, mientras que el acusado cuenta con el patrocinio del abogado defensor particular Edgardo Cabrera.

“Es un dolor escuchar todo y ver al hombre por primera vez. Mi cabeza se pregunta qué pasa por la cabeza de un hombre hacer todo eso. Fue una brutalidad. Si lo dejan en libertad quién garantiza de que no lo vuelva a hacer. Fue mi madre, pero pudo haber sido cualquier mujer. Queremos justicia, queremos cadena perpetua para él. Es lo que se merece. Todo el peso de la ley”, expresó Silvina, una de las hijas de las víctima, quien estuvo presente en esta primera audiencia del debate.

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