Policiales
Cura trasladado a Iguazú, denunciado por abuso de menores en La Plata
Se trata de Raúl Sidders, quien actualmente vive en la Diócesis de la Ciudad de las Cataratas, a la espera de un nombramiento en Gendarmería.
En una denuncia penal realizada ayer se acusa al cura Raúl Anatolly Sidders “como autor material de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra una menor de 13 años aprovechando la situación de guía espiritual como sacerdote y docente”, según se detalla en la presentación ante el Juzgado de Garantías 2 de ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
El religioso acusado por ex alumnos del colegio San Vicente de Paul de la ciudad de las diagonales llegó a Misiones a principios del mes de mayo, en medio de la pandemia, y se alojó en la sede de la Diócesis de Puerto Iguazú junto al obispo local, Nicolás Baisi.
Según se detalló en la sección Comunicaciones Diocesanas de la página web obispadocastrenseargentina.org; Sidders, que tiene el rango de Presbítero: “Cesará como Capellán de la Base Aeronaval “Punta Indio”. Se traslada a la Diócesis de Puerto Iguazú donde prestará servicios como Capellán de Gendarmería Nacional”.
Sin embargo, el nombramiento nunca se concretó y el religioso denunciado continúa a la espera de asumir la función designada. Fuentes del Escuadrón XIII Gendarmería Nacional consultadas por LVM aseguraron que Sidders todavía no está vinculado a la fuerza federal.
Primera denuncia
Los primeros en alertar sobre la existencia de víctimas de abusos del cura Raúl Sidders fueron del periódico PrensaObrera.org, que bajo el título “Relatos de exalumnos sobre un sacerdote abusador…” recogieron aberrantes testimonios de quienes fueron sus alumnos y se animaron a contar lo que pasó a partir del año 2002, cuando Sidders llegó al colegio San Vicente de Paul de La Plata.
Aunque sin una denuncia judicial para sostener la acusación, la noticia generó cierto revuelo hasta que ayer la abogada Pía Garralda hizo la presentación como representante legal de la primera víctima que se animó a acusar formalmente. Se trata de una mujer cuyos datos permanecen en el anonimato para preservarse, pero se sabe que hoy tiene 26 años y que los abusos que relata datan de cuando tenía 12 años.
“Esta es la primera denuncia formal, pero estamos trabajando en nuevas presentaciones”, adelantó Garralda a LVM. Se espera que, con la aparición de una primera víctima, otros ex alumnos que hayan pasado por el mismo calvario también se animen a denunciar.
Chacal del confesionario
Según la recolección de testimonios que enumera Prensa Obrera, el sacerdote ahora denunciado en la Justicia era una especie de chacal del confesionario.
El ámbito de acción que se repite en los testimonios es el momento de la confesión a la que se sometían semanalmente los alumnos del colegio religioso San Vicente de Paul.
En un fragmento de la denuncia publicada ayer por el diario Primera Edición, se destaca un párrafo de la víctima: “Me confesaba con el padre Sidders en la escuela, me empezó a preguntar si había visto alguna vez a mis papás tener relaciones sexuales, si había visto a mi papá desnudo, si sabía lo que era un pene (…)”.
La mujer continúo con su relato: “A los 12, cuando estaba en sexto grado, esta situación empeoró. Me empezó a acosar peor durante las confesiones, me preguntaba si sabía masturbarme y yo le decía que no. Entonces me explicó con sus dedos, sin tocarme, cómo tenía que hacer. Me sugirió que lo hiciera pensando en él y que en la próxima confesión le contara cómo me había sentido”.
Silencio santo
Mientras la abogada Pía Garralda adelantó que pedirá que inmediatamente se separe de los asuntos públicos al sacerdote denunciado por abuso, se desconoce el rol exacto que cumple Sidders en tierras misioneras.
Algunos medios sostienen que el acusado es el secretario del obispo Baisi, a quien conoce hace muchos años y con quien mantiene una relación de profunda confianza.
Ante la recurrente consulta de medios y periodistas de Puerto Iguazú al jefe de la Iglesia Católica local, este prefirió esquivar los micrófonos manteniendo hasta ahora un silencio santo que deberá romper si la Justicia avanza en una investigación para saber qué tiene que ver Sidders con la catarata de acusaciones.
DENUNCIA. La acusación formal contra Sidders, secretario del obispo de Iguazú.
CON BARBA. Sidders en su ciclo televiso en sus años en La Plata.
SIN BARBA. La imagen del religioso comenzó a viralizarse luego de las denuncias.
La denuncia de un pasajero permitió la detención de un chofer de colectivos que conducía bajo los efectos del alcohol y efectuaba maniobras peligrosas durante el trayecto comprendido entre Puerto Iguazú y Montecarlo, donde finalmente fue interceptado por la Policía.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, la intervención policial comenzó cuando el pasajero de un micro que había partido desde Puerto Iguazú con rumbo hacia Posadas alertó a las autoridades que el conductor de la unidad realizaba maniobras peligrosas sobre la ruta.
En ese marco, agentes de la División Comando Radioeléctrico de Montercarlo interceptaron el vehículo en la terminal local y abordaron al conductor, a quien le practicaron un test de alcoholemia que arrojó 1,65 como resultado.
El chofer, identificado como Ricardo Rodolfo B. (56), quedó detenido por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, en tanto que también se labró el acta correspondiente y se procedió a la retención del colectivo.
Las fuentes agregaron que el micro llevaba trece pasajeros, a quienes se les reintegró el boleto y se los reubicó en otro servicio para que pudieran continuar con su viaje.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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