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Cura trasladado a Iguazú, denunciado por abuso de menores en La Plata

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Se trata de Raúl Sidders, quien actualmente vive en la Diócesis de la Ciudad de las Cataratas, a la espera de un nombramiento en Gendarmería.

 

En una denuncia penal realizada ayer se acusa al cura Raúl Anatolly Sidders “como autor material de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra una menor de 13 años aprovechando la situación de guía espiritual como sacerdote y docente”, según se detalla en la presentación ante el Juzgado de Garantías 2 de ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

El religioso acusado por ex alumnos del colegio San Vicente de Paul de la ciudad de las diagonales llegó a Misiones a principios del mes de mayo, en medio de la pandemia, y se alojó en la sede de la Diócesis de Puerto Iguazú junto al obispo local, Nicolás Baisi.

Según se detalló en la sección Comunicaciones Diocesanas de la página web obispadocastrenseargentina.org; Sidders, que tiene el rango de Presbítero: “Cesará como Capellán de la Base Aeronaval “Punta Indio”. Se traslada a la Diócesis de Puerto Iguazú donde prestará servicios como Capellán de Gendarmería Nacional”.

Sin embargo, el nombramiento nunca se concretó y el religioso denunciado continúa a la espera de asumir la función designada. Fuentes del Escuadrón XIII Gendarmería Nacional consultadas por LVM aseguraron que Sidders todavía no está vinculado a la fuerza federal.

Primera denuncia

Los primeros en alertar sobre la existencia de víctimas de abusos del cura Raúl Sidders fueron del periódico PrensaObrera.org, que bajo el título “Relatos de exalumnos sobre un sacerdote abusador…” recogieron aberrantes testimonios de quienes fueron sus alumnos y se animaron a contar lo que pasó a partir del año 2002, cuando Sidders llegó al colegio San Vicente de Paul de La Plata.

Aunque sin una denuncia judicial para sostener la acusación, la noticia generó cierto revuelo hasta que ayer la abogada Pía Garralda hizo la presentación como representante legal de la primera víctima que se animó a acusar formalmente. Se trata de una mujer cuyos datos permanecen en el anonimato para preservarse, pero se sabe que hoy tiene 26 años y que los abusos que relata datan de cuando tenía 12 años.

“Esta es la primera denuncia formal, pero estamos trabajando en nuevas presentaciones”, adelantó Garralda a LVM. Se espera que, con la aparición de una primera víctima, otros ex alumnos que hayan pasado por el mismo calvario también se animen a denunciar.

Chacal del confesionario

Según la recolección de testimonios que enumera Prensa Obrera, el sacerdote ahora denunciado en la Justicia era una especie de chacal del confesionario.

El ámbito de acción que se repite en los testimonios es el momento de la confesión a la que se sometían semanalmente los alumnos del colegio religioso San Vicente de Paul.

En un fragmento de la denuncia publicada ayer por el diario Primera Edición, se destaca un párrafo de la víctima: “Me confesaba con el padre Sidders en la escuela, me empezó a preguntar si había visto alguna vez a mis papás tener relaciones sexuales, si había visto a mi papá desnudo, si sabía lo que era un pene (…)”.

La mujer continúo con su relato: “A los 12, cuando estaba en sexto grado, esta situación empeoró. Me empezó a acosar peor durante las confesiones, me preguntaba si sabía masturbarme y yo le decía que no. Entonces me explicó con sus dedos, sin tocarme, cómo tenía que hacer. Me sugirió que lo hiciera pensando en él y que en la próxima confesión le contara cómo me había sentido”.

Silencio santo

Mientras la abogada Pía Garralda adelantó que pedirá que inmediatamente se separe de los asuntos públicos al sacerdote denunciado por abuso, se desconoce el rol exacto que cumple Sidders en tierras misioneras.

Algunos medios sostienen que el acusado es el secretario del obispo Baisi, a quien conoce hace muchos años y con quien mantiene una relación de profunda confianza.

Ante la recurrente consulta de medios y periodistas de Puerto Iguazú al jefe de la Iglesia Católica local, este prefirió esquivar los micrófonos manteniendo hasta ahora un silencio santo que deberá romper si la Justicia avanza en una investigación para saber qué tiene que ver Sidders con la catarata de acusaciones.

DENUNCIA

DENUNCIA. La acusación formal contra Sidders, secretario del obispo de Iguazú.

CON BARBA. Sidders en su ciclo televiso en sus años en La Plata.

SIN BARBA. La imagen del religioso comenzó a viralizarse luego de las denuncias.

Policiales

Tres muertos y una mujer herida por choque frontal en San Vicente

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Una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 39 años, colisionó de frente contra un Fiat Palio en el que viajaban un hombre y dos mujeres, donde estos últimos que aún no fueron identificados, fallecieron en el acto.

El hecho, cuyas circunstancias aún son materia de investigación, ocurrió en la tarde de hoy alrededor de las 17, sobre ruta 14, a la altura del kilómetro 968 de la Capital de la Madera. 

En medio del impacto, una mujer que circulaba como peatón fue embestida y debió ser trasladada al hospital local por lesiones.

Trabajaron en el lugar los bomberos voluntarios, para liberar a las víctimas, mientras la Policía de Misiones inició las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

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Judiciales

Condenaron al músico Andrés González por el siniestro fatal de Roca en 2019

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Andrés González

El músico Andrés Horacio González fue condenado a 3 años de prisión en suspenso y 10 de inhabilitación para conducir tras ser declarado responsable del siniestro vial registrado el 5 de marzo de 2019 sobre la ruta nacional 12, en Gobernador Roca, hecho que ocasionó las muertes de su novia Melina Sosa Labandera (25) y de la turista mendocina Melisa Caram (27), además de provocar heridas en otras tres personas, una de las cuales quedó con secuelas de por vida.

El artista no irá a la cárcel porque la pena es de ejecución condicional, aunque en contrapartida deberá respetar una serie de normas de conductas impuestas, como no beber, ni consumir estupefacientes, además de cumplir 32 horas mensuales de tareas comunitarias y acatar una prohibición de salida del país, medidas que regirán durante el término de la condena.

La sentencia fue emitida este mediodía por el tribunal unipersonal presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, luego de la ronda de alegatos desarrollada previamente, donde prevaleció uno de los planteos efectuados por la defensa del acusado, encabezada por los abogados particulares Federico Tilli y Daniel Zapana.

“Es un hecho traumático para todos. Entiendo todo lo que está pasando y tengo miedo también, pero confío en la Justicia. Solo pido que no se me quite la posibilidad de seguir cantando y seguir con mi familia”, había expresado González al momento de dar sus últimas palabras antes del veredicto.

Después del fallo, firmó el acta, entregó su licencia de conducir y se retiró en compañía de los familiares que lo acompañaron durante toda la jornada desde el sector del público.

“Destruyó vidas”

La ronda de alegatos comenzó con la exposición de la fiscal María Laura Álvarez, que sostuvo la acusación formulada desde la etapa de instrucción y consideró que González debía ser condenado a 6 años de prisión efectiva por ser autor de los delitos de “homicidio culposo calificado dos hechos, lesiones graves culposas calificadas dos hechos y lesiones gravísimas, todo en concurso ideal”.

Álvarez dio por acreditado que el impacto frontal entre el Ford Fiesta y la camioneta Chevrolet S-10 se produjo a alta velocidad, durante una maniobra de sobrepaso y en una zona de doble línea amarilla, pero fundamentalmente consideró probado que González era el conductor del automóvil siniestrado, principal punto de controversia en la causa.

“Esto se pudo acreditar con las testimoniales de testigos y sobrevivientes, las pericias realizadas y por las lesiones que presentaban las víctimas del hecho”, explicó la fiscal.

Y avanzó: “Y tengo la certeza que el imputado actuó de forma antirreglamentaria, en exceso de velocidad y en doble línea amarilla. Infringió las normas de tránsito más elementales. Hubo culpa temeraria y una actitud desaprensiva. Este hecho destruyó vidas, familias y proyectos de vida”.

Con esa base, solicitó que el músico sea condenado a 6 años de prisión efectiva, más de 10 de inhabilitación para conducir. “La pena efectiva sería no banalizar las muertes”, justificó.

Además, Álvarez calificó como “deficiente” el accionar de los agentes que labraron el sumario policial del hecho, documento en el cual registraron al sobreviviente Samir Daou como supuesto conductor del Ford Fiesta siniestrado y solicitó que los uniformados Priscila Ifrán y Rodolfo Dos Santos, sean investigados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo cual finalmente fue aceptado por la jueza Leiva en su fallo.

En contrapartida, Leiva desestimó el pedido de condena efectuado por la fiscal Álvarez y su resolución estuvo ajustada al planteo de la defensa de González, que en primera instancia pidió la absolución del artista o en forma subsidiaria la aplicación del mínimo de la pena, con ejecución condicional.

“Estafa procesal”

En su alegato, el abogado penalista Federico Tilli cuestionó a la fiscalía por realizar “un análisis sesgado y parcial de las pruebas”, apuntando que solo valoró el testimonio de los sobrevivientes Samir Daou y Facundo Chemes, minimizando el valor de las pericias y de las labores policiales. “Es casi una estafa procesal”, arremetió.

“No voy a permitir que se dé por determinado un exceso de velocidad porque ninguno de los peritos que acá declararon lo pudieron comprobar y tampoco hay certezas para determinar al conductor del auto y acá necesitamos certeza absoluta para condenar a una persona”, respondió Tilli.

El letrado también apuntó contra Daou y Chemes, a quienes señaló como “dos amigos que han congeniado contra González”.

“Acá es confiar en la Policía o en dos personas que le quieren hacer mierda a González, porque también tienen interés patrimonial contra él, le quieren hacer pagar por todo esto”, señaló.

Tal de directo fue Tilli que además solicitó que ambos testigos sean investigados por falso testimonio agravado por ser en perjuicio de un imputado, aunque la jueza Leiva no tuvo en cuenta ese pedido en su resolución.

Tilli también se hizo eco de la calificación de “deficiente” que la fiscal Álvarez le atribuyó al primer sumario del hecho, donde se registró a Samir Daou como conductor del auto y no a González.

O sea que con un sumario deficiente pretendemos condenar a alguien, pero nadie pidió su nulidad. No se puede condenar a una persona con todos estos yerros procesales”, cuestionó.

En consecuencia, Tilli solicitó la absolución por el beneficio de la duda en favor de su cliente o, en forma subsidiaria, que la condena sea por el mínimo de la pena (3 años), con cumplimiento de condicional.

No hubo alcohol, no hubo exceso de velocidad y nunca se fugó. No tiene sentido una pena de prisión efectiva. Sí aceptamos cualquier medida restrictiva y hasta la prohibición de conducir”, cerró.

El planteo finalmente fue acogido por la magistrada Leiva, que falló en coincidencia y dispuso que los fundamentos de la sentencia serán comunicados el 23 de junio.

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Policiales

Sospechoso del crimen del sindicalista Achingo volvió a ser detenido

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Elio Romualdo O. (37), vinculado a un extenso prontuario por delitos graves, fue capturado ayer por la tarde en el barrio capitalino San Onofre, en el marco de un operativo realizado por la Dirección de Investigaciones Complejas.

El último hecho registrado fue una tentativa de homicidio ocurrido en octubre de 2024, cuya víctima fue un hombre identificado como Mauricio T. Por lo que, en cumplimiento de un oficio judicial librado por el Juzgado de Instrucción N.º 2, los efectivos procedieron a su detención.

A su vez, figura entre los principales sospechosos por el asesinato del sindicalista Pablo Sabino Achingo, ocurrido el 7 de junio del 2017 en Posadas, causa en la cual había recuperado la libertad.

Según los registros del sumario también está vinculado a otras causas por delitos graves, entre ellos, infracción a la Ley de Estupefacientes, robo y lesiones.

La Comisaría Seccional Octava, dependencia que interviene en la causa, ya fue notificada y se encuentra coordinando las medidas judiciales correspondientes.

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