Policiales
Crimen en Paraíso: la esposa y madre de los detenidos fue quien los incriminó
Luego del hallazgo del cuerpo de Patricio Catriel Rodríguez con un tiro en la espalda, se supo que la esposa y madre de los tres detenidos dijo que tuvieron una discusión y entregó un rifle a la policía. Además, la mujer de uno de sus hijos indicó dónde escondieron el arma homicida.
EL SOBERBIO. El sábado por la noche, un joven identificado como Patricio Catriel Rodríguez, de 19 años, fue hallado muerto en medio de un camino terrado de Colonia Paraíso con un disparo de arma de fuego en la espalda.
Por el hecho fueron detenidos un productor de la zona de Puerto Langue, en El Soberbio, y sus dos hijos, de 19 y 21 años.
El cuerpo de Rodríguez fue hallado alrededor de las 20 del último sábado sobre el kilómetro 4, a 37 kilómetros del casco urbano de El Soberbio, luego de que vecinos del lugar alertaran del despiste de una motocicleta.
A pocos metros del cuerpo había una Honda Fan 125 de color negro, por lo cual se pidió la presencia del médico policial y de peritos de la División Científica de la Unidad Regional VIII.
Al revisar el cadáver, inmediatamente llamó la atención de los investigadores el hecho de que, además de los golpes y excoriaciones propias de un accidente vial, la víctima presentaba un orificio de entrada a la altura de la zona lumbar, el cual atravesó sus ropas.
De esta forma, se estableció que Rodríguez había recibido un impacto de arma de fuego, presumiblemente calibre 22, a raíz de lo cual habría perdido el control del vehículo.
Además, en la escena los peritos encontraron una mochila color gris propiedad del fallecido, en cuyo interior encontraron un cuchillo y un destornillador.
Fueron dos vecinos de la zona, dos hermanos identificados como Juliano L. (21) y Matías L. (19), quienes dieron los primeros testimonios de lo sucedido, aunque ni ellos ni su padre, Eduardo L. (45), pudieron ofrecer detalles de peso para la investigación.
Sin embargo, la pareja del hombre y madre de los muchachos referenció a la Policía que tanto su esposo como sus dos hijos habían ido a cazar más temprano ese día junto a Rodríguez y que, al volver, se habría generado entre ellos una disputa, informó El Territorio.
En este sentido, le propia mujer le entregó a los investigadores un rifle de aire comprimido modificado para calibre 22 que, según dijo, había levantado horas antes de la escena en la que Patricio Catriel Rodríguez yacía junto a su moto.
La esposa y madre de los ahora detenidos agregó que, ese mismo sábado por la mañana, el grupo encaró una jornada de caza en una reserva natural en Brasil, a donde llegaron trasponiendo el río Uruguay en canoas, para regresar a El Soberbio alrededor de las 18.
Por otra parte, la pareja de uno de los hermanos indicó que la presunta arma homicida había sido escondida entre las malezas. Con esta información, los uniformados rastrillaron la zona y dieron con un rifle calibre 22 a unos 300 metros del lugar donde fue hallado el cuerpo y a unos 50 de la vivienda de Juliano.
Inmediatamente se dispuso el arresto de los tres implicados, a quienes se les practicaron pruebas de parafina para determinar si alguno de ellos fue el responsable del disparo. Los tres permanecen alojados en sede policial a la espera de ser llevados a declarar ante el juez Gerardo Casco, titular del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente.
Un siniestro vial entre dos camionetas se registró este jueves sobre la ruta provincial 6, a la altura del paraje Yacutinga, y tuvo como protagonista al ministro coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, quien viajaba en uno de los vehículos involucrados.
Según fuentes policiales, el choque ocurrió de manera frontal entre una camioneta que se dirigía desde Gobernador Roca hacia Campo Viera, conducida por Sartori, y otro vehículo que circulaba en sentido contrario. El funcionario provincial no sufrió lesiones.
En el segundo vehículo viajaban cinco personas y, producto del impacto, tres de sus ocupantes sufrieron lesiones leves. De acuerdo a la misma fuente, ninguno de los involucrados presentó heridas de gravedad y tampoco se reportaron víctimas fatales.
Luego del impacto, uniformados de la Policía de Misiones y agentes sanitarios acudieron al lugar para asistir a los ocupantes de ambos camionetas, mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.
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La Jefatura de Policía arrestó y puso a disposición de la Justicia a tres efectivos investigados por presunto cohecho, luego de que un comerciante realizara una denuncia asegurando haber recibido pedidos de dinero para evitar una supuesta detención.
Según fuentes policiales, en primera instancia intervino la Dirección General de Asuntos Internos, cuando el comerciante denunció haber sido presuntamente extorsionado tras la disolución de una sociedad comercial y una posterior denuncia realizada por su ex socio.
A partir de allí, según consta en la presentación judicial, se habría montado una operatoria mediante la cual efectivos policiales le exigían dinero para evitar una supuesta detención.
Siempre conforme a la denuncia, los tres investigados —todos con prestación de servicio en la División Investigaciones de la Unidad Regional I— habrían solicitado una suma de dinero al denunciante. Con esos elementos, y bajo conocimiento e intervención de la Justicia, la Jefatura dispuso un seguimiento encubierto que permitió avanzar con la pesquisa.
El procedimiento se concretó anoche, cuando se ordenó que efectivos policiales encubiertos detuvieran a uno de los involucrados al momento de retirar el dinero presuntamente exigido al comerciante. Posteriormente, y por disposición judicial, también fueron arrestados los otros dos sospechosos mencionados en la causa.
Desde la Jefatura de Policía anunciaron que los tres efectivos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia y fueron separados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial y administrativa correspondiente.
Además, remarcaron que la institución “mantiene una política de transparencia y tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con la función policial”.
Alrededor de las 20, fue liberado el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la comunidad mbya emplazada en el Paraje Cañafístola, Lote 178 de Colonia San Miguel, en la localidad de Garuhapé.
Fue alrededor de las 10 de este martes cuando efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV llevaron adelante un operativo en el predio de la aldea y procedieron a la demora de ocho hombres mayores y al traslado de nueve mujeres mayores, con niños, a la sede policial local.
La intervención se dio en el marco de una causa caratulada como “usurpación de territorio”, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Finalmente, los hombres fueron liberados alrededor de las 20 en medio de repercusiones por parte de distintos sectores sociales y organizaciones, que expresaron preocupación por la situación y reclamaron el respeto de los derechos de las comunidades indígenas.
En tanto, la causa continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
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Repercusiones
Además del apoyo y acompañamiento realizado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, también expresó su repudio al accionar judicial a través de un comunicado.
“Como Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní – REGCHAG expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención arbitraria del mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, Santiago Ramos”, manifestaron en la misiva.
Y añadieron que la causa se enmarca sobre un “territorio ancestral reconocido en el relevamiento territorial realizado conforme a la Ley 26.160 y por lo cual cuenta con reconocimiento estatal de su posesión ancestral por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.
Tanto Emipa como REGCHAG repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones “incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas” a la dependencia policial, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”.
“Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio. Asimismo, el traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata“, enfatizaron.
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