Policiales
Coronavirus: preso por viralizar un audio con un falso caso que causó pánico
Sucedió en Toay, provincia de La Pampa. Allí, Leonardo Nahuel García fue acusado por la fiscal del Estado Romina Schmidt y llevado detenido luego de difundir un audio por whatsapp donde decía que había un infectado por COVID-19.
LA PAMAPA. “Gente…eh gentes. Ya tenemos el virus acá. ¡Recién eh!… una persona que trabaja acá en el FAERAC dijo que, ¡qué bueno, que ya se dio! Le hicieron todos los hisopados y falta uno solo, pero todo el resto ya le dio positivo, que, este que, este último hisopado que le tenían que hacer ya era prácticamente positivo también, está en Toay, así que bueno, a cuidarse”.
Lo que quiso ser un chiste (uno pésimo) le va a salir muy caro a Leonardo Nahuel García. Romina Schmidt, la fiscal de Estado de La Pampa, lo denunció de oficio. Según señala ella en el texto de la denuncia, el mensaje es “aparentemente grabado por él o cuanto menos reenviado por él (según la denuncia anónima) a numerosos números de teléfonos celular y mediante la aplicación conocida como whatsapp, generando la viralización de un mensaje falso y atemorizante en relación a la propagación del virus COVID-19, que tiene en vela a toda la población mundial y puntualmente en este caso, a nuestra provincia”.
FAERAC es la “Fundación de Ayuda a Enfermos Renales y Alta Complejidad”, y allí apuntó el audio como el lugar donde había tenido lugar la infausta novedad.
La denuncia llegó a la fiscalía a través de un llamado anónimo a las líneas rotativas del Servicio de Salud de la Provincia de La Pampa. Allí se consignó que el denunciado hizo circular el mensaje de voz que anunciaba la presencia del COVID-19 en la localidad de Toay, que tiene 12,409 según el último censo, está ubicada a 10 kilómetros de la capital Santa Rosa y es la tercer ciudad en importancia de la provincia. El acusado fue detenido en su casa y trasladado esposado a la Comisaría Cuarta.
La fiscal, que consultó a los Servicios de Salud de la Provincia y verificó la falsedad de la noticia, añadió que “aunque fuese verdadera, la manera en la que se viralizó el mensaje, lejos de constituir una forma de ayuda o colaboración con la sociedad, sólo generó desconcierto, miedo e intimación”.
En el hecho podría aplicarse el artículo 211 del Código Penal, que indica: “Será reprimido con prisión de dos a seis años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
En la provincia de La Pampa, entre el viernes y el sábado, 500 personas fueron notificadas por violar la cuarentena que dispuso el gobierno nacional. En General Pico detuvieron a 62 personas, y en Santa Rosa y Toay, a un total de 57. El resto fue notificado y regresó a su domicilio, pero igualmente deberán afrontar una causa penal por su accionar.
El total de casos confirmados hasta la fecha en Argentina es de 158, de los cuales 4 fallecieron. Pero ninguno, todavía, en esa provincia del centro de nuestro país. Por el momento, los lugares afectados son la ciudad de Buenos Aires (con 65 casos, dos fallecidos y 25 recuperados), la provincia homónima (44 casos y un muerto), Chaco (15 positivos, un fallecido), Córdoba (13 casos), Entre Ríos, Río Negro y Tierra del Fuego (3 casos cada uno), Meuquén, San Luis y Santa Fe (2 casos por provincia) y Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y Santa Cruz con uno. Infobae
La investigación por la muerte de Mateo Calixto (39), registrada el 25 de mayo en Colonia Alberdi, tuvo avances este miércoles, tras la confirmación de un homicidio mediante el examen de autopsia y la pesquisa derivó en la detención de un sospechoso.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes, cuando el cuerpo de Calixto fue encontrado sin vida sobre un camino rural de Alberdi y la reconstrucción realizada estableció que horas antes había estado en un bar donde tuvo un enfrentamiento con otros tres hombres que inicialmente fueron demorados, aunque más tarde recuperaron la libertad.
En ese marco, los investigadores continuaron recabando información y una de las claves para avanzar en el caso llegó a partir de la autopsia, cuyo informe indicó que la víctima falleció como consecuencia de un disparo con escopeta en la cara.
Con ese dato, el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del magistrado Roberto Sena, ordenó una serie de allanamientos en viviendas ubicadas en el paraje El Bonito.
En uno de esos inmuebles, propiedad de uno de los sospechosos que habían sido demorados inicialmente, se halló una escopeta calibre 36, de similares características a la utilizada para dar muerte a Calixto.
Según precisó la Policía, al momento del procedimiento el dueño de casa no estaba, pero fue localizado minutos después y ahora se encuentra detenido, a disposición de la Justicia.
El implicado fue identificado como Sebastián L. (26), quien ahora deberá enfrentar una acusación por homicidio.
El detenido tiene 26 años y ahora está a disposición de la Justicia.
En horas de la noche de ayer, un camión Mercedes Benz atropelló a una motocicleta Honda Wave 110cc que circulaba sobre la avenida Libertad en inmediaciones a uno de los accesos a la ciudad de Puerto Iguazú, como resultado del impacto la joven de 22 años que conducía el rodado menor perdió la vida en el acto y el chofer del camión se dió a la fuga hasta que finalmente fue interceptado y capturado.
El siniestro vial ocurrió cerca de las 22 y el despliegue policial se activó con el aporte de testigos que presenciaron la escena y observaron cuando el camionero huyó del lugar. Fue así que, tras una serie de pistas los efectivos lograron localizar y detener al conductor del camión horas más tarde.
El mismo, fue identificado como Miguel Angel T. de 48 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras continúan investigando las circunstancias que provocaron el fatal desenlace.
A raíz del violento impacto, la conductora de la motocicleta, identificada como Rocío Agustina Altamirano de 22 años, falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Tercera, personal de Criminalística, médico policial y bioquímico, quienes realizaron las pericias correspondientes por disposición del magistrado interviniente, quien además ordenó que el conductor permanezca detenido mientras continúa la investigación.
Esta mañana, en el Tribunal Penal Uno de Posadas, comenzó el juicio oral contra un albañil paraguayo acusado de cometer abusos sexuales en perjuicio de dos cuñadas menores de 13 años con quienes convivía en un inmueble del barrio Santa Clara II de Garupá.
En la audiencia de hoy, se procedió a la lectura del requerimiento de elevación de la causa, documento en el cual la fiscal de instrucción Patricia Clerici, volcó la reconstrucción de los hechos endilgados, las pruebas recolectadas y la acusación que ahora enfrenta el implicado.
El extranjero, identificado como Román Federico Agustín Melgarejo (28), está imputado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal (un hecho) y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa (varios hechos), en concurso real”.
Según la lectura del expediente, el primer hecho se registró en perjuicio de una niña de 11 años, hermana de la pareja del acusado, quien reveló que durante el 2016 fue abusada sexualmente por su cuñado mientras convivían en el mismo hogar.
No es lo único. El hombre también está acusado de intentar en varias oportunidades cometer el mismo hecho en perjuicio de otra cuñada también menor de edad. Esa situación habría ocurrido en 2018, aunque la denuncia que disparó el caso se radicó tiempo después.
El tribunal encargado de llevar adelante el debate es presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por Ricardo Balor y Fernando Verón como vocales subrogantes.
En la fiscalía interviene Vladimir Glinka, mientras que la defensa del acusado está a cargo del abogado particular Abel Martín Acevedo.
Tras la lectura del requerimiento de elevación a juicio, la audiencia avanzó en la toma de testimoniales a los testigos de la causa, etapa que se realiza a instancia privada a fin de resguardar la identidad y la integridad de las denunciantes.
El comienzo del debate fue transmitido en vivo, durante la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa.
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