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Condenaron al renovador Barboza por haber matado borracho

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Después de cuatro postergaciones, finalmente se llevó a cabo el juicio oral y público contra al ex intendente de Arroyo del Medio, Cristóbal Barboza, quien el 19 de junio de 2016 protagonizó al mando de una camioneta de su comuna, un choque que le costó la vida al remisero Alberto Mario Andersson, de Alem.

Por ese hecho, la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, lo condenó a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. La pena estuvo en sintonía con lo que había requerido la fiscal María Laura Álvarez, quien consideró en su alegato que el desplazado jefe comunal había actuado con total desprecio de la vida ajena al manejar totalmente ebrio y por el medio de la calzada de la ruta nacional 14.

El fallo se conoció a las 12.30, cuatro horas después del inicio del proceso. Al hombre lo encontraron culpable del delito de “homicidio culposo agravado”. Y además del encierro, lo castigaron con diez años de inhabilitación para conducir.

Además, se remitieron a la Fiscalía en turno los certificados médicos firmados por distintos profesionales que atendieron al acusado por supuestas afecciones de salud que tenía y que le sirvieron como argumento no haber enfrentado antes el juicio. El objetivo es que se investigue si esos médicos mintieron en sus diagnósticos para favorecer al acusado.

Barboza cumplirá su condena en la Unidad Penal Uno de Loreto. Los fundamentos serán leídos el 14 de noviembre. En su alegato, la fiscal Álvarez fue contundente con Barboza: era imposible que por el grado de alcohol que presentaba en sangre, 2,14, haya tenido el dominio necesario para conducir.

No pasó por alto el hecho de que el ex intendente se haya negado a que le sacaran sangre para una eventual contraprueba del test positivo de alcoholemia. “Para la Ley Nacional de Tránsito, eso es una falta grave”, sostuvo.
“El alcohol es responsable del 73% de las muertes en accidentes viales en la Argentina.

Hay 20 muertes diarias por esa causa. En Misiones, en 2018, ya murieron 253 personas en accidentes de tránsito. En 2017, habían sido 354”, apuntó, y le pidió a la jueza Leiva: “La sociedad exige condenas ejemplares, que tengan efectos disuasorios” .

“La violación al deber de cuidado que tuvo Barboza fue el desencadenante del resultado muerte”, remató.
Álvarez cuestionó lo que consideró “evasivas” del acusado para afrontar el debate oral. Recordó las cuatro veces anteriores que se lo citó a juicio y adujo problemas de salud. Precisamente, esas afecciones fueron puestas en duda por la fiscal. “La última vez que se lo llamó, justificó su ausencia en razones climáticas”, agregó.

Finalmente, indicó que en dos años y medio, nunca se contactó con la familia Andersson para pedir perdón. Y que recién lo hizo brevemente en el juicio, “como estrategia de defensa”. “No sorprende la imputación de la Fiscalía, porque Cristóbal Barboza desde un primer momento fue tratado como un ciudadano de segunda”, sostuvo en el inicio de su alegato el abogado Walter Duarte.

“Por presunción de los oficiales actuantes, al decir que tenía aliento etílico, lo convirtieron en un ciudadano de segunda. Fue llevado a un centro asistencial 11 horas después del hecho, por dolores abdominales y de cabeza”, añadió.

Duarte reiteró que la defensa desconoce el test de alcoholemia, “porque fue hecho por un personal no adiestrado y porque no se determinó si el aparato estaba calibrado u homologado”. “El sistema utilizado no es concluyente, porque no se hizo la contraprueba”, añadió.

El otro defensor, Horacio Skanata, añadió que “no se resguardó el lugar del hecho, ni se pudo descartar que pudo haber culpa concurrente”. Finalmente solicitaron la absolución. Ya al principio del debate habían planteado la nulidad de las pericias, pero la jueza Leiva había rechazado el pedido por “extemporáneo”.

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Misionera secuestrada por su ex fue rescatada en un campo de Córdoba

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misionera secuestrada córdoba

Una joven de misionera de 21 años, que estaba desaparecida hace un mes, fue rescatada esta madrugada en un campo de Córdoba, donde estaba cautiva por su ex pareja, de la misma edad y también oriundo de la tierra colorada, quien ahora es investigado por hechos de trata de personas.

El operativo que culminó con el rescate de la víctima y la captura de su presunto captor se concretó en un galpón ubicado en la zona rural de Saturnino María Laspiur, localidad ubicada a unos 200 kilómetros de Córdoba capital.

Según consignaron portales locales, al momento del hallazgo, la joven identificada como M. B. (21) presentaba un cuadro de deshidratación, golpes y signos de daño psicológico, por lo que fue trasladada a un hospital de San Francisco.

La investigación se inició a partir de una denuncia por trata de personas radicada por los familiares de la joven, quienes días atrás recibieron un desesperado pedido de auxilio de M., quien narró haber sido secuestrada por su ex novio, trasladada a Córdoba y sometida a condiciones en encierro y aislamiento.

Si bien en ese audio la muchacha no pudo precisar en qué lugar se encontraba, sus familiares alcanzaron a oír la palabra “Villa María” y eso orientó el comienzo de la pesquisa. Los allanamientos comenzaron el lunes a la noche. En un primer lugar encontraron ropa de los involucrados y en el segundo dieron con ellos.

El detenido, también misionero e identificado como Román R. (21), fue imputado por trata de personas y fue alojado en la Unidad Penitenciaria V de Villa María. En la causa interviene la Fiscalía Federal de dicha localidad, a cargo de Guadalupe Riera.

En los operativos participaron la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional, la DUOF de Villa María, de la Policía Federal Argentina y la Superintendencia de Investigaciones Federales. El despliegue también involucró a personal de la Departamental San Justo, el DUAR de Córdoba y la Patrulla Rural.

“Reanudamos esta mañana la búsqueda a las 6.30, porque se nos hacía imposible trabajar en la oscuridad, y pudimos dar con el hallazgo de M. y detener a su presunto captor. Se encontraban ocultos detrás de una máquina agrícola, a unos 300 metros de la casa que habitaban, comentó el director de la Departamental San Justo, comisario mayor Pablo Nieto.

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Figura como deudor alimentario y se defiende: “Siempre cumplí con todo”

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deudor alimentario

Marcelo Fabián Dudych (52) es una de las más de 800 personas que figuran en el Registro Público de Alimentantes Morosos de la provincia, aunque alega ser víctima de una “injusticia” y afirma que la “complejidad” de su caso sirve para exponer una problemática que alcanza a muchos hombres en su misma situación.

El abogado, procurador, asesor jurídico en dos municipalidades y pequeño productor rural visitó la redacción de La Voz de Misiones para contar su caso y dio un extenso relato de la historia familiar y de la contienda judicial que lo mantiene en la lista de deudores alimentarios por disposición de la magistrada Graciela Mana, titular del Juzgado de Familia Uno de Posadas.

Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Siempre cumplí con mis obligaciones, pero me cortaron las piernas y me obligaron a correr. Ahora estoy tratando de defenderme de esta injusticia y de toda esta barbarie satánica que me hicieron”, afirmó apenas inició la entrevista.

Dudych relató que toda esta situación tuvo su inicio en 2014, cuando su ex pareja, la también abogada Mariana Lourdes Báez lo denunció por violencia familiar, aunque el conflicto se resolvió en menos de dos meses.

“Jamás ejercí violencia”

“Fue una falsa denuncia la que me hicieron, jamás ejercí violencia alguna. Yo estaba sometido a una constante manipulación por parte de mi ex esposa y mis suegros. Me pusieron de patas en la calle, pero en ese momento pedí apoyo a la iglesia católica, pude arrodillarme ante las circunstancias y en 40 días yo estaba viviendo de nuevo en mi casa, pude reconciliarme y todas las medidas procesales quedaron virtualmente difumadas”, se explayó.

El hombre contó que después de ello convivió once años junto a su pareja y sus dos hijos en una vivienda de Posadas, pero en 2025 el drama se repitió.

“Yo ahí ya tenía a mi primer hijo y volví a convivir once años más. Ahí nace mi otra hija, de actualmente seis años. Yo siempre fui el sostén de esa casa y ruego a Dios que así siga siendo. Así fue como en 2025, estando yo en Concepción de la Sierra, fui notificado de otra exclusión del hogar, ni siquiera estaba en mi casa en Posadas. Sabía que era falsa, porque jamás ejercí acto de violencia”, detalló.

La sorpresa para Dudych llegó después, cuando se enteró que la denuncia había sido radicada por el padre de su pareja, César Antonio Báez, quien lo acusó de “violencia económica” en perjuicio de la mujer, lo que el denunciado niega rotundamente y contraataca.

Marcelo Dudych afirma que la causa inició por una falsa denuncia orquestada por su ex pareja y su ex suegro.

César tiene una voracidad feroz por el dinero. Él fue el que me denunció, con connivencia de mi ex, pero yo me pregunto cómo es que me denuncia él si no conoce, ni podía conocer la economía de mi hogar. Él estuvo más de diez años sin pisar mi casa”, exclamó Dudych entre lágrimas.

Y alegó: “Mis cuentas estaban todas al día cuando me echaron de mi casa. Mis hijos nunca se fueron a dormir con hambre. Compraba comida para repartir comida a los pobres que tocaban mi casa. La casa la construí yo y el auto estaba a mi nombre. Siempre me hice cargo de todo, siempre cumplí con todo. Es impresionante lo que me están haciendo”.

En ese punto también intervino Lucas Ortega, abogado defensor de Dudych, quien sostuvo que “la vivienda, el mobiliario del hogar y el vehículo son conceptos que cuentan como cuota alimentaria. Esto fue una estrategia montada a partir de la denuncia del abuelo de los chicos con el objetivo de poner a Marcelo en una situación de indefensión porque su estudio jurídico está integrado a su domicilio y hoy no puede ni acercarse a ese lugar, es decir, lo dejaron sin trabajo”.

Ortega entiende que “acá hay que alcanzar un equilibrio en el uso de las medidas cautelares, porque estas clases de medidas no resuelven la cuestión de fondo y los chicos pasan a ser un instrumento de presión”.

“Quiere que pague dos veces”

Respecto a la cuestión puntual del reclamo alimentario, Dudych aseguró que “mi ex hoy me pide 24 meses de alimentos atrasados, pero hasta el 19 de febrero de 2025, que fue cuando me notificaron la exclusión de hogar, yo había pagado en especias. Yo tenía las cuentas al día, en mi casa no faltaba nada si en la convivencia yo pagaba todo. Lo que pasa es que ahora ella pretende que yo vuelva a pagar todo en eso en dinero en efectivo, o sea, que pague dos veces lo mismo. Entonces estoy siendo sometido a una situación de fraude y por eso hice una contra denuncia por defraudación en grado de tentativa”.

El hombre, además, puso en números el reclamo y argumentó que la suma requerida es “exorbitante” para su capacidad económica. “Yo le venía girando dinero conforme a mis capacidades, pero ella pretende que yo le pase dos salarios mínimo, vital y móvil por cada hijo, es decir, aproximadamente 1,4 millones de pesos, suma que yo no alcanzo en bruto durante el mes, mucho menos excluido de mi trabajo”, explicó mientras mostraba su recibo de sueldo como asesor jurídico de Tres Capones, cuyos haberes ascienden a 250.000 pesos, que encima se encuentran embargados por este litigio.

“Ella especuló que yo cobraría 2,5 millones, cuando yo cobro 250 mil. Es extraordinaria la suma que ella pretende que yo le pase, excede mi capacidad económica. Ella dice que tengo campos y haciendas. Tengo una chacra de 12 hectáreas en el registro de agricultora familiar y por tener dos novillos y cuatro vacas tampoco soy un hacendado. Soy productor agropecuario primario”, añadió.

El abogado Lucas Ortega acciona como defensor de Dudych en la causa.

“Soy un muerto civil”

La causa hoy tiene al abogado Ortega como defensor de Dudych, articulando presentaciones y solicitudes a fin de revertir esta situación. Para el letrado, el solo hecho de que su defendido tenga el sueldo embargado ya es suficiente argumento para justificar el pago de la cuota alimentaria y, en consecuencia, la acción inmediata será solicitar su exclusión del registro.

Pero el trabajo no termina ahí. Ortega también busca que Dudych pueda reencontrarse con sus hijos, a quienes no ve hace seis meses, a pesar de un acuerdo de contacto y comunicación homologado por la misma jueza Mana, medida que la ex pareja del hombre incumple.

Yo hoy soy un muerto civil. Ella me pidió la prohibición de salida del país y lo obtuvo. Pidió que no me renueven el carnet y lo tuvo. Me inscribió en el registro y me escrachó en todas las redes sociales. Yo no puedo ni trabajar porque los expedientes de mis clientes están en mi casa. Eso significa una catástrofe profesional para mí y un daño en lo justiciable para mis clientes”, graficó el denunciado.

Dudych tampoco se ahorró en críticas hacia el sistema y cuestionó el rol de magistrados que dictan medidas sin oír todas las partes.

“Acá hay jueces que sin conocer y sin indagar, reciben la denuncia y sentencian para resguardarse de alguna eventualidad periodística. Yo cuando todo este infierno termine sé que voy a trabajar para que estas situaciones no vuelven a repetirse con nadie. Yo acá solo quiero que se me escuche, que me dejen ser papá y que me dejen pagar a mí mis obligaciones”, cerró.

Apoderado legal de dos municipios en lista de deudores alimentarios

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Árbitro denunció el robo de celulares y 1.500 dólares del vestuario de Guaraní

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árbitro robo guaraní

El árbitro principal del último partido que disputó Guaraní Antonio Franco como local, denunció ante la Policía que desconocidos le robaron tres celulares y 1.500 dólares que tenía en el vestuario asignado en el club.

La denuncia fue radicada ante la comisaría Primera del barrio Villa Sarita y el damnificado se trata de Fernando Rekers, quien llegó a Posadas para ser el árbitro principal del partido que acabó en derrota de Guaraní 0-1 frente al conjunto chaqueño Defensores de Vilelas, correspondiente a la final ida la región Litoral Norte del Torneo Federal Amateur.

Según la exposición efectuada por el colegiado cordobés, una vez culminado el encuentro se dirigió junto a sus compañeros de terna al vestuario asignado para ellos en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira y al revisar sus pertenencias constató que faltaban tres celulares y 1.500 dólares que estaban en una billetera.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que los aparatos telefónicos más tarde fueron hallados en un sector de sanitarios de cancha, en tanto que el dinero aún no fue recuperado.

De inmediato, por el hecho quedaron en la mira dos colaboradores del club que tenían copias de las llaves de acceso al vestuario, pero hasta el momento no hay mayores novedades.

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