Policiales
Condenaron al renovador Barboza por haber matado borracho
Después de cuatro postergaciones, finalmente se llevó a cabo el juicio oral y público contra al ex intendente de Arroyo del Medio, Cristóbal Barboza, quien el 19 de junio de 2016 protagonizó al mando de una camioneta de su comuna, un choque que le costó la vida al remisero Alberto Mario Andersson, de Alem.
Por ese hecho, la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, lo condenó a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. La pena estuvo en sintonía con lo que había requerido la fiscal María Laura Álvarez, quien consideró en su alegato que el desplazado jefe comunal había actuado con total desprecio de la vida ajena al manejar totalmente ebrio y por el medio de la calzada de la ruta nacional 14.
El fallo se conoció a las 12.30, cuatro horas después del inicio del proceso. Al hombre lo encontraron culpable del delito de “homicidio culposo agravado”. Y además del encierro, lo castigaron con diez años de inhabilitación para conducir.
Además, se remitieron a la Fiscalía en turno los certificados médicos firmados por distintos profesionales que atendieron al acusado por supuestas afecciones de salud que tenía y que le sirvieron como argumento no haber enfrentado antes el juicio. El objetivo es que se investigue si esos médicos mintieron en sus diagnósticos para favorecer al acusado.
Barboza cumplirá su condena en la Unidad Penal Uno de Loreto. Los fundamentos serán leídos el 14 de noviembre. En su alegato, la fiscal Álvarez fue contundente con Barboza: era imposible que por el grado de alcohol que presentaba en sangre, 2,14, haya tenido el dominio necesario para conducir.
No pasó por alto el hecho de que el ex intendente se haya negado a que le sacaran sangre para una eventual contraprueba del test positivo de alcoholemia. “Para la Ley Nacional de Tránsito, eso es una falta grave”, sostuvo.
“El alcohol es responsable del 73% de las muertes en accidentes viales en la Argentina.
Hay 20 muertes diarias por esa causa. En Misiones, en 2018, ya murieron 253 personas en accidentes de tránsito. En 2017, habían sido 354”, apuntó, y le pidió a la jueza Leiva: “La sociedad exige condenas ejemplares, que tengan efectos disuasorios” .
“La violación al deber de cuidado que tuvo Barboza fue el desencadenante del resultado muerte”, remató.
Álvarez cuestionó lo que consideró “evasivas” del acusado para afrontar el debate oral. Recordó las cuatro veces anteriores que se lo citó a juicio y adujo problemas de salud. Precisamente, esas afecciones fueron puestas en duda por la fiscal. “La última vez que se lo llamó, justificó su ausencia en razones climáticas”, agregó.
Finalmente, indicó que en dos años y medio, nunca se contactó con la familia Andersson para pedir perdón. Y que recién lo hizo brevemente en el juicio, “como estrategia de defensa”. “No sorprende la imputación de la Fiscalía, porque Cristóbal Barboza desde un primer momento fue tratado como un ciudadano de segunda”, sostuvo en el inicio de su alegato el abogado Walter Duarte.
“Por presunción de los oficiales actuantes, al decir que tenía aliento etílico, lo convirtieron en un ciudadano de segunda. Fue llevado a un centro asistencial 11 horas después del hecho, por dolores abdominales y de cabeza”, añadió.
Duarte reiteró que la defensa desconoce el test de alcoholemia, “porque fue hecho por un personal no adiestrado y porque no se determinó si el aparato estaba calibrado u homologado”. “El sistema utilizado no es concluyente, porque no se hizo la contraprueba”, añadió.
El otro defensor, Horacio Skanata, añadió que “no se resguardó el lugar del hecho, ni se pudo descartar que pudo haber culpa concurrente”. Finalmente solicitaron la absolución. Ya al principio del debate habían planteado la nulidad de las pericias, pero la jueza Leiva había rechazado el pedido por “extemporáneo”.
Misiones Online
Un jubilado de 81 años fue sorprendido en su casa de Eldorado por al menos tres delincuentes encapuchados que lo redujeron a golpes para sustraerle 3 millones de pesos, joyas y un teléfono celular.
El violento episodio de inseguridad se registró el lunes a la noche, cerca de las 21, cuando un grupo de asaltantes irrumpió en la vivienda de Juan Pedro Johansen (81), ubicada sobre la avenida Fundador, a la altura del kilómetro 6.
Según relató la víctima a los efectivos policiales, los delincuentes eran entre tres y cuatro, quienes actuaron con el rostro cubierto con capuchas y al menos uno de ellos portaba un arma de fuego.
Durante el asalto, el dueño de casa fue amenazado, reducido y golpeado en reiteradas oportunidades, quedando con severas lesiones en el rostro. Debió ser hospitalizado para tratar las heridas.
Del lugar los asaltantes se llevaron aproximadamente 3 millones de pesos, algunas joyas y un teléfono celular.
La Policía informó que tras lo ocurrido se inició un operativo de búsqueda que incluye recorridas por la ciudad y el barrido de cámaras de videovigilancia, aunque hasta el momento no hay mayores novedades sobre los delincuentes.
Daniel Marco (50), el gitano apuñalado el viernes pasado durante una discusión mantenida con el médico Ernesto Omar Ramp (55), falleció en las últimas horas y de esta manera se agravó la situación judicial del acusado, quien hasta este hecho se desempeñaba como director del hospital de Aristóbulo del Valle.
El deceso de Marco se conoció esta mañana y ocurrió en el hospital Madariaga de Posadas, donde se encontraba internado con bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado como consecuencia de la estocada que recibió a la altura del pecho.
Con este desenlace, la causa fue recaratulada como “homicidio” y la situación procesal del médico implicado se agravó considerablemente ya que este tipo de delitos prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Ramp continúa detenido en una celda de la comisaría Segunda de Oberá y la causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de esa misma ciudad, cuyo magistrado ahora ordenó un examen de autopsia al fallecido.
El hecho se registró el pasado 26 de diciembre, sobre calle Apóstoles Norte al 158, en Oberá, donde Ramp llegó para reclamar una deuda y mantuvo una discusión con Marco y sus dos hijos, conflicto que acabó con la víctima trasladado de urgencia al hospital Samic, desde donde fue derivado a Posadas debido a su complejo cuadro de salud.
En redes sociales se registraron múltiples comentarios a favor de Ramp, donde además aseguran que la versión del detenido apunta que él fue atacado en primera instancia y las agresiones se dieron en un acto de defensa.
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Un joven fue detenido esta mañana en el marco de un allanamiento realizado en su casa del barrio A3-2 de Posadas a raíz de una investigación iniciada por reportes emitidos desde Estado Unidos por posibles maniobras tráfico de archivos Masi (material de abuso sexual infantil).
El aprehendido fue identificado como Matías Nahuel E., quien ahora se encuentra a disposición del Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, encargado de llevar adelante la pesquisa del caso en conjunto con la Fiscalía de Ciberdelitos, presidida por Juan Pablo Espeche.
Según detallaron, la pesquisa inició hace varios meses, cuando la Justicia misionera recibió un reporte emitido por National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, información que fue articulada por la Fiscalía de Ciberdelitos, cuyas autoridades ordenaron nuevas medidas de cotejo y con datos técnicos solicitados a la plataforma Telegram obtuvieron resultados determinantes para el avance del proceso judicial.
Mediante esas labores pudieron establecer una relación concreta entre las maniobras de tráfico de Masi y actividades digitales que quedaron registradas en direcciones de IP vinculadas al domicilio del sospechoso.
En el lugar allanado los agentes policiales de Cibercrimen y el personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) incautaron numerosos aparatos electrónicos, celulares y dispositivos de almacenamiento, como así también ladrillos de marihuana, dosis de cocaína y un arma de fuego.
Todo los elementos serán enviados ahora al laboratorio de la Saic para ser sometidos a los correspondientes exámenes periciales para seguir recolectando pruebas para esclarecer el ardid efectuado.
El allanamiento fue realizado con personal de la Policía y de la Saic.
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