Policiales
Condenaron al renovador Barboza por haber matado borracho
Después de cuatro postergaciones, finalmente se llevó a cabo el juicio oral y público contra al ex intendente de Arroyo del Medio, Cristóbal Barboza, quien el 19 de junio de 2016 protagonizó al mando de una camioneta de su comuna, un choque que le costó la vida al remisero Alberto Mario Andersson, de Alem.
Por ese hecho, la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, lo condenó a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. La pena estuvo en sintonía con lo que había requerido la fiscal María Laura Álvarez, quien consideró en su alegato que el desplazado jefe comunal había actuado con total desprecio de la vida ajena al manejar totalmente ebrio y por el medio de la calzada de la ruta nacional 14.
El fallo se conoció a las 12.30, cuatro horas después del inicio del proceso. Al hombre lo encontraron culpable del delito de “homicidio culposo agravado”. Y además del encierro, lo castigaron con diez años de inhabilitación para conducir.
Además, se remitieron a la Fiscalía en turno los certificados médicos firmados por distintos profesionales que atendieron al acusado por supuestas afecciones de salud que tenía y que le sirvieron como argumento no haber enfrentado antes el juicio. El objetivo es que se investigue si esos médicos mintieron en sus diagnósticos para favorecer al acusado.
Barboza cumplirá su condena en la Unidad Penal Uno de Loreto. Los fundamentos serán leídos el 14 de noviembre. En su alegato, la fiscal Álvarez fue contundente con Barboza: era imposible que por el grado de alcohol que presentaba en sangre, 2,14, haya tenido el dominio necesario para conducir.
No pasó por alto el hecho de que el ex intendente se haya negado a que le sacaran sangre para una eventual contraprueba del test positivo de alcoholemia. “Para la Ley Nacional de Tránsito, eso es una falta grave”, sostuvo.
“El alcohol es responsable del 73% de las muertes en accidentes viales en la Argentina.
Hay 20 muertes diarias por esa causa. En Misiones, en 2018, ya murieron 253 personas en accidentes de tránsito. En 2017, habían sido 354”, apuntó, y le pidió a la jueza Leiva: “La sociedad exige condenas ejemplares, que tengan efectos disuasorios” .
“La violación al deber de cuidado que tuvo Barboza fue el desencadenante del resultado muerte”, remató.
Álvarez cuestionó lo que consideró “evasivas” del acusado para afrontar el debate oral. Recordó las cuatro veces anteriores que se lo citó a juicio y adujo problemas de salud. Precisamente, esas afecciones fueron puestas en duda por la fiscal. “La última vez que se lo llamó, justificó su ausencia en razones climáticas”, agregó.
Finalmente, indicó que en dos años y medio, nunca se contactó con la familia Andersson para pedir perdón. Y que recién lo hizo brevemente en el juicio, “como estrategia de defensa”. “No sorprende la imputación de la Fiscalía, porque Cristóbal Barboza desde un primer momento fue tratado como un ciudadano de segunda”, sostuvo en el inicio de su alegato el abogado Walter Duarte.
“Por presunción de los oficiales actuantes, al decir que tenía aliento etílico, lo convirtieron en un ciudadano de segunda. Fue llevado a un centro asistencial 11 horas después del hecho, por dolores abdominales y de cabeza”, añadió.
Duarte reiteró que la defensa desconoce el test de alcoholemia, “porque fue hecho por un personal no adiestrado y porque no se determinó si el aparato estaba calibrado u homologado”. “El sistema utilizado no es concluyente, porque no se hizo la contraprueba”, añadió.
El otro defensor, Horacio Skanata, añadió que “no se resguardó el lugar del hecho, ni se pudo descartar que pudo haber culpa concurrente”. Finalmente solicitaron la absolución. Ya al principio del debate habían planteado la nulidad de las pericias, pero la jueza Leiva había rechazado el pedido por “extemporáneo”.
Misiones Online
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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