Policiales
Campo Viera: denuncian a policías por torturas y amenzas de muerte
Emanuel Heppner, junto a su padre denunció que una comisión policial y un inspector de tránsito de Campo Viera lo torturaron y, tiempo después, lo amenzaron de muerte. “Me pudieron haber matado”, señaló.
CAMPO VIERA. La denuncia fue radicada en sede de la Unidad Regional II de Policía de Oberá. En la misma consta que el día 23 de noviembre del año pasado un inspector municipal y varios policías de la provincia lo torturaron física y psícologicamente, luego de haber cometido presuntamente una contravención.
Emanuel explicó que: “Paramos a orinar y llegaron móviles del Comando y de Tránsito de la Municipalidad. En todo momento los policías se manejaron con prepotencia, me esposaron y cuando sentí que cerraron las esposas me empezaron a pegar. Me decían: ‘¿Dónde está la droga?, sabemos que vendés droga’, y yo no entendía nada”, relató.
Además contó que: “Sucedió el 23 de noviembre del año pasado, pero recién ahora me animé a denunciar porque me amenazaron de muerte y tengo mucho temor por mi familia, soy papá de un nene de cuatro años y me aterroriza que le pase algo”, contó en diálogo con El Territorio.
“Me arrastraron esposado, me patearon, me pisaron la cabeza y me pegaron en las plantas de los pies. De ahí me subieron al móvil, donde me siguieron golpeando, para llevarme a la salita de salud, donde el médico ni me revisó. Una vez que llegamos a la comisaría me pegaron en el patio. Ya me había desvanecido como dos veces y, gracias a Dios, apareció el oficial Barrios y dijo que paren de pegarme. Si ese oficial no intervenía, me mataban”, remarcó.
Heppner identificó a los agresores como “Álvez, Da Rosa y Borges”, mientras que “Velázquez y Fraga (que estaban en la comisaría) no hicieron nada para impedir que me golpeen”.
El joven exhibió una serie de fotografías, algunas de las cuales fueron tomadas por su progenitor en la celda donde permaneció por 48 horas, lo que podría resultar una prueba de valor para la acusación.
“Y mandaron que los presos me peguen, pero ninguno me tocó. Es más, me ayudaron porque vieron lo que los policías me hicieron”, reconoció.
Por otra parte, tal como consta en la denuncia radicada ante la Unidad Regional II, Heppner identificó al inspector municipal que habría participado de la golpiza al momento de su detención. “Se llama Jorge García y después que me liberaron me acerqué a la Municipalidad y hablé con el intendente Juan Carlos Ríos (quien el pasado 10 de diciembre dejó el cargo). Él se solidarizó conmigo, me alentó para que haga la denuncia en fiscalía y separó del cargo al inspector, que ahora trabaja en otra área”, precisó.
“Para colmo, a los pocos días le conté al juez de Paz lo que me hicieron y me dijo que él no podía ayudarme. “El juez Guillermo Mondo me dijo que no podía hacer nada, que me tenía que arreglar solo”.
“Después empecé a recibir amenazas por teléfono: ‘Ahora vas a ver, mariconcito, qué andás hablando. Te vamos a hacer boleta’, me dijeron. La verdad que eso me dio mucho miedo y por eso no denuncié antes. Vivimos solos con mi viejo en la chacra, tengo un nene chiquito y estos policías demostraron que son capaces de cualquier cosa”, argumentó.
A su lado, José Raúl Heppner, padre del denunciante, recordó el momento en que lo vio en la celda de la comisaría de Campo Viera, golpeado y dolorido, con hematomas y excoriaciones por todo el cuerpo.
“Nadie me avisó, tuve que preguntar. Cuando le vi casi me morí de la bronca y la tristeza, pero al menos le saqué unas fotos adentro de la celda porque sabía que iban a tapar lo que hicieron”, indicó.
Y recordó una anécdota que cruzó su labor como policía y la situación que le tocó padecer con su hijo. “La mayor parte de mi carrera la hice en Campo Viera. Incluso, a pulmón hicimos los calabozos y mi nombre está en una placa. Pero primero soy papá y después policía, por eso quiero justicia para mi hijo”, remarcó Heppner.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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