Policiales
Atrapan a líder de banda narco paraguaya que operaba en Misiones
Tras mantenerse poco más de un año prófugo, el sindicado líder de una banda narco paraguaya dedicada a traficar marihuana desde Misiones a Buenos Aires finalmente fue capturado en las últimas horas en una finca de General Rodríguez y quedó a disposición de la Justicia junto al resto de sus cómplices, quienes permanecen tras las rejas a la espera de juicio oral.
El implicado es apuntado como el jefe de la empresa narco que en septiembre de 2022 fue desbaratada tras una serie de procedimientos que incluyeron la incautación de cinco toneladas de marihuana camufladas bajo una carga de alfalfa en el semirremolque de un camión interceptado en Apóstoles.
Durante el operativo general ejecutado ese mismo día los investigadores lograron arrestar a un total de seis implicados, aunque faltó dar con el paradero del sindicado capo de la banda, quien finalmente fue arrestado ahora.
Según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, el hombre fue atrapado gracias a una investigación de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que incluyó tareas de campo tanto en Misiones como en Buenos Aires y rastreos informáticos, labores que permitieron establecer que el implicado se valía de un bajo perfil y se escondía en una finca de la localidad bonaerense de General Rodríguez.
Una vez obtenida la información precisa, los uniformados solicitaron permiso para actuar y el magistrado Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Dos de Morón, dio el ok.
De esta manera, los agentes se trasladaron a General Rodríguez, donde interceptaron en la vía pública al extranjero. Además, allanaron la vivienda donde residía e incautaron un automóvil, dinero en efectivo, tanto en pesos como en guaraníes, y un teléfono.
Marihuana bajo alfalfa
Si bien el procedimiento que desmanteló la banda se ejecutó el 27 de septiembre de 2022, la investigación en su contra había comenzado al menos un año antes, tras una denuncia que apuntaba el accionar de un grupo de ciudadanos paraguayos dedicados a transportar marihuana desde Misiones hacia el conurbano bonaerense y cuyo líder tenía su base de operaciones en Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas.
La pesquisa general estuvo dirigida entonces por el mismo juez Rodríguez, quien tras reunir los elementos suficientes consideró que ese 27 de septiembre de 2022 era el momento oportuno de actuar porque de las escuchas telefónicas surgió que el líder de la banda narco paraguaya estaba preparando un nuevo envío de estupefacientes.
Fue así efectivos de la PNA anotaron todos los datos y trazaron el operativo que ese día culminó con la detención del camión con cinco toneladas de marihuana bajo cargas de alfalfa.
Allí fue detenido el misionero Leonardo Benítez (34), quien según Infobae en ese mismo momento confesó que transportaba estupefacientes. Mediante las escuchas se determinó que iba a cobrar 5 millones de pesos por el viaje.
Ese mismo día la PNA interceptó otros dos vehículos que funcionaban de guía al camión narco. Esos rodados eran una Toyota Hilux y un Renault Logan en los cuales viajaban Pedro Javier Gamarra Martínez, Javier Gamarra Martínez, Alberto Otazú Báez (todos paraguayos) y Pablo Mariano Vicente Mamani.
Más tarde, tras nuevos allanamientos realizados tanto en San Pedro, donde se incautaron otros 300 kilos de marihuana, como así también en diversos puntos de Buenos Aires, cayeron Abraham Benítez y Ezequiel Uranga.
El último envío de la banda narco paraguaya consistía en 5 toneladas de marihuana camufladas bajo una carga de alfalfa.
En definitiva, todos quedaron detenidos e imputados como coautores del delito de “tráfico de estupefacientes con fines de comercialización participando de modo organizado y agravado por la participación de tres o más personas”.
La causa atravesó por completo su etapa de instrucción en Buenos Aires, hasta que el fiscal interviniente solicitó su elevación a juicio, ante lo cual el expediente debía ser remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, cuyas autoridades en mayo declinaron de su competencia en el caso y consideraron que el hecho debía ser juzgado en Misiones.
“Como se advierte del relato efectuado hasta aquí, no se cuenta en autos con elementos que determinen la competencia de este tribunal, si se atiende a que la totalidad de las probanzas colectadas, incautaciones y detenciones han ocurrido en ajena jurisdicción; por lo que es clara la conveniencia, en línea con los preceptos de economía procesal y buena administración de justicia, de que un Tribunal del ejido misionero desarrolle el debate oral”, consigna la resolución judicial dictada el 22 de mayo último.
De esta manera, el TOF 5 de San Martín declinó de su competencia en la causa y resolvió poner tanto al expediente como a los detenidos a disposición del Tribunal Oral Federal de Posadas.
La Jefatura de Policía arrestó y puso a disposición de la Justicia a tres efectivos investigados por presunto cohecho, luego de que un comerciante realizara una denuncia asegurando haber recibido pedidos de dinero para evitar una supuesta detención.
Según fuentes policiales, en primera instancia intervino la Dirección General de Asuntos Internos, cuando el comerciante denunció haber sido presuntamente extorsionado tras la disolución de una sociedad comercial y una posterior denuncia realizada por su ex socio.
A partir de allí, según consta en la presentación judicial, se habría montado una operatoria mediante la cual efectivos policiales le exigían dinero para evitar una supuesta detención.
Siempre conforme a la denuncia, los tres investigados —todos con prestación de servicio en la División Investigaciones de la Unidad Regional I— habrían solicitado una suma de dinero al denunciante. Con esos elementos, y bajo conocimiento e intervención de la Justicia, la Jefatura dispuso un seguimiento encubierto que permitió avanzar con la pesquisa.
El procedimiento se concretó anoche, cuando se ordenó que efectivos policiales encubiertos detuvieran a uno de los involucrados al momento de retirar el dinero presuntamente exigido al comerciante. Posteriormente, y por disposición judicial, también fueron arrestados los otros dos sospechosos mencionados en la causa.
Desde la Jefatura de Policía anunciaron que los tres efectivos quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia y fueron separados preventivamente de sus funciones mientras avanza la investigación judicial y administrativa correspondiente.
Además, remarcaron que la institución “mantiene una política de transparencia y tolerancia cero ante cualquier conducta incompatible con la función policial”.
Alrededor de las 20, fue liberado el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la comunidad mbya emplazada en el Paraje Cañafístola, Lote 178 de Colonia San Miguel, en la localidad de Garuhapé.
Fue alrededor de las 10 de este martes cuando efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional IV llevaron adelante un operativo en el predio de la aldea y procedieron a la demora de ocho hombres mayores y al traslado de nueve mujeres mayores, con niños, a la sede policial local.
La intervención se dio en el marco de una causa caratulada como “usurpación de territorio”, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Finalmente, los hombres fueron liberados alrededor de las 20 en medio de repercusiones por parte de distintos sectores sociales y organizaciones, que expresaron preocupación por la situación y reclamaron el respeto de los derechos de las comunidades indígenas.
En tanto, la causa continúa en curso, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.
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Repercusiones
Además del apoyo y acompañamiento realizado por el Equipo Misiones de Pastoral Aborígen (Emipa), la Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, también expresó su repudio al accionar judicial a través de un comunicado.
“Como Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní – REGCHAG expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención arbitraria del mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, Santiago Ramos”, manifestaron en la misiva.
Y añadieron que la causa se enmarca sobre un “territorio ancestral reconocido en el relevamiento territorial realizado conforme a la Ley 26.160 y por lo cual cuenta con reconocimiento estatal de su posesión ancestral por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)”.
Tanto Emipa como REGCHAG repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones “incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas” a la dependencia policial, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”.
“Resulta particularmente grave que se pretenda encuadrar como “usurpación” una ocupación ancestral protegida por la Constitución Nacional Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ya que nadie puede ser considerado usurpador en su propio territorio. Asimismo, el traslado y permanencia de mujeres, niños y niñas en sede policial constituye una situación de especial gravedad que vulnera estándares internacionales de protección y exige una intervención inmediata“, enfatizaron.
Tras un operativo que inició este lunes al mediodía en el marco de una causa por “presunta usurpación” en una propiedad ubicada en Colonia San Miguel de la localidad de Garuhapé, este martes detuvieron al cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, y al menos siete integrantes de la comunidad mbya.
El despliegue fue ejecutado por efectivos de la comisaría local quienes, según fuentes policiales, habrían constatado la presencia de integrantes de la mencionada aldea, por lo que avanzaron con las actuaciones judiciales ordenadas por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
El procedimiento se realizó en el Lote 178, Parcela 141, del Paraje Cañafístola, donde en una primera intervención los uniformados detectaron la presencia de siete adultos y seis menores, quienes manifestaron que permanecerían en el lugar por directivas del cacique.
En la mañana de hoy, arribaron al lugar integrantes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), quienes confirmaron que en las últimas horas detuvieron al cacique Ramos “por supuesta usurpación de su propio territorio, relevado por la ley 26160”.
Según confirmaron desde la entidad, durante el operativo también fueron detenidos Claudio Escobar, Juan Cáceres, Sergio González, Sergio Martínez, Esteban Godos, Hilario Villana y Carlos Benítez, además de “varias mujeres trasladadas con niños y bebés en brazos”.
“Necesitamos que llamen a la comisaría de Garuhape para pedir su liberación. Santiago viene llevando una lucha en defensa de su territorio contra las multinacionales forestales como Arauco que invaden con monocultivos de pinos y empresarios forestales como Alfredo Ruff, que usurpan el territorio mbya y desmontan la selva nativa con el aval del Estado provincial”, añadieron a través de un comunicado.
El procedimiento se dio a una semana de la participación de una lideresa mbya Keila Zaya ante la sede norteamericana de la ONU, donde expuso el conflicto territorial entre la comunidad Puente Quemado II y la empresa forestal multinacional Arauco.
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