Ramón Amarilla y Diego Correa, dos de los ocho agentes policiales detenidos y destituidos tras ser acusados por delitos de “sedición” y “conspiración”, apelaron la prisión preventiva dictada por el juez Fernando Verón, cuestionando la medida como “infundada”, “arbitraria” y sin “fundamento probatorio”, además de calificarla como “un uso desproporcionado de la justicia” con fines de “persecución”.

El recurso de apelación fue presentado en las últimas horas por el letrado particular y ex juez penal Ramón Moisés Grinhauz, quien interviene como abogado defensor de los agentes Amarilla y Correa.

En la resolución, Grinhauz apunta que la prisión preventiva dictada contra sus pupilos judiciales resulta “infundada y arbitraria”, dado que la decisión carece de “fundamento probatorio sólido que justifique tal medida extrema”, al tiempo que considera que se realizó “una valoración subjetiva de los riesgos procesales”.

Siete de los ocho involucrados fueron detenidos el 19 de septiembre, durante una serie de procedimientos simultáneos ordenados por el juez Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, tras conocerse una serie de chats que daban cuenta de un supuesto plan para desestabilizar a la cúpula de la Policía e iniciar una nueva revuelta, incidentes nuevos e independientes a la protesta realizada en mayo.

La maniobra salió a la luz gracias a la detención días antes del oficial ayudante Diego Correa, a quien se le incautó el teléfono celular y de allí se recuperaron los diálogos que mantenían los involucrados a través de un grupo de Whatsapp llamado “Solo Cola”, según argumentan la Justicia.

Los ocho policías están detenidos y procesados con prisión preventiva.

“Expresiones de malestar”

En el escrito de apelación, la defensa de los implicados Correa y Amarilla contestan a todas estas cuestiones utilizadas como fundamento para el dictado de la prisión preventiva y atacan la medida.

“Las capturas de pantalla presentadas como evidencia incluyen intercambios que, a primera vista, pueden parecer comprometedores, pero una revisión más detallada revela que carecen de claridad y contexto”, arguye la defensa y sostiene: “Los mensajes reflejan expresiones generales de malestar sobre las condiciones laborales y comentarios dispersos que, aunque pueden ser interpretados como un deseo de ‘movida’, no constituyen un plan concreto o articulado que evidencie la intención de llevar a cabo actos de sedición o violencia”.

En ese marco, argumentan que “la jurisprudencia ha establecido que las conversaciones que se mantienen en entornos privados deben ser interpretadas con el debido respeto a la intención y al contexto en el que se producen”.

En otro tramo de la presentación, Grinhauz cuestiona que no existe evidencia para considerar que la liberación de sus defendidos represente riesgo procesal alguno, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación, ante lo cual plantea como alternativa la imposición de medidas menos severas para que sus defendidos se ajusten a derecho, tal como lo hicieron en el marco del otro expediente que se instruye ante el Juzgado de Instrucción Seis, donde respondieron ante cada citación.

“Mensaje ejemplificador”

La apelación también contiene un “análisis político” de la causa, donde la defensa de los imputados apunta que la situación “trasciende la mera interpretación legal y se inscribe en un contexto político y social más amplio”, donde Correa y Amarilla fueron ubicados como “fusibles de una disputa salarial que ha despertado tensiones significativas entre el gobierno provincial y los cuerpos de seguridad”.

Y ataca: “La decisión de imponer una prisión preventiva parece estar más relacionada con la intención de enviar un mensaje ejemplificador al cuerpo policial que con la existencia de pruebas contundentes que sustenten la acusación”.

En base a todos estos considerados, el letrado particular solicita que se revoque la prisión preventiva contra sus defendidos y que ambos continúen el proceso judicial en libertad.

El documento ahora deber ser remitido a la Cámara de Apelaciones, junto a todo el expediente, para que sus magistrados analicen la presentación y luego resuelvan si ratifican todo lo actuado por el juez Verón o dan lugar a la apelación defensiva, lo cual favorecería a los implicados.

Este recurso de apelación se da horas después de una acción de amparo que los ochos uniformados implicados presentaron de manera conjunta en contra del gobierno provincial por el decreto que dispuso la destitución de todos ellos.

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La Policía de Misiones halló el cuerpo de Rubén Alvez de Almeida (49), quien el pasado miércoles 9 de octubre salió a pescar junto a su hermano por el río Iguazú en Comandante Andresito y no regresó.

A casi una semana de su desaparición, Almeida fue localizado sin vida ayer por la tarde. Su cuerpo estaba escondido entre la espesa vegetación de la Reserva Puerto Península, predio lindante al Parque Nacional Iguazú.

El caso es investigado como presunto homicidio y tiene como principal sospechoso al hermano del pescador, Eliseo Alvez Almeida (41), la última persona que vio con vida a la víctima y no reportó a la fuerza provincial su desaparición.

Con la denuncia de otro familiar del pescador radicada el lunes, los uniformados comenzaron la búsqueda rastrillando monte adentro, a casi 30 kilómetros de la ciudad de Andresito, donde ubicaron el cuerpo en estado avanzado de descomposición, con una herida en la región axilar provocada, presumiblemente, con un arma de fuego.

Además, en la zona en la que fue localizado el cadáver, los agentes incautaron diversos elementos de interés para esclarecer lo ocurrido con el pescador.

En tanto, el cuerpo de Rubén Alvez de Almeida fue examinado por el médico policial en turno y, por orden judicial, será sometido a una autopsia para determinar las causas de su deceso.

Debido a las dificultades del terreno en el que se llevó a cabo la búsqueda, de los operativos participaron efectivos de la comisaría jurisdiccional, guardaparques, bomberos voluntarios y personal de Policía Científica.

En cuanto al principal y único sospechoso que tiene el caso, Eliseo está detenido bajo la lupa de la Justicia debido a incongruencias manifestadas a los uniformados cuando fue consultado por el paradero su hermano, con quien había salido a pescar el pasado miércoles y volvió solo de la excursión.

En el hecho interviene el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites.

Fue a pescar con su hermano, volvió solo y no denunció nada: lo detuvieron

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El ex diputado provincial, desaforado y detenido con prisión preventiva en el marco de una causa por distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), Germán Kiczka, fue trasladado esta mañana hacia la oficina de Saic en Posadas para ser objeto de una pericia psicológica.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas, el apostoleño llegó esta mañana en un móvil del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) e ingresó a la oficina de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), ubicada al lado del Juzgado de Instrucción Siete, sobre calle Pedro Méndez, casi avenida Uruguay.

Las fuentes indicaron que la audiencia corresponde a la realización de una pericia psicológica solicitada en el marco de la causa judicial que se tramita ante el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles.

Hoy fue el turno de Germán, que mañana debe volver a ser trasladado a la misma oficina, mientras que el jueves hará lo propio su hermano Sebastián, también detenido y procesado en el mismo expediente.

Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra

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