Policiales
Andresito: changarín denunció a policías de torturarlo por ir de compras
Denunciaron ante la Comisaría de Comandante Andresito y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y pusieron al tanto de lo sucedido al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez y al ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer.
ANDRESITO. El sábado, Gustavo Quevedo (19), quien se dedica a realizar changas y vive en Colonia Itatí de Comandante Andresito, en el marco de la cuarentena obligada por el COVID-19, regresaba en moto a su chacra acompañado por un amigo, Daniel Antúnez, después de comprar carne para su familia, de un negocio cercano. Fueron detenidos por un grupo de integrantes de la División Infantería de Zona Norte, montados en cuatro motos de alta cilindrada.
Según relató, le pidieron que bajen y después de maltratarlos y hostigarlos para que hagan flexiones, dejaron ir a Antúnez, mientras que a Quevedo le hicieron varias preguntas y ante sus repuestas, lo trataban de mentiroso burlándose del trabajador.
Siempre según su testimonio, fue obligado a trasladar su moto hasta el Paraje Deseado, dentro de la localidad de Andresito, mientras le pegaban latigazos, amenazándolo con que si intentaba escapar le iban a disparar con el arma reglamentaria.
El joven sostuvo que al llegar al destacamento policial de Deseado, volvieron a golpearlo, le sustrajeron su moto sin labrar ningún acta y le ordenaron que regrese “calladito” caminando -a pesar de estar muy lastimado- hasta su casa de la Colonia Itatí, distante a más de 13 kilómetros de Deseado.
“Me pegaban ‘guayazos’ en la espalda”
“Yo volvía de comprar carne con un amigo, en la motito que uso para trabajar en la chacra, cuando me pararon los policías de Infantería. Les expliqué que no estábamos de paseo, sino que salimos a hacer las compras, tenía la bolsita da carne debajo del asiento de la moto; pero no me creyeron y se burlaban de nosotros”, señaló Quevedo.
Agregó que les ordenaron que hicieran 20 flexiones, lo dejaron ir a Antúnez, y a él lo obligaron a llevar su moto hasta el Destacamento de Deseado.
“Una de esas motos grandes se puso adelante y otra atrás, yo iba en el medio con mi motito que es chica, como si fuera un criminal. Me gritaban queme apure, pero como no tenía mucho espacio casi me caigo en la ruta, y me amenazaban que no se me ocurra escapar por alguna Picada porque me iban a disparar. Y en el camino me daban ‘guayazos’ con una guaya (una especie de cable de acero) en la espalda y los brazos y se reían entre ellos”, relata.
Cuando llegaron a la Unidad de Infantería le sacaron la moto y sin hacer ningún acta o documentación, le “recomendaron” que se vaya caminando hasta su casa de Colonia Itatí, advirtiéndole que no hablara sobre lo que le hicieron. “Yo estaba todo lastimado”, lamentó el joven.
Denuncia ante Comisión Provincial de Prevención de la Tortura
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura este lunes realizará la presentación pertinente. Mientras que los legisladores ya pusieron al tanto de la situación, al ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez y al ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer.
Protocolo de Actuación para Fuerzas de Seguridad
La Procuración General de la Nación emitió un Protocolo de Actuación para las Fuerzas de Seguridad en caso de verse obligadas a intervenir para hacerlo cumplir.
El documento, elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que depende del Ministerio Público Fiscal, establece que los miembros de las Fuerzas no podrán “apartarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad”.
Además, subraya que sus miembros deberán abordar de forma “personal” a quienes estén rompiendo la cuarentena e identificarse con el fin de interpelarlos respecto a su presencia en ese lugar.
Remarca que la actuación policial siempre deberá dispensar buen trato y respeto, y propiciar el diálogo con las personas. Llegado el caso de no poder justificarlo, deberán acompañarlo hasta su residencia si se encuentra en las inmediaciones.
No se puede detener de manera compulsiva
La Procuración establece que “bajo ningún concepto, el personal de Seguridad podrá realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas o vehículos de grupos de personas en la vía pública, salvo que se trate de medidas de contención ante situaciones de tumultos, para las cuales se impartirán órdenes específicas de las Jefaturas de cada fuerza”.
Tampoco podrán detener “de manera compulsiva”, y deben preguntar al presunto infractor los motivos por los que se encuentra fuera de su domicilio, y ante cualquier irregularidad, informarán a la autoridad judicial interviniente. No pueden hacer traslados a comisarías o dependencias de las Fuerzas de Seguridad sin la intervención del juez o un fiscal.
El documento, que lleva como título “Facultades y límites a la actuación de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del control del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, puntualiza, que la principal tarea del personal policial y de seguridad es “garantizar que las personas que circulen sin estar debidamente autorizadas y fuera de los supuestos de desplazamientos mínimos permitidos, retornen inmediatamente a sus hogares”, especifica la PROCUVIN.
Diario Federal
La Policía detuvo a un paraguayo de 38 años que, sorteando todos los filtros de seguridad, ejecutó una meticulosa maniobra de estafa al obtener una tarjeta de crédito a nombre de otra persona y efectuó compras por más de 40.000 dólares en dos semanas.
El implicado fue identificado como José Luis R. (38), oriundo de Paraguay, aunque con domicilio radicado en Puerto Iguazú.
El artífice de la señalada estafa fue detenido este mediodía, cuando se presentó en un banco en Posadas para retirar un segundo plástico con el que pretendía continuar con su fraudulenta maniobra.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, la investigación comenzó cuando un hombre detectó consumos irregulares en el resumen de su tarjeta de crédito y al interiorizarse en la situación advirtió que un desconocido había obtenido un plástico adicional.
El método fue aparentemente sencillo. El hombre llamó por teléfono al banco, se hizo pasar por el verdadero titular de la tarjeta y accedió a otro plástico, aunque lo alarmante del caso es que superó todos los filtros de seguridad, tanto el ingreso de información personal precisa como los métodos de validación.
De esa manera, el estafador culminó el trámite con éxito y acudió al banco para retirar la tarjeta con la cual registró consumos por 42.000 dólares mediante diferentes operaciones financieras concretadas entre el 5 y el 18 de noviembre.
Al advertir los movimientos, el titular de la tarjeta desconoció los gastos y el banco bloqueó el plástico, pero el estafador volvió a comunicarse, sorteando nuevamente los pasos de seguridad y solicitando la nueva emisión de un plástico.
A partir de esto, el caso fue elevado a la Justicia y fueron los efectivos de la Dirección Investigaciones Complejas de la Policía quienes trazaron una minuciosa investigativa para hallar el implicado.
Esas labores incluyeron tareas de vigilancia, análisis de cámaras de seguridad y coordinación con el personal bancario interviniente, trabajo que esta mañana permitió individualizar al sujeto y arrestarlo cuando se presentó a retirar la nueva tarjeta.
El extranjero quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, que en las próximas horas lo imputará por delitos de “estafa agravada, defraudación y falsedad ideológica”.
Tras casi una semana sin novedades sobre el paradero de su esposo, Yohana Moreira radicó una denuncia por la desaparición de Claudio Manuel Moreno (43), quién el pasado 21 de diciembre viajó al municipio brasileño Alfredo Wagner, ubicado en el estado de Santa Catarina, para trabajar en la cosecha de cebolla. El martes 23, el vecino de Corpus dejó de comunicarse con su familia.
“Mi esposo tiene problemas con el alcohol. Cada vez que deja de tomar le agarra abstinencia y en ese momento, cálculo, que salió del lugar en el que estaba trabajando. No tiene celular, lo único que tiene es mi número anotado en un papel, guardado en su billetera”, relató Yohana en conversación telefónica con La Voz de Misiones.
En esa línea, la mujer explicó que la oferta laboral para cosechar en el municipio del sur brasileño llegó por un mensaje que envió un concejal al grupo de WhatsApp de los vecinos de la localidad de Corpus.
“El concejal compartió el contacto del señor que estaba buscando gente para ir a cosechar cebolla en Brasil y mi marido fue. Le pregunté si podía averiguar algo, pero me dijo que no tenía información, que no podía hacer nada, que él pasó el contacto, nada más”, sostuvo Moreira y añadió: “Estoy desesperada, no sabemos nada”.
Sobre la última comunicación que tuvo con Claudio, su esposa recordó que fue el martes 23 de diciembre, alrededor de las 21. “Me dijo que dejó de tomar y que estaba vomitando. Después los compañeros me dijeron que él no durmió toda la noche”, contó.
Luego de perder contacto con su esposo, Yohana logró contactarse con los compañeros de Claudio que viajaron desde Corpus a Brasil: “Me dijeron que la Policía lo está buscando, pero que no saben nada de él. Y ahora perdí el contacto con ellos también”, añadió la mujer.
De acuerdo a lo que describió Yohana a LVM, Claudio Manuel Moreno mide aproximadamente 1,78 metros; tiene cabello castaño claro, barba y ojos marrones.
La denuncia por la desaparición del trabajador fue radicada en la comisaría de Corpus. La familia y la Policía de Misiones solicitan a la comunidad en general que, ante cualquier información sobre el paradero de Moreno, dirigirse a la dependencia policial más cercana o comunicarse a los números de emergencia (911).
Además de la fuerza provincial, la Policía Militar y la Brigada de Frontera de Brasil buscan al misionero, desaparecido hace seis días en el vecino país.
El -ahora- ex director del hospital de Aristóbulo del Valle, Ernesto Omar Ramp (55), lleva tres días detenido por apuñalar a un gitano durante una discusión por una deuda registrada el último viernes frente a una concesionaria de autos propiedad de la víctima en Oberá.
El caso se conoció a partir del ingreso al hospital Samic de Oberá de tres integrantes de la comunidad gitana heridos de arma blanca. Los heridos eran Daniel Marco (55) y sus hijos Brian (25) y Gustavo (24).
El mayor de gravedad fue Daniel, quien hasta ahora permanece internado en estado crítico, mientras que sus hijos sufrieron lesiones de menor gravedad y al momento recibir asistencia relataron que al autor de las agresiones fue Ramp, quien llegó al lugar para reclamar una deuda.
Todo eso ocurrió el viernes al mediodía, aunque Ramp fue detenido un día después, mientras Marco se debate entre la vida y la muerte en una sala del hospital Samic de Oberá, donde fue intervenido quirúrgicamente por una puñalada que le ocasionó una perforación de pulmón e hígado.
El médico fue arrestado por personal de la comisaría de Aristóbulo del Valle y por estas horas continúa a disposición del magistrado Horacio Alarcón, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.
La evolución de la víctima será determinante para el avance de la causa judicial.
En paralelo a su detención, desde el ministerio de Salud se resolvió separar a Ramp de su cargo como director del hospital local.
“Se comunica que se ha dado inicio a las investigaciones sumariales internas para determinar eventuales incumplimientos al Régimen Jurídico que regula el marco de derechos y obligaciones de los agentes de la Administración Pública Provincial, en virtud de lo cual, el agente Ramp ha sido apartado preventivamente de la función de Director del Hospital de Aristóbulo del Valle y de toda otra inherente al ámbito público”, señalaron oficialmente.
En redes sociales se registraron múltiples comentarios a favor de Ramp, donde además aseguran que la versión del detenido apunta que él fue atacado en primera instancia y las agresiones se dieron en un acto de defensa.
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