Policiales
Aguardan autopsia al cuerpo hallado en Parma: manos atadas y rostro cubierto
El peor desenlace pareciera estar a punto de confirmarse. Si bien los familiares aún no realizaron el acto de reconocimiento formal, los indicios recolectados apuntan que el cadáver hallado hoy a la mañana semi sumergido en un pozo ubicado en una propiedad abandonada en el paraje Nemesio Parma del sur posadeño reúne las características de Claudia Elizabeth Benítez (32) y presentaría indicios de una muerte violenta, aunque las autoridades judiciales aguardan los resultados de autopsia para avanzar en la investigación del caso que -por el momento- continúa teniendo al esposo de la víctima en condición de demorado.
El cuerpo que se correspondería a la taxista que estaba desaparecida desde ayer a la mañana tras realizar un presunto viaje hacia Nemesio Parma con al menos tres pasajeros, fue hallado cerca de las 10 de hoy, en medio de un imponente operativo de búsqueda desplegado por un centenar de efectivos de la Policía de Misiones.
Según describieron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el cadáver estaba semi sumergido en un pozo de entre 5 y 8 metros de profundidad ubicado en el fondo de una propiedad abandonada detrás del predio del Parque Industrial.
Hasta ese punto llegaron los rescatistas luego de detectar marcas de arrastre y vestigios de sangre en la vegetación lindante. Esas pistas los condujo hasta el pozo donde finalmente dieron con el cuerpo de quien sería la taxista, el cual tenía las manos atadas hacia atrás y el rostro cubierto.
Para ese entonces, las hermanas y otros familiares de la mujer emprendieron una vigilia detrás de un cordón policial apostado a unos 70 metros del lugar del hallazgo. Allí hubo escenas de dramatismo, desesperación, bronca y también angustia.
Es que los investigadores involucrados optaron por tratar el asunto con cautela, premura y paciencia. La ubicación del cuerpo también habría dificultado y demorado las labores de los rescatistas, por lo cual la confirmación de la novedad tardó varios minutos.
Fue el jefe de la Unidad Regional I de la Policía quien luego se acercó al grupo para brindar precisiones. “Es el cuerpo de un femenino con similares características”, sostuvo el uniformado y solicitó a los familiares de Benítez que acudan a la Morgue Judicial para realizar el correspondiente reconocimiento del cuerpo, lo cual se concretaría una vez culminado el examen de autopsia.
En estos momentos, el cuerpo hallado esta mañana se encuentra en sala de operaciones siendo sometido a la necropsia, estudio que será clave para establecer la causal de muerte de la mujer y reconstruir la mecánica del hecho. El examen médico también permitirá determinar si la atadura de las manos, por ejemplo, fue una acción realizada pre o post mortem.
Mientras todo esto sucede, Juan Andrés R. (39), pareja de la víctima, continúa demorado en una celda de la Comisaría Decimonovena de Posadas.
Su demora fue ordenada ayer por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, luego de una breve declaración testimonial en la cual el hombre afirmó que esa mañana su esposa cubrió un viaje hasta Nemesio Parma con tres pasajeros y nunca más supo de ella.
Hasta el momento, esa es la única versión que se tiene sobre los últimos pasos de la mujer. Imágenes de cámaras de seguridad captaron su recorrido hasta ese lugar, aunque hay que determinar si efectivamente se movilizaba junto a otras personas o no.
Lo que se sabe es que la última conexión de Whatsapp de la mujer fue ayer a las 6 de la mañana y casi tres horas más tarde su Chevrolet Corsa apareció ardiendo en llamas a un costado de la avenida Del Té, en el ingreso al paraje ubicado en la zona Sur de Posadas.
Desde ese momento todo fue misterio e incertidumbre que hoy se transformaron en bronca y dolor.
El cuerpo fue hallado esta mañana, en una propiedad abandonada detrás del Parque Industrial.
Dolor e incertidumbre
En diálogo con LVM, una de las hermanas de Benítez descree de ese supuesto viaje realizado por la taxista, dado que la mujer se caracterizaba por trabajar con chicas, jóvenes y adolescentes, labor que fue reconocida por muchas personas en las redes sociales.
“Claudia formaba parte de un grupo de mujeres taxistas que nos quería cuidar a todas. Y sufrió lo mismo que alguna vez imaginamos que nos podía pasar a nosotras”, tuiteó una usuaria de Twitter identificada como @SofíaBLozano
Por su parte, @Solecolina21, mientras la mujer todavía permanecía como desaparecida, publicó: “Viaje muchas veces con ella, trabajaba para que nosotras nos sintiéramos seguras, para que lleguemos bien a nuestro hogar y ahora la desaparecida es ella… que aparezca Claudia lpm, que bronca”.
“No pensamos que nos iba a volver a pasar esto. Hace poco perdimos a un hermano en un accidente y que ahora le hagan algo tan aberrante a mi hermana no puedo creer. Para mí, ella no hizo ese viaje con esos tipos, no sé qué pensar, pero yo no creo que lo haya hecho”, expresó una de las hermanas de Benítez a LVM durante la vigilia del procedimiento.
Respecto a su cuñado, la mujer señaló que “estaba todo re bien con mi cuñado, yo no voy más allá de eso. Estaban todo bien. Yo tengo un perfil bueno de mi cuñado, cuidaba a su familia. No quiero pensar en eso. Yo los vi bien”.
Por último, los familiares de la taxista pusieron sobre el tapete un inconveniente que suscitado hace pocos días a la salida de un boliche sobre la avenida Maipú.
En esa instancia, aparentemente Benítez tuvo un conflicto de tránsito con una abogada que derivó en una discusión y presuntamente después de ello la mujer comenzó a recibir amenazas.
Todas estas versiones están siendo analizadas y profundizadas por los investigadores intervinientes en la causa. Hasta el momento, según indicaron, no hay ninguna hipótesis que prevalezca y en la pesquisa prima la cautela. La autopsia podría arrojar un poco más de luz al caso, pero los resultados preliminares recién estarían listos entre esta noche y la madrugada de mañana.
Este era nuestro primer encuentro con Claudia. Queremos Justificia, no nos maten más, basta ya. pic.twitter.com/sc735rwemP
— Aida Vaztique (@AVaztique) May 18, 2022
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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