Policiales

Acoso, violencia y discriminación en el ballet clásico

Publicado

hace 2 años

10/11/2023

Por

Federico García

Una denuncia penal por acoso sexual y violencia laboral contra el director del Ballet Clásico del Parque del Conocimiento, José María Vázquez, develó una serie de relatos por parte de bailarines y profesionales de la danza que lo apuntan como el responsable de su alejamiento de la compañía.

Los damnificados aseguran que todo comenzó en septiembre de 2021, cuando Vázquez volvió a la institución de la mano de la directora Laura de Aria, luego de un polémico paso en 2012.

Julieta Saravia es bailarina y contó La Voz de Misiones que, cuando la directora informó de la llegada del nuevo miembro, “el ballet abrió los ojos, porque esta persona ya había estado trabajando en esta institución, lo cual había sido sacado por haber tenido actitudes violentas, haber querido agarrar del cuello a un bailarín”.

Rocío Florencia Ruiz, otra de las denunciantes, también reflejó que “desde que ingresó empezaron un montón de conflictos, yo veía cómo él tocaba compañeras, escuchaba sus comentarios, veía cómo agarraba del brazo a alguna compañera y la zamarreaba, de la nada, en medio del salón, a la vista de todos”.

“Quien le marcaba un freno, dejaba de bailar, lo empezaba a tratar mal, todo enfrente de todos los bailarines”, recordó.

Al relatar su propia experiencia con el director, la bailarina sostuvo que “empecé a tener episodios con él de que me trataba todo el tiempo con comentarios sobre mi color de piel, a mi y a mis compañeros, todo el tiempo, de que era una negra de la favela, de que ‘no, la negrita esta, la morocha esta’, todo el tiempo era así con mi color de piel”.

Según comentaron las denunciantes, la situación se prolongó hasta agosto de 2022 y derivó en que nueve trabajadores del ballet solicitaran el cambio de área, pero tomó estado público en septiembre de este año, cuando Dulcinea Rodríguez denunció penalmente a José María Vázquez por situaciones de acoso sexual y violencia laboral.

La bailarina profesional trabaja desde 2014 en el ballet clásico, a donde llegó por audición: “En el 2021, ingresó una persona, un nuevo coordinador artístico, maestro ensayista, y las cosas empezaron a dejar de ser lindas para mí y para mi carrera”, lamentó.

“En mi caso sí sufrí acoso, la verdad que la pasé súper mal”, reveló la artista, quien narró distintos hechos.

“Desde situaciones de tocarme de forma incómoda, muy prolongadamente la cintura, ir bajando, y es la persona que me ensaya, que dirige, o sea, él tiene un poder sobre mí porque es mi jefe, que uno está súper incómodo”, indicó Rodríguez.

“Yo me estaba probando un vestuario y él ingresa, me ve desnuda, por ejemplo, situaciones de ‘te hago masajitos, estás muy tensa’; estando en un pasillo donde estaba sola, no había nadie, no tenía dónde escaparme, irme, no sabía qué hacer, la verdad que me sentía horrible”, denunció.

Historial de denuncias

Pero la denuncia de Dulcinea que se instruye en la Justicia fue el punto cúlmine de un historial de presentaciones ante el Inadi, el Ministerio de Trabajo y las mismas autoridades del Centro del Conocimiento, desde donde comenzaron una investigación interna.

“Nos sirvió pedir ayuda a una representante legal, porque también hasta que no caímos con un abogado, era como: ‘Estas boludas vienen, ah sí sí, ahora atendemos, sí está en investigación’. Todo el tiempo era ‘está en investigación, está en investigación’; ¿un año y medio en investigación? Y encima a esta persona lo premian con el cargo de director”, se quejó Julieta Saravia.

Por su parte, la representante legal del grupo, la abogada Ruth Vargas, precisó que “hasta ahora hicieron una audiencia que se tomó parte del sumario investigativo de la remoción, de ese cambio de lugar, eso fue lo que se está investigando, de por qué se cambió a tantas personas y esa persona que estaba acusada seguía ahí en el lugar e incluso ahora ascendió”.

En ese marco, adujo que el pedido hacia las autoridades del Parque del Conocimiento, puntualmente a su presidenta, Claudia Gauto, es para que se resuelva la situación laboral, ya que “siguen provisoriamente en otros lugares donde no pueden ejercer, o sea realmente los bajaron de categoría, no pueden bailar, no pueden ejercer para lo que vinieron, le cortaron la carrera porque ahora pasaron a hacer otra cosa”.

“Estoy dando clases a adultos. Yo me formé como bailarina profesional y ahora soy maestra de personas mayores que hacen su clase por hobby, por salud, pero no es a lo que yo vine a Posadas, no es para lo que yo fui contratada y para lo que me formé durante toda mi vida”, ejemplificó Rocío Ruiz.

Medidas concretas

Finalmente, el director del ballet fue detenido a principios de noviembre, tras romper la perimetral dictada por el Juzgado de Instrucción Dos. No obstante, las bailarinas le piden a la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, que se avance en la investigación y se tomen medidas concretas.

“Nosotros pedimos una audiencia con ella, nunca tuvimos la oportunidad de ser oídas por ella directamente. Sí fuimos oídos por medio de una abogada que le representa dentro del Centro del Conocimiento, pero no ella directamente, que yo sé que ella siempre apoya la cuestión de género, apoya las mujeres, entonces es importante que ella escuche a estas chicas”, sostuvo Ruth Vargas.

Luego de conocida la denuncia, la presidenta del Parque del Conocimiento fue consultada por el móvil del canal Misiones Cuatro respecto de las medidas a tomar internamente con relación a los hechos: “Como siempre, por supuesto, se instruye el sumario correspondiente que es lo que está ocurriendo en este caso”, respondió.

“Sin comentarios”

Antes de ser detenido y llevado a declarar ante el juez, este medio también consultó al director José María Vázquez, quien prefirió no emitir comentarios.

“Primero que nada hay una investigación interna en curso, entonces yo no puedo hablar. Segundo, cada uno es responsable de hacer las acusaciones que quiera, uno es responsable”, dijo.

“No puedo decir absolutamente nada, porque estamos en plena investigación interna”, insistió y cerró: “El Parque del Conocimiento es el que se va a encargar de dar en su momento la resolución final. Yo, mientras transcurre eso, no puedo decir absolutamente nada”.

“Que yo recuerde a mi nunca nadie me vino a plantear nada, jamás en 37 años de profesión me vino a plantear absolutamente nada de nada”, remató el bailarín.

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Policiales

Joven apuñalado en Alba Posse murió tras diez días de agonía en el hospital

Publicado

hace 5 horas

27/11/2025

Por

Jorge Posdeley

Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.

La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.

En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.

Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).

En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.

Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.

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Judiciales

Acampe docente: condenan a Gurina y Sánchez por desobediencia y corte de calle

Publicado

hace 21 horas

26/11/2025

Por

Jorge Posdeley

condenas a Monica Gurina y Leandro Sanchez

Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.

Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.

Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.

Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.

La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.

“No hay derecho absoluto”

El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.

Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.

En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.

Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.

“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.

En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.

La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.

Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.

“Fue un hecho público y multitudinario”

En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.

En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.

Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.

También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.

En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.

Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.

La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

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Judiciales

La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia

Publicado

hace 1 día

26/11/2025

Por

Valeria Druckmann

Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.

Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.

Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.

A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”

Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.

Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.