Policiales
Abusos en Itaembé Miní: “Somos 15 las víctimas y si sale nos va a matar”
A un día de la marcha que se realizará en Itaembé Miní en reclamo de justicia por el caso de un hombre acusado de violar a siete sobrinas, una de las denunciantes habló con La Voz de Misiones, relató el horror que sufrieron sus familiares y aseguró que “en total somos 15 las víctimas”.
La joven, actualmente de 29 años, es una de las primeras víctimas del albañil denunciado, aunque afirmó que “lo que me pasó a mí es mínimo al lado del horror que pasaron mis hermanitas y mis primas, por eso no voy a descansar hasta que se haga justicia”.
En esa lucha por justicia, la muchacha organizó una movilización que se llevará adelante mañana, a partir de las 17, en Itaembé Miní, y adelantó que se constituirá en querellante particular en el complejo e incipiente expediente que se tramita en el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo.
La joven está dispuesta a todo, incluso no teme que se conozca su identidad, aunque LVM de igual manera mantendrá en reserva datos sensibles. “Yo me muestro, no tengo problemas en que figure mi nombre, yo vergüenza no tengo porque el delito no lo cometí yo y voy a seguir hasta donde sea para que se haga justicia contra este depravado que hace 20 años comete abusos”, señaló.
La trama de horror
En una extensa charla, la mujer relató que la historia de abusos por parte del acusado, identificado como Ramón D., de 51 años, comenzó hace aproximadamente dos décadas.
La denunciante recordó que cuando ella tenía 9 años fue manoseada por su tío, pero ante el miedo y la falta de contención nunca pudo romper el silencio para contar lo sufrido.
“Yo pensé que eso me hizo sólo a mí porque él estaba borracho y que era mi culpa. Yo traté de justificarlo y no hablé. Le conté a mi tía, pero ella me dijo que era mi culpa por cómo yo me vestía, con 9 años, entonces nunca más hablé”, recordó.
Fue en esa instancia que la mujer indicó que “lo mío es algo mínimo al lado del horror que sufrieron mis hermanitas y mis primas”, aunque admitió que durante mucho tiempo creyó que ella había sido la única víctima. Lo mismo pensaron las demás chicas, pero lo cierto es que todas estaban atravesando lo mismo y se aguantaban en silencio porque, en medio de las condiciones de coerción generadas por el abusador, estaban convencidas de que se protegían entre sí.
“Nosotros somos súper unidas con nuestra madre, pero de igual manera no podíamos hablar porque teníamos miedo. La amenaza de él era de que si no nos dejábamos él iba a ir por la más chica. Así todas nos entregábamos, porque esa es la maldita palabra correcta, nos entregábamos para cuidar a la más chica. Así, dentro de toda esta desgracia, pudimos salvar a las más chiquita, a la de 10 años”, relató crudamente.
La denunciante expresó que todo explotó hace pocas semanas, en medio de una charla entre hermanas que derivó en una discusión y en ese momento de rabia una de ellas contó que había sido violada por su tío en reiteradas ocasiones. Allí todas se dieron cuenta que en algún momento de sus vidas sufrieron lo mismo, algunas incluso hasta hace muy poco.
Y recordó: “Automáticamente fuimos a la comisaría de la mujer y lo denunciamos. Al otro día, mientras esperábamos la orden de detención, el abusador vino a nuestra casa, vino a buscar a la más chiquita, como si nada. Nosotras actuamos normal, le seguimos la corriente, le invité una cerveza y llamé al 911. Ahí lo detuvieron y después mis primas contaron que también sufrían o sufrieron lo mismo. Los últimos hechos fueron el 23 de diciembre”.
Hasta el momento, el albañil apuntado tiene un total de siete denuncias en su contra, pero el número podría aumentar.
“Somos 7 las que nos animamos a denunciar, pero en total somos 15 las víctimas. Todas somos sobrinas de él, pero tenemos conocimiento que tres de ellas no son parientes”, contó la mujer.
Causa y marcha
El caso que conmociona a Itaembé Miní se conoció este mes, cuando se radicaron las primeras tres denuncias que luego ascendieron a siete y podrían ser más. Todas las denunciantes son sobrinas del acusado. Algunas ya son mayores de edad, pero otras son niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años.
El acusado está detenido desde el 13 de enero e imputado por delitos contra la integridad sexual. Actualmente, está alojado en una celda de la comisaría de Itaembé Miní y hasta allí avanzará la movilización organizada para mañana a la tarde.
“Nos vamos a concentrar frente a la comisaría donde está detenido para que él escuche el nombre de cada víctima y que sepa que no le tenemos miedo. Para nosotros eso es importante demostrarle eso, que ya no estamos solas e indefensas”, sostuvo la mayor de las denunciantes.
El otro objetivo de la movilización es exigir que el hombre no sea liberado y por eso la semana que viene también planean reproducir la manifestación frente al juzgado. “Hasta ahora estoy satisfecha con la investigación, pero me preocupa que lo puedan llegar a liberar. Si él sale, nos va a matar”, clamó.
Por último, reflexionó sobre la situación y su testimonio grafica cómo los contextos de contención ayudan a romper el manto de silencio en el que muchas víctimas están inmersas.
“Yo no tuve el valor de contar todo cuando era una niña, no tuve el valor de contar todo cuando cumplí 18 años. Tuve el valor de contar todo ahora porque somos muchas. La víctima siempre tiene miedo de que no le crean, de que cómo es un miembro de la familia pensamos que no puede ser posible, pero lastimosamente vivimos en una sociedad que todavía tiene pensamientos arcaicos”.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
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