Policiales
Abuelos denuncian que su hija y el padrastro maltratan a sus nietas
Dicen que no van a la escuela por los moretones que tienen en la cara. “Están desnutridas y son víctimas de maltrato. Hay que hacer algo antes que pase algo mucho peor”.
Rosa Fleitas y Silvestre Fernández son los abuelos de dos niñas de 6 y 7 años que esta mañana hicieron efectiva una denuncia en la Comisaría Sexta de Posadas, donde acusaron a su hija y al padrastro de las niñas, por maltrato infantil.
En una entrevista en vivo, La Voz de Misiones habló con los abuelos que acusan a su hija, Laura Fernández y a su novio, Sergio Núñez, de golpear a sus nietas, de tenerlas encerradas en estado de abandono y hasta desnutrición. Además, aseguran que las nenas no concurren a la escuela por causa de los moretones en la cara que tiene la menor de las niñas.
Silvestre explicó que: “Queríamos hacer una denuncia acá, por maltrato a mis nietas. Estamos pasando un momento muy malo, somos abuelos. Hace dos meses que no las vemos, que las tienen encerradas. Cada vez que le decimos para vernos, nos pone una excusa, entonces estamos preocupados de que les pase algo, porque el padrastro las tiene encerradas y amenazadas”, puntualizó.
En la misma línea, el abuelo precisó que: “La Justicia tampoco toma cartas en el asunto, no queremos que pase como sucede con tantas otras familias en el mundo. No queremos que suceda una violación o una muerte. Queremos que nos den a nuestra nieta para que nosotros la podamos cuidar”.
El contexto que rodea la crianza de las niñas sería un infierno y, según Silvestre, los maltratos incluyen todo tipo de violencias: “Le pegan en la cabeza (a la menor de 6 años). Las tienen encerradas. A nadie se le puede tener encerrado las 24 horas. No le manda a la escuela, pasan necesidad, la pasan mal. Están desnutridas. El padrastro las golpea, no las deja salir. Cuando le pedimos a mi hija que nos traiga a nuestros nietos, no sé por qué, pero ella no los trae”, describió entre el dolor, la bronca y un grado de impotencia por no poder hacer aún más por sus nietas.
Sobre la relación con la menor de las nenas, sostuvo que la más pequeña vivía con ellos: “pero un día vino el papá a llevarle a pasear y cuando se enteró mi hija de esa situación, se enojó, la llevó y no la trajo más. Nosotros no queremos sacarle la criatura, queremos tenerlos acá para que estén bien, cuidarlas y que después, cuando ella la quiere ver, que venga”, sintentizó.
La abuela de las chiquitas, Rosa Fleitas, también contó su padecer: “Las vemos que están en malas condiciones. Ellas no están bien alimentadas, no tienen control médico”. Con respecto al estado de salud de las pequeñas declaró, “cuando estaban conmigo les saqué turno en la salita, me mandaron a hacer análisis y ella las llevó y nunca más les trajo. Me quedé con todos los papeles. Las nenas están desnutridas”, sentenció.
No van a la escuela
La abuela relató que las menores no iniciaron el ciclo lectivo: “Las nenas no están yendo a la escuela. Yo me fui a hablar con la directora de la escuela 821 del barrio Yacyretá y ella me confirmó”
La mujer dio detalles del castigo al que es sometida la menor de sus nietas: “El padrastro le pegó a la pequeña de 6 con la mano como si fuese una persona grande y le dejó en compota los ojos. A esa nena es a la que más odio le tiene porque vivía con nosotros”, analizó al tiempo que aseguró “y por eso no le mandó a la escuela, porque tenía los dos ojos hinchados por los golpes”.
La ausencia de las niñas en la escuela no tiene justificativo para los abuelos: “Nosotros le compramos guardapolvos y zapatos para que ellas vayan a clases, pero hace 3 semanas que empezó y ellas no van”.
Denuncia y pedido a la justicia
Rosa Fleitas confirmó que hizo la denuncia penal contra su hija y su novio, “Nosotros no molestamos a nadie, queremos que mi nieta esté bien nomás. Hay tantas cosas que pasan que uno se preocupa. Hoy radiqué una denuncia”.
“Él (por el padrastro) sigue en su casa tranquilo y la nena está con ellos de nuevo. En la casa está el papá del novio y el tío del novio y son personas extrañas. La madre y el padrastro salieron hoy y las nenas quedaron con un extraño. Cuando le fui a buscarlas no me quisieron dar a las nenas, me dijeron ‘raja de acá'”.
Pedido de tenencia
La abuela explicó que va por todo: “Yo quiero pedir la tenencia de las dos nenas. Ellas están corriendo riesgo. Ellas quedan solas en esa casa y no sabemos qué les puede pasar. Y el padrastro les pega y las tiene encerradas como animales. Yo pido que la Justicia actúe antes que haya un ´Lucio´ en Misiones”.
“Si no tenemos respuestas vamos a movilizarnos. Nosotros tenemos miedo a lo peor. Uno no puede quedarse sentado a esperar a ver qué pasa”, concluyó.
La Justicia de Misiones estableció nuevas fechas para el juicio contra los docentes y sindicalistas, Leandro Sánchez y Mónica Gurina, quienes están acusados de “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” por su participación en la protesta multisectorial sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio de 2024.
El debate oral se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre, luego de que el inicio previsto para el 15 de octubre fuera suspendido a pedido de la defensa y de diversas organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar un espacio con mayor capacidad para la asistencia del público.
La Justicia hizo lugar al pedido de la defensa, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, y dispuso que las audiencias se realicen en el Palacio de Justicia de Misiones, desde las 8.
Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), y Gurina, secretaria general de la CTA Misiones, son referentes del sector docente y sostienen que el proceso judicial en su contra representa un intento de “criminalizar la protesta social”.
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En la antesala de los alegatos que comenzarán mañana, el Tribunal Penal Dos de Posadas dispuso hoy que los seis ex policías imputados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (34) aguarden el dictado de la sentencia privados de su libertad.
A través de su presidente Gregorio Busse, el tribunal que también lo integran los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos, comunicó que la decisión obedece a un “medida meramente administrativa para garantizar el proceso” y sostuvo que la disposición no equivale a una prisión preventiva sino a un “arresto preventivo”.
El fiscal Vladimir Glinka acompañó la postura, mientras que las defensas se opusieron e incluso el letrado Federico Tilli planteó un recurso de revocatoria que fue rechazado por el tribunal tras un breve cuarto intermedio.
De esta manera, los seis imputados fueron esposados y trasladados a unidades penitenciarias donde quedarán alojados hasta el dictado de la sentencia, resolución que podría darse este viernes.
Como paso previo se dará inicio mañana la ronda de alegatos, donde el primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que tiene por probada su teoría del caso y podría solicitar duras penas para los imputados.
La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Lourdes Beatriz Tabarez (42); Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).
Todos habían llegado a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque iniciado el juicio tuvieron una consigna policial y ahora fueron arrestados preventivamente.
El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando el albañil Guirula fue detenido por disturbios en el motel Park de Posadas y trasladado a la comisaría Decimotercera, aunque llegó muerto. La autopsia determinó que el deceso se produjo como consecuencia de una suma de lesiones como un traumatismo de cráneo y fractura de costillas que le perforaron un pulmón.
El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon más de 20 testigos y cuatro de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.
Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.
Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.
FOTO: Marcelo Rodríguez – El Territorio.
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El Tribunal Penal Uno de Eldorado rechazó el recurso de revocatoria planteado por las partes y mantuvo su decisión de suspender el juicio oral contra Pablo Schoenfisch (23) y en paralelo dispuso que el imputado continúe privado de su libertad mientras la fiscalía de instrucción investiga la autoincriminación efectuada por su padre Arnoldo (67), quien pidió ser acusado en lugar de su hijo por el crimen de su esposa Faustina Antúnez (54), registrado el 14 de mayo de 2020.
De esta manera, el debate oral que comenzó el lunes, mismo día en que el ex intendente de Santiago de Liniers lanzó la declaración que detonó el proceso, fue suspendido y todo quedó sin efecto hasta tanto la fiscalía de instrucción en turno analice el testimonio e investigue si la versión tiene asidero o no para determinar de qué manera continúa la causa que mantiene a Pablo Schoenfisch imputado por el asesinato de su madre e intento de homicidio en perjuicio de su padre.
En su resolución comunicada esta mañana, el tribunal conformado por los magistrados Andriana Andino, Atilio León y Javier Jourdan (subrogante) también dio lugar al pedido del fiscal Federico Rodríguez para que la fiscalía de instrucción investigue a Arnoldo Schoenfisch por falso testimonio.
Además, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Pablo Schoenfisch, encabezada por los letrados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga, ante lo cual el imputado continuará privado de su libertad, condición en la que se encuentra hace más de cinco años.
La suspensión del juicio generó un fuerte rechazo de parte del fiscal Rodríguez, quien calificó la medida como “una falta de respeto” a las partes y a la sociedad que “aguarda una resolución” del caso.
El fiscal se había opuesto desde el comienzo a la interrupción del debate oral al considerar que la autoincriminación del padre del imputado corresponde a un “esquema defensivo” y “artilugio para dilatar el proceso” que ya había sido trazado en la antesala del juicio con una declaración presentada por escribanía pero que fue desestimada por las autoridades de instancia previa.
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