Por Fernando OZ

@F_ortegazabala

La credibilidad es un activo que se construye con paciencia, pero se evapora en un instante. El gobierno de Javier Milei, apuntalado sobre la promesa de exterminar los privilegios de la casta política, se esmera en demoler sus propias fronteras morales. El escándalo que envuelve a Manuel Adorni es el más vistoso de los casos que tiene la gestión libertaria en la Justicia; al menos media docena de los más conocidos. El jefe de Gabinete es investigado por dos fiscales federales y uno de ellos sigue una pista que llega hasta Misiones.

Gerardo Pollicita lo tiene en la mira por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa, en principio. En ese caso quedó expuesto tras la demorada presentación de una declaración jurada que exhibe un patrimonio superior al medio millón de dólares, “ahorros en negro” justificados mediante oportunas ganancias en criptomonedas y remodelaciones suntuosas en el country Indio Cuá, abonadas íntegramente en efectivo y sin el respaldo de facturas formales.

Su justificación patrimonial fue calificada como “grave” por la extitular de la UIF, Alicia López, quien advirtió que la maniobra podría configurar el delito de lavado de activos, en coincidencia con otros especialistas. Hablamos de alguien que hasta hace unos diez años buscaba que se lo tuviera en cuenta para escribir columnas o estar de panelista. El relato de la austeridad oficial cruje bajo el peso de los documentos, en este caso declaraciones juradas.

El otro fiscal es Ramiro González; puntualmente investiga si desde la Jefatura de Gabinete se cobraban retornos ilegales a empresarios para habilitarles audiencias con ministros del Poder Ejecutivo: tráfico de influencias, coacción de testigos y lavado. La denuncia penal, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, podría llegar hasta el exclusivo country Agua Vista, en la orilla vecina de Encarnación, donde políticos y empresarios de Misiones hacen negocios mientras juegan al golf.

En los tribunales federales de Comodoro Py, Pagano señaló a Adorni como presunto receptor de retornos ilegales de empresarios y apuntó directo contra el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Javier Lanari, acusándolo de operar como el encargado de trasladar esos fondos. Según la legisladora, “para reunirte con Adorni tenías que poner plata. Lanari es el que llevaba los bolsos, iba y venía recolectándola… es el bolsero de Adorni”.

En su presentación, la diputada exigió explícitamente que el funcionario rinda cuentas sobre sus constantes movimientos logísticos, disparando: “Tendrá que explicar cómo financia tantos viajes a Misiones”. Con justa razón, el funcionario, que nació en Misiones, podría sostener que simplemente realizó esos viajes para visitar a su familia.

Los hermanos del funcionario señalado de presunto valijero también integran el virtuoso espacio libertario. Mientras Enrique Lanari comanda la dirección regional del Senasa controlando el mapa agropecuario del NEA, el premio mayor quedó para Ignacio Lanari. Con el único antecedente de haber gerenciado la sucursal de la cadena mayorista Makro en Posadas, el hermano menor del secretario de Prensa maneja la estratégica Dirección Administrativa de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), un espacio donde los sueldos jerárquicos pueden alcanzar techos de hasta treinta millones de pesos mensuales, según fuentes de la entidad con oficinas en Puerto Madero.

Días atrás, Ignacio Lanari estuvo presente durante la visita del ministro del Interior, Diego Santilli. Sucede que el funcionario de la EBY es parte de la mesa chica del diputado Carlos Adrián Nuñez, el abogado tributarista que administra la marca de La Libertad Avanza en la provincia.

El punto de encuentro habitual entre Javier Lanari y Nuñez son los partidos de golf en Agua Vista Club de Campo Residencial, el exclusivo enclave de Paraguay que acaba de inaugurar su propio aeropuerto ejecutivo privado para los jets de los sectores más poderosos de la región. Respecto a los circuitos de control tradicionales, a simple vista parecerían algo opacos.

En ese predio, el arrepentido recaudador de impuestos camina el green ostentando un patrimonio que incluiría dos propiedades, según algunos golfistas del club, que deberían figurar en su declaración jurada. El detalle es técnico pero central: hasta diciembre de 2024, el hoy referente libertario trabajaba precisamente en la Fiscalía de Estado de Misiones, el organismo que custodia el secreto patrimonial de la provincia.

Ahí radica la verdadera base del problema. En Misiones, las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son secretas. El acceso a la información patrimonial de quienes administran los recursos del Estado permanece bajo un candado institucional que impide el control ciudadano. Hace unos domingos atrás hablaba del tema en estas mismas columnas; en realidad, desde hace años vengo tecleando de manera insistente reclamando la apertura de esos registros en la Fiscalía de Estado, entendiendo que la transparencia real de los actos de gobierno comienza por transparentar los bolsillos de sus protagonistas.

La opacidad que hay en el Cantón es la que permite que las contradicciones políticas se diluyan entre la conveniencia y el silencio. Ese doble estándar local quedó expuesto de forma obscena en el Congreso de la Nación durante el tratamiento de la Ley de Ficha Limpia. Los senadores nacionales por Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, consumaron una traición parlamentaria de último minuto. A pesar de haber afirmado públicamente que respaldarían el proyecto para impedir que ciudadanos con condenas penales confirmadas se postularan a cargos electivos, ambos representantes del Frente Renovador de la Concordia –hoy Encuentro Misionero– votaron en contra en el recinto, convirtiéndose en los votos determinantes que hicieron caer la ley.

Este viernes, durante un encuentro abierto que organizó el PRO en el Hotel Julio César, donde se debatía sobre la Ficha Limpia, la impulsora de la ley en el Congreso, Silvia Lospennato, lo recordó así: “No hay ficha limpia en Argentina porque dos senadores del oficialismo de Misiones, sin dar ninguna explicación a los ciudadanos, cambiaron su voto después de decir que apoyarían la ley, y todos nos enteramos por la televisión cuando lo vimos”.

Esa conducta anticipa el alineamiento de cara a la encrucijada institucional que se avecina en el Parlamento, donde la oposición ya activó los mecanismos para someter a Manuel Adorni a una histórica moción de censura. No se trata de un simple enunciado de repudio o de un debate de comisión; la herramienta, contemplada en los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional, es el dispositivo de control más severo que posee el Poder Legislativo.

Mauricio Macri, el expresidente y líder del PRO, dio la orden directa de pedir la renuncia de Adorni y endurecer al máximo la postura, mandando a votar la interpelación del funcionario. A través de un comunicado oficial, el PRO calificó el accionar del jefe de Gabinete como “una falta grave” que erosiona la confianza pública.

El peronismo cordobés liderado por Juan Schiaretti se sumó formalmente al reclamo de Macri, exigiendo la inmediata dimisión y acusándolo de mentirle al Congreso y al pueblo argentino. En la Cámara Baja también buscan lo mismo. Toda la oposición (UCR, Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda) convocó formalmente a una sesión especial para buscar los votos y aplicar la moción de censura contra Adorni. La balanza la terminarán de inclinar los gobernadores aliados y el bloque de Unión por la Patria.

A diferencia de un proceso penal ordinario en los despachos de Comodoro Py, la moción de censura no exige la comprobación de un delito, sino el reproche político por la pérdida absoluta de la confianza parlamentaria. Su ejecución penaliza la mentira y la degradación institucional, requiriendo el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara para remover de inmediato al jefe de Gabinete de su cargo.

Ahí es donde el barro local vuelve a cruzarse con la alta política nacional. Los mismos senadores misioneros que prefirieron blindar la impunidad votando contra la Ficha Limpia serán observados bajo lupa cuando deban presionar el botón en el recinto para decidir la continuidad del funcionario nacional. La aritmética del Congreso no admite simulaciones: cada voto define de qué lado de la transparencia se posiciona cada provincia.

El senador nacional Martín Goerling Lara —jefe del bloque del PRO en el Senado— actuó en consonancia con la directiva de Macri y solicitó formalmente la renuncia de Adorni, exigiendo además que sea convocado de inmediato a rendir cuentas al Congreso. En el plano local, el legislador tradujo esa demanda impulsando la creación de una Oficina Anticorrupción para Misiones y exigiendo que las declaraciones juradas de la totalidad de los funcionarios públicos provinciales dejen de ser un secreto de Estado y pasen a ser de carácter absolutamente público.

Frente a la docilidad y el ocultamiento, la respuesta política exige firmeza. La transparencia no admite grises ni fronteras protectoras: o se abren los cofres de la Fiscalía de Estado para el escrutinio de la sociedad, o se perpetúa el mecanismo que transforma al poder en un club privado de privilegios cruzados.

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Por Ezequiel Bermejo

Una vieja regla no escrita de la política reza que cuando se decida dar por terminado a un adversario, hay que confirmar y reconfirmar que realmente lo esté. Porque si hubiera conservado capacidad de movimiento, influencia, inteligencia estratégica y tiempo para reorganizarse, el golpe dado podría retornar como en un verdadero búmeran.

Algo de eso parece haber ocurrido en Misiones durante los últimos meses. Algunos sectores trabajaron para instalar la idea de que el liderazgo de Carlos Rovira había entrado en una etapa terminal.

Desde el propio oficialismo, algunos lo plantearon abiertamente: una abogada no exitosa, reaparecida convenientemente en escena, afirmó al respecto que “algo caducó” (cuidando con mucho celo que no caduquen los contratos que ella y sus hijos tienen con el Estado provincial).

Otros, funcionarios provinciales y longevos intendentes atornillados a sus respectivos sillones, lo sugerían off the record o apelando a complicadas y zigzagueantes declaraciones.

Desde la oposición, especialmente La Libertad Avanza y también el minúsculo radicalismo (ahora desde la cama de Ramón Amarilla), sostuvieron que Rovira había dejado de interpretar a la sociedad misionera y que su ciclo político estaba agotado.

Al dejarse llevar por ese anhelo que brota desde la impotencia, no se percataron de que se estaban comiendo una curva. En parte, hasta podemos hacer un ejercicio de piados comprensión: Rovira había reducido significativamente su exposición pública, Hugo Passalacqua, a dos años de iniciado su mandato, recordaba al fin pisar el territorio y tratar afianzar su relación con varios intendentes; y La Libertad Avanza, por su parte, intentaba instalar de manera rimbombante temas propios como la eliminación de la Ley de Lemas, la Boleta Única, Ficha Limpia y otras reformas institucionales. La conversación pública parecía haberse desplazado hacia otro lugar. Parecía.

Todos cometieron el mismo error: confundir menor exposición con menor poder. Y lo que ocurrió después merece ser relevado con atención.

Sin responder a las críticas y sin intentar recuperar centralidad mediante declaraciones altisonantes, Rovira hizo algo mucho más efectivo: pateó el tablero. Con el lanzamiento de Encuentro Misionero fue mucho más allá de la presentación de un nuevo espacio político para comenzar a ejecutar una operación estratégica que transformó por completo la discusión pública con una agenda tan nueva como arrolladora:

 Reforma electoral.
 Boleta Única por agrupación política.
 Limitación de sublemas.
 Tope a la reelección de intendentes.
 Alivio impositivo para una provincia fronteriza.
 Conectividad satelital.
 Trazabilidad yerbatera.
 Monitoreo tecnológico de la selva.
 Emisión de bonos para infraestructura, en una nueva etapa de desarrollo.

En apenas unas semanas, realizó un movimiento de pinzas del que todavía sus detractores no alcanzan a recuperarse.

Eclipsó la agenda que La Libertad Avanza intentaba instalar desde principios de año, para disolverla como el ácido: la reforma política dejó de ser patrimonio exclusivo de chicos ricos aporteñados para convertirse en una discusión liderada, ampliada y perfeccionada por el misionerismo.

Por otro lado, obligó a los sectores internos que imaginaron un debilitamiento de su liderazgo a volver a mirarlo como el protagonista principal, haciendo gala de la capacidad más importante que puede tener un dirigente político: definir de qué se habla.

A la política no la domina necesariamente quien más aparece, sino quien logra establecer la agenda. Y mientras buena parte del arco político se frotaba las manos con su presunta pérdida de influencia, Rovira colocó sobre la mesa una batería de propuestas que reordenó el debate político provincial y obligó a todos los actores a posicionarse. O a callar por tibios.

Por supuesto, este partido aún está jugándose y resta conocer el resultado final. Pero hay una conclusión que sí es evidente: subestimar a Carlos Rovira ha sido, históricamente, una de las actividades más infructuosas de la política misionera, al menos hasta hoy.

Quizás porque muchos analizan la política desde la lógica de la exposición mediática, sin entender que el poder no se mide por la cantidad ni la frecuencia de las declaraciones, sino por la capacidad de alterar comportamientos, reordenar actores y cambiar conversaciones.

Por eso la principal enseñanza de estos últimos cuarenta días no tiene que ver con la interna oficialista ni con una oposición diluida o descolocada. Tiene que ver con una vieja lección de supervivencia política en la Tierra Colorada: cuando vayan a pegarle a alguien que lleva más de dos décadas construyendo en política, asegúrense de que no
pueda volver a levantarse.

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José Antonio López

Delegado Argentino COMIP

El Proyecto Multipropósito Corpus Christi cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental y Social elaborado específicamente para el emplazamiento Pindo-í, integrado por cuatro tomos compuestos por ocho libros técnicos especializados que reúnen estudios hidrológicos, hidráulicos, biológicos, territoriales, sociales y económicos desarrollados conforme a estándares internacionales.

Los estudios fueron desarrollados por un consorcio internacional integrado por Harza Engineering (Estados Unidos), IATASA (Argentina) y TECMA (Paraguay), con participación de instituciones académicas regionales, entre ellas la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional de Itapúa.

Asimismo, la documentación fue oportunamente remitida a las autoridades provinciales competentes y una copia completa de la Evaluación de Impacto Ambiental fue presentada ante la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Entre sus principales conclusiones, los estudios determinaron la factibilidad ambiental del aprovechamiento y recomendaron el emplazamiento Pindo-í por presentar la menor afectación ambiental entre las alternativas evaluadas. Asimismo, identificaron la posibilidad de minimizar los impactos mediante medidas correctivas, compensatorias y programas específicos de gestión ambiental.

Las áreas potencialmente afectadas fueron determinadas mediante estudios hidrológicos e hidráulicos específicos, que permitieron modelar distintos escenarios de funcionamiento del río Paraná y establecer las superficies alcanzadas por el embalse, la infraestructura involucrada y los potenciales impactos sobre el territorio con la precisión que corresponde a un estudio de pre factibilidad.

Las afectaciones no fueron estimadas de manera genérica, sino calculadas mediante herramientas técnicas reconocidas internacionalmente para la evaluación de grandes aprovechamientos hidroeléctricos.

Entre los aspectos más relevantes determinados por dichos estudios pueden mencionarse:

– La recomendación del emplazamiento Pindo-í como alternativa de menor impacto ambiental.

– Una superficie de afectación significativamente menor que otros aprovechamientos hidroeléctricos de la
región.

– Afectaciones reducidas sobre áreas urbanas e infraestructura existente.

– Programas de compensación ambiental y fortalecimiento de áreas protegidas.

– Medidas de mitigación para la conservación de la fauna íctica.

– Beneficios regionales vinculados a la disponibilidad de energía, generación de empleo, desarrollo económico y
regalías.

Asimismo, en el año 2020 la COMIP impulsó una actualización de las afectaciones ambientales y sociales del proyecto, revisando información territorial, viviendas potencialmente afectadas, bosques de ribera, áreas protegidas, comunidades originarias y sitios arqueológicos. Dicho trabajo permitió contrastar los resultados de los estudios originales con información más reciente y ratificó la existencia de una base técnica sólida susceptible de actualización y mejora permanente.

Corresponde aclarar que los estudios actualmente disponibles pertenecen a etapas de prefactibilidad y factibilidad. Su finalidad es determinar la viabilidad técnica, económica, ambiental y social del aprovechamiento, comparar alternativas y establecer preliminarmente la magnitud de las afectaciones previsibles.

Como ocurre en cualquier proyecto de infraestructura de gran escala, estos estudios no sustituyen la documentación propia de una eventual etapa ejecutiva. Si existiera una decisión institucional de avanzar con el proyecto, deberían actualizarse numerosos relevamientos, profundizarse estudios específicos, incorporar nueva información ambiental y cumplirse integralmente todos los procedimientos previstos por la legislación vigente.

Desde el punto de vista jurídico, la existencia de estudios ambientales no debe confundirse con la existencia de una Declaración de Impacto Ambiental ni con la tramitación administrativa de un procedimiento de evaluación ambiental. Se trata de instrumentos distintos y correspondientes a etapas diferentes del desarrollo de un proyecto.

De igual manera, cualquier eventual avance futuro debería cumplir íntegramente las exigencias establecidas por la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente Nº 5.675, el Acuerdo de Escazú, la legislación provincial aplicable Ley IV N°56, las audiencias públicas, los mecanismos de participación ciudadana y las autorizaciones ambientales correspondientes tanto en Argentina como en Paraguay, atendiendo al carácter binacional del aprovechamiento.

El debate sobre la conveniencia o no del proyecto pertenece al ámbito de las decisiones políticas y sociales, que deberá resolverse con la convocatoria a un nuevo Plebiscito.

Lo que no resulta técnicamente correcto es afirmar que dicho debate se desarrolla en ausencia de información ambiental. Los estudios existen, fueron elaborados por equipos especializados, fueron oportunamente presentados ante las autoridades competentes, fueron posteriormente actualizados y constituyen la base técnica necesaria para cualquier evaluación futura del Proyecto Corpus Christi.

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