(*) Por Nicolás Marchiori

El federalismo fiscal argentino sufre un elevado desequilibrio vertical, producto de la asignación de potestades tributarias y responsabilidades de gastos entre los diferentes niveles de gobierno. Como consecuencia, los gobiernos provinciales no pueden financiar con recursos propios la proporción del gasto de la que son responsables. Para ponerlo en números, la Nación recauda la mayoría de los fondos (alrededor del 74%), mientras que las provincias asumen gran parte del gasto social y de servicios (aproximadamente 35% del gasto público consolidado)

Hagamos un poco de historia, esa brecha en la práctica debería ser compensada a través de un régimen de transferencias cuyo pilar fundamental es la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548 promulgada en enero de 1988 y que tenía un carácter transitorio.

Con la reforma constitucional de 1994, a través del artículo 75 inciso 2 y la cláusula transitoria sexta, se otorgó rango constitucional a la coparticipación federal, exigiendo un nuevo régimen basado en criterios objetivos, equitativos y solidarios, con la creación de un organismo fiscal federal. Aunque la Constitución ordenó sancionar una nueva ley antes de 1996, el mandato sigue incumplido, persistiendo la vieja Ley 23.548 de 1988.

A casi 40 años de la reforma, el federalismo fiscal enfrenta serias dificultades ya que no se ha logrado consenso para acordar un sistema que reemplace a la normativa de 1988, lo que ha generado un sinfín de litigios judiciales y un régimen actual que no cumple totalmente con los nuevos preceptos constitucionales, al tiempo que genera profundas asimetrías y le da al Estado Nacional un poder discrecional en el reparto de fondos que consolida un sistema perverso de apriete y asfixia económica a las provincias.

En virtud de lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que hoy nos encontramos con un federalismo desigual, rígido, centralista y poco transparente. Y vamos a explicar por qué: es desigual y rígido porque los coeficientes de reparto que fija la ley 23.548 no cambiaron desde 1988, pero la actividad económica sí. Para que la distribución sea verdaderamente justa, habría que avanzar hacia un esquema flexible, donde los coeficientes respondan a la necesidad y al esfuerzo de las provincias y no a la arbitrariedad de la historia. Es poco transparente porque los ciudadanos no tenemos en claro adónde van a parar los impuestos nacionales. El federalismo fiscal también es centralista y los gobiernos nacionales han fortalecido esta tendencia, tal como mostramos anteriormente: la Nación recauda el 74% de los impuestos que paga cualquier argentino de a pie.

Vayamos a un ejemplo práctico en el caso de Misiones: de una compra de $10.000 en el supermercado, un misionero tiene solamente $200 impuestos provinciales y $1.800 de impuestos nacionales. Pero cuando sale del supermercado se encuentra con un móvil de la Policía de Misiones, si tiene un siniestro va a tener una ambulancia y si tiene hijos van a poder ir a la escuela que sostiene el Gobierno provincial. Ahora es muy difícil saber cuál es el servicio que presta el Estado Nacional por los impuestos que cobra. Por cada $100 que aporta Misiones a la Nación, a la provincia sólo vuelve el 15%.

La coparticipación debe ser más simple, transparente y flexible a los cambios en la economía y a las necesidades de las provincias; y debe ser más justa y más federal para que todos los argentinos tengan acceso a la misma calidad de bienes públicos sin importar en qué provincia nacieron, y para que los gobernadores puedan conducir los destinos de cada territorio con verdaderamente autonomía. Se puso muy de moda, con la excusa de la famosa “batalla cultural” libertaria, decir que los fondos coparticipables sirven para sostener privilegios de los gobiernos provinciales. Absolutamente falso: los fondos coparticipables corresponden a los habitantes de cada provincia y los gobiernos locales, que fueron elegidos por el voto popular, son los encargados de gestionarlos en pos del bien común.

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Argentina tiene 155 impuestos

Un interesante informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) hizo un recuento de todos los tributos que rigen en la Argentina, uno de los país con más presión tributaria de la región de acuerdo a estimaciones de la Unión Industrial Argentina.

Independientemente de la diversidad de gravámenes, la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno se encuentra concentrada en unos pocos, de acuerdo a lo que explica el informe. El 91% de la recaudación consolidada de la Argentina se obtiene del impuesto al valor agregado (IVA), ganancias de personas humanas y sociedades, aportes y contribuciones a la seguridad social, derechos de exportación, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, el impuesto a los combustibles, los derechos de importación y el impuesto a los ingresos brutos (único impuesto de este entramado que es aplicado por las provincias).

El contador y tributarista César Litvin sostiene que el IVA representa el 7% del PBI; Ganancias el 5,7%; la seguridad social que pagan los empleadores el 3%; la seguridad social que pagan los empleados el 2,1%, y los derechos de exportación el 1,9%. Litvin señala que éste último es uno de los impuestos más distorsivos porque afecta la competitividad de los productos argentinos; “sólo 12 países en el mundo lo tienen y son todos del tercer mundo”, agrega.

El presidente del IARAF Nadín Argañaraz manifiesta que “hay que acotar la cantidad de tributos para generar menor costo de fiscalización y un menor costo de administración para aquellos contribuyentes que operan en varias jurisdicciones y, además, el hecho de haber muchos tributos, cada uno con su característica, le genera un costo adicional a la administración.

El laberinto de las pymes en el experimento libertario

En 2025, el total de tributos que debió enfrentar una pyme modelo en Argentina ascendió a 37 para todos los niveles de gobierno.

La realidad de las pymes es por demás compleja, no solo producen y venden, sino que trabajan “gratis” para el Estado recaudando impuestos de sus clientes y proveedores. Los costos administrativos para estar en regla son elevadísimos.

La operatoria de las pymes es complicada no sólo por la dificultad de proyectar ventas en un contexto de deterioro del mercado interno como el actual, sino también por la creciente competencia de productos importados. A esos factores se suman problemas más estructurales, como el elevado costo de financiamiento, la inestabilidad macroeconómica que encarece el capital de trabajo, las tensiones permanentes en las relaciones laborales y una presión impositiva que impacta con fuerza en las empresas de menor escala. Todo esto limita la planificación de mediano plazo y estrecha los márgenes de rentabilidad, en un escenario de alta incertidumbre.

A poco de asumir su mandato, Javier Milei prometió que simplificaría la estructura tributaria de Argentina eliminando el “90% de los impuestos”, pero no avanzó ni en una modificación integral de los más representativos ni en la eliminación de los pequeños, que recaudan poco.

Los números dan cuenta de que en 2025 la presión tributaria nacional fue del 29,2%, según los datos del IARAF. Se mantuvo en los mismos niveles que 2024, es decir, nada cambió.

Falacia ad populum

Este término usualmente utilizado por el presidente Javier Milei, afirma que algo es cierto simplemente porque mucha gente lo cree, pero se cae a pedazos al carecer de lógica real, ya que la popularidad de una idea no garantiza su veracidad.

Hablar de impuestos enserio, implica dar un debate con honestidad intelectual y solvencia argumentativa, no se trata de captar seguidores y acumular visualizaciones en las redes sociales. Una verdadera discusión sobre la cuestión impositiva no puede reducirse a frases hechas y tiradas al boleo en videos. Para hablar de impuestos hay que expresarse con propiedad y con seriedad, hablar con datos concretos y sobretodo, no esquivar el bulto buscando justificaciones carentes de sustento fáctico y técnico.

El speech libertario reduce todo tipo de debate a un triste espectáculo con frases grandilocuentes, disparatadas y, lo más grave, inchequeables.

En Misiones, desde la oposición instalaron el término “aduana paralela” para atacar al modelo fiscal de la provincia y reducir todo, con un nivel de deshonestidad intelectual descomunal, a la idea de que en aquí todo cuesta más caro por que se cobra de manera anticipada el impuesto a los ingresos brutos. Repetimos, se cobra de manera anticipada, no estamos hablando de un nuevo impuesto. Falacia ad populum, lisa y llanamente.

Lo que no dicen los libertarios, intencionalmente claro está, es que la Provincia tomó la decisión política de no cobrar ingresos brutos a la producción primaria, de grabar con apenas el 1,5% a la actividad industrial, de reducir en un 75% la alícuota de ingresos brutos a la venta mayorista de combustibles y de gravar con la alícuota más alta la prestación de servicios financieros y a los casinos, es decir, la timba financiera y la timba vinculada a los juegos de azar. Datos, no opinión.

Detengamosnos en la actividad primaria: en lenguaje más claro, la yerba mate, el té y el tabaco, por citar algunas de nuestras economías regionales; la alícuota cero de Misiones contrasta con el resto de las provincias en donde en casi todas los gobiernos provinciales decidieron gravar la actividad, incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que aunque no tenga ni una sola planta cobra el 1% a las producciones agrarias del resto del país.

Un dato a tener en cuenta: en el año 1999, cuando dejaba el poder el neoliberal Ramón Puerta, Misiones tenía 18.000 contribuyentes. Una cantidad que contrasta con los más de 150.000 existentes a la fecha. La respuesta es clara: en los 90’ puertistas, la provincia padecía las consecuencias de los altísimos niveles de de evasión impositiva que la condenaban al atraso, la falta de desarrollo e inversión a costa del enriquecimiento de un grupo de vivos.

Misiones edificó un sólido modelo de equilibrio fiscal que tiene sustento en datos y números concretos. La provincia tiene la deuda pública más baja en 24 años y lo explican varios factores: bajo nivel nominal de deuda, caída en términos reales, escasa proporción respecto a sus ingresos, mínimo peso de intereses en el gasto total, reducido volumen per cápita y bajísima exposición al dólar.

El stock de deuda de Misiones representa solo el 3,8% de los ingresos totales, lo que la ubica en el lote de provincias con menor endeudamiento del país, muy por debajo del promedio nacional consolidado, que se ubica en 31,2%. Esto significa, en términos prácticos, que la carga financiera de Misiones es mínima, dejando margen para invertir, sostener servicios públicos y operar con estabilidad financiera sin depender excesivamente de financiamiento externo o emisión de deuda permanente.

Otro aspecto que refuerza la posición misionera es el componente dolarizado del stock. En el caso de Misiones, ese componente se ubica en 15,3%, lo cual marca un dato estratégico: la provincia tiene una baja exposición a deuda en moneda extranjera, lo que reduce el riesgo ante saltos cambiarios y volatilidad macroeconómica.

La narrativa libertaria muestra cada vez más grietas

La realidad comienza a poner en jaque al speech libertario que intentó atribuir a la falacia ad populum de la “aduana paralela” el impacto de la crisis nacional en Misiones.

Semanas atrás hubo interesante cruce entre el ingeniero forestal Nicolás Ocampo y el legislador libertario y ex tenista Diego Hartfield, que sirvió para desnudar las falencias y la falta de solidez del discurso simplista libertario.

Ocampo interpeló a Hartfield en las redes sociales y remarcó que la forestoindustria misionera, compuerta por más de 500 pymes, es uno de los sectores que más riqueza genera en la provincia, con la producción de bienes y servicios, empleo directo e impacto social. Sin embargo, aseguró que hoy atraviesa “la mayor crisis de su historia”.

Según explicó, el problema no es la falta de voluntad para competir, sino las condiciones en las que se exige hacerlo. Entre los factores más críticos mencionó el fuerte aumento de los costos: en los últimos dos años el precio de la energía se incrementó en más de un 617% y el precio del gasoil cerca de un 250% -ambos por decisión directa del gobierno nacional- lo que afectó de manera directa a la actividad forestal y a la logística.

Frente a este escenario, el ingeniero forestal planteó una reducción del IVA al 10% y del impuesto a las ganancias a niveles similares, como ocurre en Paraguay (competidor directo de Misiones que saca ventajas por estas marcadas asimetrías). “Misiones tiene el 90% de sus límites con Paraguay y Brasil. Si la Nación nos brinda herramientas de competitividad, podemos ser una potencia productiva e industrial y terminar con desventajas históricas. Eso sería verdadera libertad para competir”, remarcó Ocampo.

Entre otros puntos, también advirtió sobre la desventaja estructural que implica la falta de acceso al gas natural en Misiones y llamó a revisar la aplicación de la Ley Nacional de Promoción Forestal ya que, según indicó, los beneficios fiscales previstos en dicha norma estarían siendo aprovechados mayormente por grandes empresas, situación que genera concentración y deja en desventaja a las pymes y productores pequeños.

La respuesta de Hartfield dejó mucho que desear y puso en evidencia su falta de conocimiento del tema para poder encarar un debate serio. “Bajar el IVA o Ganancias al 10% es el sueño del presidente y del ministro de Economía” expresó el ex tenista, y trato de justificarse en los “tiempos de la política”. También justificó que los aumentos de energía fueron consecuencia del fin de los subsidios financiados con emisión. En fin, no hubo una respuesta concreta del legislador libertario a un planteo concreto.

Ahora, la pregunta que se hacen muchos misioneros es: si bajar el IVA y ganancias lleva tiempo, ¿por qué los libertarios apuntan insistentemente contra los ingresos brutos provinciales? máxime cuando Misiones hace frente con recursos propios a erogaciones ante el retiro de la Nación frente al financiamiento de cuestiones que le correspondían como el caso del Fondo de Incentivo Docente, el mantenimiento de rutas nacionales y programas de salud. ¿Incoherencia libertaria o intención de poner a la provincia de rodillas ante el poder central?

La Nación está asfixiando financieramente a las provincias, el caso de Corrientes es por demás paradigmático. Históricamente, la oposición buscó confrontar el modelo misionero con el de la vecina provincia, para fortalecer la tesis de que Misiones a diferencia de Corrientes no permitía crecer y desarrollarse al sector productivo.

La semana pasada retumbaron con mucha fuerza en todo el país las declaraciones del gobernador correntino Juan Pablo Valdés, que afirmó que no había margen para aumentos salariales para los empleados estatales y fundamentó al decisión en la fuerte caída de la coparticipación federal y en una deuda de más de 250 mil millones de pesos que el Gobierno nacional mantiene con Corrientes. “Es una deuda muy importante que condiciona nuestra capacidad de respuesta”, afirmó con preocupación.

La industria correntina está sintiendo los efectos de la crisis nacional: la empresa forestal Tapebicuá, entró en concurso preventivo por una deuda de 11.500 millones de pesos, lo que llevó a la paralización de sus plantas desde agosto de 2025. Esta situación afectó a unos 500 trabajadores de la empresa. Por otra parte, recientemente se confirmó el cierre de la empresa textil Alal en Goya, que dejó cesante a más de 250 operarios.

Otra situación que derrumba la narrativa libertaria es lo que sucede en la ciudad paraguaya de Encarnación. El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación (Cacise) Conrado Kiener manifestó en declaraciones radiales que “se nota la falta de dinero circulante en la Argentina”.

Para los comerciantes encarnacenos, las fiestas de Fin de Año estuvieron lejos de cumplir con las expectativas habituales en relación al flujo de compras que les provee el turismo de argentinos, principalmente de misioneros.

Kiener afirmó que “cerca del 70% de las ventas del comercio encarnaceno dependen del público argentino” y que las ventas continúan cayendo en comparación con años anteriores.

A febrero de 2026 hay algo que queda claro, por más que se quiera eludir responsabilidades, la crisis es nacional y golpea sin distinción.

(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).

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