Nacionales
Ya es oficial la medida que pone fin a las cuotas “sin interés”
El Gobierno nacional oficializó este miércoles la decisión de la Secretaría de Comercio que obliga a los locales, a partir del 1 de febrero, a diferenciar el precio al contado de los productos de su costo de financiamiento, por ejemplo con tarjetas. Esto representa, en la práctica, el fin de las “cuotas sin interés”.
“Cuando los precios se exhiban financiados deberá indicarse el precio de contado, el precio total financiado, el anticipo si lo hubiere, la cantidad y monto de cada una de las cuotas, la tasa de interés efectiva anual aplicada y el costo financiero total”, señala el artículo 2 de la norma, que sustituye parte de una Resolución de la ex Secretaría de la Competencia dictada en junio de 2002.
La duda es cuál será la consecuencia de estas disposiciones. En el Gobierno esperan que que esta política de “transparentar los precios” genere rebajas de entre 15 y 20 por ciento para las ventas en un pago. El riesgo es que esto genere una suba abrupta de las cuotas sin una rebaja del valor de contado.
La nueva redacción del artículo añade que “quienes comercialicen productos y/o servicios bajo la modalidad de venta financiada en cuotas no podrán incluir en sus anuncios, publicidades o mensajes, bajo cualquier forma de difusión (oral o escrita, radial, televisiva o por internet, entre otras) la frase “sin interés” (o cualquier otra similar), cuando el costo de financiación del producto o servicio sea trasladado al precio de venta al consumidor”.
“Se entenderá que el costo de financiación ha sido trasladado al precio de venta al consumidor cuando el comerciante deba abonar el costo de la financiación a algún proveedor de servicios financieros de forma directa, o a través de un descuento en la liquidación de la venta”, agrega la nueva Resolución.
Otra de las disposiciones de la medida, anunciada ayer en conferencia de prensa por el ministro de Producción, Francisco Cabrera, y por el secretario Braun, establece que “la información del costo financiero total de la operación deberá colocarse en una ubicación contigua al resto de las variables informadas, en una tipografía en color destacado de idéntica fuente y tamaño al menos cinco veces mayor al que se utilice para informar la tasa de interés efectiva anual aplicada y/o la cantidad de cuotas y/o su importe”.
Otra de las disposiciones importantes de la Resolución es la que prohíbe “efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado o efectivo, o en un solo pago con tarjeta de débito, de compra, de crédito u otros medios electrónicos de pago”, una práctica común actualmente en algunos comercios.
Un camarógrafo fue herido y detenido este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras cubría una protesta de activistas de Greenpeace antes del debate en el Senado por modificaciones en la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.
Se trata de Facundo Tedeschini, trabajador de A24, quien registraba imágenes en el sector donde la Policía Federal Argentina (PFA) había establecido un perímetro de seguridad tras la detención de doce activistas que ingresaron al edificio y luego fueron trasladados a un estacionamiento sobre la calle Hipólito Yrigoyen.
Según su testimonio, junto a otros periodistas se encontraba cubriendo la acción “sin obstruir ninguna entrada ni ninguna salida de los efectivos de la Policía”. Indicó que fue empujado por un agente, cayó al piso intentando proteger el equipo y que luego fue reducido por varios efectivos.
“Me tiraron. Quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron”, relató tras recuperar la libertad. Señaló, además, que no fue agredido únicamente por el agente al que se le abrió un sumario administrativo, sino también por otros policías. “Me pegaban patadas por abajo. Se me abalanzaron cinco o seis efectivos y yo les gritaba ‘paren, paren’”, sostuvo.
Tedeschini indicó que, cuando fue presionado por los efectivos, intentó protegerse: “Le puse la mano a la Policía para que no siguieran”. También afirmó que quienes lo detuvieron “fueron muy agresivos”.
Señaló que pidió que se detuvieran, que sintió un brazo en el cuello, recibió gas pimienta y fue derribado. Agregó que cayó protegiendo la cámara y que, una vez en el piso, varios efectivos lo redujeron y le colocaron precintos en las muñecas, lo que le dejó marcas. Posteriormente fue asistido por personal del Same y trasladado al Hospital Ramos Mejía.
“Estábamos en un lugar donde no había ninguna obstrucción”
Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, contó que no podía retroceder cuando llegaron los efectivos porque tenía los cables del equipo abajo de la Policía y afirmó: “Yo nunca voy a dejar la cámara”. pic.twitter.com/Sk0ufBzXhx
— Corta (@somoscorta) February 26, 2026
Tras permanecer detenido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, dispuso su liberación.
Voces oficiales
La senadora Patricia Bullrich declaró que el camarógrafo había intentado ingresar al área donde estaban los detenidos y señaló que se abrió un sumario para evaluar la actuación policial.
En un comunicado conjunto, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad informaron que, luego de la irrupción de los activistas en el edificio, se dispuso un perímetro para impedir el ingreso o egreso de personas al sector de detención. Indicaron que se solicitó a los trabajadores de prensa mantener distancia por razones operativas y que, durante ese lapso, se produjo “un forcejeo” con el camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro. Señalaron que en ese contexto se generó una “situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”.
El comunicado agregó que, además de la intervención judicial, se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar integralmente lo sucedido y la actuación del personal interviniente.
Repercusiones
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su repudio al hecho y sostuvo que la violencia contra la prensa afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.
En tanto, la familia del fotoperiodista Pablo Grillo difundió una carta titulada “La historia se repite en el mismo escenario”, en la que manifestó su rechazo a la agresión y detención del camarógrafo.
La empresa argentina de fabricación y exportación de neumáticos fundada en 1940, Fate S.A.I.C.I, anunció el fin de sus operaciones en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, obligando el despido de 920 empleados.
El anuncio fue dado por la empresa este miércoles 18 de febrero, cuya medida se habría ejecutado de manera inmediata con el cese de la actividad en el predio que ocupa 40 hectáreas y hasta hace poco tuvo una capacidad productiva que superó los cinco millones de neumáticos por año.
Se trata de la mayor planta del país y su cierre responde a un contexto de crisis industrial afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.
Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó a través de un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.
La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores, ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.
Según el portal Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.
Por estas horas, el gobierno pidió una reunión con sus directivos con el objetivo de alcanzar la conciliación obligatoria.
Comunicado de cierre/Fate
La industria en crisis
El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:
Importaciones chinas: a mediados de 2025, el mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.
El laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.
Conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.
En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.
En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.
A su vez, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.
Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.
Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.
Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas
El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages (SOESGyPE) confirmó su adhesión al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para la jornada en que la Cámara de Diputados de la Nación trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
En diálogo con el medio Surtidores Latam, Argentina, el secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, anunció el acompañamiento a la huelga, que no incluirá movilización en las calles, y argumentó que la decisión responde a “la preocupación que genera el contenido del proyecto oficial”.
“La reforma laboral introduce una lógica de flexibilización que impacta de lleno en el empleo formal. En nuestro rubro eso se traduce en menos previsibilidad, más presión sobre el trabajador y un debilitamiento de reglas que hoy ordenan la actividad”, precisó el dirigente.
En esa línea, Acuña afirmó que el esquema laboral de las Estaciones de Servicio en el país “está regido” por convenios colectivos de trabajo que “regulan turnos rotativos, jornadas nocturnas y trabajo en fines de semana”.
“Cuando se habla livianamente de flexibilizar, en la práctica se pone en discusión el salario, los descansos y la estabilidad del personal”, apuntó.
Asimismo, el secretario general expuso algunos de los ítems que “preocupa” al sector en relación con la reforma, como el nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidente no laboral, al que calificó como “un retroceso muy grande” y como un castigo “al trabajador que le toque padecer una enfermedad o que tenga un accidente que no le permita asistir al trabajo”.
Acuña también cuestionó, entre otros puntos, el “banco de horas”, el cual habilitaría a “que un trabajador tenga la obligación de estar hasta 12 horas en su puesto de trabajo. En estaciones de servicio, donde ya existen turnos exigentes y tareas de riesgo, eso afectaría a todos”.
El representante de los obreros y empleados de estaciones de servicios reprochó al gobierno libertario al señalar que “decían que no venían a tocar derechos adquiridos y claramente los están tocando. Avanzan sobre indemnizaciones, sobre licencias y sobre los convenios colectivos de trabajo”.
Ante este panorama, Acuña enfatizó que el gremio tiene la “obligación” de acompañar y explicar a los trabajadores “qué está en juego” y subrayó que “no es una discusión abstractra: son derechos concretos que quieren arrebatarnos”.
La medida de fuerza se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del avance legislativo.
Foto principal: Canal 12.
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