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Tras el escándalo de Correo, la Oficina Anticorrupción decidirá las nuevas contrataciones públicas

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Con los nuevos decretos de Mauricio Macri, Laura Alonso será la encargada de recibir y examinar la ‘Declaración Jurada de Intereses’ de quienes se presenten en un procedimiento de contratación pública.El documento que evaluará la Oficina Anticorrupción detallará si la persona “se encuentra o no alcanzada por algún supuesto de vinculación, respecto del Presidente y Vicepresidenta de la Nación, jefe de Gabinete de Ministros y demás ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata”, según el DNU.

La oficina estudiará si hay “parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad; sociedad o comunidad; pleito pendiente; ser deudor o acreedor; haber recibido beneficios de importancia o amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato”.

El decreto 202/2017 detalla que “dentro del plazo de 60 días corridos de la entrada en vigencia del presente decreto, la Oficina Anticorrupción aprobará la normativa y los formularios necesarios para su implementación. Asimismo, podrá dictar las normas operativas, aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para el mejor cumplimiento de lo establecido en el presente decreto, y elaborará planes, protocolos, manuales y/o estándares a ser aplicados por los organismos alcanzados por el presente”. Finalmente, los datos que consten en la “Declaración Jurada de Intereses” deberán actualizarse anualmente.

El decreto lleva la firma del presidente, Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.

Laura Alonso fue citada en dos oportunidades a la Cámara de Diputados para que explique cuáles fueron las medidas que tomó previo a la firma del preacuerdo de condonación de $ 70.000 millones a Correo Argentino. La funcionaria decidió no concurrir ninguna de las dos veces.

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Nacionales

Desde el viernes aumentan valores para tramitar el DNI y el pasaporte

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DNI y pasaporte

El Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior, oficializó un aumento en los aranceles para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino.

La medida, establecida mediante la Resolución 19/2026 del Ministerio y la Disposición 106/2026 del Renaper, entrará en vigencia a partir de este viernes 6 de marzo de 2026 en todo el país.

El objetivo de esta actualización tarifaria es “sostener la prestación eficiente de los servicios, garantizar altos estándares tecnológicos, de diseño y seguridad en los documentos”, y “alinearse con valores de referencia regionales para documentos análogos”.

Para el DNI destinado a argentinos, el primer ejemplar para recién nacidos hasta los seis meses de edad seguirá siendo gratuito. En cambio, los trámites como el primer ejemplar desde los seis meses hasta los cinco años, las actualizaciones obligatorias a los cinco, ocho y catorce años, los cambios de domicilio, rectificaciones de datos, adopciones u otros ejemplares nuevos pasarán a costar $10.000, lo que representa un incremento del 33,3% respecto al valor anterior de 7.500 pesos.

Las modalidades urgentes agregan recargos sobre esa base: el exprés totalizará $26.000, el de 24 horas llegará a $41.000 y el al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, alcanzará los $57.000. Para personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales costarán $20.000.

En cuanto al pasaporte para argentinos, el trámite ordinario con entrega regular subirá a $100.000, un incremento aproximado del 42,8% desde los $70.000 previos. Las opciones más rápidas también se ajustan: el exprés costará $200.000 y el de resolución inmediata o al instante llegará a $330.000.

Quienes hayan abonado cualquier trámite de DNI o pasaporte antes del 5 de marzo de 2026 no deberán abonar la diferencia con las nuevas tarifas.

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Nacionales

Camarógrafo detenido por la PFA fuera del Congreso: “Me pegaban patadas”

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Un camarógrafo fue herido y detenido este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras cubría una protesta de activistas de Greenpeace antes del debate en el Senado por modificaciones en la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Se trata de Facundo Tedeschini, trabajador de A24, quien registraba imágenes en el sector donde la Policía Federal Argentina (PFA) había establecido un perímetro de seguridad tras la detención de doce activistas que ingresaron al edificio y luego fueron trasladados a un estacionamiento sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

Según su testimonio, junto a otros periodistas se encontraba cubriendo la acción “sin obstruir ninguna entrada ni ninguna salida de los efectivos de la Policía”. Indicó que fue empujado por un agente, cayó al piso intentando proteger el equipo y que luego fue reducido por varios efectivos.

Me tiraron. Quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron”, relató tras recuperar la libertad. Señaló, además, que no fue agredido únicamente por el agente al que se le abrió un sumario administrativo, sino también por otros policías. “Me pegaban patadas por abajo. Se me abalanzaron cinco o seis efectivos y yo les gritaba ‘paren, paren’”, sostuvo.

Tedeschini indicó que, cuando fue presionado por los efectivos, intentó protegerse: “Le puse la mano a la Policía para que no siguieran”. También afirmó que quienes lo detuvieron “fueron muy agresivos”.

Señaló que pidió que se detuvieran, que sintió un brazo en el cuello, recibió gas pimienta y fue derribado. Agregó que cayó protegiendo la cámara y que, una vez en el piso, varios efectivos lo redujeron y le colocaron precintos en las muñecas, lo que le dejó marcas. Posteriormente fue asistido por personal del Same y trasladado al Hospital Ramos Mejía.

Tras permanecer detenido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, dispuso su liberación.

Voces oficiales  

La senadora Patricia Bullrich declaró que el camarógrafo había intentado ingresar al área donde estaban los detenidos y señaló que se abrió un sumario para evaluar la actuación policial.

En un comunicado conjunto, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad informaron que, luego de la irrupción de los activistas en el edificio, se dispuso un perímetro para impedir el ingreso o egreso de personas al sector de detención. Indicaron que se solicitó a los trabajadores de prensa mantener distancia por razones operativas y que, durante ese lapso, se produjo “un forcejeo” con el camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro. Señalaron que en ese contexto se generó una “situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”.

El comunicado agregó que, además de la intervención judicial, se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar integralmente lo sucedido y la actuación del personal interviniente.

Repercusiones 

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su repudio al hecho y sostuvo que la violencia contra la prensa afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

En tanto, la familia del fotoperiodista Pablo Grillo difundió una carta titulada “La historia se repite en el mismo escenario”, en la que manifestó su rechazo a la agresión y detención del camarógrafo.

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Nacionales

Después de 80 años Fate cierra definitivamente: 920 empleados despedidos

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La empresa argentina de fabricación y exportación de neumáticos fundada en 1940, Fate S.A.I.C.I, anunció el fin de sus operaciones en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, obligando el despido de 920 empleados.

El anuncio fue dado por la empresa este miércoles 18 de febrero, cuya medida se habría ejecutado de manera inmediata con el cese de la actividad en el predio que ocupa 40 hectáreas y hasta hace poco tuvo una capacidad productiva que superó los cinco millones de neumáticos por año. 

Se trata de la mayor planta del país y su cierre responde a un contexto de crisis industrial afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó a través de un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores, ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Según el portal Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

Por estas horas, el gobierno pidió una reunión con sus directivos con el objetivo de alcanzar la conciliación obligatoria.

Comunicado de cierre/Fate

La industria en crisis 

El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:

Importaciones chinas: a mediados de 2025, el mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.

El laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.

Conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.

En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

A su vez, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.

Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas

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