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Trabajadores de Vicentín apoyan la intervención del gobierno

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Gremios aceiteros aseguraron que la expropiación anunciada por Alberto Fernández llevó tranquilidad a los trabajadores. Se espera que sea enviado el proyecto de ley al Congreso.

 

BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández remarcó hoy que la decisión del gobierno de intervenir Vicentín tiene el objetivo de “rescatar una empresa muy importante” porque él “no se podría perdonar ver de brazos cruzados cómo la empresa se cae” y, en ese sentido, sumó el apoyo de los trabajadores de la compañía cerealera y del gremio de aceiteros.

Además de las definiciones de Fernández sobre la intervención de Vicentín y el apoyo de los trabajadores, también se confirmó que el Senado comenzará a discutir este viernes en comisión un proyecto de ley propuesto desde el Frente de Todos para investigar presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa cerealera.

“La expropiación en este caso es un remedio excepcional y no permanente porque a mí me gustaría que esto no suceda más”, dijo el jefe de Estado en una entrevista con Radio 10 esta mañana, antes de dar una clase a distancia por videoconferencia a sus alumnos de la UBA de la cátedra de Teoría del Delito y Sistemas de Pena.

Agregó que no se “podría perdonar ver de brazos cruzados cómo Vicentín se cae y los trabajadores se quedan sin trabajo” e insistió en que con esta medida el gobierno busca rescatar la empresa cerealera.

“Estamos rescatando una empresa muy importante que está en un colapso financiero enorme”, enfatizó.

En esa línea, advirtió que la “vocación” del gobierno es que la empresa “siga siendo argentina y que sea manejada y rescatada de la situación en la que está” y dejó claro: “No estamos allí para avasallar los derechos de nadie”.

También contó que ayer mantuvo “una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentín”, a quien le dijo que lo que buscaba el gobierno era “preservar la empresa en manos argentinas” y agregó: “No debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es rescatar a una empresa de la quiebra”.

En relación con la actitud de algunos sectores de la oposición en torno al tema, consideró que “hay un grupo de políticos que hace años se olvidó de discutir política y se acostumbró a que la política ocurra en los tribunales”.

A diferencia de las manifestaciones en contra de la expropiación, el integrante de la Comisión Interna de Vicentín y de la conducción del Sindicato de Aceiteros de Reconquista, Leandro ‘Peky’ Monzón, aseguró sentir “alegría” tras haber escuchado del presidente “que van a continuar las fuentes laborales” y que “se pare un poco la incertidumbre” en torno a la empresa.

El dirigente contó que la empresa adeuda el bono de fin de año y no cumplió con los acuerdos salariales de 2020 y precisó que el conflicto por salarios incluye “el aumento que salió a partir del 1 de mayo, la gratificación de fin de año y el retroactivo de abril a enero”.

Por su parte, el titular del gremio de aceiteros de Reconquista, Dionisio Alfonso, manifestó que la decisión del gobierno generó “tranquilidad” en los trabajadores, que en los dos últimos años vivieron “mucha incertidumbre” en el proceso que llevó al concurso de acreedores de la empresa.

“La decisión nos brinda tranquilidad y esperamos que todo lo que está pasando llegue a buen puerto; como sindicato vemos estas medidas como una ayuda que viene bien”, dijo Alfonso.

Con respecto al tratamiento del proyecto de ley de expropiación de la empresa en el Congreso, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun adelantó que la iniciativa será tratada por la cámara alta “ni bien ingrese”, al indicar que es “necesario iniciar un proceso de democratización en materia alimentaria”.

En el ámbito judicial, la fiscalía a cargo de la investigación por supuesta defraudación a raíz de la deuda de 18.500 millones de pesos de Vicentin con el Banco Nación recibió al menos 70 archivos con información y documentos enviados desde esa entidad.

En la pesquisa está imputado el último titular del Banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

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La inflación fue de 1,9% en julio y acumula 36,6% en los últimos doce meses

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La inflación de julio fue del 4%: la más baja desde enero del 2022

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el dato de inflación de julio, el cual se ubicó en 1,9% y acumuló un 36,6% en los últimos doce meses. Mientras que, en lo que va del año suma un 17,3%.

Este resultado da cuenta de que hubo un leve incremento respecto al mes de junio, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,6%.

El rubro que registró el mayor aumento fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%). Por su parte, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, a la par del promedio de la inflación general.

Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que registró una caída de precios (-0,9%).

Las consultoras esperaban que el valor se mantuviera por debajo del 2%, al igual que los dos meses previos.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que aglomera las proyecciones de más de 40 instituciones, había estimado a la inflación de julio 2025 en 1,8% en promedio.

Días atrás las mediciones privadas anticipaban que la suba de casi 14% del dólar en julio no impactaría tanto sobre la inflación, lo que puede contrastarse con el mes anterior, cuando la inflación fue del 1,6%, apenas por encima del 1,5% del mayo, hasta ahora la menor de los últimos cinco años.

La inflación fue de 1,6% en junio y acumula 15,1% en el año

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Oficializaron el triple veto de Milei: jubilaciones, moratoria y discapacidad

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En la mañana de hoy se conoció el decreto 534/2025, con el que el gobierno de Javier Milei oficializó el veto a las leyes que establecían el aumento a las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

Estas tres iniciativas fueron aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio. La ley para el aumento jubilatorio obtuvo 142 a favor, 67 negativos y 19 abstenciones; y 28 ausentes; mientras que la emergencia en discapacidad, obtuvo 34 ausencias.

Con la nueva medida quedarán sin efecto, tal como lo había anticipado por el mandatario apenas las leyes fueron respaldadas en la Cámara alta.

El triple veto fue firmado el pasado sábado y publicado en el Boletín Oficial este lunes con las firmas de Milei y los miembros de su gabinete. 

A partir de ahora, el rechazo del mandatario deberá tratarse en el Congreso y para sostener el veto el oficialismo necesitará 86 votos.

Los detalles

La decisión presidencial deja sin efecto el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento para el bono, que pasaba de $70.000 a $110.000, y que iba a actualizarse por inflación, según la norma aprobada por el Senado.

Paralelamente se había aprobado la reapertura por dos años de la moratoria que permitía jubilarse a las personas que no tuvieran los 30 años de aportes, lo que también fue vetado.

Por último, quedó sin efecto el proyecto relativo a la discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, que declaraba la emergencia hasta el 31 diciembre de 2027 y reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70% del haber mínimo jubilatorio. 

En los considerandos del decreto presidencial se menciona como argumento central para desestimarlas, que estas leyes, de instrumentarse, romperían el equilibrio fiscal, ya que implicarían “un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026“.

Argumentación del triple veto

El decreto señala una serie de irregularidades, entre las que sobresale que: “la sesión fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del H. Senado de la Nación” y recordó que se trata de un punto que “garantiza el correcto funcionamiento de la Cámara Alta, así como los derechos y garantías de los senadores, y está prevista en el Reglamento del cuerpo como una atribución de su Presidente”.

Otra de las objeciones expresadas en los considerandos indica: “además, se acreditó que el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara Alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría“.

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Javier Milei ratificó el veto del gobierno al aumento de las jubilaciones

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La reconversión del Inti pone en riesgo 2400 puestos de trabajo en el país

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Empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), nucleados en la Multisectorial, se declararon en estado de asamblea permanente luego de que el gobierno nacional, presidido por Javier Milei, anunciara el decreto 462/25 que pondría en riesgo el funcionamiento de dicho organismo junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi), entre otros de ciencia y tecnología.

Sin Inti no hay calidad de vida, no hay seguridad alimentaria, no hay control, ni de la calidad, ni de la cantidad de productos que consumimos cotidianamente. El Inti es imparcial en ese sentido. De alguna manera estamos vinculados a este organismo con sus más de 50 centros de investigación, desarrollo e innovación en biotecnología, química, ambiente, plásticos, nanotecnología y metrología”, describió desde Bariloche Julieta Caló en diálogo con La Voz de Misiones

Caló cuenta con una trayectoria de catorce años dentro del Inti, donde supo ejercer su profesión como diseñadora industrial, consultora técnica y proyectista. Sin embargo, la situación se tornó muy distinta el martes pasado cuando cientos de trabajadores se encontraron con la novedad de que el instituto, que hasta entonces funcionaba de manera autónoma autárquica y federal, pasara a transformarse en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

Con esta reestructuración, Caló aseguró que estarían en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo, en el corto plazo, y otros 2400 que existen actualmente en distintos puntos del país.

Por este motivo, desde hace una semana la Multisectorial de trabajadores que nuclea a varios empleados del Inti se mantiene en estado de asamblea permanente, dando a conocer el contenido del decreto 482/25 publicado el pasado 8 de julio, sin descuidar compromisos asumidos con emprendedores, pymes y empresas. 

Abrazo simbólico entre empleados del Inti nucleados en la Multisectorial. Foto: El Destape

Estamos recibiendo apoyo de legisladores, senadores, diputados y gobernadores, con proyectos de rechazo al decreto”, afirmó la profesional en referencia a funcionarios que cumplen funciones bajo distintas banderas políticas, como el Frente de Izquierda, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Partido Justicialista, entre otros.

Intento por voltear el decreto

Desde la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro y el legislador porteño Hernán Reyes, junto a su equipo de asesores, mantuvieron una reunión con mandos medios y representantes de la Asamblea Multisectorial en el Inti, donde rechazaron el decreto que compromete su existencia. 

En ese contexto, explicaron las funciones principales del organismo, su rol esencial para el desarrollo productivo y la seguridad de los productos que consume la población e hicieron hincapié en las graves consecuencias que tendrá para el normal desenvolvimiento institucional la aplicación del Decreto 462/25 que limita seriamente sus funciones y dispone prescindir del 30% del personal abocado a tareas vinculadas claves, como el manejo de las finanzas, contrataciones, compras, capacitación, liquidaciones, análisis de datos y legales, entre otras.

De esta manera, ambos referentes políticos del espacio que lidera Lilita Carrió, ratificaron su apoyo y acompañamiento tanto en la estrategia judicial para frenar los alcances del decreto como en la vía parlamentaria con el objetivo de derogarlo.

El funcionamiento

El Inti fue creado en 1957 durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, en el marco del surgimiento de un conjunto de instituciones nacionales destinadas a poner en movimiento la inversión pública en ciencia y tecnología.

Hoy cuenta con más de 40 centros de desarrollo tecnológico y sectores especializadas por sector industrial en Buenos Aires (lácteos, plásticos, caucho, mecánica, tratamientos superficiales, lácteos, carnes, ambiente, biotecnología, nanotecnología, etc), además de centros multipropósito en distintas provincias.  

Entre sus principales funciones se encuentran medir, calibrar, certificar, testear, verificar y transferir los desarrollos al sector productivo, desde emprendedores hasta industrias.

Se trata de un organismo reconocido internacionalmente, ya que cada país cuenta con uno de características similares que cumple esas funciones técnicas de desarrollo.

En Bariloche, además de trabajar con fábricas de alimentos, emprendimientos textiles, fitocosméticos y empresas de base tecnológica, se inspeccionan y ensayan componentes críticos de los medios de elevación, como los cables de acero, las torres y los vehículos, con el objetivo de garantizar una operación segura durante la temporada. 

También, desde el Inti acompañan a los fabricantes nacionales de repuestos, asistiéndolos técnicamente para que sus productos cumplan con estándares internacionales.

Con la centralización, vaticinan que perderán el contacto directo con la industria, con más de 300 cámaras de pymes en todo el país, sumada la imposibilidad de atender al sector productivo en tiempo y forma, y la falta de personal indispensable en el engranaje institucional.

Reestructuración del Inta: “Reducirlo a secretaría es ignorar su historia”

 

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