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Trabajadores de Vicentín apoyan la intervención del gobierno

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Gremios aceiteros aseguraron que la expropiación anunciada por Alberto Fernández llevó tranquilidad a los trabajadores. Se espera que sea enviado el proyecto de ley al Congreso.

 

BUENOS AIRES. El presidente Alberto Fernández remarcó hoy que la decisión del gobierno de intervenir Vicentín tiene el objetivo de “rescatar una empresa muy importante” porque él “no se podría perdonar ver de brazos cruzados cómo la empresa se cae” y, en ese sentido, sumó el apoyo de los trabajadores de la compañía cerealera y del gremio de aceiteros.

Además de las definiciones de Fernández sobre la intervención de Vicentín y el apoyo de los trabajadores, también se confirmó que el Senado comenzará a discutir este viernes en comisión un proyecto de ley propuesto desde el Frente de Todos para investigar presuntas irregularidades en la relación crediticia entre el Banco Nación y la empresa cerealera.

“La expropiación en este caso es un remedio excepcional y no permanente porque a mí me gustaría que esto no suceda más”, dijo el jefe de Estado en una entrevista con Radio 10 esta mañana, antes de dar una clase a distancia por videoconferencia a sus alumnos de la UBA de la cátedra de Teoría del Delito y Sistemas de Pena.

Agregó que no se “podría perdonar ver de brazos cruzados cómo Vicentín se cae y los trabajadores se quedan sin trabajo” e insistió en que con esta medida el gobierno busca rescatar la empresa cerealera.

“Estamos rescatando una empresa muy importante que está en un colapso financiero enorme”, enfatizó.

En esa línea, advirtió que la “vocación” del gobierno es que la empresa “siga siendo argentina y que sea manejada y rescatada de la situación en la que está” y dejó claro: “No estamos allí para avasallar los derechos de nadie”.

También contó que ayer mantuvo “una muy buena charla con Sergio Nardelli, uno de los dueños de Vicentín”, a quien le dijo que lo que buscaba el gobierno era “preservar la empresa en manos argentinas” y agregó: “No debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es rescatar a una empresa de la quiebra”.

En relación con la actitud de algunos sectores de la oposición en torno al tema, consideró que “hay un grupo de políticos que hace años se olvidó de discutir política y se acostumbró a que la política ocurra en los tribunales”.

A diferencia de las manifestaciones en contra de la expropiación, el integrante de la Comisión Interna de Vicentín y de la conducción del Sindicato de Aceiteros de Reconquista, Leandro ‘Peky’ Monzón, aseguró sentir “alegría” tras haber escuchado del presidente “que van a continuar las fuentes laborales” y que “se pare un poco la incertidumbre” en torno a la empresa.

El dirigente contó que la empresa adeuda el bono de fin de año y no cumplió con los acuerdos salariales de 2020 y precisó que el conflicto por salarios incluye “el aumento que salió a partir del 1 de mayo, la gratificación de fin de año y el retroactivo de abril a enero”.

Por su parte, el titular del gremio de aceiteros de Reconquista, Dionisio Alfonso, manifestó que la decisión del gobierno generó “tranquilidad” en los trabajadores, que en los dos últimos años vivieron “mucha incertidumbre” en el proceso que llevó al concurso de acreedores de la empresa.

“La decisión nos brinda tranquilidad y esperamos que todo lo que está pasando llegue a buen puerto; como sindicato vemos estas medidas como una ayuda que viene bien”, dijo Alfonso.

Con respecto al tratamiento del proyecto de ley de expropiación de la empresa en el Congreso, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun adelantó que la iniciativa será tratada por la cámara alta “ni bien ingrese”, al indicar que es “necesario iniciar un proceso de democratización en materia alimentaria”.

En el ámbito judicial, la fiscalía a cargo de la investigación por supuesta defraudación a raíz de la deuda de 18.500 millones de pesos de Vicentin con el Banco Nación recibió al menos 70 archivos con información y documentos enviados desde esa entidad.

En la pesquisa está imputado el último titular del Banco, Javier González Fraga, y los empresarios de Vicentin Alberto Padoán y Gustavo Nardelli.

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Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz

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inflación febrero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.

Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.

En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.

En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).

Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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