Nacionales
Sin acuerdo: el Gobierno quiere marchas ordenadas y sin capuchas por el G20
BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El Gobierno Nacional y las organizaciones sociales que se oponen a la Cumbre del G20 no llegaron a un acuerdo acerca de las manifestaciones previstas contra la convocatoria de los líderes mundiales, según se supo hoy.
De acuerdo con distintas fuentes periodísticas, las diferencias quedaron planteadas en la sede del SERPAJ que dirige el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, donde el secretario de coordinación del Ministerio de Seguridad Gerardo Milman escuchó a una veintena de organizaciones relacionadas con la anticumbre.
A pesar de que las partes coincidieron en la necesidad de que las manifestaciones de protesta se hagan de manera pacífica, no hubo acuerdo en cuanto al recorrido de la marcha, la forma en que serán controlados los colectivos que transporten a los manifestantes o las garantías básicas para que los organizadores aseguren que no haya gente encapuchada durante las protestas.
Trascendió que en el encuentro hubo un foco de tensión con respecto al recorrido de la marcha que se hará el viernes 30. Los organizadores quieren que sea por la Avenida San Juan, 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta la Plaza de los dos Congresos. Pero el Gobierno planteó que la marcha pase por la avenida Independencia ya que la 9 de Julio estará cortada en su acceso a la Avenida de Mayo y al Obelisco.
“Vamos a seguir dialogando pero no podemos cambiar el operativo de seguridad que ya se viene trabajando desde hace más de un año porque se les ocurra ir por la Avenida de Mayo por un gesto simbólico”, dijo un funcionario del Gobierno que participó de ese encuentro, pero no fue mencionad.
El Ministerio de Seguridad estableció que todos los micros que ingresen a la Capital o en los alrededores serán controlados y la gente podrá ser cacheada por medidas de seguridad. Allí es donde los organizadores de las marchas anti G20 también pusieron reparos.
Tampoco hubo acuerdo pleno en relación a la garantía que puedan dar los organizadores para que no haya gente encapuchada y con palos en las marchas. “No podemos dar garantías de que todos los manifestantes quieran ir como les parezca”, detalló uno de los líderes de los movimientos sociales anti globalización.
A la vez, las organizaciones sociales que se oponen al G20 y que se manifestarán durante los días de la cumbre de líderes se quejaron por la gran cantidad de calles que estarán cortadas. Pero desde el Gobierno, Milman explicó que esas medidas se tomaron para “garantizar la seguridad de los presidentes y como una forma de que el Estado resguarde a los ciudadanos de eventuales hechos de violencia”.
Hubo dos temas que se lograron acordar o al menos desde el Gobierno se comprometieron a atender. Uno de ellos tiene que ver con que los abogados de eventuales detenidos podrán ingresar en las fiscalías en caso de que haya personas demoradas. Y a la vez, se negociará con los hospitales públicos para que den a conocer a los abogados o líderes de organizaciones el listado de los eventuales heridos que se encuentren internados luego de una protesta.
Además del SERPAJ estaban en el encuentro con Milman referentes de la CCC, el Polo Obrero, Barrios de Pie, el MTS, la Izquierda Unida, Movimiento Evita, Confluencia AntiG20, la CT, el PTS y el MST, entre otros.
Nacionales
El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud
Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.
La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones.
Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias.
Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.
Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.
Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones
Nacionales
Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos
A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.
El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.
Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.
En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.
De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.
Nacionales
Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú
A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.
El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).
A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.
Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.
Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.
Las medidas
Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.
En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.
Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.
En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.
Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.
También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.
Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.
“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron.
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