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Sin acuerdo: el Gobierno quiere marchas ordenadas y sin capuchas por el G20

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BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El Gobierno Nacional y las organizaciones sociales que se oponen a la Cumbre del G20 no llegaron a un acuerdo acerca de las manifestaciones previstas contra la convocatoria de los líderes mundiales, según se supo hoy.

De acuerdo con distintas fuentes periodísticas, las diferencias quedaron planteadas en la sede del SERPAJ que dirige el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, donde el secretario de coordinación del Ministerio de Seguridad Gerardo Milman escuchó a una veintena de organizaciones relacionadas con la anticumbre.

A pesar de que las partes coincidieron en la necesidad de que las manifestaciones de protesta se hagan de manera pacífica, no hubo acuerdo en cuanto al recorrido de la marcha, la forma en que serán controlados los colectivos que transporten a los manifestantes o las garantías básicas para que los organizadores aseguren que no haya gente encapuchada durante las protestas.

Trascendió que en el encuentro hubo un foco de tensión con respecto al recorrido de la marcha que se hará el viernes 30. Los organizadores quieren que sea por la Avenida San Juan, 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta la Plaza de los dos Congresos. Pero el Gobierno planteó que la marcha pase por la avenida Independencia ya que la 9 de Julio estará cortada en su acceso a la Avenida de Mayo y al Obelisco.

“Vamos a seguir dialogando pero no podemos cambiar el operativo de seguridad que ya se viene trabajando desde hace más de un año porque se les ocurra ir por la Avenida de Mayo por un gesto simbólico”, dijo un funcionario del Gobierno que participó de ese encuentro, pero no fue mencionad.

El Ministerio de Seguridad estableció que todos los micros que ingresen a la Capital o en los alrededores serán controlados y la gente podrá ser cacheada por medidas de seguridad. Allí es donde los organizadores de las marchas anti G20 también pusieron reparos.

Tampoco hubo acuerdo pleno en relación a la garantía que puedan dar los organizadores para que no haya gente encapuchada y con palos en las marchas. “No podemos dar garantías de que todos los manifestantes quieran ir como les parezca”, detalló uno de los líderes de los movimientos sociales anti globalización.

A la vez, las organizaciones sociales que se oponen al G20 y que se manifestarán durante los días de la cumbre de líderes se quejaron por la gran cantidad de calles que estarán cortadas. Pero desde el Gobierno, Milman explicó que esas medidas se tomaron para “garantizar la seguridad de los presidentes y como una forma de que el Estado resguarde a los ciudadanos de eventuales hechos de violencia”.

Hubo dos temas que se lograron acordar o al menos desde el Gobierno se comprometieron a atender. Uno de ellos tiene que ver con que los abogados de eventuales detenidos podrán ingresar en las fiscalías en caso de que haya personas demoradas. Y a la vez, se negociará con los hospitales públicos para que den a conocer a los abogados o líderes de organizaciones el listado de los eventuales heridos que se encuentren internados luego de una protesta.

Además del SERPAJ estaban en el encuentro con Milman referentes de la CCC, el Polo Obrero, Barrios de Pie, el MTS, la Izquierda Unida, Movimiento Evita, Confluencia AntiG20, la CT, el PTS y el MST, entre otros.

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Renunció director del Indec a días del nuevo método para medir la inflación

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Una semana antes de que se conozca el índice de inflación de enero, calculado con el nuevo IPC del Indec, este lunes se conoció la renuncia del director del organismo estadístico, Marcos Lavagna, el único funcionario nombrado durante el gobierno de Alberto Fernández que sobrevivía en la Era Milei.

Según la prensa porteña, la salida de Lavagna “sorprendió a la Casa Rosada” y se produjo horas después de conocerse el Informe de Política Monetaria del Banco Central, donde se afirma que de haberse aplicado antes la nueva tabla del IPC, los indicadores de inflación hubiesen sido más altos.

El índice de inflación de enero es el primero en medirse con los parámetros del nuevo IPC, que se supone tiene ponderadores más acordes a los consumos actuales de los argentinos, y que estaba listo desde hace meses, pero Lavagna lo demoró para que no interfiriera en el año electoral.

El Informe de Política Monetaria del BCRA sostiene que con el nuevo IPC la inflación de los dos años de Miei hubiese sido más alta, por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec.

“Al lanzar el nuevo IPC en 2026, luego de una importante recomposición de tarifas, el Indec reduce el problema que podría haberse generado en años recientes de sobreponderar el gasto en electricidad y gas; lo que habría sucedido si se aplicaban pesos correspondientes a un año en el que las tarifas se encontraban en niveles récord (2018) a un año en el que estaban en niveles mínimos (por ejemplo, 2023)”, dice el informe del Central.

“Resulta que la corrección tarifaria iniciada en 2024 permitió aproximar parcialmente el ponderador implícito de electricidad, gas y otros en el IPC anterior (4,1%) al nuevo ponderador surgido de la ENGHo 2017/18 (5,3%)”, explica el documento.

Según detalla Clarín, en 2024 los bienes aumentaron un 96,3% y los servicios 189%, mientras que en 2025 los bienes subieron 26,5% y los servicios 43,1%, por lo que, con el nuevo IPC, el dato de inflación hubiese dado bastante más por arriba, un desfasaje que los gremios ubican en 15 puntos.

El propio BCRA dice ahora que “las actualizaciones de las tarifas de los servicios públicos, los mecanismos indexatorios en alquileres y expensas, y la evolución de los salarios tenderán a impactar relativamente más en el nuevo IPC”.

 

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Oficializaron el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad en el Congreso

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A través del Decreto 53/2026, el gobierno amplió el temario del Congreso, previsto para el período de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero, para tratar el “Régimen Penal Juvenil”, que busca bajar la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años. 

La medida se oficializó horas después del anuncio que dio el presidente Javier Milei, ayer en Mar del Plata, y fue formalizada este martes a través del decreto publicado en el Boletín Oficial, el cual lleva las firmas del mandatario y de su vocero y jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El texto normativo es escueto, pero contundente. En su artículo 1°, ordena: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.

De esta manera, la decisión administrativa le da marco legal al anuncio político que Milei realizó horas antes en Mar del Plata, donde ante sus seguidores sentenció: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto“. 

El proyecto que enviará el Ejecutivo, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual, vigente desde la dictadura militar, bajando el piso de punibilidad, hoy fijada en 16 años, y permitir que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.

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En Buenos Aires ofrecen créditos para pagar expensas atrasadas

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En medio de recortes y sueldos congelados, el Banco Ciudad lanzó una línea de crédito para que los vecinos de consorcios radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) puedan pagar sus expensas atrasadas en hasta 18 cuotas. 

De esta manera, el beneficio les permitirá cancelar hasta tres meses de deuda, con un monto máximo de $1.500.000 que se deposita directo en la cuenta del consorcio.

La línea tiene tasa fija del 60% TNA y cuotas de 3, 6, 9, 12 y 18 meses, siempre que no superen el 20% de los ingresos del solicitante. A modo de ejemplo, un crédito de $1.000.000 a 18 meses tendría una primera cuota de $98.225. 

Cabe recordar que, en 2025 las expensas subieron 36% en promedio en CABA y 313,6% en los últimos dos años, por lo que este nuevo crédito surge como una herramienta alternativa para facilitar que tanto propietarios como inquilinos puedan ponerse al día con sus obligaciones.

Sin ir más lejos,  el anuncio se realizó en un contexto de creciente morosidad en los pagos de expensas, tanto en CABA como en el conurbano. Según datos arrojados por un relevamiento de ConsorcioAbierto 17 de cada 100 departamentos se encuentran en situación de mora, un nivel que se mantuvo estable durante todo 2025.

El informe también señala que las tasas de interés promedio en diciembre fueron del 4,8% en CABA y del 6,2% en la provincia de Buenos Aires, lo que impacta directamente en la gestión financiera de los consorcios, especialmente en un contexto de retrasos en los pagos.

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