Nacionales
Procesaron a De Vido y Jaime en causa por contratos ferroviarios
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue procesado este miércoles por orden del juez federal Sebastián Ramos por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, al no haber conformado los equipos técnicos establecidos por ley para renegociar los contratos ferroviarios.
El magistrado también procesó al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien le sumó el delito de violación de los deberes de funcionario público, y para ambos fijó un embargo de 500.000.000 pesos.
De Vido está acusado porque en calidad de ministro “no adoptó medida alguna tendiente” a que Jaime “cumpliera con la designación de los profesionales y técnicos del sector de transporte ferroviario de pasajeros, con el fin de conformar el equipo de trabajo destinado a dar inicio al procedimiento de renegociación de los contratos de concesión del servicio público de transporte ferroviario”.
Ramos recordó que no hubo órdenes para “que se avanzara con el procedimiento de renegociación de los contratos de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros, conforme las funciones y facultades establecidas en el artículo 3 de la resolución conjunta del Ministerio de Economía y Producción y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios”.
“Con dichas omisiones se interesó en miras de que no avanzara la renegociación de dichos contratos para beneficiar a las empresas concesionarias de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros”, agregó el juez.
La investigación se centra en el período 2003-2009 y contra De Vido pesa la acusación de no haber instado a Jaime a designar los equipos técnicos de la secretaría de Transporte para que colaboraran con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) que revisó los convenios de los sectores privatizados.
Se trata del segundo procesamiento de De Vido, ya que primero lo había alcanzado una medida dictada por el juez federal Claudio Bonadio por descarrilamiento culposo y administración fraudulenta, a raíz de la tragedia ferroviaria de Once en la que murieron 51 personas en febrero de 2012.
Para el juez, quedó “acreditado con el grado de probabilidad exigido por el ordenamiento procesal, de acuerdo a las constancias incorporadas a la causa, que Ricardo Raúl Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte de la Nación y miembro del Comité Sectorial de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, no designó a los profesionales y técnicos del sector de transporte ferroviario de pasajeros”.
De Vido por “no haber impartido órdenes o arbitrado los medios necesarios destinados a que se avanzara con el procedimiento de renegociación de los contratos de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros, no se inició ni se progresó en el proceso de renegociación de dichos contratos”.
Desde el juzgado se valoró que cuando Jaime prestó declaración indagatoria, dijo que “ninguna orden recibió de su superior con la finalidad de que designara el personal técnico” para renovar los contratos ferroviarios.
“La conducta omisiva de Julio De Vido, en su calidad de Presidente de la UNIREN, Autoridad de Aplicación de los contratos de concesión, y Ministro que tenía bajo su órbita el área de transporte, impidió que se iniciara formalmente y se avanzara en dicho proceso, tendiente a alcanzar los fines dispuestos por las normas de mención, durante el lapso en que prestó funciones en tales cargos”, resaltó el magistrado.
“La falta de avance en los procesos habría permitido la ausencia de tratamiento de las penalidades aplicadas a las empresas concesionarias de ese servicio público que eran remitidas al proceso de renegociación, y la falta de resolución de los reclamos mutuos entre concedente y concesionario, la omisión del análisis de la rentabilidad de las empresas y su estructura de costos”, remarcó el juez.
Jaime está detenido en el penal de Ezeiza al concentrar tres condenas en su contra, todas en una pena única por la tragedia ferroviaria de Once, y porque en otra causa que se lo investiga por la compra de trenes inutilizables a España y Portugal la Justicia considera que existe peligro de fuga.
Un soldado del Ejército Argentino, oriundo de Misiones e identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, fue encontrado sin vida este martes en uno de los puestos de guardia de la Quinta Presidencial de Olivos.
“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar”, informó la Vocería Presidencial en su cuenta oficial de X.
“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento”, agrega el comunicado del gobierno y señala que, por el momento, “la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida”.
“Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias”, continúa.
“El presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor”, finaliza el parte oficial.
Según informan los medios porteños, Gómez estaba asignado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y prestaba servicios en una de las garitas de la Residencia Presidencial.
Las publicaciones periodísticas sostienen que el joven soldado misionero se disparó en la cabeza con su arma reglamentaria, un fusil FAL que fue encontrado junto a su cadáver.
El portal de noticias Infobae consigna que el perfil crediticio de Gómez “reflejaba deudas en blanco con bancos y entidades financieras” y que “su salario dependía de la Contaduría General del Ejército”.
Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal Argentina, que realizó la primera intervención junto a autoridades del área de Seguridad Presidencial. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar.
De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y…
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 16, 2025
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El gobierno nacional oficializó este viernes la designación del periodista misionero Javier Lanari como nuevo titular de la Secretaría de Comunicación y Prensa, cargo en el que reemplazará a Manuel Adorni, que en contrapartida continuará ejerciendo como vocero presidencial.
El nombramiento, publicado en el Boletín Oficial a través del Decreto 871/2025, se enmarca en una reorganización del gabinete impulsada por el presidente Javier Milei para encarar su tercer año de gobierno en 2026.
Lanari, hasta ahora subsecretario en la misma cartera, asume el cargo con efecto retroactivo desde el 6 de diciembre, reemplazando directamente a Adorni, quien dejó la secretaría para concentrarse en su rol como jefe de Gabinete, desde donde continuará centralizando la comunicación pública.
La resolución que oficializa a Lanari en su nuevo puesto lleva las firmas del presidente Milei y del ministro Adorni.
El misionero Lanari defendió a Milei: “No soportan que baje la inflación”
A través del Decreto 873/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, el Gobierno nacional oficializó la designación del contador público y empresario de la carne Rodrigo Martín Correa como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
La medida fue ejecutada tras la desregulación del sector, que inició en diciembre de 2023, dejó acéfalo al organismo, sin sus potestades y derivó en una crisis productiva afectando a los eslabones más bajos de la cadena productiva.
En ese marco, recientemente la provincia de Misiones presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una ampliación de la demanda ya iniciada, con el objetivo de lograr el restablecimiento pleno de las facultades del Instituto.
Según el texto oficial del decreto, la designación se realiza para cubrir el cargo vacante previsto en el artículo 6° de la Ley 25.564, que creó el Inym como ente de derecho público no estatal con jurisdicción en todo el país.
El decreto subraya que Correa reúne las condiciones de idoneidad necesarias y aclara que la designación no implica erogación alguna para el Estado nacional.
Rodrigo Correa junto a Adrián Nuñez durante su afiliación a la Libertad Avanza Misiones
Repercusiones
Desde el gobierno misionero sostienen que el Inym es una herramienta clave para defender a los pequeños productores, ordenar la cadena yerbatera y garantizar condiciones equitativas en un mercado históricamente desigual.
En ese sentido, advierten que la desregulación impulsada por la gestión nacional “debilita la capacidad regulatoria del organismo y expone a las chacras familiares a prácticas abusivas, quitándoles previsibilidad, precio justo y protección frente a actores de mayor escala económica”.
La Provincia fijó una postura que define como “firme e innegociable”, al considerar que sin pequeños productores no hay yerba mate, economía regional ni arraigo rural.
Si bien Misiones reconoce la necesidad de mejorar la competitividad de la actividad yerbatera, insiste en que la desregulación del Inym no es el camino adecuado, postura que fue ratificada por el gobernador Hugo Passalacqua y el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori.
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