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Piden detener a 26 militares por torturas a soldados mientras estaban en Malvinas

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Están acusados de estaquear, enterrar y golpear a soldados durante la guerra. Marcelo Rapoport, fiscal federal de Río Grande, Tierra del Fuego, pidió hoy la detención y declaración indagatoria de 26 militares por 22 hechos de presuntas torturas durante la Guerra de las Malvinas, en 1982. Lo hizo con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

El fiscal reclama a los uniformados por hechos ocurridos en la isla Gran Malvina. Allí estuvieron las Fuerzas de Tareas Yapeyú, donde se asentó el Regimiento de Infantería Nº 5, que dependía de la III Brigada de Infantería, y al que estaban subordinadas cinco compañías militares.

En su escrito, Rapoport plantea que las autoridades militares habrían aplicado contra los soldados conscriptos actos de tortura como estaqueos y enterramientos para controlar la disciplina de las tropas por la falta de abrigo y comida. “Los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (ius cogens) que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”, remarcó el funcionario del Ministerio Público en su escrito al plantear la obligación internacional del Estado argentino para investigar esos abusos.

La causa se originó por denuncias de los soldados cuando regresaron al continente tras el conflicto del Atlántico Sur. En abril de 2007 se hizo la presentación de 23 testimonios de ex combatientes conscriptos, reunidos por Pablo Vassel, que en aquel momento se desempeñaba como secretario de Derechos Humanos de Corrientes e hizo al denuncia en el ámbito de la Justicia Federal de Río Grande.

“De estos 23 testimonios originales, los soldados me manifestaron haber sido víctimas de torturas o testigos de torturas a sus camaradas y varios me referían la muerte por hambre de tres soldados correntinos”, declaró hoy Vassel. Agregó que no sólo lo hizo “bajo el eje de memoria, verdad y justicia”, sino también en “el eje de soberanía, porque un juez argentino intervenía con competencia sobre territorio argentino en Malvinas, por crímenes cometidos contra soldados argentinos”.

LA LISTA DE LOS 26 MILITARES CON PEDIDO DE DETENCIÓN

1- Omar Edgardo Parada
2- Emilio Terán
3- Miguel Ángel Garde
4- Jorge Aníbal Santiago Cadelago
5- Jorge Luis López
6- Gustavo Calderini
7- Horacio Vlcek
8- Jorge Reynaldo Lugo Oliver
9- Raúl Masiriz
10- Eduardo Luis Gassino
11- Jorge Guillermo Díaz
12- Belisario Gustavo Afanchino Rumi
13- Oscar Albarracín
14- Ramón Desiderio Leiva
15- Francisco Gabriel Rivero
16- Jorge Oscar Ferrante
17- Jorge Eduardo Taranto
18- Luis Alfredo Manzur
19- Raúl Antonio Linares
20- Pablo Emilio Hernández
21- Sergio Alberto Guevara
22- Emilio José Samyn Duco
23- Jorge Arnaldo Romano
24- Ramón Eduardo Caro
25- Oscar Luis Contreras
26- Claudio Tamareu

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Ascienden a 102 los casos de hantavirus en el país

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Según los últimos registros del Boletín Epidemiológico Nacional, en las dos últimas semanas se registró sólo un caso de hantavirus en la provincia de Buenos Aires (PBA). Sin embargo, el pasado fin de semana se confirmó un caso en la localidad de Corcovado en Chubut, mientras que el total de infectados de la temporada 2025-2026 asciende a 102, en su mayoría vinculados a la variante Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.

En cuanto a la distribución geográfica, la región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.

En cuanto a los orígenes del virus, las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.

Los casos que rondaron Misiones

Respecto del brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron.

Según información difundida por el sitio Mundo en Conflicto, la fallecida pareja holandesa señalada estuvo en Misiones en un recorrido por Argentina, Chile y Uruguay, antes de embarcar en el buque que en este momento navega hacia las Islas Canarias con 149 personas a bordo. 

Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio. 

Mientras tanto, el fin de semana pasado la Secretaría de Salud de Paraná, confirmó dos infectados en el estado brasileño, un hombre de 34 años de Pérola d’Oeste y una mujer de 28 de Ponta Grossa. El primero de ellos muy cercano al departamento misionero de General Manuel Belgrano.

Se trata de la enfermedad viral, transmitida a los humanos por roedores silvestres infectados. De no tratarse, puede causar infecciones pulmonares o renales severas, siendo el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH) la forma más común en América.

Infectados con hantavirus en el crucero de Ushuaia estuvieron 20 días en Misiones

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El gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de Andis

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Andis

El gobierno nacional detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, según surge de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud y remitido a la Justicia.

De acuerdo al documento, las irregularidades fueron detectadas tras comparar facturas emitidas al Estado con valores de referencia del mercado en adquisiciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis. El informe señala diferencias que oscilan entre el 300% y el 1000%, aunque en algunos casos superan el 2000% y llegaron hasta el 4239%.

Según publicó La Nación, el caso más extremo corresponde a la compra de un andador, donde se registró una diferencia del 4239% entre el monto facturado al Estado y el valor de referencia de un producto de similares características. En el rubro de sillas de ruedas, los presuntos sobreprecios alcanzaron el 2000%.

El informe sostiene que el análisis de la documentación respaldatoria permitió detectar “desvíos de precios injustificables” y posibles vínculos societarios y familiares entre proveedores involucrados en las contrataciones.

La documentación quedó incorporada a una investigación judicial en trámite vinculada a contrataciones realizadas por la Andis. En paralelo, durante las últimas semanas fueron convocados a declaración empresarios y personas relacionadas con el sector bajo investigación.

La causa que investiga un presunto fraude millonario en la Andis tiene entre sus procesados, a Diego Spagnuolo, máxima autoridad durante parte del período analizado. Consultado por el mismo diario porteño, su abogado, Mauricio D’Alessandro, señaló que el informe no le atribuye al ex director ninguna intervención en la maniobra, ni prueba tampoco conocimiento de la misma.

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La Corte declaró inconstitucional el uso estatal de datos personales

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Misiones DNU corte suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que organismos públicos no pueden utilizar teléfonos o correos electrónicos de ciudadanos sin autorización y anuló artículos de la ley de datos personales al considerar que vulneran la privacidad y la autodeterminación informativa.

El tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas, sostuvo que no existe interés legítimo que justifique un sistema de almacenamiento y circulación de datos personales sin conocimiento de sus titulares.

Además, declaró inválidos artículos de la ley 25.326 que habilitaban el intercambio de información entre organismos estatales sin consentimiento, al considerar que esas excepciones resultan excesivas e injustificadas y afectan garantías constitucionales.

En ese sentido, advirtió que la amplitud de la norma permitía al Estado eludir casi siempre la exigencia de autorización, lo que vaciaba de contenido la protección de los datos personales.

El fallo se dictó al hacer lugar a una acción de habeas data presentada por una jubilada contra el Estado Nacional, tras un convenio que permitió a la Anses ceder información a la Secretaría de Comunicación Pública para difundir contenidos oficiales.

El caso se originó cuando la demandante cuestionó el uso de su información para fines distintos a los que motivaron su entrega, al señalar que no deseaba recibir comunicaciones oficiales ni ser objeto de contactos reiterados.

En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren propusieron rechazar el recurso del Estado y dejar firme la sentencia previa sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.

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