A través de un comunicado oficial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro del transporte de pasajeros en el interior del país por 48 horas, para el próximo miércoles 12 y jueves 13 de octubre.

En el documento, el sindicato de choferes apuntó: “Nos encontramos en medio de una disputa entre los Gobiernos Provinciales y Estado Nacional, sobre quien se hace cargo del acuerdo salarial”.

En esa línea, UTA decretó un paro de colectivos para las provincias y responsabilizó a los gobernantes por “la negativa a acordar salarios para los compañeros representados”.

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“Queremos dejar expresado que hemos agotado todas las instancias de negociación en procura de la paz social, a fin de no perjudicar a los usuarios de nuestros servicios en el interior del país, pero debemos luchar por los salarios de los trabajadores, y por un aumento que es reconocido por los empresarios, pero los gobernantes desconocen, obligándonos a tomar las medidas”, reza el comunicado firmado por el Secretario General de UTA, Roberto Carlos Fernández.

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Hoy empezó la paritaria del gremio de los Camioneros y en una primera audiencia en el Ministerio de Trabajo con las cámaras empresarias, el líder del sindicato, Pablo Moyano, exigió un porcentaje históricamente alto de aumento en un escenario de inflación descontrolada: 131 por ciento.

En la sede de avenida Callao de la cartera de Trabajo, en Capital Federal, se llevó a cabo la reunión que duró menos de una hora, y, por tratarse de la primera instancia, transcurrió sin sobresaltos.

Por parte de la patronal, participaron la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEACC); la Confederación Argentina del Transporte Aumotor (Catac); y la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl). El Estado estuvo representado por la directora de Relaciones Laborales, Gabriela Marcello, y los trabajadores, por Moyano.

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Los empresarios quedaron en alerta, y mantenían sendas reuniones en sus propias oficinas después de la charla con el hijo de Hugo Moyano. Esperaban un pedido alto en el contexto inflacionario, pero el 131 por ciento, señalaron, es récord, y duplica el porcentaje previsto por el Ministerio de Economía en el proyecto de Presupuesto del año que viene, previsto en un 60 por ciento.

El pedido de Moyano representa uno de los porcentajes más altos de la última serie de negociaciones paritarias (el sindicato del Seguro, por ejemplo, cerró en un 109 por ciento, un número considerado muy alto en comparación con gremios de menor envergadura).

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Este martes la Oficina Anticorrupción (OA) denunció a la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri y jefa del PRO, Patricia Bullrich, por el direccionamiento, en 2016, de la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a favor de una empresa que presentó la oferta más alta en la licitación.

Según la denuncia, Bullrich pagó U$S35 millones, U$S5 millones más de lo que ofrecían otras firmas en la misma licitación, a además le pagó a la empresa adjudicada el impuesto a las ganancias, otros U$S600 mil.

La denuncia por estafa, violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos alcanza también al ex secretario de Seguridad Interior y actual diputado de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Milman, y al ex jefe de gabinete Marcos Peña.

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“El monto finalmente pactado” con el consorcio Israel Aerospace Industries-Rafael SA “ascendió a USD 35.000.000, el que resultaba muy superior a los USD 28.901.000 ofertados originariamente, y superaba en USD 5.049.445 la propuesta de su competidora Aeronautics Ltd”, dice la denuncia de la OA que dirige Félix Crous.

La adquisición consistía en torres con cámaras y otras con sistemas de comunicación para captar llamadas.

Hubo torres, incluso, que no funcionaban en Argentina porque estaban diseñadas para territorio israelí y tuvieron que elevarlas.

Fueron presentadas como sistemas integrales de seguridad para los pasos fronterizos de Foz de Iguazú, la Quiaca Villazón, Aguas Blancas – Bermejo y Salvador Mazza.

“El 30/12/16, Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros, suscribió la Decisión Administrativa que aprobó la contratación de IAI-ELTA/Rafael Ltd, y el gasto de USD 35.000.000, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich la refrendó, con el agravante de que dicho monto quintuplicaba el precio estimado por el Subdirector de Fronteras y Seguridad Regional de Gendarmería Nacional, Comandante Mayor Ramón Oscar Rendón, y que jamás respondió a una oferta concreta de las empresas ganadoras, de modo que se desconoce cómo y por qué se llegó a él”, dice el texto que ahora deberá investigar el juez federal Julián Ercolini.

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