Nacionales
Macri propone que las provincias creen su impuesto a las ventas
Con un margen estrecho para bajar la presión impositiva, en un momento en que debe abocarse a resolver el déficit fiscal, el Gobierno planea ir en las próximas semanas por un nuevo objetivo: pedir a las provincias que incorporen, desde este mismo año, una serie de reglas sobre sus propios gastos para evitar desequilibrios en las cuentas públicas; e impulsarlas a que, a partir de 2018, se esfuercen por reemplazar los impuestos más distorsivos que usan hoy para sostener buena parte de su recaudación (como el de los “Ingresos Brutos”), por un nuevo gravamen que se cobraría sólo sobre los precios al consumidor, y que consideran que será menos nocivo para la actividades productivas.
Las dos iniciativas serán sólo una parte de un extenso plan que presentarán en 10 días el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Interior, Rogelio Frigerio, en una reunión en Mendoza con los ministros de Hacienda de las provincias. El propósito primordial será debatir allí, a contra reloj, la ley de responsabilidad fiscal que no se cumple desde 2009, que volverá a poner bajo la lupa el equilibrio de las cuentas de cada distrito. Los funcionarios quieren que se vote en cada provincia antes de que sancionen sus respectivos presupuestos. A la par de esto, empezarán a dar los primeros pasos firmes hacia una reforma tributaria que prevén más “profunda”, que incluirá nuevos impuestos para sustituir otros considerados “distorsivos”, y que podría aplicarse a partir de 2018.
¿LLEGA NUEVO “IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES”?
El Gobierno se inclina ahora por plantear la incorporación de un “impuesto a las ventas finales”, que cobrarían las provincias a comercios, industrias o hasta productores primarios, sólo cuando vendieran sus productos a consumidores finales. El gravamen replicaría un esquema que ya se aplica en otros países, sobre la última etapa de la cadena de distribución. Podría cobrarse con una alícuota general para todos los rubros o diferenciarse por sector. Y sería vital para sustituir la cobranza de Ingresos Brutos, que hoy representan el 90% de la recaudación provincial. Cada provincia tendría sobre ellos completa autonomía.
COBRAR MÁS POR IMPUESTO DE SELLOS E INMOBILIARIO
Los funcionarios nacionales ya sugirieron a las provincias actualizar las valuaciones fiscales de los terrenos, que están atrasadas desde hace tiempo, para aumentar la base impositiva sobre la que deberán cobrar el impuesto inmobiliario. El Consejo Federal de Catastro será el encargado de armonizar los valores. La intención: que puedan empezar a ampliar la “base impositiva”, para obtener nuevos recursos (no coparticipables), que servirán para compensar lo que pierdan a medida que se reduzca el impuesto a los bienes personales (coparticipable).
GASTOS CORRIENTES, AHORA BAJO CONTROL
Tal como ya adelantó el Gobierno, se pretende que las provincias se comprometan mantener un crecimiento controlado de los gastos corrientes, que no supere a la inflación (es decir, que no aumente en términos reales). Además, se prevé limitar el “gasto en personal” a un porcentaje de los ingresos o de los gastos totales. La idea es aplicar una restricción similar a la que hoy rige en Brasil, que impide que la proporción de erogaciones en sueldos sea mayor al 65% de los recursos tributarios. El incumplimiento supondría una penalidad, que podría estar dada por el recorte de las transferencias del Tesoro nacional. El propósito es que las cuentas de los Tesoros provinciales puedan “converger”, en dos años, hacia un equilibrio primario o financiero.
ESTABLECER UNA “REGLA DE FINAL DE MANDATO”
Que en los últimos dos trimestres de cada gestión, los gobiernos nacional y provinciales no puedan incorporar nuevos empleados a la planta estatal ni establecer por ley o por decreto nuevos “gastos permanentes”. El propósito es impedir lo que sucede en muchos gobiernos y organismos públicos antes de cada elección: que se incorporen trabajadores a la planta permanente o que la administración asuma compromisos que deberán afrontar sus sucesores.
CONFORMAR UN “FONDO ANTICÍCLICO”
Con el mismo fin de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, el Gobierno quiere que se empiece a conformar un “fondo anticíclico” en la Argentina, a partir de un porcentaje de los excedentes tributarios que perciban las provincias sobre lo presupuestado para cada año. El fondo constituido pertenecería al conjunto de los distritos y se activaría para aquél que registrara tres meses seguidos de caída en su recaudación.
A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.
El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.
Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.
En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.
De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.
A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.
El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).
A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.
Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.
Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.
Las medidas
Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.
En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.
Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.
En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.
Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.
También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.
Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.
“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron.
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Un soldado del Ejército Argentino, oriundo de Misiones e identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, fue encontrado sin vida este martes en uno de los puestos de guardia de la Quinta Presidencial de Olivos.
“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar”, informó la Vocería Presidencial en su cuenta oficial de X.
“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento”, agrega el comunicado del gobierno y señala que, por el momento, “la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida”.
“Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias”, continúa.
“El presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor”, finaliza el parte oficial.
Según informan los medios porteños, Gómez estaba asignado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y prestaba servicios en una de las garitas de la Residencia Presidencial.
Las publicaciones periodísticas sostienen que el joven soldado misionero se disparó en la cabeza con su arma reglamentaria, un fusil FAL que fue encontrado junto a su cadáver.
El portal de noticias Infobae consigna que el perfil crediticio de Gómez “reflejaba deudas en blanco con bancos y entidades financieras” y que “su salario dependía de la Contaduría General del Ejército”.
Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal Argentina, que realizó la primera intervención junto a autoridades del área de Seguridad Presidencial. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar.
De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y…
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 16, 2025
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