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Los bancos amenazan con desactivar las cuotas sin interés

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El anuncio de la investigación que efectuará la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia llega en medio de una fuerte disputa entre las principales cámaras comerciales y los bancos por el negocio de las tarjetas de crédito. El proyecto de ley comenzó su tratamiento en el Senado y la semana que viene llegaría al recinto. Todo indica que los legisladores obligarán a una rebaja sustancial de lo que hoy se cobra en concepto de aranceles. La propuesta es que baje del máximo del 3% al 1,5% para las operaciones de crédito y a cero para las de débito, ya que serían similares a las transferencias automáticas (que desde el segundo trimestre son gratuitas sin importar el monto).

Pero un informe elaborado por Atacyt (la Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra) y distribuido entre los principales jugadores del mercado en las últimas horas realiza fuertes advertencias en caso de que se avance con esta iniciativa. Entre otros aspectos, asegura que una rebaja de los aranceles como la propuesta tendrá un impacto inmediato en varios campos, que detalla en los siguientes puntos:

• Una reducción del arancel impactaría negativamente en el consumo en general.

• Se eliminarían las promociones, incluyendo el Programa “Ahora 12”.

• También desaparecían los planes de cuotas sin interés.

• Se eliminaría la emisión de nuevas tarjetas, reduciéndose la publicidad.

• Habría una restricción del crédito para consumo en general.

Además, señala que la discusión sobre el arancel pasa exclusivamente por la manera en que se reparte un negocio entre bancos y tarjetas. “Si se reduce el arancel, no tendría impacto en los precios de los consumidores. Sería una transferencia de ingresos desde las tarjetas hacia los comercios”.

Pero en CAME opinan en forma opuesta. Explican que los precios bajarán porque es la única forma de aumentar el consumo. Del plan “Ahora 12” aclaran que se trata exclusivamente de un programa en el que intervienen el Estado (que subsidia una parte de las cuotas sin interés) y directamente los comercios. “Las amenazas de los bancos no sirven para llegar a un entendimiento”, explicó el vocero de prensa, Vicente Lourenzo. La investigación del Ministerio de la Producción recae sobre Prisma (Visa Argentina) y 14 bancos accionistas. Una de las críticas principales es que se trata de un sistema “cerrado”, que impide a otros jugadores la posibilidad de emitir la tarjeta en el país.

Pero los conocedores del sistema de aseguran que la licencia de Visa que hoy poseen 14 entidades resultó conveniente para el avance tecnológico y la masificación de tarjetas. Hace dos semanas estuvo Eduardo Coelho, el número uno de Visa Latinoamérica, quien se reunió con representantes de la CNDC. Allí defendió la postura de los bancos y ponderó la “franquicia” que la marca posee en la Argentina. “Para que el sistema sea realmente transparente hay que revisar el sistema de venta en cuotas. Cobrarle a los clientes lo que el producto vale en una cuota y si quieren comprar en tres, seis o doce cuotas que se explicite claramente cuál es la tasa de interés que cobra el banco, como sucede en todos lados”, señaló a este diario uno de los principales referentes de la banca local.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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