Nacionales
La Renovación le hizo una zancadilla a la oposición para reforzar el acuerdo con Cambiemos
BUENOS AIRES y POSADAS. La sesión que los opositores intentaron llevar adelante en la Cámara de Diputados de la Nación fue una pulseada con el Gobierno Nacional que, además, dejó tela para cortar en Misiones por la actitud del legislador y flamante miembro de la Renovación, Daniel Di Stéfano.
De acuerdo con los registros periodísticos, el ex integrante de La Cámpora llegó tarde a la sesión que se había convocado para las 11 y con una hora de tolerancia, como surge del mecanismo parlamentario, pero de haberse sentado en su banca en tiempo, habría habilitado el debate.
Si bien el hecho protagonizado por el misionero no superó el anecdotario político, fue un claro ingrediente que alimentó la ira de los ideólogos de la sesión que tenía como meta poner un freno a los aumentos de las tarifas a diciembre de 2017, o que no exceda la variación de los salarios.
Pero en la tierra colorada ya nadie cree en las casualidades y a pesar de las insistentes aclaraciones del mismo Di Stéfano, las lecturas más directas del suceso hablan de una estrategia “a la misionera” para tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, una jugada riesgosa pero siempre redituable.
ESTRATEGIA. El representante de Misiones fue la clave para hacer caer la sesión.
En esa línea de conjeturas, son coincidentes las observaciones acerca de la fructífera relación política que alcanzaron la Renovación misionera y Cambiemos, con el gobernador Hugo Passalacqua como principal escudero de Carlos Rovira, conductor del partido que gobierna Misiones desde 2003.
A partir de esa cercanía política e institucional, se dice con razón que difícilmente los diputados renovadores hubiesen prestado sus votos para que la oposición avanzara con una idea que, a todas luces, podría darle en un ala por lo menos a la gestión de Mauricio Macri, frenando los aumentos tarifarios.
Pero la realidad de los misioneros también debía ser tenida en cuenta, como describió el diputado Ricardo Wellbach al justificar la presencia del bloque misionerista en el debate por el aumento de las tarifas. Pero ¿cómo hacer para mantener el reclamo y no afectar la relación con Cambiemos?
Ahí habría empezado a pergeñarse la táctica. En cualquier caso debían quedar en claro dos objetivos: a) no alterar el romance con la Nación y b) mostrar a los misioneros que el alineamiento no necesariamente significaba resignar reclamos. Y se habría resuelto 1) hacer oír la disconformidad, 2) contribuir con el quórum y 3) esperar.
Si para la hora prevista el inicio de la sesión estaba atado a la cantidad de legisladores presentes, los renovadores misioneros estaban dispuestos a acompañar, pero con Di Stéfano afuera y mirando el tablero. Una vez que se cumplió el plazo y el salteño Olmedo dejó su banca, el excamporista entró raudamente, pero ya era tarde.
Resultado: se levantó la sesión y los misioneros de la Renovación quedaron bien con Cambiemos, porque orquestaron la demora de uno de los suyos que junto a Olmedo daría el quórum; y con la oposición que a punto estuvo de infligirle una dura estocada al macrismo, pero no logró reunir la cantidad de voluntades que necesitaba. Habrá que ver ahora cuál será la postura de los provincianos el miércoles próximo, ante un desafío similar y por el motivo.
Luego del rechazo de legisladores a cinco decretos delegados, la gestión de Javier Milei restituyó las normas que rigen el funcionamiento de entes públicos como Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), entidades culturales, la actividad en distintos sectores de la economía y su intento por limitar el derecho a huelga.
Las modificaciones habían sido puestas en marcha por cinco decretos delegados y frenadas posteriormente por las cámaras de Diputados y el Senado a fines de agosto.
Finalmente, este miércoles fueron publicados los DNU 627 y 628 en el Boletín Oficial, los cuales sostienen: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.
Al mismo tiempo fueron restituidas “las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 531 del 1° de agosto de 2025, 571 del 11 de agosto y los 583, 584 y 585, del 14 de agosto”.
Cabe recordar que los decretos delegados, que fueron rechazados por el Congreso, implicaban cambios en el régimen laboral de la Marina Mercante y restringía el derecho a huelga en numerosos sectores de la economía considerados esenciales o estratégicos; la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos; la disolución de Vialidad Nacional; la eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo; así como una serie de modificaciones en el Inti, Inta y entidades culturales.
Desde el gobierno justificaron la restitución sosteniendo que la finalidad es “no comprometer la continuidad operativa de la Administración Pública Nacional y salvaguardar los principios de buena administración, juridicidad, buena fe y simplificación administrativa”.
Decretos sin efecto
El decreto 462/2025 establecía que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) se convirtieran en unidades organizativas dependientes de la Agricultura y de Industria y Comercio, respectivamente. En concreto, modificaba sus funciones.
Con el decreto 587, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) pasó a depender de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Mientras que con el decreto 371, el Gobierno eliminó la Dirección Nacional del organismo.
A través del decreto 461/2025, el Ejecutivo disolvía la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
El Gobierno desreguló el transporte marítimo a través del decreto 340 y habilitaba a buques y tripulaciones extranjeras en el cabotaje nacional. Implicaba la pérdida de la exclusividad de la Marina Mercante y restringía el derecho a huelga en numerosos sectores económicos.
El decreto 351 ordenaba la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), de un organismo descentralizado a uno desconcentrado. Había pasado a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
La fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Estaba dispuesto en el decreto 345/25.
La reconversión del Inti pone en riesgo 2400 puestos de trabajo en el país
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el dato de inflación de julio, el cual se ubicó en 1,9% y acumuló un 36,6% en los últimos doce meses. Mientras que, en lo que va del año suma un 17,3%.
Este resultado da cuenta de que hubo un leve incremento respecto al mes de junio, cuando la inflación mensual se ubicó en 1,6%.
El rubro que registró el mayor aumento fue Recreación y cultura (4,8%), seguida de Transporte (2,8%) y Restaurantes y Hoteles (2,8%). Por su parte, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,9%, a la par del promedio de la inflación general.
Las dos divisiones con las menores variaciones de julio fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y Prendas de vestir y calzado, que registró una caída de precios (-0,9%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en julio de 2025 respecto de junio y acumularon un alza de 17,3% en los últimos siete meses https://t.co/ccjTNTu3PD pic.twitter.com/AEai0sBmfL— INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2025
Las consultoras esperaban que el valor se mantuviera por debajo del 2%, al igual que los dos meses previos.
Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que aglomera las proyecciones de más de 40 instituciones, había estimado a la inflación de julio 2025 en 1,8% en promedio.
Días atrás las mediciones privadas anticipaban que la suba de casi 14% del dólar en julio no impactaría tanto sobre la inflación, lo que puede contrastarse con el mes anterior, cuando la inflación fue del 1,6%, apenas por encima del 1,5% del mayo, hasta ahora la menor de los últimos cinco años.
En la mañana de hoy se conoció el decreto 534/2025, con el que el gobierno de Javier Milei oficializó el veto a las leyes que establecían el aumento a las jubilaciones, la reapertura de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.
Estas tres iniciativas fueron aprobadas por el Senado el pasado 10 de julio. La ley para el aumento jubilatorio obtuvo 142 a favor, 67 negativos y 19 abstenciones; y 28 ausentes; mientras que la emergencia en discapacidad, obtuvo 34 ausencias.
Con la nueva medida quedarán sin efecto, tal como lo había anticipado por el mandatario apenas las leyes fueron respaldadas en la Cámara alta.
El triple veto fue firmado el pasado sábado y publicado en el Boletín Oficial este lunes con las firmas de Milei y los miembros de su gabinete.
A partir de ahora, el rechazo del mandatario deberá tratarse en el Congreso y para sostener el veto el oficialismo necesitará 86 votos.
Los detalles
La decisión presidencial deja sin efecto el aumento jubilatorio de haberes y pensiones del 7,2% y el incremento para el bono, que pasaba de $70.000 a $110.000, y que iba a actualizarse por inflación, según la norma aprobada por el Senado.
Paralelamente se había aprobado la reapertura por dos años de la moratoria que permitía jubilarse a las personas que no tuvieran los 30 años de aportes, lo que también fue vetado.
Por último, quedó sin efecto el proyecto relativo a la discapacidad, impulsado por el diputado Daniel Arroyo, que declaraba la emergencia hasta el 31 diciembre de 2027 y reforzaba las pensiones no contributivas por invalidez para llevarlas al 70% del haber mínimo jubilatorio.
En los considerandos del decreto presidencial se menciona como argumento central para desestimarlas, que estas leyes, de instrumentarse, romperían el equilibrio fiscal, ya que implicarían “un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026“.
Argumentación del triple veto
El decreto señala una serie de irregularidades, entre las que sobresale que: “la sesión fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes del H. Senado de la Nación” y recordó que se trata de un punto que “garantiza el correcto funcionamiento de la Cámara Alta, así como los derechos y garantías de los senadores, y está prevista en el Reglamento del cuerpo como una atribución de su Presidente”.
Otra de las objeciones expresadas en los considerandos indica: “además, se acreditó que el tratamiento de los proyectos bajo análisis fue habilitado por medio de una votación que, conforme al Reglamento de la Cámara Alta, debió ser computada sobre una mayoría de dos tercios de los votos, y no una simple mayoría“.
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