Nacionales
La oposición en el Senado sacó el dictamen contra la suba de tarifas y se trataría el 30-5
BUENOS AIRES. Los bloques del Frente para la Victoria y Argentina Federal lograron la firma de un dictamen de mayoría del proyecto de la oposición para retrotraer las tarifas a noviembre de 2017, durante un plenario de comisiones del Senado de Derechos y Garantías, de Presupuesto y Hacienda y de Minería y Energía.
Las firmas para el dictamen que suscribieron el Bloque Justicialista y el FPV se juntaron una por una, en medio de idas y vueltas de los senadores. Entre las firmas se encuentra la de la ex presidente Cristina Kirchner, y a último momento sumó su rúbrica el salteño Rodolfo Urtubey, para darle mayoría.
En ese sentido, un grupo de legisladores peronistas del bloque federal firmaron el dictamen pero manifestaron sus diferencias. Entre ellos está el hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien previamente se expresó en contra del proyecto, lo que había puesto en duda la firma que le faltaba al justicialismo, pero finalmente firmó el proyecto de la oposición en disidencia parcial. En la misma línea se manifestaron Guillermo Snopek de Jujuy, Dalmacio Mera de Catamarca y Carlos ‘Camau’ Espinola de Corrientes.
A pesar de estas diferencias en el peronismo, el proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados podría ser tratado en el recinto la semana que viene. Sin embargo, esto está por verse, ya que desde el Bloque Justicialista que lidera Miguel Pichetto extendieron la propuesta que le habían hecho al oficialismo para que presente su propia iniciativa en torno al aumento de tarifas.
Es que el gobernador de Salta, Urtubey, le había presentado al oficialismo un proyecto que consiste en rebajar el IVA de las facturas de forma gradual con el objetivo de compartir el costo fiscal entre la Nación y las provincias.
Esto está siendo analizado por el oficialismo, que además logró avanzar con un despacho de minoría que también promueve disminuir lo que se cobra del IVA sobre las facturas.
Al respecto, la secretaria parlamentaria del oficialimo en el Senado, Silvia Elías de Pérez, dijo que Cambiemos “impulsa un dictamen que reduce las alícuotas del IVA para usuarios y consumidores residenciales y para pymes, de manera de abaratar el costo total de las facturas de los servicios públicos”. En un comunicado, Elías de Pérez sostuvo: “No estamos dispuestos a acompañar un proyecto que solo busca un veto, que es inconstitucional, que va en contra de las potestades jurisdiccionales de nuestras provincias, no estamos dispuestos tampoco a incumplir los contratos de nuestro país como ha pasado durante tantos años”.
“Hay gobernadores que responden al bloque del justicialismo y que han acercado al Poder Ejecutivo una propuesta concreta de manera de encontrar una salida conjunta entre provincias y el Estado nacional para este tema”, dijo durante el debate el jefe del interbloque de Cambiemos en el Senado, Luis Naidenoff.
Por su parte, Pichetto consideró: “Si la propuesta razonable (en referencia a la de Urtubey) cuenta con el aval de todos los gobernadores, podremos analizarla de acá al miércoles 30. Una cosa no quita la otra”. Sin embargo, advirtió que esa debe ser una iniciativa que “efectivamente baje las tarifas a la gente que está sufriendo una contingencia económica muy delicada”.
Nacionales
Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril
El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.
Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.
Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.
El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal.
Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.
Nacionales
La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.
Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.
De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.
Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.
En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.
El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial
Impacto en Misiones
Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.
Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.
Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes
Nacionales
Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral
La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.
La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.
Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.
La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.
Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.
Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26
El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy
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