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La Iglesia inició diálogo de “reconciliación” entre familiares de desaparecidos y militares

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La 113° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) puso en marcha una propuesta de “reconciliación” por lo ocurrido durante la última dictadura militar, para lo cual los obispos comenzaron a recibir testimonios directos de familiares de desaparecidos y de militares.

Los obispos, que apuntan a “sanar heridas” de ese período, dieron inicio a este proceso en la asamblea plenaria de la CEA que se desarrolla en la Casa de Retiros Cenáculo-La Montonera, de la localidad bonaerense de Pilar.

“La 113° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina iniciará un tiempo de reflexión sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar.
El mismo comenzará con la escucha de algunos testimonios de familiares de personas que sufrieron las consecuencias de este período marcado por la violencia en distintos ámbitos de la sociedad”, indicó la entidad en un comunicado.

Según se informó, esta primera etapa se limitará exclusivamente a la escucha de algunos testimonios y no al intercambio entre los participantes: para ello, se invitó a “un número acotado de personas” para contar con un tiempo suficiente para que narren sus experiencias.

La Conferencia Episcopal señaló que este proceso “de largo aliento” continuará durante las asambleas de los próximos años, donde se buscará realizar, más adelante, “un camino de diálogo entre los obispos en el marco de la cultura del encuentro y la amistad social”.

La propuesta de la Asamblea plenaria, encabezada por el presidente de la CEA, José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe, fue sin embargo duramente cuestionada por los principales referentes de organismos de derechos humanos, los que ratificaron su compromiso con la “memoria, verdad y justicia” y volvieron a acusar a la Iglesia de ser “partícipe del horror”, en los crímenes del terrorismo de Estado.

De todos modos, en su Asamblea Plenaria, los obispos anunciarán también la aprobación de un protocolo para que víctimas y familiares directos de desaparecidos durante la última dictadura puedan recurrir a los archivos que posee la Iglesia sobre esa etapa.

En octubre del año pasado, por una decisión del papa Francisco, el Vaticano y la Conferencia Episcopal habían anunciado la finalización del “proceso de organización y digitalización” de sus archivos de la dictadura, y, ahora, buscan permitir que los interesados puedan comenzar a realizar las consultas correspondientes.

Se trata de unas 3 mil cartas y documentos que se conservan en el Episcopado, en la Nunciatura Apostólica y en la Santa Sede, sobre pedidos que llegaron a la Iglesia para conocer el paradero de detenidos y desaparecidos y reclamar gestiones ante las autoridades militares de entonces.

Las deliberaciones de los obispos empezaron con el habitual intercambio pastoral, donde presentan libremente sus inquietudes y reflexiones sobre diversos temas, y luego monseñor Arancedo presidió la misa de apertura de esta cumbre, que se extenderá hasta el próximo sábado.

Ese intercambio inicial es el que da origen a la elaboración de algún documento que en general refleja la preocupación por alguna temática por parte de la Iglesia argentina.

Este miércoles, en tanto, la Comisión Episcopal de Ministerios presentará una propuesta de trabajo para la prevención de abuso de menores y adultos vulnerables, para lo que obtuvo el aporte de especialistas de Chile.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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