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La hidrovía será estatal por un año y luego llamarán a licitación internacional

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Este jueves fue publicado en el Boletín Oficial de la Nación el decreto presidencial que confirma la cesión por un año a la Administración General de Puertos (AGP) de la hidrovía Paraná-Paraguay, que estaba hace 25 años bajo la concesión de la empresa belga Jan de Nul junto a su socio local Emepa.

El DNU fue firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

Uno de los artículos de la nueva normativa modifica la estructura de la AGP y le otorga por el plazo de 12 meses la concesión de la operación para realizar el dragado y el balizamiento.

La concesión será a partir de que venza el plazo establecido por la resolución que extendió el contrato actual por 90 días a Hidrovía SA, sociedad conformada por el grupo belga Jan de Nul y el holding argentino Emepa SA.

Luego, el propio organismo, que depende del Ministerio de Transporte de Nación, licitará las obras entre las dragadoras privadas.

El otro artículo de la norma es el cobre a las navieras del peaje por el uso de la hidrovía. Hasta este momento, el concesionario privado era el que cobraba la tarifa y con el nuevo DNU “se le otorga a Transporte la facultad para establecer la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje”, el cual será percibido por la AGP.

Recurso vital para el desarrollo

Por las aguas de la hidrovía circula el 90% de las exportaciones agroindustriales del país, por lo que es el canal principal de salida para el complejo agroexportador más importante de América del Sur.

Actualmente, cerca del 20 por ciento de las ventas argentinas de granos y productos derivados oleaginosos al mundo no se declara en el país y la hidrovía es el principal canal de esa evasión.

El contrabando por agua se hace a través del traspaso de carga desde buques argentinos o puertos no habilitados hacia barcazas cargueras de remolcadores paraguayos.

La privatización de los puertos en manos extranjeras facilita este tipo de pasa mano ilegal, que, en conjunto, representa un monto subfacturado equivalente al ingreso oficial del complejo aceitero y cerealero (unos 21.000 millones de dólares anuales, equivalente a 4,4 puntos del PIB).

El Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (Iade), que conduce Marisa Duarte, y Proyecto Económico, a cargo de la economista Fernanda Vallejos, realizaron un demoledor informe sobre la situación de la hidrovía, en el que revela la pérdida económica que implica tener en poder de empresas privadas el manejo y control de los puertos en aguas argentinas.

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Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz

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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.

Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.

En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.

En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).

Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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