Nacionales
Jueces y redes sociales, el mecanismo para instalar tendencia
La decisión del juez Claudio Bonadío de procesar y pedir el desafuero para poder encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como la detención de ex funcionarios, activó una estrategia de blindaje mediático para rescatar al Gobierno Nacional del pozo de críticas y cuestionamientos más duros desde su asunción, y colocar en agenda nuevos temas.
El magistrado consideró que tanto la ex mandataria, como sus antiguos colaboradores: el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; el ex canciller, Héctor Timermann, además de los dirigentes Luís D‘Elía y Fernando Esteche; y Jorge Khalil de la comunidad islámica, actuaron como encubridores en la investigación del atentado a la AMIA.
Fue en momentos en que la administración del presidente Mauricio Macri empezaba a quedar sin oxígeno ante una oleada de observaciones y cuestionamientos de la oposición, pero también desde adentro de la alianza oficialista, por una serie de iniciativas de fuerte impacto social.

RESPUESTA. Cristina Kirchner dio una conferencia de prensa y advirtió sobre el manejo orquestado de la información en las redes sociales.
La desaparición del submarino ARA-San Juan; el lanzamiento de una reforma previsional; el tratamiento de un acuerdo fiscal con las provincias que incluye la reformulación de la distribución de fondos, se habían transformado en los principales dolores de cabeza de la administración Macri, y concentraban, además, la tendencia entre los temas más tratados en las redes sociales.
A ello se sumó la proyectada reforma laboral que crispó los ánimos en las organizaciones sindicales que no tardaron en responder, aunque tibiamente, mientras desde el Gobierno preparaban el contraataque con la disolución de unos 200 gremios a los que considera innecesarios.
El cóctel descrito había dejado en un tercerísimo plano la pelea con los archienemigos kirchneristas y en forma peligrosa comenzaron a gestarse las primeras reacciones internas, como las de Lilita Carrió, una socia aún difícil de domar en las filas de Cambiemos.
Se imponía entonces la necesidad de una reacción rápida y efectiva, como las que acostumbra a poner en marcha el oficialismo mediante la explotación de su maquinaria comunicacional, “trolles” incluidos, a fin de revertir el cuadro de situación desfavorable de la opinión pública, cuyo humor interesa y mucho.

GIRO DE LA TENDENCIA. Así se dio el cambio de escenario en Twitter.
En ese contexto no resultaría aventurado encontrar vinculaciones entre el fallo del juez y las necesidades del gobierno, como se advirtió desde la oposición y no fueron negadas desde el oficialismo, aunque las conjeturas resultaron infinitas y seguirán, seguramente.
Hasta hubo versiones que echaron a rodar los mismos operadores del macrismo, que se esforzaron por encuadrar el fallo de Bonadío en una puja interna del peronismo, aludiendo a las simpatías políticas del juez por los ideales que alentó Juan Domingo Perón. Inverosímil, pero se dijo.
A las pocas horas de la puesta en marcha de los operativos policiales que derivaron en las detenciones de Zannini en el sur del país; de Timermann en su casa; de Esteche, D‘Elía y Khalil, variadas especulaciones ganaron los espacios en los medios nacionales, ninguna a favor de los aprehendidos.
Fue a cuentagotas: primero el ex secretario Legal y Técnico; después D ‘Elía, Esteche y Khalil; siguió Timermann, hasta que finalmente se supo que la ex presidenta Fernández de Kirchner también estaba incluida en la medida, pero antes correspondía su desafuero del Senado.

EL JUEZ. Claudio Bonadio, pidió el desafuero de Cristina Kirchner y comenzó el trámite para su jubilación.
La dosificación de los procedimientos abonó las sospechas sobre la existencia de aquélla convivencia, pero ante el temor de que se registraran desbordes de imprevisibles consecuencias, empezaron a llegar los bálsamos: Cristina no será desaforada como pretende Bonadío, porque ello no está en el ánimo de los senadores peronistas y sólo lo quiere el Gobierno.
Al final, se reflotó el interrogante acerca del proceso judicial debido en cuestiones reservadas a la política, por un lado, y estrechamente vinculadas con la revalorización de los derechos humanos, como la libertad de las personas, en un rango equivalente a la preservación de la vida. El sentido común debería imponerse.
Nacionales
El diputado pampeano Adrián Ravier será el nuevo vocero presidencial
El gobierno nacional confirmó este viernes la designación del economista y diputado nacional por La Pampa Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, cargo que había quedado vacante tras la salida de Manuel Adorni, quien actualmente se desempeña como jefe de Gabinete de la gestión libertaria.
La noticia fue anunciada por el propio Adorni a tráves de su cuenta X (ex Twitter), luego de mantener una reunión junto al presidente Javier Milei y el flamante funcionario en la residencia de Olivos.
“Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente”, escribió el ahora ex portavoz.
Felicitaciones @AdrianRavier . Te lo merecés no solo por tu calidad comunicativa y académica, sino también porque sos una gran persona, me va a doler no tenerte tan cerca mío en las comisiones. pic.twitter.com/BCQainBlzo
— Diego Hartfield (@Diego_Hartfield) June 19, 2026
Nacionales
Ley del Lobizón: eliminan padrinazgo presidencial del séptimo hijo varón
La denominada “Ley Hojarasca”, que el gobierno de Javier Milei tramita en el Congreso para la derogación de “leyes viejas, obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica”, incluye a la Ley 20.843, de Padrinazgo Presidencial, conocida como la “Ley del Lobizón”, que establece que todo séptimo hijo, varón o mujer, tiene derecho al padrinazgo honorífico del presidente de la Nación y una beca completa de estudios.
La “Ley del Lobizón” se promulgó el 28 de septiembre de 1974, por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, y terminó de institucionalizar una costumbre nacida de un mito popular de origen guaraní, que hasta ese momento se tramitaba mediante decretos presidenciales y solo reconocía a los séptimos hijos varones.
Se trata de una tradición legal que se originó para contrarrestar la creencia, muy arraigada en el litoral argentino, de que el séptimo hijo varón se convierte en Lobizón en las noches de Luna llena, y que la ley en trámite de derogación extendió también a las séptimas hijas mujeres, producto del mito eslavo traído por inmigrantes rusos y ucranianos de que ellas se transforman en brujas.
Ahijados misioneros
El primer caso de ahijado presidencial se registró en el país en 1907, cuando un matrimonio de inmigrantes alemanes radicados en la localidad bonaerense de Coronel Pringles, Enrique Brost y Apolonia Holmann, dio a luz al séptimo de sus hijos, José Brost, y deciden escribir al entonces presidente José Figueroa Alcorta para que lo apadrinara.
Desde entonces, la historia registra unos 11.381 ahijados y ahijadas presidenciales, de los que el 60% corresponde a casos contemplados en la ley de 1974, mientras que el 40% restante refiere al período donde el tema se manejaba a través de decretos de “gracia presidencial”.
En Misiones, tan íntimamente ligada al mito regional del Lobizón, las familias locales han recurrido históricamente a esta norma y, según bibliografía oficial, tras la promulgación de la ley por Isabelita, se dispararon las solicitudes desde la tierra colorada.

Aymara Soledad Martínez, ahijada del presidente Javier Milei en 2025, recibió los diplomas y la beca de estudios de la Ley 20.843.
El último caso registrado fue el de Aymara Soledad Martínez, una niña de siete años de San Vicente, que en septiembre de 2025 se convirtió en la primera ahijada misionera del presidente Milei, por lo que su familia recibió los atributos y beneficios establecidos en la ley: la medalla oficial, el diploma y la correspondiente beca nacional de estudios.
Anteriormente, en agosto de 2019, el presidente Mauricio Macri se convertía en el padrino de Cristian Yohel Held, que fue bautizado en el Hospital de Día, de Posadas, y cuyo caso cobró relevancia porque el personal de salud asistió activamente a la madre para gestionar el subsidio educativo anual.
Históricamente, en las zonas rurales de Misiones y en las cercanías de las comunidades guaraníes, las familias y los efectores de salud han impulsado fuertemente estos trámites ante el nacimiento de un séptimo hijo varón debido al temor real y comunitario que generaba la leyenda del “Luisón” o lobizón en la región.

El bautismo de Cristian Yohel Held, ahijado del presidente Mauricio Macri, en agosto de 2019
Durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hubo una suerte de “ola de padrinazgos presidenciales”, con la decisión del Poder Ejecutivo, en mayo de 2015, de regularizar una tanda histórica de nombramientos en la provincia.
Debido a que los trámites se demoraban años en completarse, CFK dispuso el madrinazgo simultáneo de seis misioneros, algunos de los cuales ya eran adultos: Alberto Cardozo, de Eldorado, que entonces tenía 31 años; Damaris Micaela Paredes, de Puerto Iguazú; Joaquín Emanuel Orué, también de Eldorado; Lucas Valentín Espinoza, de Posadas; y Marianela Ortiz, de Puerto Esperanza.
Durante las presidencias de Raúl Alfonsín (1983-1989) y Carlos Menem (1989-1999), decenas de familias del interior misionero, especialmente de localidades como Oberá, Aristóbulo del Valle y El Soberbio, tramitaron el padrinazgo para sus séptimos hijos varones o mujeres.
En esa época, los ahijados presidenciales recibían, además de la medalla de oro y el diploma, un ajuar completo enviado por el Ministerio de Salud y Acción Social, que incluía cuna, ropa, cochecito y asistencia directa para la construcción o mejora de las viviendas rurales.
Tierra del Mal
En los registros más antiguos de la provincia, de mediados del siglo 20, previos a la ley formal pero cuando ya existía el decreto tradicionalizado por presidentes como Juan Domingo Perón o Arturo Frondizi, eran los directores de escuelas rurales quienes detectaban si en las colonias o cerca de las aldeas guaraníes nacía un séptimo hijo varón consecutivamente.
El trámite se iniciaba de urgencia, no solo por el dinero, sino para evitar el aislamiento social del niño, dado que la creencia popular de que el chico se transformaría los viernes de luna llena causaba temor real las comunidades.
Estos expedientes históricos, que contienen las cartas manuscritas de las madres misioneras, las partidas de nacimiento y las respuestas oficiales con la firma del presidente, se encuentran resguardados en el Archivo de la Administración Pública, del Archivo General de la Nación.
Antes de la masificación de los registros civiles, el bautismo religioso era el centro del trámite. La tradición obligaba a que el bautismo del séptimo hijo contara con un representante del presidente, que usualmente era un edecán militar, el gobernador o el intendente local.
En los libros de bautismo de las parroquias de Misiones, como la Catedral de Posadas o las iglesias de Apóstoles, Oberá y Eldorado, el párroco dejaba asentado en el margen del acta una nota que indicaba: “Padrino: Excelentísimo Señor Presidente de la Nación…”.
Incluso en los diarios locales de la época, como El Territorio, solían publicar notas sociales con fotos cuando un “ahijado de Perón” o un “ahijado de Frondizi” era bautizado en las colonias.
Durante el peronismo, la Fundación Eva Perón o la propia Presidencia enviaban medallas de oro macizo, diplomas enmarcados, libretas de ahorro con un depósito inicial para el niño y, en las colonias tabacaleras, asistencia directa para mejorar la vivienda.
Nacionales
El gobierno quitó subsidios a pasajes en micro para personas con discapacidad
La Secretaría de Transporte dejó sin efecto el régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La decisión quedó formalizada a través de la resolución 28/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial de la Nación, en cuya normativa establece que “se deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas” que regía para las compañías alcanzadas por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
De este modo, el Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei dio de baja un sistema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte interjurisdiccional a los beneficiarios contemplados en esas normativas.
Sin embargo, la resolución aclara que la medida no modifica el derecho de los usuarios a acceder a pasajes gratuitos, por lo que las compañías continuarán obligadas a emitir los boletos sin cargo para los grupos alcanzados por la ley.
Más detalles
En los fundamentos, el gobierno sostuvo que el esquema perdió sentido tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que avanzó con la desregulación del transporte de larga distancia y habilitó a las empresas a definir libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio, bajo supervisión de la autoridad de aplicación.
En tanto, la Secretaría de Transporte argumentó que el nuevo marco regulatorio modificó las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen a las compensaciones estatales, al señalar que: “El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”.
La resolución también ratificó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la entrega de pasajes gratuitos por parte de las empresas.
Para acceder al beneficio se necesitará DNI y la documentación correspondiente. La reserva puede hacerse de manera online o presencial en la boletería de la empresa de transporte ingresando al Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT y completando los datos solicitados.
La empresa debe enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio y tiene la obligación de otorgar el boleto reservado.
En caso de que el pasajero cuente con certificado de discapacidad (no CUD) debe tener el alta como persona usuaria del sistema.
Marcha contra reforma en discapacidad: “Condena al sector más vulnerable”
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