La decisión del juez Claudio Bonadío de procesar y pedir el desafuero para poder encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, así como la detención de ex funcionarios, activó una estrategia de blindaje mediático para rescatar al Gobierno Nacional del pozo de críticas y cuestionamientos más duros desde su asunción, y colocar en agenda nuevos temas.

El magistrado consideró que tanto la ex mandataria, como sus antiguos colaboradores: el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini; el ex canciller, Héctor Timermann, además de los dirigentes Luís D‘Elía y Fernando Esteche; y Jorge Khalil de la comunidad islámica, actuaron como encubridores en la investigación del atentado a la AMIA.

Fue en momentos en que la administración del presidente Mauricio Macri empezaba a quedar sin oxígeno ante una oleada de observaciones y cuestionamientos de la oposición, pero también desde adentro de la alianza oficialista, por una serie de iniciativas de fuerte impacto social.

RESPUESTA. Cristina Kirchner dio una conferencia de prensa y advirtió sobre el manejo orquestado de la información en las redes sociales.

La desaparición del submarino ARA-San Juan; el lanzamiento de una reforma previsional; el tratamiento de un acuerdo fiscal con las provincias que incluye la reformulación de la distribución de fondos, se habían transformado en los principales dolores de cabeza de la administración Macri, y concentraban, además, la tendencia entre los temas más tratados en las redes sociales.

A ello se sumó la proyectada reforma laboral que crispó los ánimos en las organizaciones sindicales que no tardaron en responder, aunque tibiamente, mientras desde el Gobierno preparaban el contraataque con la disolución de unos 200 gremios a los que considera innecesarios.

El cóctel descrito había dejado en un tercerísimo plano la pelea con los archienemigos kirchneristas y en forma peligrosa comenzaron a gestarse las primeras reacciones internas, como las de Lilita Carrió, una socia aún difícil de domar en las filas de Cambiemos.

Se imponía entonces la necesidad de una reacción rápida y efectiva, como las que acostumbra a poner en marcha el oficialismo mediante la explotación de su maquinaria comunicacional, “trolles” incluidos, a fin de revertir el cuadro de situación desfavorable de la opinión pública, cuyo humor interesa y mucho.

GIRO DE LA TENDENCIA. Así se dio el cambio de escenario en Twitter.

En ese contexto no resultaría aventurado encontrar vinculaciones entre el fallo del juez y las necesidades del gobierno, como se advirtió desde la oposición y no fueron negadas desde el oficialismo, aunque las conjeturas resultaron infinitas y seguirán, seguramente.

Hasta hubo versiones que echaron a rodar los mismos operadores del macrismo, que se esforzaron por encuadrar el fallo de Bonadío en una puja interna del peronismo, aludiendo a las simpatías políticas del juez por los ideales que alentó Juan Domingo Perón. Inverosímil, pero se dijo.

A las pocas horas de la puesta en marcha de los operativos policiales que derivaron en las detenciones de Zannini en el sur del país; de Timermann en su casa; de Esteche, D‘Elía y Khalil, variadas especulaciones ganaron los espacios en los medios nacionales, ninguna a favor de los aprehendidos.

Fue a cuentagotas: primero el ex secretario Legal y Técnico; después D ‘Elía, Esteche y Khalil; siguió Timermann, hasta que finalmente se supo que la ex presidenta Fernández de Kirchner también estaba incluida en la medida, pero antes correspondía su desafuero del Senado.

EL JUEZ. Claudio Bonadio, pidió el desafuero de Cristina Kirchner y comenzó el trámite para su jubilación.

La dosificación de los procedimientos abonó las sospechas sobre la existencia de aquélla convivencia, pero ante el temor de que se registraran desbordes de imprevisibles consecuencias, empezaron a llegar los bálsamos: Cristina no será desaforada como pretende Bonadío, porque ello no está en el ánimo de los senadores peronistas y sólo lo quiere el Gobierno.

Al final, se reflotó el interrogante acerca del proceso judicial debido en cuestiones reservadas a la política, por un lado, y estrechamente vinculadas con la revalorización de los derechos humanos, como la libertad de las personas, en un rango equivalente a la preservación de la vida. El sentido común debería imponerse.

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